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De Obligado a la Antártida, la soberanía que se defiende todos los días

De Obligado a la Antártida, la soberanía que se defiende todos los días
Es decisiva la autonomía respecto de las grandes potencias.

La soberanía no se agota en el reconocimiento jurídico de los derechos de un país. También requiere capacidad efectiva para controlar el territorio, regular los recursos, defender los intereses nacionales y decidir con autonomía. Desde la Vuelta de Obligado hasta la Antártida, esa diferencia permite examinar las continuidades y rupturas de la política exterior argentina. Los gobiernos que apostaron al alineamiento incondicional con Estados Unidos no obtuvieron, según el análisis histórico, avances equivalentes en la recuperación de las Malvinas. En cambio, las políticas de integración regional, presencia estatal y diversificación de relaciones internacionales ofrecen herramientas para fortalecer lo que puede definirse como soberanía integral.

Cinco claves:

  1. La soberanía jurídica no garantiza el control efectivo del territorio ni de sus recursos.
  2. El alineamiento con Washington no consiguió modificar la posición británica sobre Malvinas.
  3. La marina mercante, la hidrovía, la pesca y los minerales también son cuestiones de soberanía.
  4. La presencia antártica y las políticas de Estado fortalecen la capacidad estratégica argentina.
  5. La integración regional y la diversificación de vínculos permiten negociar con mayor autonomía.

El 20 de noviembre de 1845, las tropas de la Confederación Argentina resistieron en la Vuelta de Obligado el avance de una flota anglo-francesa que pretendía imponer la libre navegación de los ríos interiores. Los argentinos fueron derrotados en el campo de batalla, pero la guerra continuó río arriba, con enfrentamientos en Paso del Tonelero, el segundo San Lorenzo y la victoria de Punta Quebracho, en 1846. El conflicto concluyó años más tarde con el reconocimiento formal de la soberanía argentina sobre sus ríos.

La enseñanza de aquella resistencia conserva plena vigencia. La soberanía no se sostiene solamente con declaraciones: requiere capacidad, continuidad y voluntad estratégica. Hoy, ese campo de disputa comprende el Atlántico Sur, la Antártida, la navegación fluvial, la marina mercante, la pesca y la regulación de los hidrocarburos y la minería. Para comprender esas dimensiones resulta necesario abandonar una concepción exclusivamente territorial y avanzar hacia una idea de soberanía integral.

El concepto de soberanía tiene una extensa trayectoria en el pensamiento político. Jean Bodin, en Los seis libros de la República (1576), la definió como un poder supremo, inalienable e indivisible. Hugo Grocio, en Del derecho de la guerra y de la paz (1625), contribuyó a establecer las bases del concepto estatal de soberanía. Jean-Jacques Rousseau, en El contrato social (1762), vinculó la nación y el pueblo mediante la voluntad general.

En el siglo XX, Hans Morgenthau, en Política entre las naciones (1948), consideró la soberanía una premisa de la competencia internacional por el poder. Más adelante, Robert Jackson introdujo en Quasi-States (1990) una distinción decisiva entre soberanía negativa y soberanía positiva. La primera designa el reconocimiento jurídico internacional; la segunda, la capacidad efectiva de ejercer gobierno y control. Muchos Estados poscoloniales consiguieron el reconocimiento formal de su independencia, pero no desarrollaron plenamente las capacidades necesarias para ejercerla.

Stephen Krasner, en Sovereignty: Organized Hypocrisy (1999), profundizó esa discusión al señalar que los Estados invocan las normas de soberanía mientras las vulneran en la práctica. Esa contradicción, que denominó hipocresía organizada, constituye un rasgo estructural de las relaciones internacionales.

Sobre esos antecedentes puede formularse una categoría más amplia: la soberanía integral, que comprende cuatro dimensiones. La primera es la posición jurídica y el reconocimiento internacional. La segunda, el control de los recursos estratégicos y la distribución de sus beneficios. La tercera, la potestad regulatoria sobre el transporte, las vías de comunicación y la infraestructura logística. La cuarta, la autonomía estratégica frente a las grandes potencias.

Esta perspectiva impide reducir la soberanía a la cuestión Malvinas y permite advertir que la pérdida de capacidad de decisión sobre los recursos naturales puede tener consecuencias estratégicas tan profundas como las disputas territoriales.

Reconocimiento jurídico y control efectivo

La Argentina posee una base jurídica sólida para sostener su reclamo sobre las islas Malvinas. Las Naciones Unidas reconocen la existencia de una disputa de soberanía y la Resolución 31/49 insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras continúe el proceso de negociación.

En 2016, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas adoptó recomendaciones sobre la presentación argentina del límite exterior de su plataforma continental. Ese proceso constituyó un avance importante para la posición nacional, aunque no resolvió la disputa de soberanía sobre las islas ni sustituyó la necesidad de negociaciones con el Reino Unido.

La diferencia entre reconocimiento y control resulta particularmente evidente en el Atlántico Sur. Mientras el Reino Unido mantiene una presencia militar y desarrolla actividades económicas en el área en disputa, la Argentina carece de medios equivalentes para ejercer un control efectivo.

La situación antártica presenta características diferentes. La presencia argentina se mantiene de manera ininterrumpida desde 1904 y constituye uno de los principales activos de su proyección internacional. El país cuenta con trece bases antárticas, seis de ellas permanentes, y participa como miembro consultivo del Sistema del Tratado Antártico. Esa continuidad sostiene una identidad bicontinental y oceánica que debería ocupar un lugar central en cualquier estrategia nacional de largo plazo.

Sin embargo, la capacidad soberana no depende solamente de la presencia en territorios alejados. También se relaciona con el control de la navegación fluvial, la marina mercante, las comunicaciones y la regulación de actividades económicas fundamentales. Las decisiones políticas adoptadas durante las últimas décadas permiten identificar avances, retrocesos y distintas concepciones sobre la relación entre soberanía y política exterior.

El alineamiento con Estados Unidos y sus resultados

La dictadura cívico-militar de 1976-1983 ofrece el ejemplo más dramático de los límites del alineamiento ideológico con Washington. Durante la Guerra de Malvinas de 1982, los responsables de la conducción argentina calcularon equivocadamente la posición que adoptaría Estados Unidos.

Washington privilegió su relación estratégica con el Reino Unido y proporcionó asistencia logística a las fuerzas británicas. El alineamiento previo de la dictadura no se tradujo en apoyo estadounidense a la Argentina. Por el contrario, la derrota militar permitió que Londres endureciera su negativa a reanudar las negociaciones sobre soberanía.

La experiencia demostró que la afinidad ideológica con una gran potencia no garantiza reciprocidad cuando están en juego sus intereses estratégicos.

Durante la presidencia de Carlos Menem, entre 1989 y 1999, el alineamiento automático con Estados Unidos, conocido como política de relaciones carnales, estuvo acompañado por una estrategia de acercamiento a los habitantes de las islas y por los Acuerdos de Madrid I y II, de 1989 y 1990.

Esos acuerdos establecieron la fórmula del paraguas de soberanía, que permitió discutir cuestiones prácticas del Atlántico Sur sin modificar formalmente las posiciones de las partes respecto de la disputa territorial. Se restablecieron las relaciones diplomáticas y comerciales, pero la negociación sobre soberanía permaneció paralizada.

La Declaración Conjunta sobre Cooperación en Actividades Costa Afuera en el Atlántico Sudoccidental, firmada el 27 de septiembre de 1995, abrió la posibilidad de exploración conjunta de hidrocarburos en áreas en disputa. Desde una perspectiva crítica, esa política implicó concesiones en materia de recursos sin avances equivalentes en el reclamo argentino.

En 1997, la Argentina recibió la designación de aliado extra-OTAN de Estados Unidos. Ese reconocimiento político contrastó con el debilitamiento de capacidades económicas propias. La flota mercante nacional, que contaba con 149 buques en 1991, se había reducido a alrededor de 70 en 2002, según las cifras consideradas en este análisis.

La disminución de la flota no fue solamente un problema sectorial. También significó una reducción de la capacidad nacional para intervenir en el transporte marítimo y fluvial, dos actividades directamente vinculadas con la soberanía económica.

Las políticas de Estado entre 2003 y 2015

El gobierno de Néstor Kirchner, entre 2003 y 2007, recuperó una política de reclamo explícito frente al Reino Unido. Promovió la suspensión de mecanismos de cooperación pesquera y puso fin a la declaración conjunta de 1995 sobre actividades petroleras costa afuera.

También impulsó una orientación destinada a fortalecer la presencia científica y el control de los espacios marítimos, junto con la incorporación de la causa Malvinas a la educación pública mediante la Ley 26.206, cuyo artículo 92 establece contenidos relacionados con la recuperación pacífica de los derechos soberanos argentinos.

Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, entre 2007 y 2015, se profundizaron distintas políticas orientadas a fortalecer capacidades estatales.

La Ley 26.651, sancionada en 2010, estableció la utilización del mapa bicontinental de la República Argentina. La recuperación del control estatal sobre el 51 por ciento de las acciones de YPF, mediante la Ley 26.741, constituyó otra decisión estratégica vinculada con los recursos energéticos.

El 21 de abril de 2009, la Argentina presentó ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas la información destinada a establecer el límite exterior de su plataforma continental.

En política exterior se mantuvo una posición de oposición a la militarización británica del Atlántico Sur y a las actividades unilaterales de exploración de hidrocarburos en áreas en disputa. Paralelamente, el reclamo se sostuvo en organismos y espacios multilaterales como las Naciones Unidas, la CELAC, el Mercosur y la UNASUR.

La recuperación de capacidades estatales, la afirmación jurídica y la construcción de apoyos internacionales formaron parte de una misma concepción estratégica.

El acuerdo Foradori-Duncan y el regreso de las concesiones

El gobierno de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, modificó esa orientación. Su política exterior buscó una aproximación con las potencias occidentales y una reducción de las tensiones diplomáticas con el Reino Unido.

La Declaración Conjunta argentino-británica del 13 de septiembre de 2016, conocida como acuerdo Foradori-Duncan, propuso eliminar obstáculos que afectaran el crecimiento económico de las islas en actividades como comercio, pesca, navegación e hidrocarburos.

Desde una perspectiva soberanista, el problema consistía en facilitar actividades económicas británicas en el área en disputa sin obtener avances concretos en las negociaciones sobre soberanía.

Después de la firma, el Reino Unido continuó realizando ejercicios militares en las islas, mientras la respuesta argentina se mantuvo principalmente en el terreno de la protesta diplomática.

En materia de seguridad y defensa, el gobierno también profundizó vínculos con Estados Unidos, entre ellos un acuerdo de cooperación con el estado de Georgia que contempló la participación de su Guardia Nacional.

La experiencia volvió a plantear un interrogante central: ¿el acercamiento político a una gran potencia fortalece efectivamente la posición negociadora argentina o puede terminar acompañado por concesiones estratégicas?

La continuidad del reclamo durante Alberto Fernández

El gobierno de Alberto Fernández, entre 2019 y 2023, mantuvo la política de reclamo diplomático y multilateral sobre Malvinas, aunque su margen de acción estuvo condicionado por la crisis económica, la pandemia de COVID-19, las consecuencias internacionales de la guerra entre Rusia y Ucrania y una severa sequía.

Durante ese período se aprobaron tres leyes vinculadas con la afirmación de derechos y la capacidad regulatoria del Estado.

La Ley 27.557 estableció la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina. La Ley 27.558 creó el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas. La Ley 27.564 modificó el Régimen Federal de Pesca.

Estas decisiones buscaron fortalecer la institucionalidad del reclamo y los instrumentos de protección de los recursos marítimos.

Aunque las limitaciones económicas impidieron desarrollar plenamente una estrategia de soberanía integral, el gobierno sostuvo la posición argentina sin subordinar la negociación territorial a un alineamiento automático con Estados Unidos.

Milei, Washington y la ilusión de una llave para Malvinas

La presidencia de Javier Milei recuperó una concepción de política exterior basada en el alineamiento prioritario con Estados Unidos. Desde esa perspectiva, la relación privilegiada con Washington aparece como una posible herramienta para conseguir avances en la cuestión Malvinas.

Sin embargo, la posición estadounidense respecto de la disputa de soberanía no ha cambiado sustancialmente. La expectativa de que una alianza política produzca presiones decisivas sobre el Reino Unido reproduce un razonamiento que ya mostró sus límites durante la dictadura.

El proyecto petrolero Sea Lion, impulsado en la Cuenca Malvinas Norte por empresas vinculadas con intereses británicos e israelíes, expone las dificultades de una estrategia que confía en la buena voluntad de actores externos mientras empresas privadas avanzan sobre recursos situados en áreas en disputa.

En una primera etapa, Milei defendió el principio de no intervención estatal en las decisiones empresariales. Posteriormente, el Gobierno modificó su discurso y promovió iniciativas diplomáticas y jurídicas contra la exploración y explotación unilateral de hidrocarburos en la zona.

La cuestión de fondo no se resuelve únicamente mediante declaraciones. Requiere instrumentos permanentes de control, regulación y defensa de los recursos.

En paralelo, el DNU 340/2025 impulsó una profunda desregulación de la marina mercante, con disposiciones que favorecen la participación de embarcaciones extranjeras y modalidades de contratación sujetas a legislaciones de terceros países.

Los sindicatos marítimos advirtieron en el Congreso sobre las consecuencias de esas medidas para el empleo nacional y la capacidad estratégica del país. Entre sus expresiones más contundentes estuvieron las referencias a la pérdida de soberanía y a la posible desaparición de la marina mercante.

La navegación fluvial, la hidrovía Paraná-Paraguay y el transporte marítimo son actividades fundamentales para el comercio exterior argentino. Cuando el Estado pierde capacidad de regulación y control sobre ellas, disminuye también su margen de autonomía económica.

Esto no significa que el alineamiento con Estados Unidos provoque automáticamente una pérdida de soberanía en sentido jurídico. La cuestión Malvinas continúa siendo una disputa reconocida internacionalmente. Pero una política exterior que reduce sus opciones de negociación y debilita instrumentos internos de control puede erosionar la soberanía positiva.

La diferencia es fundamental. Una cosa es conservar derechos jurídicos reconocidos y otra muy distinta disponer de las capacidades necesarias para ejercerlos.

Los recursos naturales y el bien común

La discusión sobre la soberanía también tiene una dimensión ética. Durante su visita a la Argentina, en noviembre de 2026, el papa León XIV se refirió a la extraordinaria riqueza natural del país y a la responsabilidad de utilizarla en beneficio de la población.

En el Palacio Libertad de Buenos Aires afirmó:

“Argentina ha sido bendecida por Dios con una extraordinaria riqueza natural, sus campos, sus reservas de agua, sus fuentes de energía, sus minerales y la diversidad de sus ecosistemas ofrecen amplias posibilidades de desarrollo”.

Y agregó:

“Una ecología auténticamente humana sabe unir el cuidado de la creación al de las personas, procurando que el aprovechamiento de estos recursos contribuya al bienestar de las comunidades y preserve las condiciones que hacen posible la vida y el trabajo de sus territorios”.

También sostuvo que “la economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía”.

Estas afirmaciones, recogidas por Vatican News, ofrecen un fundamento ético para examinar el aprovechamiento de los recursos naturales. Su legitimidad no puede medirse solamente por la renta fiscal obtenida o por la capacidad de atraer inversiones. También debe evaluarse por su contribución al bienestar de las comunidades y a las posibilidades de desarrollo nacional.

El pronunciamiento pontificio no constituye una toma de posición del Vaticano sobre la soberanía de las Malvinas. Su relación con la soberanía integral es una interpretación política y conceptual: el control de los recursos debe estar asociado al bien común y no únicamente a la rentabilidad privada.

Esa perspectiva resulta especialmente pertinente para discutir la explotación petrolera, la minería, la marina mercante y las políticas de desarrollo regional.

Tres caminos para recuperar autonomía estratégica

El diagnóstico sobre el debilitamiento de la soberanía no debe interpretarse como una condena inevitable. Si la soberanía integral comprende reconocimiento jurídico, control de recursos, capacidad regulatoria y autonomía estratégica, existen políticas concretas que pueden fortalecer esas dimensiones.

La primera consiste en recuperar la integración regional como instrumento de negociación internacional.

La Argentina, considerada individualmente, tiene una capacidad limitada para imponer condiciones a potencias como Estados Unidos, China o el Reino Unido. Pero el Mercosur puede transformarse en una plataforma de cooperación productiva y resiliencia estratégica, capaz de articular cadenas de valor en alimentos procesados, maquinaria agrícola, productos farmacéuticos, hidrocarburos y minerales críticos.

La integración no debería limitarse a una unión aduanera. También puede permitir la construcción de reglas comunes, capacidades tecnológicas y posiciones negociadoras compartidas.

Como plantean Roberto Russell y Juan Gabriel Tokatlian, la regionalización puede contribuir a elevar la soberanía desde el plano del reconocimiento formal hacia la capacidad efectiva de negociación.

La segunda vía consiste en recuperar y fortalecer la capacidad regulatoria interna, comenzando por la soberanía informativa.

En la explotación del litio, por ejemplo, el análisis identifica 66 proyectos distribuidos en tres provincias, con reglas y estándares de información diferentes. La ausencia de un sistema nacional integrado que permita conocer el destino final de cada tonelada exportada limita las posibilidades de planificación y negociación.

El problema adquiere mayor relevancia frente al acuerdo de minerales críticos firmado con Estados Unidos el 4 de febrero de 2026, en un contexto en el que una proporción significativa de la producción argentina tiene como destino China.

La capacidad de conocer, fiscalizar y regular los recursos resulta indispensable para decidir cómo aprovecharlos. Sin información suficiente, el Estado pierde instrumentos fundamentales para defender los intereses nacionales.

La misma lógica corresponde aplicar a la actividad pesquera en la zona económica exclusiva y a los sistemas de transporte marítimo y fluvial.

La tercera vía consiste en abandonar la dependencia exclusiva de un solo polo internacional y desarrollar una estrategia de diversificación de relaciones.

En las relaciones internacionales, esa orientación se conoce como hedging, una política de cobertura estratégica que permite mantener simultáneamente vínculos de cooperación con distintas potencias y regiones.

Siguiendo los aportes de Cheng-Chwee Kuik, esta estrategia implica preservar relaciones con Estados Unidos, China, la Unión Europea, América Latina, Asia y África, evitando que cualquiera de esos vínculos se transforme en la única alternativa disponible.

Mantener acuerdos financieros, diversificar compradores de minerales y ampliar los mercados para los productos pesqueros no significa rechazar la cooperación con Washington. Significa impedir que esa relación condicione todas las demás decisiones.

La diversificación aumenta el margen de negociación porque reduce la dependencia respecto de un único socio y permite defender intereses propios ante conflictos entre las grandes potencias.

La soberanía no puede depender de la voluntad de otra potencia

Las tres propuestas comparten una misma premisa: la Argentina debe abandonar la expectativa de intercambiar alineamiento político por apoyo de una gran potencia en la disputa de soberanía.

La idea de que Estados Unidos puede proporcionar la llave para recuperar las Malvinas reproduce una lógica que fracasó en 1982. El problema no consiste en mantener relaciones de cooperación con Washington, sino en subordinar a esa relación el conjunto de la política exterior y las decisiones estratégicas nacionales.

Robert Jackson permite comprender la diferencia. El reconocimiento internacional de los derechos soberanos no garantiza su ejercicio efectivo. La soberanía positiva requiere presencia estatal, capacidad regulatoria, control de recursos, instituciones y alternativas de negociación.

Desde esta perspectiva, los gobiernos argentinos que privilegiaron el alineamiento incondicional con Estados Unidos debilitaron dimensiones fundamentales de la soberanía integral. Ese debilitamiento no se limitó a Malvinas y la Antártida. También se manifestó en la reducción de capacidades vinculadas con la navegación fluvial, la marina mercante, los hidrocarburos, la pesca y la minería.

En contraste, las administraciones que priorizaron políticas de Estado y mecanismos multilaterales consiguieron avances institucionales importantes, entre ellos la recuperación del control estatal de YPF, la consolidación de derechos sobre la plataforma continental y la incorporación del mapa bicontinental.

La diferencia no reside exclusivamente en la intensidad del discurso soberanista, sino en la capacidad de traducirlo en instituciones, regulaciones, recursos y presencia efectiva.

La Vuelta de Obligado enseñó que la soberanía se defiende con convicción, pero también con estrategia. No alcanza con proclamar que las Malvinas son argentinas si al mismo tiempo se desregula la marina mercante, se debilita el control pesquero o se deposita la protección de los recursos en la buena voluntad de una potencia extranjera.

La soberanía no puede reducirse a un discurso conmemorativo del 20 de noviembre. Debe constituir una política de Estado para los 365 días del año.

Como en 1845, la cuestión no es solamente si la Argentina dispone de menos poder que sus adversarios, sino si tiene la voluntad y la inteligencia estratégica necesarias para construir capacidades propias, sostener políticas de largo plazo y defender colectivamente sus derechos.

La Argentina no necesita otra llave. Necesita dejar de entregar a otros la custodia de la cerradura de su propia puerta.

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