La jurista sudafricana Navanethem Pillay, de 85 años, recibió el Nobel de la Paz 2026 por una trayectoria que convirtió la lucha contra la impunidad en decisiones históricas. Defendió a perseguidos por el apartheid, que ella misma sufrió, contribuyó a establecer que la violencia sexual puede constituir genocidio y encabezó la comisión de la ONU que investigó los crímenes en Gaza. Su elección cosechó respaldos internacionales y un fuerte rechazo de Israel.
Navi Pillay recibió la noticia en Nüremberg, en el edificio donde fueron juzgados los principales responsables del nazismo. El viernes 9 de octubre estaba participando en una conferencia jurídica cuando supo que había ganado el Nobel de la Paz 2026. El escenario enlazaba su trayectoria con uno de los momentos fundacionales de la justicia penal internacional.
Su primera reacción fue de incredulidad. “Como soy abogada y jueza, todavía quiero verificarlo”, dijo entre los aplausos de sus colegas. A los 85 años, la jurista sudafricana recibió el reconocimiento por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional.
El Comité Noruego del Nobel destacó su contribución al procesamiento de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. La distinción reconoce décadas de trabajo y formula una posición sobre el presente: las instituciones que exigen responsabilidades por las atrocidades son fundamentales para resolver conflictos sin recurrir a la violencia.
Navanethem Pillay nació el 23 de septiembre de 1941 en Durban, en una familia de origen tamil indio. Hija de un conductor de micro, creció en un entorno humilde sometido a la segregación racial.
Su carrera avanzó contra las barreras que el apartheid imponía a las personas clasificadas como no blancas y contra las restricciones que enfrentaban las mujeres dentro de la profesión jurídica.
Estudió Derecho en la Universidad sudafricana de Natal y abrió su propio despacho en 1967. Desde allí defendió a opositores del apartheid, presos políticos y víctimas de la represión.
Su actividad atrajo la vigilancia de las fuerzas de seguridad, y durante años le negaron un pasaporte. Más adelante completó su formación en Harvard, donde obtuvo un doctorado en Ciencias Jurídicas en 1988.
En 1995 fue nombrada jueza de un tribunal superior sudafricano, la primera mujer no blanca en alcanzar ese cargo. Durante sus años como abogada, la segregación le había impedido incluso ingresar en los despachos de los jueces. Ese mismo año fue elegida para integrar el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que presidió entre 1999 y 2003.
Su paso por ese tribunal dejó algunas de las contribuciones más importantes de su carrera. En 1998 participó en la sentencia contra Jean-Paul Akayesu, alcalde de la localidad ruandesa de Taba. Fue la primera condena por genocidio dictada por un tribunal internacional.
Garantías para los presos políticos de Robben Island
Durante el apartheid, Navi Pillay convirtió la defensa de los perseguidos políticos en una batalla por garantías concretas. En 1973 consiguió un precedente que reconoció derechos a los presos de Robben Island, donde Nelson Mandela cumplía su condena: acceso a abogados y garantías para cuestionar las sanciones penitenciarias.
Su intervención se relacionó con los derechos de Mandela durante su encarcelamiento, no con la defensa en el juicio de Rivonia.
También participó en procesos que expusieron torturas e interrogatorios ilegales y contribuyó al reconocimiento judicial de que el aislamiento podía afectar la fiabilidad de los testimonios.
Su trabajo alcanzó a distintas corrientes de la resistencia al apartheid, más allá del Congreso Nacional Africano.
Un fallo trascendental para las mujeres
Entre otros de sus logros la juez Pillay estableció en un fallo que la violación y otras formas de violencia sexual podían constituir actos de genocidio cuando se cometían con la intención de destruir a un grupo protegido.
La decisión transformó la manera de investigar las atrocidades cometidas contra las mujeres durante los conflictos. Pillay integraba un tribunal de tres jueces y tuvo una influencia decisiva en sus argumentos.
La jurista Elizabeth Odio Benito, citada en un perfil de Harvard, destacó que el precedente permitió dar visibilidad jurídica a delitos que habían permanecido relegados.
También Navi participó en el proceso contra Jean Kambanda, ex primer ministro de Ruanda, cuya condena marcó un hito en la responsabilidad penal internacional de los jefes de gobierno. Su trabajo alcanzó los casos sobre el uso de medios de comunicación para incitar al genocidio.
Su compromiso con los derechos de las mujeres se extendió fuera de los tribunales. Cofundó Equality Now, organización que combate la discriminación legal y la violencia contra mujeres y niñas.
La entidad también destacó su contribución a la cláusula de igualdad de la Constitución sudafricana, que prohíbe la discriminación por motivos como género, raza, orientación sexual o religión.
Posteriormente fue jueza de la Corte Penal Internacional y, entre 2008 y 2014, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Desde 2019 interviene como jueza ad hoc en la Corte Internacional de Justicia en el caso contra Myanmar por las acusaciones de genocidio.
La conclusión sobre Gaza y el rechazo de Israel
Entre 2021 y 2025 presidió la comisión internacional independiente de investigación sobre el territorio palestino ocupado e Israel.
Esa última función la colocó en el centro de una controversia internacional. En septiembre de 2025, la comisión concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza y reclamó medidas para detener los crímenes y exigir responsabilidades.
Pero, aunque el tema Gaza ocupa un lugar destacado en su actualidad pública, el fundamento oficial del Nobel comprende toda su trayectoria. El Comité valoró su rigor jurídico, integridad y valentía, y advirtió sobre las presiones que enfrentan los jueces y las instituciones internacionales.
La elección puede leerse como un respaldo al multilateralismo y a los mecanismos que investigan atrocidades, incluso cuando esas investigaciones afectan a Estados poderosos.
Esa interpretación coincide con la advertencia del Comité sobre el avance de una política de fuerza que desplaza al derecho. “La paz requiere justicia”, sostuvo en su anuncio.
Pillay recordó el informe sobre Gaza durante su primera intervención tras conocer el premio. Se preguntó por qué decir la verdad debía requerir valentía y también recurrió al humor: “Si aplauden un poco más, quizás comparta este premio con (Donald) Trump”, bromeó la jueza.
Más tarde dedicó el galardón a los sobrevivientes de crímenes internacionales y llamó a defender el Estado de derecho.
Entre los medios internacionales, El País de España destacó la elección del Nobel para Navi Pillay por considerarla :“Una persona con valentía e integridad excepcionales”, en que Ruters hizo mención a la trayectoria de la jurista sudafricana destacando sus “grandísimos aportes al derecho internacional”.
El diario brasileño Folha de San Pablo se hizo eco de la respuesta de Israel sobre el premio a la jueza sudafricana y tituló: “Israel dice que la juez será aplaudida en el infierno”
El reconocimiento además recibió el respaldo del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, quien felicitó oficialmente a la jurista en nombre del país.
El actual alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, lo consideró una victoria colectiva para los derechos humanos y para quienes buscan justicia y rendición de cuentas. Destacó que el premio comprende su actuación en numerosos conflictos, además de Palestina.
La presidenta de la Corte Penal Internacional, Tomoko Akane, celebró también la decisión y subrayó su importancia ante las presiones que enfrenta el orden jurídico internacional. Desde el Instituto de Investigación para la Paz de Oslo, conocido como PRIO, su director interino, Haakon Gjerløw, calificó la elección como sólida y oportuna: interpretó que coloca la responsabilidad por los crímenes en el centro de los procesos de paz.
Israel reaccionó con un fuerte rechazo. Su Ministerio de Relaciones Exteriores cuestionó la concesión del premio y acusó a Pillay de mantener una posición sesgada contra el país.
El Premio Nobel recibió este año 287 candidaturas, correspondientes a 208 personas y 79 organizaciones, pero sus nombres y las deliberaciones permanecen bajo reserva durante 50 años. No existe una lista oficial pública de finalistas ni un orden conocido de preferencias.
Entre las postulaciones anunciadas públicamente figuraba la de Donald Trump. La congresista estadounidense Claudia Tenney informó que lo había propuesto para el premio de 2026, aunque ese anuncio no revela qué evaluación hizo el Comité.
En sus pronósticos previos, el Instituto de investigación por la Paz de Oslo (PRIO) había señalado cinco alternativas: Mykola Kuleba y Save the Children; las redes civiles de respuesta a emergencias de Sudán; el Comité para la Protección de los Periodistas; la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional; y la Estación Espacial Internacional. Esa selección era independiente y no correspondía a la lista de finalistas del Nobel.
El premio a la jueza Pillay reúne en una trayectoria personal la lucha contra la discriminación, la protección de las víctimas y la construcción de herramientas jurídicas para perseguir atrocidades.
Al distinguirla, el Comité también puso el foco sobre el futuro de esas herramientas: la posibilidad de exigir responsabilidades y resolver conflictos mediante el derecho en un mundo donde sus instituciones enfrentan crecientes presiones.
