El límite del Estado no es el financiamiento. El Gobierno puede crear dinero cuando lo necesita para financiar sus actividades, y de hecho es común. Un Estado superavitario contrae la actividad económica, y un Estado deficitario la alienta.
El escándalo en torno a los medicamentos y la asistencia a los discapacitados, al igual que los vetos a los proyectos para subsanar partidas presupuestarias que impulsa el Congreso, representa un conflicto político surgido de una idea que anida en el núcleo de la identidad libertaria: que el gasto estatal es inherentemente dañino y hay que eliminarlo sin importar los perjuicios.
Aunque con la prédica de Javier Milei adquirió prominencia el cuestionamiento al impacto del gasto público sobre la economía, el problema es anterior. Si nunca el debate económico argentino dejó de estar atravesado por cierta aprehensión al “exceso de gasto”, desde que se lo expandió durante los gobiernos kirchneristas, proliferaron los críticos del déficit fiscal crónico.
Sin embargo, no existió más que una reivindicación del ordenamiento del gasto. Y sucede que, cuando se piensa en sus funciones, nos encontramos con la Asignación Universal por Hijo, el gasto en jubilaciones, las obras públicas, los salarios de empleados estatales, los subsidios a las tarifas de servicios públicos o la provisión de educación y salud. Cosas que incrementaron durante el período 2003-2015, y se cuentan entre sus virtudes.
Disminuir todo lo mencionado tiene un costo, perceptible en el hecho de que es, directa o indirectamente, una limitación al bienestar de la población. Por otra parte, cuando se empieza a hablar de los beneficios de la “estabilidad fiscal”, no pasa de una evocación de la quietud de precios, suponiéndola automática.
Por lo que la veneración del cuidado en el gasto público carece de sustento específico, pero impidió que se le discutiera a Milei en uno de los aspectos de su discurso con mayor contenido concreto. De la misma manera que hoy inhibe la crítica, o produce confusión.
Tanto es así que, luego de haber hecho de la reivindicación del gasto como instrumento de política económica un rasgo característico, la misma Cristina Kirchner intentó adecuar su discurso en sus apariciones del año pasado e inicios de este, señalando que el peronismo tiene que subsanar el déficit fiscal revocando los subsidios a los productores (aludía al régimen de Tierra del Fuego). O atribuyéndole la causa del apoyo a los despidos en el Estado a los “privilegios” de los empleados públicos.
Emerge el interrogante, propuesto por la ex Presidenta, sobre qué funciones tiene que cumplir el Estado. Recientemente, en el marco de la campaña por las elecciones de medio término, Axel Kicillof sostuvo en una entrevista que “hace falta un Estado más eficaz, pero sin destruirlo ni dejar a la gente sin lo que necesita”, y señaló, en contraposición a Milei, que muchos habitantes de la Provincia de Buenos Aires requieren sus servicios.
En verdad, que el Estado funcione bien requiere de un progreso en el alcance de su organización. Es decir, que se gaste más a lo largo del tiempo, perfeccionando las actividades y su volumen de operación. No es otra cosa que decir que a medida que crecen la economía y la población, tiene que crecer el Estado. Lo cual contrasta con la actitud de los últimos gobiernos, que mantuvieron la tendencia a recortar el presupuesto estatal y mantener la actividad pública inhibida. Fue un Estado estancado, que acompañó el estancamiento económico.
Cuando se habla de sus límites, hay que notar que no es el financiamiento. El Gobierno puede crear dinero cuando lo necesita para financiar sus actividades, y de hecho es común. Puede obedecer a algo tan simple como incrementar los salarios de trabajadores o las jubilaciones antes de que crezca la recaudación fiscal, o de poner en marcha un programa sin definir una contrapartida en un ingreso.
Frente a lo anterior, conviene aclarar que es un mito que la emisión de dinero alimenta la inflación. La cantidad de dinero en circulación de una economía responde al nivel de precios y el nivel de actividad. Es efecto de lo que sucede en una economía, sea la existencia de cualquier tasa de inflación, el crecimiento de la actividad o un mayor gasto público. Nunca su causa. La creación de dinero por parte del Estado es análoga al financiamiento de actividades mediante un préstamo por parte de una empresa.
El límite del Estado se encuentra en que, dentro de una economía capitalista, sus funciones tienen un sentido específico, cuyo volumen viene dado indirectamente por el nivel de excedente. Si se tratase de una economía de planificación centralizada en la que el Estado asigna los recursos, su límite vendría dado por la capacidad productiva.
Lo anterior deja abierta la incógnita de por qué son necesarios los impuestos. En economías más primitivas, en las que la creación de dinero es limitada, sí cumplen una función de financiamiento. Pero en las economías modernas cumplen la función de destruir poder de compra que de otra forma resultaría en un exceso macroeconómico en la forma de importaciones o movimiento de capitales, o desviarlo de finalidades consideradas nocivas desde el punto de vista social.
Aunque para el imaginario convencional sea paradójico, el resultado fiscal superavitario es perjudicial a la larga, porque implica que el Estado funciona como destructor del poder de compra. Es decir, como factor de contracción de la actividad económica. En cambio, un Estado deficitario, en condiciones normales, favorece el crecimiento, porque es gastador neto. Por supuesto que la mejor repercusión sobre la economía, además del volumen de gasto, depende del factor cualitativo de la planificación sobre sus usos.
En síntesis, para impulsar el crecimiento económico, es necesario que el Estado gaste más, sin tener al déficit fiscal como límite, sino a la necesidad o la conveniencia de los diferentes gastos en función de su repercusión en el momento. En épocas en las cuales el orden fiscal es la justificación de aberraciones contra el humanismo, es valedero para el campo popular recuperar la discusión teórica sobre el Estado. Al fin y al cabo, el gasto público es una de sus mejores herramientas.