El ausentismo trasciende el ámbito del régimen democrático y se proyecta a varias instancias de participación ciudadana. Quien se abstiene de votar, además, puede creer que rompe vínculos con un sistema que lo ha decepcionado, sin asimilar que la suya es una manifestación negativa tan fuerte y política como la de quienes concurren a las urnas o asisten a los cónclaves donde fueron convocados.
A un mes de la próxima gran contienda electoral en la provincia de Buenos Aires los analistas coinciden al menos en un punto: el alto nivel de ausentismo en los comicios de medio término que se han realizado puso de manifiesto una crisis tan profunda que requiere, en consecuencia, el análisis exhaustivo tanto de sus causas como también de los probables beneficiarios.
En abril se votaron en la provincia de Santa Fe las PASO para las elecciones locales y también se eligieron convencionales para la reforma constitucional. El ausentismo fue récord: más del 44% del padrón. Luego se realizaron, a comienzos de mayo, las elecciones de medio término en las provincias de Salta (con alrededor de un 41% de ausentismo), del Chaco (con el 48%), y de San Luis y Jujuy (en ambos casos, con ausentismos próximos al 35%). Cuando se votó en CABA, una jurisdicción que se presume relativamente politizada y altamente informada, casi el 47 por ciento de quienes estaban habilitados para ejercer el derecho (y la obligación) de concurrir a las urnas, no lo hizo.
En la provincia de Misiones se votó a comienzos de junio, y también el ausentismo fue muy alto (casi el 45%) al tiempo que los comicios de Formosa arrojaron un nivel relativamente bajo de inasistencia, similar al de San Luis y Jujuy. Por su parte las elecciones de medio término realizadas en la Provincia de Santa Fe fueron menos atractivas para el electorado que las PASO y las constituyentes del mes de abril, como lo demostró que el absentismo superara su propio récord, alcanzando alrededor del 48%.
Este comportamiento de los electores fue destacado por quienes estudian y difunden las peripecias del sistema democrático argentino, y describen con énfasis diversas causas subjetivas que motivarían a los votantes potenciales para dar la espalda a las urnas. Pero sin una fuerza política o dirigente proscriptos explícitamente, el ausentismo además aparece con mayor peso específico que el porcentaje de los votos en blanco y nulos, el cual por añadidura en estas circunstancias es mínimo. El voto en blanco suele ser una manera de manifestar adhesión a la fuerza política o dirigente proscriptas, y de encono con las fuerzas políticas responsables de haberlas discriminado. El ausentismo es más abarcador: quien el día de las elecciones ni se acerca a las urnas cree que rompe vínculos con un sistema donde no encuentra representación posible, pero sin percatarse de que su ausencia no alcanza para salir de él.
La no concurrencia implica la renuncia a un derecho, pero también el incumplimiento de una obligación, aunque su penalidad sea insignificante. En efecto, quien decida no emitir voto alguno, o sea, no concurrir a la votación y no justificar su inasistencia debidamente dentro de los sesenta días posteriores a los comicios, será sancionado con una multa de cincuenta a quinientos pesos (monto variable según la cantidad de veces que haya reincidido). Y si pasados sesenta días desde la realización de los comicios el infractor todavía no se hizo cargo de la multa, engrosará el Registro de Infractores al Deber de Votar, y por esa condición no podrá realizar trámites municipales, provinciales o nacionales por un año, y tampoco podrá ser designado para ocupar empleos públicos durante tres años. Estas normas y sanciones correspondientes están escritas en la ley electoral, pero al igual que en tiempos de las colonias “se acatan pero no se cumplen”, porque las trabas para realizar algunos trámites (como la renovación del pasaporte, del DNI o del registro de conductor, por ejemplo), o el impedimento para asumir cargos en el sector público, en los hechos no han sido de cumplimiento efectivo.
O sea que no hay obstáculos para la expansión del ausentismo sino todo lo contrario, dado que los libertarios una vez encaramados al poder han promovido, desde Milei hasta el trolero más humilde, una insoportable polarización de la democracia. Han suprimido del debate político toda referencia programática, y han estimulado su reemplazo con un alienante intercambio emocional sin orillas, aderezado con insultos y discursos de odio. Así que en la medida en que la crisis socioeconómica se fue profundizando, el ausentismo electoral tendió a incrementarse, como no podía ser de otro modo si quien ocupa el sillón de Rivadavia dijo de sí mismo: “Soy el topo que destruye el Estado desde adentro.”
Ahora bien, como el creciente porcentaje de ausentismo en cada elección se nutre del aporte transversal de claudicantes que provienen de las distintas fuerzas en pugna y en proporciones variables, su impacto es en primera instancia imprevisible. Y más allá de las fantasías negacionistas del sistema democrático de quienes se abstienen de concurrir a los comicios, lo cierto es que su comportamiento también es una manera de emitir un voto estadístico, in absentia, inmaterial, que altera los porcentajes por votos positivos de cada candidato, su mutua relación con el conjunto y, finalmente, el resultado. Entonces quizás en las próximas elecciones de medio término, aunque pregonen lo contrario, a Milei y sus secuaces los beneficie que concurran pocos para reducir así la posibilidad de recibir un voto castigo, habida cuenta de las penurias que padecen las grandes mayorías nacionales. Y a juzgar por cómo vienen las encuestas, no parece que al oficialismo le alcance con la captura de votos merced a intensas campañas digitales: las próximas elecciones requerirán el concurso de una militancia que pida el voto de cada elector mirándolo a los ojos.
Abundan los argumentos para convencer a quienes deciden expresar “decepción”, “desencanto”, “hartazgo”, y otras cuestiones por el estilo, de que no visitar las urnas es un error. Y no hay que abordar el tema con timidez (por no decir con pánico escénico): en el sistema democrático no existen actos participativos que arrojen resultados más vinculantes que ciertas elecciones. En circunstancias normales, en función de los votos se decide quiénes ocuparán los cargos representativos en juego y ejercerán el poder correspondiente, por ejemplo, o quedará zanjada una controversia sometida a plebiscito, siempre que sea vinculante. Y el ausentismo no altera la naturaleza del acto comicial, no agravia su legalidad, aunque si es abrumador pueda quitarle (ingresando de lleno en aquello que suelen rechazar sus animadores, en la política) cierta legitimidad relativa.
Quien no concurre a votar entonces no altera la legalidad del procedimiento democrático en sí mismo, y si no consigue una mayoría estrepitosa con sus congéneres para restarle alguna legitimidad, bien puede contribuir a un resultado contrario a sus intenciones. Pero igual incurre de lleno en la política, siempre, aunque la convocatoria sea para una consulta no vinculante, como sucedió hace unos días en una audiencia pública de Enargas donde ganó el absoluto ausentismo de la sociedad civil, a pesar de que se definía la prórroga por 20 años de tres distribuidoras. El hecho fue tratado en EconoJournal por el periodista especializado en temas energéticos Fernando Krakowiak: “Una decisión de enorme trascendencia política que les garantiza la continuidad al frente de un negocio regulado de carácter monopólico a grandes grupos empresarios hasta 2047 –escribió– no ameritó ni siquiera una declaración crítica para que conste en actas por parte de ONG, asociaciones vecinales, movimientos sociales, defensorías del pueblo, sindicatos, cooperativas, universidades y/o centros de investigación. Tampoco dijeron presente ni legisladores ni representantes de gobiernos provinciales y municipales.» (ver nota)
Enargas había realizado una audiencia pública para evaluar la prórroga por 20 años de las concesiones de Naturgy Ban, Distribuidora de Gas del Centro y Distribuidora de Gas de Cuyo. Como no participó ningún representante de la sociedad civil, solo hubo exposiciones de ejecutivos de las empresas y de la asociación que las nuclea en un encuentro que duró apenas una hora y media. Y prosigue Krakowiak: “Una decisión de enorme trascendencia política que les garantiza la continuidad al frente de un negocio regulado de carácter monopólico a una serie de grandes grupos empresarios hasta diciembre de 2047 no ameritó ni siquiera una declaración crítica para que conste en actas por parte de organizaciones no gubernamentales, asociaciones vecinales, movimientos sociales, defensorías del pueblo, sindicatos, cooperativas, organizaciones profesionales, universidades y/o centros de investigación. Tampoco dijeron presente en la audiencia ni legisladores ni representantes de los distintos gobiernos provinciales y municipales.”
Lo cierto es que esas audiencias públicas siempre fueron no vinculantes, pero servían como gestos políticos, como formas idóneas para dar curso a las críticas y los intentos comunitarios de incidir en la esfera pública. En las audiencias de la semana pasada se dio cumplimiento a lo establecido por la Ley 24.076 de 1992, reguladora de la actividad de transporte y distribución de gas natural como servicio público nacional. La norma establecía que luego de 35 años de concesión las licencias de cada una podrían extenderse por una década adicional, cosa que la Ley Base del año pasado extendió al doble.
Y el periodista de Econojournal insiste: “El objetivo de la audiencia pública es desde el punto de vista formal que la autoridad responsable de tomar una decisión regulatoria acceda a las distintas opiniones existentes sobre el tema, a través del contacto directo con los interesados. Todos aquellos que pudiesen verse afectados por una decisión gubernamental o tuviesen un interés particular en ella expresan en ese ámbito su punto de vista, aunque la audiencia sea de carácter no vinculante. […] Evidentemente, muchas entidades de consumidores y usuarios atraviesan una profunda crisis y se fueron convirtiendo en sellos de goma que no representan a nadie. […] A ese hecho, se le suma el desinterés de los partidos políticos de la oposición que parecieran haberse desentendido de la agenda energética…”
El asunto es muy complejo, y de cara a las elecciones venideras habrá que volver a ensayar su comprensión. Pero de manera provisoria no parece redundante advertir que la adopción de presuntos comportamientos para salir de las instancias del sistema democrático creadoras de sentido constituyen una serie de intenciones fallidas. Es simple: nadie puede abandonar a la política, de igual manera que nadie puede renunciar al ser.