En la noche del lunes 15 de septiembre, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2026. Muestra proyecciones sin fundamento y objetivos de crecimiento de incierta concreción. Insiste en la profundización del ajuste y lo traslada nuevamente hacia sectores estratégicos y sociales.
El proyecto de Presupuesto 2026 plantea que el Producto Bruto Interno (PBI) crecerá 5,4% en 2025 y del 5,0% en 2026, manteniendo así una trayectoria de expansión que, según las previsiones oficiales, se extendería al menos hasta 2028. Sin embargo, esta estimación para el próximo año resulta considerablemente superior a la mediana proyectada por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que anticipa una recuperación del 4,4%. En este sentido, también se encuentra por debajo de las estimaciones sobre EMAE elaboradas por las principales consultoras, que sitúan el crecimiento más cerca del 3,6%.
El optimismo del Gobierno se evidencia también en las proyecciones inflacionarias, dado que prevé que el aumento de precios se desacelerará en el último cuatrimestre del año hasta acumular un 24,5%, lo que implicaría una tasa promedio mensual del 1,0% en ese período. Para 2026, la meta oficial es aún más exigente, estimando una inflación del 10,1%, equivalente a una variación mensual promedio del 0,8%. Además, se proyecta que este proceso de desinflación continuará en 2027, alcanzando tasas del 5,9% y 3,7% en 2028. Estas cifras contrastan con las estimaciones del REM BCRA, que prevé una inflación sensiblemente mayor alcanzando 28,2% para 2025 y 17,7% para 2026, lo que pone en evidencia las dificultades para lograr una reducción tan pronunciada de la inflación en un contexto de inestabilidad cambiaria.
La expectativa sobre el tipo de cambio revela supuestos muy difícil de lograr al día de hoy. El Presupuesto 2026 ubica al dólar oficial mayorista en $1.325 a finales diciembre de 2025 y en $1.423 un año más tarde. Esto implica que el tipo de cambio crecería a un ritmo inferior al de la inflación, generando una apreciación real de la moneda nacional. El problema es que el tipo de cambio oficial al 18/9 se situó en el techó de la banda al alcanzar $1.473.
Por lo tanto, la meta propuesta por el presupuesto supondría una reducción del valor del dólar en el corto plazo, algo sumamente poco verosímil. Por otro lado, si bien el REM BCRA estima valores inferiores a los observados recientemente, es necesario señalar que dichas estimaciones corresponden a la primera semana de septiembre, antes de la última suba significativa del tipo de cambio.
En el frente externo, el Gobierno estima que las exportaciones alcanzarán cifras históricas, proyectando USD 103.313 millones para 2025 y USD 112.695 millones para 2026. Esto significa que, para alcanzar las metas de exportación, el país debería incrementar sus ventas externas casi un 19,0% respecto de lo registrado en 2025, algo poco probable dada la evolución reciente del comercio internacional y de los sectores productivos locales.
No obstante, resulta llamativo que, pese a estos valores elevados, el saldo comercial permanecería negativo durante el período 2025-2028. De concretarse este escenario, se evidenciaría una limitación en la generación de divisas y surgiría una preocupación significativa respecto a la sostenibilidad del frente externo en un contexto marcado por la escasez de reservas.
La regla fiscal y la consolidación del ajuste
Dejando de lado las proyecciones, el Presupuesto 2026 vuelve a introducir (si consideramos al Presupuesto 2025) un esquema de disciplina fiscal muy rígido. La denominada “regla fiscal” estipula que el resultado financiero debe mantenerse siempre equilibrado o superavitario (Artículo 1°). Para asegurar este objetivo, el Poder Ejecutivo está facultado para realizar recortes automáticos y discrecionales en las partidas presupuestarias si la recaudación resulta inferior a lo previsto o si los gastos exceden lo planificado (Artículo 2°). Además, se imponen restricciones para que el Congreso sancione leyes que generen gasto sin financiamiento, y se declara la nulidad de aquellas normas que infrinjan la “regla fiscal” (Artículos 4° al 6°). Por otra parte, si la economía experimenta una mejora y los ingresos superan las expectativas, el esquema dispone la reducción de impuestos.
De esta forma, el Presupuesto 2026 se convierte en un blindaje de las cuentas públicas en el que el equilibrio fiscal queda asegurado aun a costa de profundizar la contracción en áreas sensibles. Este enfoque limita la capacidad del Estado para implementar políticas contracíclicas y somete el gasto social a un ajuste constante.
En esta línea, se profundiza el ajuste iniciado en 2024 en múltiples partidas presupuestarias. Entre las más relevantes se destacan:
- Universidades nacionales: reducción del 33,0% respecto a 2023 y del 2,3% respecto a 2025, agravando la crisis del sistema universitario.
- CONICET: disminución del 5,4% interanual y casi 40% acumulado desde 2023.
- Becas estudiantiles: caída del 4,2% interanual y del 76% acumulado en tres años.
- Otros organismos científicos (INTA, INTI, CONAE y CNEA): recortes de entre 45% y 60% respecto a 2023.
- Prestación Alimentar: reducción del 30% acumulado desde 2023.
- Comedores comunitarios: disminución del 17% en 2026 y del 45% acumulado desde 2023.
- Principales hospitales nacionales (por ejemplo, Bonaparte, Posadas Dr. Carrillo) reducen sus partidas presupuestarias en al menos 34,0%.
- Agencia Nacional de Discapacidad evidencia recortes del 7,3%, acumulando una disminución del 27% en comparación con 2023, en un contexto marcado por denuncias de quita indiscriminada de pensiones.
El Presupuesto también contempla un ajuste significativo en las transferencias a las provincias (incluye Coparticipación Federal de Impuestos), reduciéndose 36,7% en comparación con 2025. Esto añade presión sobre las finanzas provinciales y restringe su capacidad para mantener políticas públicas en sus jurisdicciones.
Por otro lado, y como frutilla del postre, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su presupuesto en 3,2% en 2026, sumando un aumento acumulado del 19,0% desde 2023. Por lo tanto, mientras disminuye la inversión en educación, ciencia y desarrollo social, se refuerzan los fondos destinados a áreas vinculadas con la seguridad y la inteligencia.