Alejandro Topo Rodríguez: “El Pacto de Mayo es una trampa”

“El Presidente quiere que fracase el Pacto de Mayo para construir una nueva alianza política”, dice el ex ministro de Asuntos Agrarios y ex diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

De formación politólogo, con experiencia en la gestión como Ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires y un reciente mandato cumplido como diputado nacional, Alejandro “Topo” Rodríguez conversó con ¿Y ahora qué? para analizar la gestión de Milei. El Pacto de Mayo como trampa del gobierno, la forma en que ejerce el poder el Presidente y los desafíos del peronismo son algunos de los temas de esta entrevista.

– Se vive una tensión inédita entre Nación y provincias. ¿Cómo cree que puede seguir la relación política con los gobernadores aliados del Presidente?

– Milei tiene una visión de centralismo-estatista con maquillaje liberal. Esto se ha traducido en aumento de la presión fiscal, de la recaudación solo para la Nación y un recorte feroz de las transferencias que les corresponden a las provincias. El Gobierno no se cansa de decir que ellos han cortado las transferencias discrecionales de las provincias. No es cierto. Lo que cortaron fueron las transferencias no automáticas que son legales, no son discrecionales. En ese marco, parecía que un sector importante de los gobernadores, que no son kirchneristas pero tampoco son libertarios, iban a reaccionar con inteligencia y que iban ayudar a frenar en el Senado el DNU 70/2023. Luego de que Milei convocase a la trampa del Pacto de Mayo pareciera que los gobernadores están inclinados una vez más a darle a Milei la posibilidad de reflotar lo que ya el Congreso había rechazo. Por ejemplo, la Ley Ómnibus.

– Cualquiera de ellos podría decir que es una forma de defensa propia.

– Los gobernadores, en vez de tener una visión de Nación y de ponerles límites a los excesos institucionales, se conforman con una mera distribución de recursos donde les paguen con los recursos que son de ellos mismos. Si esto sucede habrán cometido un error garrafal. Los gobernadores y el Congreso tienen que dialogar con el gobierno central, pero a la vez tienen que dejar sin validez el DNU 70/2023. Mientras ese decreto exista no hay federalismo posible en la Argentina.

– ¿Por qué calificá como una trampa el Pacto de Mayo que convoca el Presidente? 

– Primero porque ese pacto requiere que Milei antes tenga lo que el Congreso ya le negó, que es la Ley Ómnibus. Ahí está la primera fase de la trampa. La segunda es que el Pacto vendría solo después de que se implante nuevamente el descuento del Impuesto a las Ganancias sobre el salario de los trabajadores. Ahí Milei les estaría cediendo a las provincias recursos que la Nación no ha generado, sino que, al contrario, reimplantando Ganancias Nación aumenta su recaudación. Lo que debería hacer el Ejecutivo es coparticipar el Impuesto País o el impuesto al cheque, en vez de volver con Ganancias. En tercer lugar, porque el decálogo de los contenidos del Pacto constituye una síntesis perfecta del programa liberal libertario de Milei. Por lo tanto, está claro que no quiere que el Pacto se apruebe por parte de todos los gobernadores. Y necesita que no se apruebe porque su llamado no es a fortalecer el federalismo sino a constituir una nueva alianza política de cara a 2025. Ese es el objetivo del Pacto de Mayo.

– ¿El Pacto de Mayo es una plataforma política entonces?

– Sí. Si hoy queremos ponerle nombre es el milei- macrismo. Y si queremos ponerle colores políticos son los libertarios, el PRO o casi todo el PRO, un sector del radicalismo y algunos partidos provinciales. Esa es la nueva coalición electoral que está queriendo construir con su falso llamado a un pacto.

– Milei quiere que se rediscuta La Ley Ómnibus lo antes posible. Sus artículos abarcan infinidad temas, pero ¿cuál es el verdadero “espíritu” de la ley?

– El verdadero espíritu de esa ley es concentrar poder en el Ejecutivo. Ésa es la finalidad de la Ley Ómnibus. El Presidente tomó rápidamente varias decisiones sin necesitar el Congreso. Una de ellas fue autoasignarse los superpoderes que nadie tuvo durante la democracia, materializado en el DNU 70/2023. Ese decreto le ha permitido derogar o modificar más de 300 leyes. Concentra en el Ejecutivo decisiones que sólo no abarcan temas tributarios e impositivos, ni la modificación del régimen de partidos políticos y temas electorales. Salvo eso, que no puede abordar con un DNU porque la Constitución no lo permite, después abarca prácticamente todos los temas.  Además, el Presidente apenas asumió se garantizó un flujo de recursos más que significativo con el impuestazo al tributo denominado Impuesto País y congeló el gasto presupuestario de 2024, ajustándolo en 35 mil millones de dólares.

– Porque prorrogó el Presupuesto de 2023.

– Sí. Haberlo hecho significa un recorte de no menos de 35 mil millones de dólares al año.

– Pero también podría usarlos de forma discrecional al no haber sido asignados por ley.

– En principio es un congelamiento, y luego cuando termine de recaudar va a tener un excedente de recursos que va a poder usar por fuera del presupuesto. Pero es una medida de licuación. Es lo que él denomina la licuadora.  

– De lograr las facultades delegadas, Milei podría privatizar empresas públicas sin pasar por el Congreso. ¿No pagaría un costo político muy alto si intentara hacerlo?

– Si el Presidente logra aprobar la Ley Ómnibus tendría la posibilidad cierta de avanzar en la privatización de empresas públicas con sus superpoderes. Pero se autoinfligiría una fuerte impugnación a su propia credibilidad y generaría una señal de desconfianza: ningún inversor tomaría una decisión de adquirir una empresa pública si el proceso para privatizarla está ´flojo de papeles´. Es decir, si no cuenta con una ley del Congreso. 

– ¿Por qué busca privatizar empresas?

– Milei quiere rematar empresas públicas solo para conseguir dólares frescos y no porque tenga un nuevo rediseño del Estado. El Presidente tiene un discurso acerca del Estado, pero no tiene ningún programa de rediseño. 

– Usted hizo declaraciones muy enfáticas al afirmar que el cierre de Télam es ilegal. ¿Por qué opina que lo hace Milei?

– Por una cuestión simbólica. El impacto de Télam en el gasto público es menor, pero él se había comprometido durante la campaña a cerrarla. Esto nunca se va a poder concretar en los términos en que está planteando Milei. De hecho, no ha adoptado ninguna decisión legal de cierre. Simplemente ha dado lo que ellos denominan dispensa al personal, que por eso debió dejar de trabajar. Pero esa decisión de cerrarla no está publicada en el Boletín Oficial. Seguramente lo que va a hacer es reasignar al personal en otros organismos públicos, autorizar un programa de retiro voluntario u ofrecer jubilaciones anticipadas. Pero no tiene ninguna idea de repensar las empresas públicas.

– ¿Y se debe repensar el rol de las empresas públicas en Argentina?

– Es probable que haya que hacer una redefinición del rol y de la estrategia de funcionamiento del conjunto de las empresas públicas. Milei no tiene ninguna idea al respecto. Lo que quiere es cerrarlas por una cuestión ideológica y para rematarlas y conseguir dólares. Argentina necesitaría que, por lo menos durante dos años, funcione un holding de empresas estatales que coordine estratégicamente al conjunto de las compañías públicas. Que les ponga objetivos y metas. Que valore sus rendimientos. Y que al final de ese proceso decida qué hacer con cada una de ellas y cuál es el costo social que se abre por la externalidad positiva que promueven. Eso en el marco de lo que todos los Estados en el mundo tienen, que es una decisión de conservar y fortalecer compañías que sirvan por cuestiones estratégicas o por cuestiones mismas del propio mercado. 

– Hay críticos del Gobierno que cuestionan una forma violenta de ejercer la Presidencia. ¿Es así?

– El conjunto de señales y de lenguaje violento que está al borde de la provocación es probable que sea el síntoma de un gobierno muy débil. Porque no hay registro en la democracia de un Ejecutivo que tenga el 10 por ciento del Senado y el 15 por ciento en Diputados. Hay un gobierno que, parado en el fracaso de administraciones anteriores y con un fastidio social evidente, está queriendo dar señales de fortaleza para disimular su debilidad institucional. Eso se termina cuando no hay resultado para contar. Si no puede mostrar resultados se va a debilitar por más que se haga el guapo.

– ¿Se podría pensar que la sociedad está agresiva? Milei tenía el mismo tono durante la campaña.

– Buena parte de la sociedad ha reaccionado con vehemencia frente a la frustración y la ausencia de conductas destacables de la dirigencia política durante los últimos años. Pero en general la sociedad argentina sigue prefiriendo la paz social y reclama orden. No plantea como alternativa el conflicto. Es lógico que el malhumor social pueda ser explotado por Milei en el corto plazo. Pero sobre el enojo no se construye ninguna salida sustentable. Al mismo tiempo, tiene bien claro que si no consigue lo que busca puede eventualmente recurrir al uso de la fuerza. No lo digo yo. Así lo planteó apenas ganó, y después  lo puso de relieve Patricia Bullrich cuando diseñó y puso en práctica el anticonstitucional protocolo que hoy está vigente.

– Y en este contexto, ¿qué sucede con el peronismo?

– El peronismo está extraviado. Todavía cree que puede seguir levantando como bandera doctrinaria el concepto de justicia social, pero éste ha sido vaciado. La justicia social no es solo un principio doctrinario, sino que es también una variable de constatación empírica. La justicia social se mide. Y cuando se lo hace, en el último gobierno peronista el resultado es que hubo más pobreza, más indigencia, más inflación y una peor calidad del empleo. Por eso, buena parte del electorado, que históricamente votó al peronismo, en el balotaje lo hizo por Milei. Ese el primer quiebre. 

– ¿Hay otro?

– El segundo quiebre es territorial. El peronismo ya no tiene hace muchos años un proyecto para la Argentina integrada. Por eso los candidatos peronistas pierden por 1 millón de votos en las segundas vueltas en Córdoba. Esto pasa porque el peronismo perdió la visión integral, no en la campaña, sino en un programa de políticas públicas para el corazón de la Argentina productiva que vive e invierte para producir en Santa Fe, Córdoba, Mendoza, entre otras provincias. Si el peronismo no hace una autocrítica muy profunda de algunos de sus modelos de funcionamiento, va a perder la provincia de Buenos Aires. Porque si uno suma hoy los votos que obtuvieron Néstor Grindetti y Carolina Piparo da 51 por ciento. Axel Kicillof sacó el 45 por ciento. Quiere decir que si se constituyera la fuerza milei- macrista y en términos de gestión a Milei no le fuera muy mal, la provincia de Buenos Aires podría dejar de ser gobernada por el peronismo. El peronismo tiene que romper la barrera del Gran Buenos Aires para entenderse y verse asimismo como un proyecto nacional integrador.

– ¿Esto que planteas, lo pueden llevar a la práctica Cristina Kirchner, Axel Kicillof o Sergio Massa, por citar a algunos de los dirigentes de mayor peso?

– Eso hoy es el kirchnerismo. El kirchnerismo va a seguir teniendo un lugar en la política argentina, pero que nadie sueñe que el peronismo puede gobernar el país si no rompe con ese límite que tiene en términos de integración nacional. No hay forma de que vuelva a ganar una elección nacional si no se abre a otras tradiciones políticas, como, por ejemplo, un sector del radicalismo que no está ni con Macri ni Milei.