Desde Porto Alegre.
Un mes después de negarse a participar en la audiencia gubernamental, los días 20 y 21 de febrero estas empresas participaron en el 1er. Seminario Nacional de Comunicación del PL, el partido de Bolsonaro, cuyo objetivo era “debatir estrategias para ampliar la presencia digital del PL y preparar el camino para las elecciones de 2026”.
Las big techs sabotearon la audiencia pública convocada por la Fiscalía General de Brasil para discutir la regulación de las plataformas digitales con expertos, entidades sociales e instituciones públicas.
Las empresas fueron extremadamente irrespetuosas y ni siquiera justificaron públicamente por qué no asistieron al evento oficial del gobierno.
Sin embargo, un mes después de negarse a participar en la audiencia gubernamental, los días 20 y 21 de febrero estas empresas participaron en el 1er. Seminario Nacional de Comunicación del PL, el partido de Bolsonaro, cuyo objetivo era “debatir estrategias para ampliar la presencia digital del PL y preparar el camino para las elecciones de 2026”.
El partido informó que “el seminario contó también con la colaboración de representantes de las principales plataformas digitales, como X, Meta, Google, Tik Tok y Kwai, quienes compartieron sus experiencias para enriquecer los contenidos presentados durante el evento”.
En el lugar del evento se colocaron banners con mensajes como: “El Partido Liberal y las grandes tecnológicas unidos por la libertad de expresión”; “El mayor evento de comunicación partidaria digital de Brasil”; “En defensa de la democracia y la libertad de expresión de los brasileños”.
Las decisiones tomadas por las grandes tecnológicas (sabotaje gubernamental y colaboración institucional con el PL) resaltan al menos tres posiciones adoptadas por los gigantes de las tecnologías de la información y la comunicación: [1] no tienen la intención de cooperar con el esfuerzo de la sociedad para impedir el uso de plataformas digitales como vehículos para difundir mentiras y discursos de odio, violencia e intolerancia, [2] actúan por ideología o conveniencia económica como facciones ideológicas al servicio de la ultraderecha y el extremismo, y [3] no tienen la intención de respetar la soberanía nacional y someterse a las leyes brasileñas y a la Constitución.
Tras la toma de posesión de Donald Trump, las big tech se asumieron claramente como instrumentos ideológicos con sesgo fascista al servicio de la Administración Trump y, al mismo tiempo, de la organización global de extrema derecha.
La defensa de la libertad de expresión, en realidad, falsifica la lógica del libertarismo detrás de la perspectiva de la contrarrevolución fascista y reaccionaria a la que se dedican.
Elon Musk es el más activista de los propietarios de las big techs. Suele ejercer una injerencia indebida en los asuntos internos de varios países, como parte de su estrategia empresarial -como en el golpe de Estado en Bolivia en 2019 para controlar la exploración de litio-.
Musk encabezó la ofensiva extremista contra la soberanía de Brasil y se colocó en primera línea para enfrentar al gobierno y al STF.
En las elecciones legislativas en Alemania del 23 de febrero último Musk utilizó X [antes Twitter] para ayudar al partido nazi AfD de Alice Weidel, que duplicó su voto en relación con las elecciones anteriores.
Las plataformas digitales cuyos propietarios aparentemente no tienen el mismo perfil ideológico nazi-fascista que Musk, al final también acabaron adoptando el mismo modelo de negocio que él defiende, como lo hizo recientemente Mark Zuckerberg, el propietario de Meta [Facebook, Instagram y WhatsApp]. Es decir, o adhieren al fascismo por ideología, o para obtener mayor rentabilidad de sus negocios con las prácticas criminales de los extremistas.
Es cierto que la dificultad del gobierno de Lula para mejorar su popularidad se debe al alto coste de la vida. Pero también es necesario considerar, junto a esto, el peso de las plataformas digitales, que permiten la difusión de mentiras y prácticas de terrorismo económico por parte de la extrema derecha, como en el caso de PIX.
Si no se hace nada en términos de regulación y reglamentación del funcionamiento de las plataformas digitales, la imparcialidad de las elecciones de 2026 se verá seriamente amenazada por las big techs.
La suspensión o prohibición de empresas que irrespeten nuestro ordenamiento jurídico puede no ser viable si no existen plataformas sociales alternativas disponibles en el país.
La suspensión de X el año pasado fue absorbida por completo y no causó mayores perturbaciones. No se puede garantizar lo mismo, por ejemplo, con la suspensión o posible prohibición de Instagram, que es utilizado como medio de trabajo por decenas de millones de trabajadores brasileños.Por ello, es urgente que, junto con la regulación de las plataformas digitales, se discuta la viabilidad inmediata de las plataformas públicas, de carácter no estatal, “para garantizar la amplia libertad, pluralidad y diversidad de una Internet libre de crimen, violencia y odio”.