Las personas con discapacidad, sus familiares y los sectores proveedores de servicios buscan en el Congreso de la Nación torcer la decisión presidencial de recortar el recorte brutal de fondos. Los audios revelan que la corrupción no estaba en los beneficiarios sino en los funcionarios. Opinan los diputados Arroyo y Yedlin y los principales referentes.
El colectivo de discapacidad fue uno de los primeros apuntados por el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) para en el centro de un manto de sospechas de corrupción argumentando que las gestiones anteriores fugaban dinero del sistema a través de un exceso de pensiones otorgadas en un país en el que, por ejemplo, no había habido guerras como para tener tantas personas con discapacidades. Así que decidieron -como en tantos otros temas- congelar los honorarios profesionales y a las empresas que transportan a las personas con discapacidad.
Sin embargo, el destape del escándalo provocado por los audios filtrados del ahora ex titular de la ANDis, Diego Spagnuolo, parecierann indicar que los corruptos no son los beneficiarios de las pensiones por discapacidad sino algunos funcionarios del actual gobierno.
Hasta acá, el tema seguirá desarrollándose en todos los planos que deban ocurrir, pero más allá de declaraciones políticas, los avances en la investigación judicial, y el silencio de los trolls y otros adláteres y voceros del Gobierno, los pacientes y proveedores de servicios urgen a seguir el camino parlamentario desde donde reclaman y exigen la regularización de las políticas públicas necesarias para proteger a esta población que requiere el apoyo del Estado.
Daniel Ramos, referente del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS) así lo explicó a Y ahora qué?: “Hace un poco más de un año, en abril del año pasado, empezaron con una campaña muy fuerte en la que se ponía en sospecha a las personas con discapacidad y a los prestadores. En los grandes medios había referencias sobre eventuales hechos de corrupción en la entrega de pensiones, daban eso como un hecho y anunciaron el reordenamiento de la ANDis y que harían auditorías y más auditorías. Es así que se mandaron cartas documento a 800.000 personas con discapacidad, de las cuales más del 30% nunca se notificaron. Esas auditorías utilizaron criterios que no son los establecidos por la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad para determinar si una persona tiene discapacidad, y lograron estigmatizar la situación. Notamos que pararon el financiamiento en discapacidad, detuvieron el otorgamiento de pensiones y autorizaciones de prestaciones a pacientes y empezaron a decir que no se podían pagar prestaciones porque el área no se financiaba”.
En una nota anterior publicada en Y ahora qué? informamos que el gobierno nacional estaba implementando una serie de cambios normativos y auditorías en las pensiones no contributivas por invalidez laboral y las prestaciones a personas con discapacidad bajo el argumento de ajuste fiscal y control de irregularidades mientras la ANDis era denunciada por familiares de personas con discapacidad y trabajadores despedidos por el vaciamiento de sus funciones y ajustes que “priorizan el ahorro estatal sobre los derechos humanos y vulneran la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado internacional suscripto por la Argentina”, según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Es así que en el Congreso se votó una ley de emergencia en discapacidad para tratar de mejorar la situación de los pacientes y sus familias, que fue vetada por Javier Milei.
El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Daniel Arroyo lo explicó del siguiente modo: “hoy (por el pasado martes 26 de agosto) tuvimos una reunión conjunta de las comisiones de Salud y de Discapacidad. No se presentaron ni el ministro de Salud ni el nuevo interventor de la ANDiS (Alejandro Vilches). Las personas con discapacidad y sus familias necesitan explicaciones. Y que el Estado comience a cumplir sus derechos. Ni bien el Senado rechace con los dos tercios de los votos, es una obligación de la Agencia Nacional de Discapacidad poner en marcha la ley. Nos parece que es una obligación porque se ha hecho todo el proceso”.
–¿En qué consistió?
Arroyo: Hubo 12 reuniones informativas en las que las instituciones vinieron a contarnos lo que estaba pasando. Se votó en la Comisión de Discapacidad, se votó en la Comisión de Salud, en la Cámara de Diputados, fuimos al recinto para emplazar, obligar a que se reúna la Comisión de Presupuesto, ganamos con 126 votos. Volvimos, se aprobó en la Comisión de Presupuesto, volvimos al recinto, se votó en la Cámara de Diputados 148 votos. Pasó al Senado, se aprobó en la Comisión de Población, se aprobó en la Comisión de Presupuesto. El Senado lo votó con los dos tercios de los votos. El Gobierno la vetó. Volvió a la Cámara de Diputados, donde ganamos con 172 votos, holgadamente, más de los dos tercios para rechazar el veto. Ahora falta lo último: que el Senado rechace el veto y que se ponga en marcha la ley.
Lo que viene lo que viene
Las escuchas son un tema y la falta de actualización en los aranceles profesionales de quienes atienden a las personas con discapacidad y la suspensión de las pensiones no contributivas son otro gran tema aparte. Mientras el huracán político desatado por los audios de Spagnuolo sigue su curso, la desfinanciación que provoca serios problemas para las personas con discapacidad no se resuelve, y cada día se torna más angustiante.
Y ahora qué? consultó a referentes de diversos sectores que conviven con este drama de muchos argentinos para entender cómo sigue tema. No siempre las explicaciones quedaron en el tema que nos convoca porque ya provocaron derivaciones políticas que seguramente influenciarán en el resultado de los dos próximos actos eleccionarios.
“Una persona que trabaja en un taller protegido cobra veintiocho mil pesos. Un acompañante terapéutico dos mil novecientos la hora y los recibe a 180 días. Estas personas escuchan que se mueven quinientos mil u ochocientos mil dólares por mes mientras los hogares y centros de día están a punto de cerrar, y no tienen acceso a medicamentos o traslados. Nada funciona y el contraste es terrible. Hay que poner en marcha la ley e investigar qué pasó con los audios”, dijo Arroyo.
Mientras tanto, en la provincia de Formosa la Justicia ya ordenó a la ANDis dejar sin efecto “las medidas de retención y/o suspensión de las pensiones no contributivas por invalidez laboral en todo el territorio provincial, y dispuso la inmediata liberación de los fondos depositados en las cuentas bancarias de los beneficiarios, que hasta el momento permanecían retenidos”. La decisión surgió gracias a un amparo presentado por la Asociación Camino Azul-TEA Formosa junto a beneficiarios afectados y la Defensoría del Pueblo. El defensor José Leonardo Gialluca subrayó que «esta acción de amparo tiene un efecto legal para todos. Aparte de Camino Azul y los casos indubitados, tiene efecto sobre todos los pensionados de la provincia de Formosa» y se destaca como el primer precedente a nivel nacional, con efecto colectivo.
«Hay personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), que tienen una discapacidad y les suspendieron (las pensiones) por no llegar a tiempo» con la presentación de la documentación de los estudios y los tratamientos, dijo Florencia Santa Cruz, presidenta de Camino Azul-TEA Formosa. «El lapso que les daban era de 10 días, imposible que en ese tiempo pudieran reunir todo lo que les pedían. Viven una realidad que en las provincias es totalmente otra». Por eso solicitaron la suspensión de las auditorías “hasta que haya un criterio, porque les preguntamos cuáles eran los motivos por los que una persona podía seguir con la pensión y cuáles por los que no, y no sabían qué contestar porque no tenían ningún criterio» adoptado.
Ana Dones (cofundadora de REDI, Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad) recordó a Y ahora qué? que “Milei dijo que iba a judicializar (la decisión del Congreso), lo cual es una barbaridad desde todo punto de vista, porque la única forma en la que podés judicializar una ley que sale del Congreso es si fuera anticonstitucional, y esta no la es. No hay ninguna razón para decir que va en contra de la Constitución. Así que me imagino que, simplemente, los usan como estrategia para dejar correr el tiempo. Mientras tanto, la gente no cobra”.
–¿Cómo se puede presionar para evitar que esto siga ocurriendo?
Dones: Una vez que la ley sale es el Poder Ejecutivo el que tiene que actuar. Así que aparecerán los amparos si el Estado no cumple. Esta es una ley de emergencia y tendría que aplicarse con celeridad, pero sospechamos que están decididos a no hacerlo. Por ahora hay silencio de radio. Si no hubiera respuesta, el tiempo de espera lo determinarán los prestadores que, junto a los pacientes, son los más afectados. Estamos en una nebulosa, y encima todo este lío en ANDis para más las cosas.
El diputado por Tucumán y presidente de la Comisión Permanente de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin, refuerza el temor expresado por Dones: “Hasta que el Senado no dé de baja el veto, la nueva ley de emergencia en discapacidad no se aplica. En ese caso la ley se promulga y en teoría deben cumplirla, salvo que la judicialicen, y con este gobierno nunca se puede saber.
Yedlin fue entrevistado por este cronista el pasado miércoles, y hasta ese momento confirmó que “el presidente de la Cámara de Diputados no había enviado al Senado el veto rechazado”
–¿Y por qué?
Yedlin: Porque se hacen los pelotudos, porque lo demoran a propósito. Como los tiempos no estaban del todo regulados, lo estiran y lo estiran. Si tienen que promulgar la ley, ahí tendrán otros diez días hábiles para hacerlo. Y recién en ese momento habrá que ver cómo la reglamentan. Según la ley, que es bastante específica, ANDis debería revisar los valores de las prestaciones desde el comienzo de la gestión de Milei, actualizar esos valores por inflación y recién ahí aumentar los valores del nomenclador. Recién en ese momento las obras sociales tendrían que pagar las prestaciones con los montos actualizados.
–O sea que todo esto podría tardar uno o dos meses más.
Yedlin: Tranquilamente. Aunque el procedimiento de actualización de aranceles podrían hacerlo ahora si quisieran porque para eso no necesitan la aprobación de la ley.
–Ocurre, además, que el Poder Ejecutivo podría judicializar la aprobación.
Yedlin: Ya amenazaron con eso, pero hay que recordar que esta ley ya tiene un fallo en la justicia contra el veto, o sea, a favor de que se aplique la ley. No creo que la justicia les dé bola. Pero bueno, sí, puede pasar.
–¿Esto debería impactar también en el tema de los supuestos pagos de coimas en ANDIS?
Yedlin: Digamos que no debería tener ninguna relación. Una cosa es corrupción por la compra de medicamentos en ANDis, que es un escándalo y que habrá que investigar y saber quiénes son los responsables, pero el organismo sigue trabajando. Sí impacta negativamente en la opinión pública que estos tipos se nieguen a actualizar los valores de las prestaciones mientras parece que se llevan quinientos u ochocientos mil dólares por mes por la compra de medicamentos. Y también impacta la sensación de que se hacen los locos cortando gastos, pero parece que se las llevan a la casa.
Belén Arcucci, coordinadora del Programa de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) afirmó a Y ahora qué? que “el veto se logró rechazar en la Cámara de Diputados y ahora tiene que ocurrir lo mismo en la Cámara de Senadores. Si eso se logra, la Ley de Emergencia entraría en vigencia y el Poder Ejecutivo estaría obligado a reglamentarla y a cumplir con todo lo que la norma indica. Esta ley, incluso, tiene un artículo que obliga al Poder Ejecutivo a reglamentarla en 30 días. Si se logra rechazar el veto en el Senado sería algo muy potente porque hasta ahora no ocurrió con ningún veto presidencial, lo que indicaría que hay un reconocimiento de la vulnerabilidad de este colectivo, de las deudas históricas pendientes y del daño que genera la falta de solución. Sería un problema que el Ejecutivo recurra a la justicia.
–Pero podrían hacerlo si la ley logra el veto final.
Arcucci: El tema es qué argumentos van a tener y si tendrían éxito, mientras tanto, la gente sigue sin su servicio. Habrá que recurrir a que se haga efectiva insistiendo en la calle y desde la militancia como lo viene haciendo el colectivo de personas con discapacidad que ha logrado una enorme movilización de organizaciones, prestadores, las familias y las propias personas con discapacidad. También se puede recurrir a la Justicia para que la reglamente, pero todo lleva tiempo y, mientras tanto, pasan los meses y el problema se agrava cada vez más.
El lado oscuro del presupuesto
Arcucci prosiguió y explicó que “la ley de emergencia tiene como dos grandes capítulos. Por un lado, está el sistema de prestaciones y el aumento del nomenclador. Este punto es de bajo el impacto fiscal, porque lo pagarían las obras sociales y prepagas a través del Fondo Solidario de Redistribución. Lo que sí va a pagar el Estado son las prestaciones que cubre -por ejemplo- a través de PAMI o desde el Programa Incluir Salud, la obra social de las personas que tienen pensión, que es todo lo que está involucrado en el escándalo de los de los audios (N. de la R: de Spagnuolo) y los supuestos desvíos de fondos por la compra de medicamentos. Después sí hay otro capítulo en el que se modifica el régimen de pensiones, que también está muy en el ojo de la tormenta por todo lo que pasó. Si esa cuestión puede llevar a aumentar el gasto fiscal, tampoco está muy claro cuánto porque ya hay pensiones existentes. Hay un sistema que existe y no está muy claro ese cálculo. Y ahí el Estado dice que no tiene fondos. La realidad es que la excusa del déficit fiscal como única argumentación es bastante vacía porque la forma de llegar al equilibrio fiscal puede ser desde otros caminos. Se puede discutir en qué áreas hay que reducir, cómo hay que hacerlo o qué impuestos se pueden incrementar. Hay muchas discusiones que pueden darse y no decir que algo se veta para mantener el equilibrio fiscal. Es un argumento vacío porque, por ejemplo, se tomó la decisión de reducir ciertos impuestos, y eso también afecta al equilibrio fiscal. La discusión política de fondo es eso cómo se distribuyen los recursos para mantener el equilibrio fiscal. Hay muchas maneras de tomar esa decisión.
Para evitar que sigan cayendo aún más las vulneraciones de derechos de las personas con discapacidad, ACIJ está “brindando asesoramiento, armando modelos de reclamo para las personas que tienen la pensión suspendida para que puedan empezar un reclamo administrativo y explorando posibilidades de judicializar el tema”.
–¿Cuánta gente está en esa situación?
Arcucci: El Gobierno anunció, hace dos semanas, que se habían suspendido unas 110.000 pensiones. En junio había 1.180.000 otorgadas.
–Resaltan que hay un exceso de personas con discapacidad. ¿Qué opinan ustedes?
Arcucci: Analizando las cifras, no vemos que se pueda hablar de un número desproporcionado. De hecho, si uno mira los datos del censo 2010 (aún no se publicaron las cifras de discapacidad del último relevamiento) aproximadamente el 13% de la población declaró que tenía alguna discapacidad, número alineado a las cifras mundiales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) habla del 15% de la población, o sea, incluso estamos por debajo de los porcentajes promedio. Si hoy trasladamos más o menos esa proporción a la cantidad de personas del último censo, son casi 6 millones de personas con discapacidad en el país. Entonces, si tomamos la proporción que se había declarado en el 2010, da más o menos esa esa cifra. Y las personas que reciben una pensión son 1.180.000. No puede pensarse que haya algún indicio de cifras desproporcionadas.
–El Gobierno le adjudica al kirchnerismo un aumento indiscriminado de las pensiones.
Arcucci: La pensión existe desde 1997, pero hay variables que pueden explicarlo a partir del 2013, esto nos lo dice gente que trabajó con ANDis. Existió un sistema de alta por baja, es decir, muy pocas pensiones y solo se otorgaban nuevas cuando alguien fallecía. A partir del 2013 se tomó la decisión de dar la pensión a la demanda real de la gente y, en el camino, Argentina ratificó la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, por lo que asume más obligaciones con esa población. En el 2023 se modifica el decreto, pero duró pocos meses porque fue solamente durante ese año. Y luego, este gobierno -el año pasado- lo vuelve a modificar y a instalar requisitos más restrictivos. Así llegan los dos procesos, la modificación del marco normativo y una auditoría repleta de irregularidades. A la gente se la convocó mediante cartas documento que casi la mitad no llegaron, o debían presentarse muy lejos de sus hogares o era imposible reunir la información que debían presentar. El proceso de auditoría fue muy irregular y terminaron vulnerando derechos. Todo este cuadro de situación es lo que provocó las suspensiones masivas de las pensiones.
La discusión sobre los “disca” y la política
A Florencia Santillán, conocida como @malditalisiadaok, comunicadora y autora del libro Maldita Lisiada, no le parece menor que la eventual corrupción en ANDis “haya saltado en medio de la discusión sobre la ley de la emergencia, los presupuestos, la idea de pensar a las personas con discapacidad y las prestaciones que necesitan. Independientemente de la discusión sobre la emergencia en discapacidad, y particularmente el último escándalo que involucra a ANDis, es cruel que le roben a personas con discapacidad. Hay crueldad y corrupción, y sorprende que provenga de aquellos que dijeron que venían a cambiar las cosas. Es una mancha más para un gobierno que viene siendo realmente muy desastroso”.
Florencia, una cordobesa picante, radicada en Mar del Plata y de paso por Buenos Aires, dialogó con Y ahora qué? y consideró que no es el dato más importante que el hecho de corrupción se pueda dar en el ámbito de “los disca”.
–¿Por qué lo ves así?
Santillán: Porque no debe ser el único caso que hay en el Gobierno Nacional. Que sea en el espacio para las personas con discapacidad es un parche, pero no lo convierte en algo cruel en sí mismo. Lo importante es que vinieron a decir que iban a ser la antítesis de toda posible corrupción. Como si hubiera una doble vara para definir qué parece corrupción y qué no. Ahora, de cara a las elecciones, será tarea nuestra salir a tocar las puertas de los candidatos para que la agenda sea más contundente, pero no con consignas sueltas sino con algo más potente, más troncal y no como una consigna suelta que olvidaremos rápidamente. La discusión de lo “disca” (como los menciona Flor) debe darse en todos los espacios políticos, debe ser algo transversal porque somos personas que habitamos el mundo igual que lo habitás vos, y no andamos en un mundo separado. Por ende, nuestras agendas deberían ser comunes porque cuando hay crisis económica, camines o no camines, la crisis te pega lo mismo que a los laburantes que no tienen discapacidad.
–¿Qué creen que iluminó el escándalo en la ANDis?
Santillán: Hay como una doble vara porque parece que están robando millones los mismos que trataron de instalar que había personas que pasaban radiografías de perros, o los que dicen que una persona con una pensión no contributiva por discapacidad se sube a aviones para irse a Europa. Espero que mucha gente empiece a darse cuenta que en realidad no vinieron a proponer nada distinto, sino que adoptaron la receta más vieja de la política argentina.
Dones: Puede haber un cambio en el resultado en las urnas para las próximas elecciones. Si no lo hubiera, la verdad es que creo que no tenemos futuro. Le tengo miedo a la indiferencia y que también, de esto, le echen la culpa a Cristina.
González: Ratifica que no podemos naturalizar la corrupción, ni en este gobierno ni en ningún otro. Tampoco sabemos si solo ocurrió en la Agencia Nacional de Discapacidad, así que esperemos que se investigue, se llegue a quienes se llevaron un dinero que no les correspondía y que paguen por lo que hicieron. Hay muchos colectivos que están sufriendo mientras algunos se llenan los bolsillos.