Rubén Torres (Médico con Diploma de Honor -UBA-; especialista en cirugía infantil y en Planificación y gestión de Políticas Sociales; presidente del Instituto de Política, Economía y Gestión en Salud -IPEGSA-; ex superintendente de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación y ex consultor de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud OPS/OMS) escribió esta columna para Y ahora qué, que viene ocupándose en detalle de los temas sanitarios. Otra polémica que queda abierta.
La decisión de disolución del Instituto Nacional del Cáncer resulta un buen ejercicio para la discusión de la función de rectoría del Ministerio de Salud nacional.
No cabe duda de la importancia del cáncer como causa de morbimortalidad en nuestro país, así como tampoco de las implicancias que ello conlleva: detección temprana, provisión adecuada (en tiempo y forma) de la medicación y procedimientos a aquellos ciudadanos que solo tienen cobertura pública en todas las jurisdicciones; elaboración de protocolos comunes de cobertura de acuerdo a pautas estrictas de evaluación de tecnologías, que permitan una incorporación responsable de innovaciones diagnósticas y terapéuticas; provisión de servicios de cuidados paliativos a la población mencionada, etc.
La pregunta es: ¿resulta necesaria o imprescindible la creación de un instituto específico para resolver esta temática? Si la respuesta es sí, sobreviene una nueva: ¿por qué no hay un Instituto de enfermedades cardiovasculares, ya que su incidencia y prevalencia resultan similares a los del cáncer?
Si en el mismo sentido avanzáramos en las especificidades de algunas patologías, debiéramos igualmente pensar en institutos similares para las enfermedades poco frecuentes, para el Chagas, para la tuberculosis, etcétera.
Si la respuesta es no (que resulta la más aproximada a la decisión gubernamental), cabe preguntarse si el Ministerio ha cumplido hasta ahora estas funciones, o si no lo ha hecho, como lo hará desde ahora.
Veamos: ¿la recolección de datos epidemiológicos en forma centralizada, y su elaboración, pueden ser cumplidas por la dirección nacional de estadísticas/epidemiologia del ministerio? Pareciera que esto puede resultar posible, incluso estableciendo -de ser necesario- alguna sectorización especifica (existen hoy registros como el SITAM, el RITA y otros, que podrían integrarse sin inconvenientes). Ciertamente, la definición de prioridad del cáncer como causa de morbilidad y mortalidad ha surgido de estos registros.
La provisión de procedimientos diagnósticos y terapéuticos para su tratamiento ha sido proporcionada hasta hoy por los bancos de drogas nacionales, provinciales, la ex DATSE, y el propio Instituto (obsérvese que no he utilizado la calificación de adecuada antes citada, ya que el 70% de los pacientes entrevistados en una encuesta nacional ha manifestado dificultades en la provisión).
La incorporación de innovación y el diseño de protocolos utilizando la evaluación de tecnologías sanitarias ha sido anárquicamente repartida entre la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías (CONETEC), el Instituto y algunas agencias provinciales.
Además, más allá de la discusión sobre la centralización de estas actividades en el Ministerio, o en un ente desconcentrado, subsiste una pregunta: si sabemos todas estas cosas (prioridad del problema, necesidad de diagnóstico temprano, etc.), ¿por qué aun hoy las mujeres que llegan en estadío avanzado de cáncer de mama (principal causa de muerte en la mujer) a la primera consulta en el hospital público, más que triplican el número de las que lo hacen en el sector privado o de la seguridad social?
Dado los medios disponibles de tratamiento hoy, esta diferencia marca taxativamente una diferencia entre sobrevida a los 5 años o muerte.
La hipocresía aumenta si aparentemente se prioriza la defensa de los derechos de la mujer…cuando las dejamos morir de su principal causa.
A pensar.
