Los argumentos contenidos en el DNU 179/2025, con el que el Poder Ejecutivo se autoriza a sí mismo a alcanzar un acuerdo, son inverosímiles e incoherentes. Solamente es plausible la sospecha de que se busca contener el dólar financiero y el paralelo para atender la salida de capitales.
Las autoridades del Gobierno nacional cabildean persistentemente con el anuncio de que un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se encuentra próximo a la concreción.
El Decreto de Necesidad y Urgencia 179/2025, publicado en el Boletín Oficial en el 10 de marzo, funcionó como una suerte de autorización auto-concedida por parte del Poder Ejecutivo, que le dio curso legal a partir del mismo día. De esta forma, el Poder Ejecutivo está sancionando su voluntad de firmar en cuanto se pueda, sin consultas de por medio a la representación de las otras fuerzas políticas que conforman el Poder Legislativo.
Por sí mismo, el episodio solamente indica que el Gobierno tiene interés en obtener nuevos fondos del FMI. Lo cual no es novedoso. Casi desde el comienzo de la gestión insiste en que busca un nuevo acuerdo para apuntalar la política económica. Aclarando siempre que lo que se decida no requerirá una modificación en el esquema cambiario ni una devaluación, en contraposición a lo que el Fondo remarcó persistentemente en sus comunicados durante el año anterior.
Desde el punto de vista de la política económica, es de una relevancia más profunda.
La ley
La abogada y exdirectora del Banco Central Betina Stein explicó en una nota publicada en Página/12 que el accionar oficial viola la ley 27.612, la cual establece que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”. En palabras de Stein, el Poder Ejecutivo se “auto-aprueba” el acuerdo, que siempre firman sus funcionarios, pero además debería sujetarse a un doble control por parte del Congreso.
Dicha ley fue impulsada por el primer ministro de Economía del Frente de Todos, Martín Guzmán, y se hizo oficial en marzo de 2021. Uno de los motivos fue que, de esa manera, la oposición participa del proceso de determinación de un acuerdo. De esta forma, se suma un mecanismo para democratizar la relación con el FMI, que se da por sentado que trae aparejados condicionamientos para el desenvolvimiento general de la política económica.
Los fundamentos
El fundamento que figura entre las consideraciones del decreto es que, dentro de un Programa de Facilidades Extendidas que contemplará el pago de capital e intereses a partir de cuatro años desde su otorgamiento, y se terminaría de pagar en diez, se utilizaría el nuevo préstamo para cancelar deuda del Tesoro Nacional con el Banco Central, y pagarle al mismo FMI los préstamos previos.
Javier Milei, el señor Presidente, publicó su tercera nota en el diario La Nación el 8 de marzo. Un sábado, en vez de los viernes, pero permanece firme en su costumbre de defender la política económica al final de la primera semana de cada mes. Y esta vez se la dedico al Fondo, adelantando los argumentos sobre el requerimiento de un nuevo préstamo.
En su columna sostuvo que no se trata de una nueva deuda, porque se utilizará para cancelar los pasivos del Tesoro. Y que es parte del saneamiento del patrimonio del BCRA, el cual, junto al proceso de contracción de la base monetaria, hace a la finalización de la inflación.
La verdad es que los argumentos usados por Mr. Jamoncito y repetidos en el DNU son, al mismo tiempo, inverosímiles e incoherentes.
Inverosímiles, porque la deuda que el Tesoro Nacional mantiene con el BCRA, cuya cancelación es de carácter formal, está nominada en pesos. Para qué son necesarios los dólares provenientes del FMI en su cancelación, es inexplicable. Por otra parte, esa deuda devenga intereses, por lo que si se cancela con un préstamo, genera nueva deuda aún si el capital es del mismo valor que el de la deuda cancelada.
Incoherentes, porque el patrimonio del BCRA no se altera en magnitud. A lo sumo, cambia el activo que representa la deuda del tesoro por otro. El pasivo, en este caso, es del Tesoro.
Dejando de lado ese detalle técnico, la base monetaria aumenta, porque el incremento de las reservas internacionales que entraña un préstamo con el FMI, es parte de la misma. Y como se utilizará para cancelar deuda en moneda local, deberá cambiarse a pesos.
Lo cuál da paso a la mayor incoherencia subyacente: si el préstamo se utilizará para cancelar deudas preexistentes, significa que no se mantendrá en las reservas. Salvo que exceda a esas deudas, lo que nos lleva, una vez más, a encontrarnos con deuda nueva. Ya no solamente en concepto de intereses, sino también de capital.
Uno podría detenerse en los ditirambos del Presidente sobre la inflación, el patrimonio del BCRA, el saqueo de los políticos con estafas monumentales desde 2001 en adelante que significaron los hechos de política económica, o que el argumento de que aunque no suba la deuda bruta no se produce un cambio de acreedor porque la política no va a seguir estafando a los argentinos.
Todas son ideas que el Presidente –que en sus palabras difundió pero no promocionó $LIBRA– enuncia sin explicar demasiado, para dejar en claro que todos sus predecesores son estafadores y él no. Por sí mismas, carecen de sentido, pero además son irrelevantes, porque no aclaran nada sobre la necesidad del préstamo.
En el DNU se encuentra un poco más. Antes de darle paso al mito sobre el patrimonio del BCRA, el texto sostiene que “contar con un nivel satisfactorio de reservas es vital para la reducción del riesgo país y para que se aumenten las facilidades para la reinserción de la República Argentina al mercado de capitales internacional” y que las “referidas limitaciones en el margen de acción de la entidad monetaria se agravan cuando (…) las restricciones al mercado de cambios deben continuar siendo liberalizadas”, ya que “el denominado “cepo cambiario” reduce la eficiencia de la economía y dificulta la inversión de largo plazo”.
Y por último, concluye que “para impulsar el referido proceso sin comprometer los logros alcanzados es condición necesaria que el BCRA cuente con un nivel deseable de reservas internacionales que le permitan el pleno ejercicio de sus facultades y obligaciones legales”.
Es decir que es necesario tomar deuda para acceder a más deuda contando con una cantidad adecuada de reservas internacionales. cuando en realidad, si el BCRA dispusiese de una cantidad de reservas propicia para la continuidad del nivel de actividad de la economía, no sería necesaria ningún tipo de deuda externa. Y se enfatiza la necesidad de desarticular las restricciones cuando en público se reitera que no se sale del cepo de un día para el otro.
Una última observación: si el BCRA requiere reservas para cumplir con el ejercicio de sus facultades, quiere decir que se está buscando algún tipo de intervención que no es posible con el nivel presente. Es decir que hacen falta dólares que no están. Eso ya no tiene nada que ver con el discurso sobre el patrimonio que viene a continuación, que remite a acumular reservas como fin en sí mismo para que se queden quietas.
Es decir que el PE no solamente no explica la necesidad o la urgencia que ameritan un decreto. Tampoco hace claras sus verdaderas intenciones, que oculta tras un velo de argumentos falaces e incongruentes.
Ante los hechos, solamente es plausible la sospecha de que se busca contener el dólar financiero y el paralelo, como se intenta desde mediados de 2024.
Su relevancia para las elecciones de este año es algo difuso. La política sobre el dólar oficial continúa siendo la misma, y como no se altera el esquema cambiario que dificulta la acumulación de reservas y el crecimiento económico, el préstamo carecería de impacto sobre la actividad económica.
En tales condiciones, lo único que se lograría es exigir aún más los recursos del BCRA para atender a la salida de capitales, en perjuicio de la mayor parte de la población argentina.
El rol de la oposición
El panorama resultante amerita un comentario sobre el rol de la oposición en el estado actual del sistema político argentino. Con independencia de la Ley 27.612, el Congreso tiene la atribución constitucional de escrutar la deuda del sector público, como la de discutir los lineamientos generales de la política económica en el Presupuesto de cada ejercicio.
Esa instancia se omitió durante los últimos dos años. El DNU extiende ese patrón de conducta, y permite observar que solamente la oposición puede hacer valer su rol para incidir en cuestiones estratégicas de la política económica.
Mientras no tome nota de ello, o no busque generar los medios para lograrlo, el Poder Ejecutivo continuará actuando de manera discrecional, sin otro límite que la tolerancia masiva hacia las consecuencias de sus acciones. Entre tanto, pone en evidencia la incapacidad o la impotencia de sus detractores.
Dependerá del trabajo político, en el presente y hacia adelante, el prevenir o revertir las consecuencias de lo que siga. Conviene recalcar que el principal peligro no es el FMI con sus “condicionamientos”. Es que la política económica haga mermar aún más los ingresos de la población, continuando con el proceso de degradación iniciado en 2018 sin que ninguna fuerza política se prepare para revertirlo.