El ingeniero naval y ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación Horacio Tettamanti denuncia “el proyecto extranjerizante” que el gobierno libertario busca imponer sobre la vía navegable troncal de los ríos Paraná y de la Plata. Lo denunciará en la próxima audiencia pública -que se realizará el próximo lunes 3 de noviembre- que calificó de “fraudulenta”. Para poder llamar a una licitación, “primero hay que tener un proyecto que, en este caso, no existe”, afirmó en diálogo con Y ahora qué?
Tettamanti explicó que “el gobierno insiste y avanza con una licitación del río Paraná y el río de la Plata, mal llamado Hidrovía”, y que ese proceso “carece de proyecto, de estudio ambiental y de todos los instrumentos mínimos para ser licitada”.
Este ingeniero naval ya se ha pronunciado en contra de la licitación de la traza Paraná-Río de la Plata y consideró que ello implicaría la pérdida de la soberanía logística argentina. Su mirada propone destacar el desarrollo de infraestructura propia como el Canal Magdalena, para integrar el río Paraná con el océano Atlántico.
Luego recordó que “ya habían intentado una licitación a principios de año que les salió muy mal y tuvieron que darle de baja con denuncias penales y una denuncia de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Ahora vuelven a intentarlo”.
–¿En qué se basaron esas denuncias?
–Como uno de los cuestionamientos que le había hecho la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) fue la ausencia de la audiencia pública, ahora están simulando una convocatoria, y lo estamos denunciando.
–¿Cuál es la contraindicación de la licitación, en este caso?
–Lo sintetizaría en tres puntos. Uno es la cuestión ambiental porque el procedimiento que se somete a consulta carece de un instrumento legal indispensable como el Estudio de Impacto Ambiental. La Ley 25.675 exige expresamente que toda obra susceptible de degradar el ambiente cuente, antes de su ejecución, con un Estudio de Impacto Ambiental, y la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) reemplazó ese requisito por un Informe de Gestión que ella misma reconoce que no es un estudio de impacto ambiental. De este modo está violando la legislación vigente y desnaturaliza la audiencia convocada. La propia autoridad ambiental nacional confirmó en sede judicial -causa UPVA c/ Ministerio de Transporte- que nunca se inició un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, así es que la audiencia del lunes carece de objeto legal válido. Y a esto se le suma que el único estudio ambiental mencionado es del año 2011, y no puede usarse un informe que tiene catorce años. El segundo tema es una cuestión económica y técnica.
–¿Cuál sería el problema?
–La elección entre profundizar el Canal Punta Indio o construir el Canal Magdalena no es técnica: es estratégica. El sistema actual es una vía única, alternada y con demoras que explican el 65 % de los retrasos del comercio exterior argentino. El Canal Magdalena, en cambio, ofrece doble vía, navegación continua y alineación con los vientos y corrientes predominantes. Aunque su inversión inicial sería mayor, su mantenimiento cuesta la mitad y el ahorro fiscal anual se estima en unos 18 millones de dólares, mientras que los beneficios logísticos y la captación de servicios prestados, ahora, desde Uruguay superan 200 millones de dólares al año.
–¿Qué ventaja financiera tendría el Magdalena?
–El período de repago estimado de la inversión es de sólo tres años, con un aumento estructural de la competitividad y la seguridad de la navegación. Y, por último, la tercera cuestión es acerca de nuestra soberanía, porque este debate tiene una dimensión geopolítica ineludible. La extensión del Canal de Acceso al puerto de Montevideo y la supresión del Canal Magdalena transforman a la Argentina en un mero alimentador de un puerto extranjero.
–¿Por qué?
–Porque las interferencias con el Canal de Montevideo hacen inviable profundizar Punta Indio más allá de 12 metros, mientras Uruguay ya avanza a 14 metros de profundidad. Y si no se concreta el Canal Magdalena, Argentina perdería su única vía soberana de acceso directo al mar, resignando control, competitividad y soberanía. Ni hablar de que en el tramo argentino del río Paraná observamos una creciente invasión de barcazas extranjeras que limitan el movimiento de buques nacionales. Defender la Vía Navegable Troncal y construir el Canal Magdalena no es un capricho: es una necesidad para recuperar el control del comercio exterior y garantizar el futuro logístico, económico y ambiental de la Nación.
–Igual una audiencia pública nunca es vinculante.
—No, pero son obligatorias, y esta, además, es fraudulenta porque para poder llamar, primero tenés que tener un proyecto. Licitar algo que no tiene proyecto es un disparate. El proyecto no existe y, por lo tanto, no se puede hacer un estudio de impacto ambiental de un proyecto que no existe.
–Si usted tuviera que hacer una denuncia concreta acerca de los objetivos de esta licitación pública, ¿por qué cree que la están haciendo?
–Antes mencioné los tres ejes de nuestro razonamiento basados en lo ambiental, también demostramos que desde el punto de vista fiscal tiene un perjuicio muy grande para la Argentina porque toma una traza muy larga, muy peligrosa, que tiene como objetivo solamente consolidar el monopolio de Montevideo, y no tiene en cuenta que hay que bajar costos logísticos. Es un absurdo que el gobierno presente un proyecto o intente llevar adelante una traza de navegación que hace a la Argentina más pobre y más dependiente. Y después tenemos una consideración geopolítica que además va a hacer que la Argentina pierda su salida al mar, genera una situación muy compleja y que entrega la soberanía del río Paraná.
–Pero ¿en dónde o en qué radica la intencionalidad de fondo?
–En el viejo proyecto de hacer el Paraná internacional, separar a los productores de materia prima de los puertos de embarque para que los monopolios de compra sean más fuertes y fragmentar a la Argentina de tal forma que los argentinos no podamos navegar de norte a sur, que tengamos una especie de cabotaje con una cabina de peaje en el medio. Están construyendo el intento de hidrovía, palabra que yo denuncio porque es un fraude porque no es una palabra castellana, no pertenece a nuestro idioma, no figura en los diccionarios de nuestro lenguaje. Y por otro lado, porque no es un sujeto jurídico ni geográfico, con lo cual se habla de una entelequia, de algo inexistente. No existe nada llamado hidrovía, existe el río Paraná, existe el río de la Plata, existe el río Uruguay, existe el Paraná-Guazú, existen sujetos geográficos definidos desde el punto de vista geográfico y territorial. Y además -jurídicamente hablando- son ríos interiores, federales, provinciales, ríos de soberanía exclusiva o compartida. La palabra hidrovía es todo un gran paquete que hace que el Paraná sea utilizado exclusivamente para poder sacar la soja de las grandes multinacionales que no son argentinas sino de otros países y no responden a las necesidades locales.