María del Carmen Abascal tenía 87 años y llevaba siete décadas viviendo en el mismo departamento de Madrid cuando fue desalojada. Salió en silla de ruedas, terminó en una camilla y murió catorce días después en el Hospital Gregorio Marañón. Su historia produjo algo que nadie había previsto: decenas de miles de personas en las calles, una acampada en la Puerta del Sol, una huelga general convocada para noviembre, nuevos decretos de vivienda y hasta el adelanto de las elecciones generales españolas. El caso de Maricarmen condensó un problema mucho mayor. Los alquileres subieron en gran parte de España mucho más rápido que los ingresos, casi la mitad de los jóvenes de 26 a 34 años continúa viviendo con sus padres y el país arrastra una escasez de vivienda asequible que se cuenta en centenares de miles de unidades. España discute ahora cuánto debe construir, cuánto regular y hasta dónde puede llegar el mercado. Una discusión que, con características distintas, también está abierta en la Argentina.
Primero fue el silencio. La noche del jueves 8 de octubre miles de personas recorrieron Madrid hasta llegar al número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el barrio de Retiro. Al frente iban integrantes del Sindicato de Inquilinas con sus chalecos naranjas, una fotografía de Maricarmen y una corona de flores. Muchos avanzaron con las linternas de los teléfonos encendidas.
Cuando llegaron al edificio donde Maricarmen había vivido durante 70 años, prácticamente toda su vida, la multitud se sentó en el suelo.
Y comenzó a cantar:
“En el pozo María Luisa / murieron cuatro mineros”.
Son apenas dos versos de una canción con numerosas variantes, conocida como “En el pozo María Luisa” o Santa Bárbara bendita, uno de los grandes himnos de las cuencas mineras asturianas. La letra habla en primera persona: un trabajador vuelve herido de la mina y le cuenta a Maruxina que algunos de sus compañeros han muerto y que él regresa marcado por la sangre y el accidente. Con los años dejó de ser únicamente una canción minera y pasó a acompañar huelgas, entierros, homenajes y movilizaciones obreras. Puede verse y escucharse aquí.
Por eso tenía un sentido preciso que se cantara aquella noche frente a la casa de una jubilada madrileña. Una canción nacida de la experiencia del peligro en el trabajo se había convertido, casi un siglo después, en una canción sobre el peligro de perder la casa.
Después cantaron la canción vasca Txoria txori. Cuando terminaron, volvió el silencio. Alguien gritó “¡Que viva la lucha de la clase obrera!” y la frase recorrió la concentración.
.Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, recordó entonces los meses de resistencia y dijo: “Que nadie más tenga que perder la vida por su casa”. Las velas, las flores y los teléfonos encendidos quedaron frente al portal. Maricarmen había conseguido finalmente autorización para regresar allí. Pero ya no pudo hacerlo.
Maricarmen había llegado a ese sexto piso cuando tenía 17 años. Su padre lo alquiló en 1956. Allí vivieron también su madre y su hermano. Estudió taquimecanografía y secretariado, trabajó durante 34 años como secretaria del consejo de administración de una empresa farmacéutica y se jubiló en 1998. Ya jubilada, contaba que se levantaba alrededor de las nueve, caminaba por el barrio, compraba en la carnicería de la esquina y cuidaba los cuadros, porcelanas, fotografías y objetos acumulados durante décadas. Cuando finalmente la sacaron de la vivienda, una de las pocas cosas que llevó al hospital fueron fotografías familiares.
La historia jurídica comenzó mucho antes del desahucio. El contrato firmado por su padre era de los llamados de renta antigua. Tras su muerte pasó a la madre y, cuando ésta murió en 2005, se produjo una segunda subrogación a Maricarmen. Durante años siguió pagando sin inconvenientes unos 500 euros mensuales entre alquiler y gastos.
En 2018 el piso, de unos 90 metros cuadrados, fue adquirido por Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L. Antes de la operación se le comunicó a Maricarmen que podía ejercer el derecho de tanteo para adquirirlo por alrededor de 247.000-250.000 euros. No tenía ese dinero. Durante dos años continuó pagando normalmente. En 2020 la empresa le comunicó que debía abandonar la vivienda.
El conflicto giró en torno a la segunda subrogación del viejo contrato. Una excepción legal podía prolongarla en determinadas condiciones de discapacidad. Maricarmen tenía reconocido un 50 por ciento, mientras que el umbral que se discutía judicialmente era del 65 por ciento. En primera instancia ganó Maricarmen porque el juez consideró que la situación contractual había quedado consolidada y aceptada por el propietario. En 2022 la Audiencia Provincial falló en sentido contrario y posteriormente el Tribunal Supremo no admitió el recurso de casación, por lo que aquella sentencia quedó firme.
Urbagestión le ofreció entonces continuar mediante un contrato nuevo por alrededor de 1.600 euros mensuales. Su pensión rondaba los 1.400 euros. Esos dos números terminaron explicando el conflicto de una manera más sencilla que cientos de páginas judiciales: el alquiler de mercado era superior al ingreso mensual de la mujer que llevaba setenta años viviendo allí.
El primer intento efectivo de desalojo llegó en el otoño de 2025 y fue suspendido después de una movilización vecinal. Hubo otros dos en junio de 2026, también aplazados. Incluso intervino el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas reclamando medidas cautelares. Mientras tanto, la salud de Maricarmen comenzó a deteriorarse y ella fue apareciendo cada vez más en diarios y televisiones. Dos días antes de perder definitivamente su casa resumió su estado con una frase: “Yo ahora no soy yo”.
La cuarta fecha fue el 23 de septiembre. La noche anterior cientos de personas durmieron en la calle para tratar de impedir la expulsión. Dentro de la vivienda, Maricarmen esperaba rodeada por cajas. Ya no podía desplazarse normalmente y usaba silla de ruedas. Cerca de la una de la tarde la policía consiguió ejecutar la orden. La sacaron de la vivienda y después fue colocada en una camilla. De allí fue directamente al Hospital Gregorio Marañón.
Desde el hospital todavía envió mensajes a quienes habían empezado a movilizarse. Uno terminó transformándose en consigna: “Luchad, defended lo que es vuestro”. También dijo que no había conseguido defender su casa, pero esperaba que su pelea sirviera para que otros aprendieran a defender la suya.
Tres días después del desalojo, decenas de miles de personas marcharon por Madrid. Al terminar la protesta algunos decidieron quedarse en la Puerta del Sol. Aparecieron las primeras carpas y, en pocos días, la plaza llegó a superar las 1.200 tiendas. Se instalaron comedores, lugares de reunión y espacios de organización. La protesta había dejado de ser solamente por Maricarmen.
El 28 de septiembre, después de cuatro horas de negociación entre Urbagestión, el Ayuntamiento, la abogada de Maricarmen y el Sindicato de Inquilinas, la empresa aceptó que volviera a la vivienda mediante un contrato de ocho años y por una renta similar a la que pagaba antes. El 2 de octubre se entregaron las llaves. Faltaba su firma.
Pero para entonces el caso había escalado hasta el Gobierno nacional. Pedro Sánchez presentó dos decretos sobre vivienda. El Congreso los rechazó el 1º de octubre con los votos de PP, Vox y Junts. Cuatro días después Sánchez anunció elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. UGT y Comisiones Obreras se incorporaron a la convocatoria de una huelga general por la vivienda para el 11 de noviembre, originalmente impulsada desde el movimiento de inquilinos.
El Gobierno volvió a aprobar las medidas, con modificaciones, el 6 de octubre. El Real Decreto-ley 29/2026 entró en vigor el 8. Entre otras disposiciones, permite suspender hasta finales de 2030 determinados desalojos de personas vulnerables sin alternativa habitacional, obliga a las administraciones a intervenir para proporcionar una vivienda o asumir la deuda en determinados procedimientos y endurece la regulación de los alquileres temporales y por habitaciones. Como las Cortes ya están disueltas, las normas deberán ser convalidadas por la Diputación Permanente.
Maricarmen murió el 7 de octubre, un día antes de que estuviera previsto que firmara el contrato que le permitiría regresar al departamento. Tenía 87 años y habría cumplido 88 el 2 de noviembre. No puede afirmarse médicamente que el desahucio haya sido la causa de su muerte. Un médico consultado por la Cadena SER explicó, sin embargo, que una situación de estrés extremo puede agravar patologías previas y acelerar el deterioro de una persona de esa edad. Su abogada, Beatriz Duro, vinculó directamente el empeoramiento de Maricarmen con los años de litigio y el lanzamiento.
Pero las dimensiones que alcanzó su caso no se explican únicamente por su historia.
El problema de fondo
En el 97 por ciento de las secciones censales españolas analizadas, los alquileres aumentaron más del 30 por ciento desde 2015. En aproximadamente dos de cada tres, la suba supera el 50 por ciento. En algunas zonas turísticas y grandes ciudades los incrementos han sido todavía mayores.
El problema aparece con particular crudeza entre los jóvenes. Según el INE, en 2025 el 44,3 por ciento de los españoles de 26 a 34 años todavía vivía con alguno de sus padres. Entre ellos, el 34,6 por ciento decía directamente que no podía permitirse alquilar una vivienda y otro 12,7 por ciento que no podía comprarla. Entre quienes buscaron una casa y no consiguieron mudarse, 67,2 por ciento señaló como razón principal un precio excesivo.
El Consejo de la Juventud llega a una conclusión todavía más dura: la tasa de emancipación juvenil cayó al 14,5 por ciento, su mínimo histórico, y la edad media estimada para poder independizarse llegó a 30,2 años. El alquiler medio considerado por su Observatorio de Emancipación era de 1.176 euros mensuales, equivalente al 98,7 por ciento del salario medio de una persona joven si quisiera afrontar sola la vivienda.
El Banco de España calculó que los hogares inquilinos destinaban en promedio el 26,7 por ciento de su renta neta al alquiler en 2024, pero el esfuerzo superaba el 30 por ciento en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga. Además, estimaba que un 32,5 por ciento de los hogares que no son propietarios se encontraba en situación de sobresfuerzo o vulnerabilidad para acceder a una vivienda.
España tiene, además, muy poca vivienda social para amortiguar esos precios. La medición utilizada por el Ministerio de Vivienda situó en 2025 ese parque alrededor del 3,4 por ciento de las viviendas, muy por debajo del estándar europeo de alrededor del 9 por ciento al que el propio Gobierno dice aspirar. Las comparaciones internacionales que utilizan una definición más estricta de alquiler social han situado históricamente a España todavía más abajo.
El otro cuello de botella es la construcción. Entre 2022 y 2025 se generó una brecha superior a 250.000 viviendas entre los nuevos hogares creados y las viviendas terminadas. Estimaciones recientes citadas por el Banco de España elevan a unas 750.000 unidades las necesidades acumuladas para equilibrar oferta y demanda. En el primer semestre de 2026 se terminaron 11.270 viviendas protegidas, el mejor registro semestral en quince años, pero todavía muy lejos de las más de 90.000 anuales que España llegó a producir a comienzos de este siglo.
Los desalojos, entretanto, bajaron mucho respecto de la década anterior pero cambiaron de naturaleza. En 2015 rondaban los 67.000 lanzamientos. En 2025 fueron alrededor de 24.500, de los cuales 18.317 estuvieron vinculados con la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, fundamentalmente con alquileres. Tres de cada cuatro desalojos judiciales ya no tienen como origen principal una hipoteca sino el mercado locativo.
Ahí está una parte de la discusión política. El Gobierno de Sánchez sostiene que necesita más vivienda pública pero también regulación de alquileres, protección contra desalojos y límites a determinadas operaciones especulativas. El PP de Alberto Núñez Feijóo responde que ocho años de gobiernos socialistas no resolvieron el problema y plantea construir unas 250.000 viviendas por año y reducir trabas urbanísticas. Economistas y representantes del sector inmobiliario advierten, además, que controles excesivos pueden retirar viviendas del mercado y desalentar la inversión. El movimiento de inquilinos replica que aumentar la oferta sin reglas no garantiza precios accesibles.
La vieja canción minera que se cantó frente a la casa de Maricarmen tenía, por eso, un significado adicional. “En el pozo María Luisa” convirtió hace décadas una tragedia particular en memoria colectiva. El jueves en Madrid ocurrió algo parecido: una mujer que quería simplemente quedarse en el departamento donde había envejecido terminó representando a jóvenes que no pueden irse de la casa de sus padres, familias que destinan una parte creciente de sus ingresos al alquiler y jubilados que ya no consiguen pagar los precios de sus barrios.
¿Y por aquí cómo andamos?
La Argentina está lejos de reproducir exactamente el modelo español, pero algunos indicadores muestran una transformación semejante en la relación entre vivienda, propiedad e ingresos. Según el Censo 2022, 65,7 por ciento de los hogares argentinos eran propietarios y 21 por ciento inquilinos. En 2010 los inquilinos eran 16,1 por ciento. En doce años pasaron de 1,96 millones a 3,34 millones de hogares.
En la Ciudad de Buenos Aires la tendencia es mucho más intensa. En 2003 el 24 por ciento de los hogares era inquilino y 64 por ciento propietario. Hoy los inquilinos representan 36,2 por ciento y los propietarios, alrededor del 52 por ciento. El dato implica algo más que una oscilación del mercado: en poco más de veinte años prácticamente doce puntos de hogares pasaron de la propiedad al alquiler.
El DNU 70/2023 de Javier Milei produjo además una desregulación muy profunda del mercado. Eliminó el plazo mínimo obligatorio de los contratos, dejó la periodicidad y el mecanismo de actualización al acuerdo entre las partes y permitió fijar el alquiler en pesos o moneda extranjera. La oferta reaccionó con fuerza. Un estudio oficial encontró que ya en junio de 2024 la cantidad de departamentos ofrecidos en el AMBA era 211,9 por ciento superior a diciembre de 2023 y que los precios reales habían bajado 26,6 por ciento en ese primer período. Un relevamiento actualizado de Chequeado registra un incremento de la oferta del 326 por ciento entre noviembre de 2023 y septiembre de 2026 y una caída real de los precios de oferta en CABA del 32,9 por ciento respecto de diciembre de 2023.
Pero más oferta no resolvió el problema de asequibilidad. El Observatorio Económico de la Ciudad del Centro de Economía Política Argentina calcula que en 2026 el 63,7 por ciento de los hogares inquilinos porteños destina más del 30 por ciento de sus ingresos al alquiler. En la zona sur esa proporción llega al 66,9 por ciento. Además, durante el segundo trimestre de este año los alquileres aumentaron 8 por ciento frente a una inflación general porteña de 6,5 por ciento, y medidos en dólares subieron entre 43 y 49 por ciento desde fines de 2023, según el tamaño del departamento.
España y la Argentina tienen sistemas de vivienda, mercados hipotecarios y regulaciones muy diferentes. Pero hay una pregunta común: qué ocurre cuando tener trabajo, salario o jubilación deja de garantizar la posibilidad de permanecer en una vivienda.
En Madrid esa pregunta terminó teniendo nombre propio. Maricarmen Abascal. Y la noche después de su muerte, frente al departamento al que ya no podría regresar, miles de personas respondieron cantando una canción nacida entre mineros. Después apagaron las voces y quedaron las luces de los teléfonos frente al portal. La casa seguía allí. Maricarmen no.
