La flamante Nobel de la Paz Navi Pillay era, al momento de publicación del artículo que sigue, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El texto fue publicado por Crónica de la ONU el 1 de abril de 2008. Pillay habla también desde su propia experiencia bajo el apartheid sudafricano. Mujer negra, tuvo que enfrentar múltiples barreras para ejercer como abogada y terminó abriendo su propio estudio porque nadie quería contratarla. Desde esa historia personal defiende la universalidad de los derechos humanos y sostiene que los grandes desafíos contemporáneos —pobreza, cambio climático, migraciones, terrorismo, racismo y desigualdad— exigen respuestas basadas en la solidaridad internacional y en la obligación de los Estados de rendir cuentas.
El 10 de diciembre de 2008, las Naciones Unidas encabezaron las celebraciones mundiales para conmemorar el sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hace seis décadas, la comunidad internacional afirmó que la fuerza de las ideas compartidas y una visión común de coexistencia pacífica y respetuosa podían prevalecer sobre la brutalidad, el odio y la destrucción.
Surgida del dolor y la vergüenza de las atrocidades perpetradas durante la Segunda Guerra Mundial, la Declaración representó, y sigue representando, uno de los logros más brillantes de la humanidad. En ella se consagra la esperanza de un mundo mejor, donde convergen las aspiraciones a la libertad y al bienestar. Los redactores de la Declaración, procedentes de diversos países y culturas, lograron finalmente articular por primera vez, de forma universal, los derechos humanos y las garantías que hacen posible la dignidad, la justicia y la igualdad para todas las personas, en todas partes.
La Declaración Universal vislumbraba un mundo en el que cada hombre, mujer y niño viviera libre del hambre y protegido de la opresión, la violencia y la discriminación, con acceso a vivienda, atención médica, educación y oportunidades. Esto resume la cultura global de derechos humanos a la que aspiramos y, por lo tanto, debería ser una fuerza unificadora, en lugar de divisiva, dentro de todas las culturas y entre ellas.
Partiendo de la formidable intuición y de la temprana formulación de los redactores de la Declaración, el discurso y la acción en materia de derechos humanos han resaltado, con mayor precisión, los elementos fundamentales que emanan de su universalidad. Así, el derecho y la defensa de los derechos humanos enfatizaron nuestra humanidad común inherente, así como el carácter indivisible de los derechos. Subrayaron el deber primordial de los Estados de hacer efectivos todos los derechos, incluida la responsabilidad de la comunidad internacional y de sus instituciones de fomentar una cultura de solidaridad y fortalecer las capacidades de implementación, a fin de garantizar su plena vigencia.
Universalidad inherente e indivisibilidad de los derechos
El diverso grupo de redactores de la Declaración insistió en nuestra igualdad en materia de derechos, nuestra aspiración común a una vida digna y nuestro derecho a ser tenidos en cuenta, independientemente de la ascendencia, el género, el color, la condición social o la religión. La Declaración fue crucial para concebir la libertad y los derechos como dos caras de la misma moneda de las aspiraciones humanas, que se refuerzan mutuamente.
Vinculó inequívocamente la miseria y la exclusión con la discriminación y el acceso desigual a los recursos y las oportunidades. Los redactores también comprendieron que la estigmatización social y cultural impedía la plena participación en la vida pública, incluida la capacidad de influir en las políticas y obtener justicia.
En otras palabras, dejaron claro que todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales no solo eran universales, sino también indivisibles e interrelacionados en su aplicación, tanto a nivel individual como global.
Esto significa que un conjunto de derechos no puede disfrutarse plenamente sin el otro. Como dejó claro el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, no podemos elegir entre los derechos.
Doy testimonio de la interconexión de los derechos humanos universales y de los peligros que conlleva no reconocer su indivisibilidad.
Crecí en Durban bajo un sistema de apartheid que institucionalizó la discriminación racial al negar la igualdad de derechos y la plena ciudadanía a todos aquellos que no eran blancos. Pero la experiencia de Sudáfrica demuestra que, con voluntad política, compromiso internacional y determinación para actuar, la discriminación, la desigualdad y la intolerancia pueden ser superadas y que los derechos políticos y civiles pueden afirmarse incluso frente a enormes adversidades.
También conozco de primera mano los beneficios de los derechos económicos, sociales y culturales, incluido el acceso a la educación, así como los efectos de los obstáculos para acceder a ellos.
Tenía 16 años cuando escribí un ensayo sobre el papel de las mujeres sudafricanas en la educación de los niños en materia de derechos humanos. Cuando se publicó el ensayo, miembros de mi comunidad recaudaron fondos para que una joven prometedora pero sin recursos pudiera ir a la universidad.
A pesar de sus esfuerzos y su buena voluntad, estuve a punto de no convertirme en abogada porque, durante el régimen del apartheid, todo y todos estaban segregados.
Sin embargo, perseveré.
Después de graduarme, busqué una pasantía, que era obligatoria por ley, pero como mujer negra tuve que luchar contra la discriminación y las barreras en múltiples niveles. Finalmente, un abogado negro aceptó contratarme, con la condición de que prometiera no quedar embarazada.
También abrí mi propio estudio jurídico, no por elección, sino porque nadie quería contratar a una abogada negra.
En resumen, son tanto la experiencia personal como la convicción las que me impulsan a reafirmar que los derechos políticos y civiles, así como los derechos económicos, culturales y sociales, están estrechamente interrelacionados.
Pensemos en la educación, en su valor para conseguir empleo, en su impacto positivo sobre la participación política y social, incluido el acceso a la atención médica, y en el papel decisivo que desempeña para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres.
De ello se deduce que la violación de un derecho debilita todos los demás y provoca repercusiones en cadena.
Actualmente existe una creciente comprensión de cómo los componentes del bienestar y la dignidad humanos —los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad— están intrínsecamente relacionados.
Hoy, un amplio conjunto de normas internacionales, que abarca desde el derecho de los derechos humanos hasta el derecho humanitario, el derecho de los refugiados y el derecho penal, refuerza la protección fundamental en tiempos de guerra, de paz y de emergencia. Ningún conjunto de derechos vitales ha sido pasado por alto.
La reciente Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, y ahora el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, demuestran que la creación de normas es un proceso continuo, abierto al perfeccionamiento, a nuevas ideas y a respuestas innovadoras frente a desafíos actuales y emergentes.
Actualmente se reconoce ampliamente la importancia fundamental de principios de derechos humanos como la igualdad, la participación, la rendición de cuentas y el Estado de derecho.
La información y la libertad de organización y de expresión son esenciales para la formulación de políticas eficaces y su implementación efectiva. Los derechos socioeconómicos son cruciales para el ejercicio significativo de estas libertades y la igualdad de género ha sido, además, una condición indispensable para maximizar y promover la educación, el desarrollo y el progreso de las comunidades en todo el mundo.
Sin embargo, la universalidad de los derechos humanos es cuestionada con frecuencia, más a menudo por quienes tienen la obligación de garantizarlos que por quienes los disfrutan.
Este escepticismo no suele reflejar objeciones conceptuales directas a la universalidad, sino que más bien constituye un medio para que algunos Estados eviten aplicar plenamente el conjunto de los derechos humanos.
Estoy convencida, sin embargo, de que todas las personas comparten las mismas ideas básicas sobre lo que se necesita para vivir una vida digna, libre de carencias y temores.
Si bien la promoción y la aplicación de las normas de derechos humanos exigen comprender cada contexto, la universalidad de los valores y aspiraciones esenciales que encarnan estos compromisos es indiscutible.
Los ataques a la universalidad de los derechos suelen constituir barreras para su implementación.
Algunos críticos sostienen que la Declaración Universal fue demasiado lejos al promover las libertades y los valores de las tradiciones liberales. Otros afirman que sus redactores no fueron suficientemente lejos y que la libertad ocupa un plano superior al bienestar material.
Lo cierto es que la Declaración no es simplemente congruente con algunas costumbres y ajena a otras culturas. Al hablar de nuestra humanidad común, extrajo sus principios de diversas tradiciones y los fortaleció mediante una codificación uniforme.
La necesidad de una aplicación universal
A pesar de todos los compromisos solemnes y de los avances normativos, persisten graves deficiencias en su aplicación.
La impunidad, los conflictos armados, la discriminación y el autoritarismo no han sido erradicados.
Lamentablemente, en ocasiones los derechos humanos son dejados de lado para promover agendas de seguridad de corto plazo. Y demasiado a menudo se plantea falsamente una disyuntiva entre justicia y paz cuando las sociedades emergen de un conflicto y los combatientes regresan a sus comunidades.
La pobreza, la discriminación por diversos motivos —como raza, etnia, género, discapacidad, condiciones de salud u orientación sexual— y las violaciones de los derechos humanos que ocurren en el contexto de movimientos migratorios masivos continúan siendo motivo de gran preocupación.
A medida que avanzamos en el establecimiento de estándares internacionales, no debemos perder de vista que, para las personas y las comunidades de todo el mundo, estos estándares adquieren su mayor importancia en el ámbito nacional.
Se necesitan esfuerzos renovados para garantizar la aplicación efectiva de los derechos humanos sobre el terreno.
Un primer paso indispensable consiste en que los Estados que todavía no lo hayan hecho ratifiquen y se comprometan sin reservas a aplicar todos los tratados internacionales de derechos humanos.
Además de incorporar los estándares internacionales a los ordenamientos jurídicos nacionales, otros elementos necesarios para el respeto de los derechos humanos son un Poder Judicial y un Poder Legislativo independientes y la existencia de instituciones nacionales de derechos humanos.
El escrutinio imparcial que ejercen estas instituciones, así como los medios de comunicación y otras organizaciones de la sociedad civil, es esencial para garantizar la rendición de cuentas por las acciones realizadas o las omisiones.
Sin embargo, la interpretación del derecho internacional de los derechos humanos no siempre es uniforme y existen diferentes enfoques para hacer cumplir sus normas.
Las interpretaciones y evaluaciones autorizadas de mecanismos independientes, como los órganos creados por los tratados, los procedimientos especiales o los tribunales regionales de derechos humanos, ofrecen la mejor orientación.
No obstante, es indiscutible que los Estados, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, tienen el deber de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Para hacerlo, los gobiernos deben utilizar de manera justa y equitativa todos los recursos disponibles.
En particular, en los países que transitan de un conflicto violento hacia la paz, la protección judicial de los derechos económicos, sociales y culturales reviste una enorme importancia estratégica.
Deben garantizarse los derechos de las minorías, las mujeres y los grupos vulnerables, desfavorecidos y marginados, incluidos sus derechos de acceso a la justicia, restitución e indemnización.
También quiero señalar que toda estrategia integral para promover la aplicación universal de los derechos humanos debe incluir un componente de educación en derechos humanos.
Al fomentar valores y fortalecer actitudes que respalden los objetivos de la Declaración Universal, la educación en derechos humanos sustenta la responsabilidad común de hacer realidad esos derechos en todas las comunidades.
Esa educación ayuda a los titulares de derechos a identificar y abordar sus necesidades y a buscar soluciones acordes con las normas internacionales.
Permítanme afirmar que, lejos de ser una mera aspiración idealista, la aplicación universal de los derechos humanos redunda en beneficio de todos los Estados.
También les conviene a los Estados garantizar que sus vecinos respeten los derechos humanos.
La represión y las dificultades suelen impulsar a quienes poseen los medios y la capacidad para hacerlo a abandonar su país en busca de una vida mejor en otro lugar. Esto provoca la pérdida de talento y recursos —tanto capital humano como social—, lo que inevitablemente tiene un costo elevado, no solo para la vida de los directamente afectados sino también para las perspectivas de desarrollo del país que abandonan.
Los refugiados que huyen de la guerra y la devastación pueden incluso desestabilizar a países vecinos.
Además, cuando las personas son desplazadas dentro de su propio país, comunidades enteras y sus medios de subsistencia quedan destruidos.
Cuando faltan la buena gobernanza y el respeto por los derechos, se socavan el propósito y la cohesión de una nación.
Las consecuencias de esas fallas suelen persistir mucho después de que se restablece la normalidad. Corregirlas exige a menudo inversiones y recursos considerables tanto del país afectado como de la comunidad internacional.
Interdependencia y solidaridad globales
Quizás nada ejemplifique de forma más vívida la necesidad de reunir nuestros recursos que los nuevos desafíos —o los que han vuelto a emerger— para los derechos humanos.
Entre ellos se encuentran las recientes emergencias alimentarias, las crisis financieras en curso, el cambio climático, las migraciones y el terrorismo.
Sin embargo, flagelos centenarios, como la discriminación racial y de género, también continúan exigiendo una acción colectiva más concentrada e incisiva.
No nos engañemos: los más afortunados entre nosotros, aquellos que quedan a salvo de los efectos más negativos de las catástrofes, no pueden cerrar los ojos frente a los efectos en cascada que el abuso y la indiferencia tienen sobre cada habitante de nuestra aldea global.
Los derechos y sus violaciones, así como el incumplimiento de las obligaciones que esos derechos generan, comprometen al mundo entero en una relación de solidaridad y responsabilidad.
Las recientes crisis alimentarias y financieras han ofrecido ejemplos contundentes de los peligros globales generados por vulnerabilidades ignoradas durante demasiado tiempo.
La escasez de alimentos accesibles y la falta de medios de subsistencia, incluido el acceso al crédito, han afectado con mayor intensidad a personas, familias y comunidades que ya eran víctimas de prácticas profundamente arraigadas de exclusión y discriminación.
Convulsiones de esta magnitud pueden condenar a generaciones enteras a una pobreza extrema si no se enfrentan las causas estructurales arraigadas en violaciones de los derechos humanos.
La incapacidad de empoderar a los grupos vulnerables para que reclamen sus derechos y la aplicación de políticas represivas destinadas a silenciar las protestas agravan todavía más la situación de los marginados.
Desde una perspectiva de derechos humanos debemos implementar medidas correctivas.
Estas medidas deben incluir no solo ayuda inmediata sino también políticas justas sobre propiedad de la tierra, acceso al crédito y a los servicios básicos, acceso equitativo a otros recursos productivos y redes públicas de protección social, además de la creación de mecanismos y canales que permitan hacer públicas las necesidades, denunciar abusos y obtener reparación.
Un buen punto de partida para alcanzar esos objetivos sería atender el llamado del secretario general de las Naciones Unidas a hacer más y hacerlo más rápidamente para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio y garantizar que esos objetivos sean perseguidos conjuntamente con los derechos humanos.
Uno de los valores agregados del enfoque de derechos humanos aplicado a la reducción de la pobreza y al desarrollo, que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos promueve en cada oportunidad, consiste en ofrecer un marco de instituciones y normas que ayude a reducir las desigualdades y fomentar la cooperación.
Este enfoque ayuda a mediar entre las demandas contrapuestas que inevitablemente aparecen en los procesos de desarrollo.
Las normas de derechos humanos proporcionan, en efecto, un conjunto objetivo de estándares mínimos que nos ayuda a comprender quién quedó marginado o incluso olvidado durante el proceso de transformación social y desarrollo.
El cambio climático constituye otro problema de alcance mundial que muchas veces ha sido abordado por las respuestas internacionales sin incorporar suficientemente la dimensión de los derechos humanos.
Sin embargo, los desafíos relacionados con el clima amenazan directamente una amplia gama de derechos humanos universalmente reconocidos, entre ellos los derechos a la vida, la alimentación, el agua, la salud y una vivienda adecuada.
Las consecuencias de las condiciones climáticas catastróficas ya son visibles en muchas regiones del mundo.
Un enfoque basado en los derechos humanos nos obliga a mirar a las personas cuyas vidas resultan más perjudicadas.
También ofrece el fundamento jurídico necesario para exigir que las obligaciones en materia de derechos humanos sean integradas a las políticas y programas destinados a combatir los efectos negativos sobre el ambiente.
Y vincula la evaluación de vulnerabilidades críticas —ignoradas de forma deliberada o negligente— con la responsabilidad de los Estados tanto por sus acciones como por sus omisiones.
Del mismo modo, la migración constituye otro gran desafío para los derechos humanos que exige un enfoque integral.
La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares ofrece una buena base para construir políticas coherentes a través de las fronteras nacionales y respetuosas de los derechos de los migrantes tanto en los países receptores como en los países de origen.
Aliento firmemente a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas a ratificar este importante instrumento, porque las respuestas eficaces frente a los desafíos migratorios requieren estándares uniformes que sirvan como base para una acción concertada entre los países de origen y de destino.
También debemos realizar todos los esfuerzos posibles para combatir la trata de personas, un fenómeno que con demasiada frecuencia es confundido indebidamente con los flujos migratorios.
La trata representa una industria multimillonaria que convierte a los seres humanos en mercancías y es, en su esencia, contraria a los derechos humanos y a la humanidad.
En cuanto al terrorismo, es indiscutible que este flagelo suele prosperar en contextos donde los derechos humanos son restringidos o violados, donde faltan canales no violentos para expresar el descontento y donde la discriminación y la exclusión son generalizadas.
Se reconoce ampliamente que el respeto por los derechos humanos no solo constituye un elemento esencial de una estrategia eficaz contra el terrorismo, sino que su violación debilita los esfuerzos antiterroristas y alimenta la confrontación violenta.
Los derechos humanos deben situarse en el centro de la cooperación internacional contra el terrorismo.
Los Estados están jurídicamente obligados a garantizar que las medidas adoptadas para combatir los delitos terroristas cumplan con sus obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos, en particular con el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el debido proceso y el principio de no devolución.
Debido a su escala y sus consecuencias, los actuales desafíos globales a los derechos humanos tienen mayores probabilidades de ser reconocidos inmediatamente como amenazas comunes merecedoras de la atención de la comunidad internacional.
Sin embargo, abusos arraigados durante largo tiempo y originados en el racismo, la xenofobia, la discriminación y la intolerancia continúan ocurriendo vergonzosamente todos los días en todo el mundo y con excesiva frecuencia permanecen fuera del radar internacional.
No cabe duda de que las rivalidades étnicas, la discriminación racial y la intolerancia religiosa subyacen en muchos de los conflictos comunitarios y enfrentamientos violentos de nuestra época.
Además, la persistencia del racismo después de los conflictos ha constituido una importante fuente de inestabilidad y un enorme obstáculo para una paz sostenible.
El aumento de la movilidad de las personas como consecuencia de la globalización o de los desplazamientos forzados ha provocado incitación al odio y un incremento de la xenofobia.
Gestionar la diversidad humana constituye uno de los grandes desafíos del siglo XXI y exigirá una estrategia multidimensional.
La Declaración y el Programa de Acción adoptados en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia de 2001 proporcionaron un sólido conjunto de instrumentos para ayudar a los Estados a erradicar la discriminación y la desigualdad racial y étnica.
El debate adquirió un nuevo impulso con la decisión de realizar una Conferencia de Examen de las Naciones Unidas sobre Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia, prevista para abril de 2009 en Ginebra.
La conferencia evaluará la aplicación de los compromisos asumidos por los gobiernos siete años antes en Durban para erradicar el odio y la discriminación racial.
En los últimos tiempos surgió una amplia variedad de opiniones y posiciones respecto de este asunto.
No todas fueron moderadas ni exactas, pero prácticamente nadie puso en duda la importancia de las cuestiones que estarán en juego en la conferencia de examen.
Es imprescindible que todos los Estados participen y contribuyan a este proceso crucial para consolidar y ampliar el terreno común en torno a las cuestiones fundamentales de derechos humanos sobre las cuales todos estamos de acuerdo.
Para maximizar nuestras posibilidades de éxito necesitamos la participación activa de todos. Sin ella, tanto el debate como la agenda contra el racismo quedarán empobrecidos.
Por estas razones, insto a los gobiernos que han expresado su intención de no participar en la conferencia a reconsiderar su posición.
Esta discusión también me lleva a subrayar una realidad fundamental: a pesar de las mejores intenciones, los instrumentos, mecanismos y procesos de derechos humanos no se cumplen por sí solos.
Es necesaria una acción conjunta mucho más decidida para maximizar las posibilidades de cambio y mejora.
La cooperación adopta muchas formas y se desarrolla en numerosos ámbitos.
En el plano internacional tiene lugar principalmente dentro de las Naciones Unidas, en particular en la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos, así como en otros organismos de la ONU, incluido el Consejo de Seguridad.
Una característica especialmente importante del Consejo de Derechos Humanos es su mecanismo de Examen Periódico Universal, que ya ha analizado a 32 Estados y ha recibido información de numerosas partes interesadas, incluida la sociedad civil.
En la actualidad debemos reconocer que el Examen Periódico Universal posee un potencial prometedor, aunque considero que alguna forma de conocimiento experto independiente debería convertirse en una parte integral del procedimiento.
No fue posible incluirlo en la etapa inicial del examen, pero podría incorporarse cuando se prepare el segundo ciclo, en 2011.
Además, el Consejo de Derechos Humanos funciona prácticamente como un organismo permanente.
La frecuencia de sus reuniones, tanto formales como informales, puede generar mayores oportunidades para perfeccionar sus operaciones y sus respuestas frente a situaciones crónicas y crisis de derechos humanos.
Esta continuidad también puede contribuir a construir una base más sólida de entendimiento y crear más oportunidades para desarrollar capacidades entre los miembros del Consejo que las que permitirían interacciones esporádicas.
La cooperación también tiene lugar a escala regional y nacional.
Dentro de este marco, considero que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se encuentra en una posición singular para ayudar a organizaciones regionales, gobiernos, instituciones nacionales de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil en sus esfuerzos por proteger y promover los derechos humanos.
La expansión de sus operaciones sobre el terreno y la interacción creciente y cada vez más profunda con organismos de las Naciones Unidas y otros socios fundamentales de gobiernos, organizaciones internacionales y sociedad civil constituyen pasos importantes en esta dirección.
Es allí donde podemos avanzar con mayor facilidad hacia una cooperación práctica que permita crear sistemas nacionales destinados a promover los derechos humanos y proporcionar protección y recursos a las víctimas de violaciones.
La Oficina del Alto Comisionado cumple su función de diversas maneras en los países en los que mantiene oficinas, misiones de paz o asesores de derechos humanos integrados en equipos de las Naciones Unidas.
Nuestras actividades sobre el terreno incluyen actualmente 50 proyectos de cooperación técnica, que con frecuencia consisten en supervisión de derechos humanos y asistencia para la capacitación de Estados, instituciones nacionales de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de desarrollar sus capacidades, ampliar su campo de intervención y mejorar la supervisión de la situación sobre el terreno.
Habitualmente estos proyectos también se llevan adelante en colaboración con los organismos pertinentes de las Naciones Unidas, socios regionales y organizaciones no gubernamentales.
Además, la Oficina del Alto Comisionado ha desarrollado una sólida experiencia en mecanismos de justicia transicional destinados a abordar los crímenes del pasado.
Son instrumentos eficaces para combatir la impunidad y también pueden favorecer la reconciliación en sociedades que emergen de conflictos.
En conclusión, pese a los numerosos temores e incertidumbres actuales, me alienta la enorme atención que la conmemoración durante todo un año del sexagésimo aniversario de la Declaración Universal ha generado en torno a los derechos humanos.
En todo el mundo, organizaciones de voluntarios, instituciones, docentes, estudiantes, abogados, políticos y medios de comunicación se han concentrado en la Declaración y en su vigencia en el mundo actual.
Pero no podemos detenernos aquí.
Sesenta años después, todavía estamos muy lejos de alcanzar los objetivos establecidos en la Declaración.
Ningún país del mundo puede cruzarse de brazos complacientemente y decir: “Ya llegamos”.
Decenas de millones de personas todavía ignoran que tienen derechos que pueden exigir y que sus gobiernos deben rendir cuentas ante ellas y ante un amplio conjunto de normas nacionales e internacionales basadas en derechos.
A pesar de todos nuestros esfuerzos durante los últimos sesenta años, es esencial mantener el impulso y permitir así que cada vez más personas puedan reclamar sus derechos.
Sabemos que quedan enormes desafíos en el camino hacia la plena realización de los derechos humanos.
He señalado algunos de los más difíciles, incluidos aquellos que absorben nuestra energía y nuestra atención como cuestiones prioritarias para la Oficina del Alto Comisionado.
Pero quiero subrayar que los sesenta años transcurridos desde la adopción de la Declaración Universal también nos han mostrado el camino.
Ahora sabemos con mucha mayor claridad que la búsqueda de los derechos humanos exige el compromiso individual y colectivo de todos.
Ese compromiso debe superar los partidismos y los intereses estrechamente definidos. Exige imaginación, energía, diplomacia, solidaridad, determinación y trabajo duro.
Estoy convencida de que los Estados, las organizaciones internacionales y la sociedad civil pueden continuar reuniendo estas cualidades y utilizarlas del mejor modo posible al servicio de los derechos humanos.
Solo podremos honrar plenamente la extraordinaria visión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuando sus principios universales tengan plena vigencia en todas partes y para todas las personas.
* La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados establece en su artículo 33.1 el principio de no devolución (non-refoulement), que prohíbe expulsar o devolver a un refugiado a un territorio donde su vida o su libertad puedan estar amenazadas por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión política.
