Siete senadores firmaron y el gobierno de EEUU reabrió, pero Trump no pudo alegrarse porque aparecieron los papeles de Epstein. Mientras tanto, la derecha brasileña quiere poner a Lula en problemas y que Washington intervenga.
Fueron cuarenta días y la alegría republicana era inocultable. La falta de un presupuesto le permitió a Donald Trump ir cerrando el Estado, lugar que ideológicamente define como territorio enemigo. Y, mayor alegría, secar de toda sequedad la ayuda social, los presupuestos para hospitales y comedores, las modestas ayudas para los 42 millones de ciudadanos que en el país más rico del mundo no llegan a comer. No había movilidad para los lisiados, no había clases especiales para los pibes diferentes, no había ni quien procese a los inmigrantes cazados en las calles, que se pudrieron en sus jaulas hasta este jueves.
El más largo cierre del gobierno de los Estados Unidos terminó cuando siete senadores demócratas se pusieron en fila, se bajaron las dignidades y se rindieron a los republicanos. Los MAGA hicieron promesas de amor, como que iban a pagarle a los empleados públicos lo que le debían y no iban a echar a nadie. Y sobre todo prometieron que, en unos meses, cuando venza el parche que aceptaron los demócratas, iban a debatir el presupuesto de medicina. El partido entero, o casi entero, salió a pedir la cabeza de los “traidores”. Una senadora hasta se tuvo que bancar que su propia hija, flamante candidata a diputada, la casi puteara en sus actos.
Pero estaba hecho, porque con esos siete votos los republicanos destrabaron el tema y se lo mandaron a Diputados, donde tienen mayoría. Y el Estado empezó a despertar. Lo curioso fue que los “traidores” hablaron de que no toleraban ver tanta gente con hambre, pero se rindieron cuando empezaron a limitar los vuelos en tantísimos aeropuertos por falta de controladores aéreos. Los miserables no votan, los que vuelan, si.
El Presidente Naranja no pudo disfrutar de su triunfo, o no mucho, porque una de las consecuencias inesperadas del cierre del gobierno fue que el sufrimiento económico de tantos pasó a primer plano, y muchos otros se acordaron del suyo propio. Trump, como siempre, se pasa de rosca verbal y no pierde chance de ufanarse de que la economía nunca estuvo mejor, que ya no hay inflación y que todo es bonanza. Como hizo en su primer gobierno, y como hizo en toda su primitiva vida, lo único que ve es el estado de la Bolsa, que vive un boom. Hay que recordar que, igualito que nuestro Mauricio Macri, lo único que hizo Trump en su vida fue especular en el mercado inmobiliario, que siempre se beneficia del cash suelto que generan los booms bursátiles. Por eso lo ve como indicador de prosperidad.
Pero para el ciudadano de a pie, que tiene que laburar, la inflación es real, sobre todo en el rubro alimentos y bebidas, en ciertos servicios y en una infinidad de objetos industriales que ahora sufrieron un tarifazo por importados. En EEUU hay ahora un problema notable con los seguros, que no paran de aumentar y hacen oneroso tener un coche, ni hablar de una casa. Las guarderías, viejo problema en las ciudades, se fueron por las nubes, los alquileres son atroces y es inminente el aumentazo en los planes de salud. Todos los estudios y encuestas, todos, indican una retracción en el consumo por las malas expectativas económicas del asalariado. Y encima cada vez se habla más de que la euforia en los mercados bursátiles es por una burbuja como la de 2008, aquella por la industria digital, esta por la AI.
La euforia del presidente, en este contexto, fastidia y cómo. Muchos la consideran una de las principales razones del desastre electoral de la semana pasada, cuando los demócratas ganaron todas las elecciones especiales. Trump obviamente percibió la enorme preocupación de los republicanos por las legislativas del año que viene y apareció raramente serio y hablando de mejorarle la vida al votante, bajar los precios, ponerle un peso en el bolsillo. No hizo ningún anuncio concreto, puro humo, y no tocó el tema del fin de los subsidios a la salud, que van a ser un golpazo. Pero se notó el cambio.
Otra cosa que le llovió la semana, fue la brillante idea de un grupo de diputados demócratas que le dieron el gusto a un buen sector de la derecha MAGA y difundieron parte del Expediente Epstein. Como se recordará, Jeffrey Epstein era un próspero financista que en parte por vicio y en parte por negocio, traficaba menores de edad. Finalmente acusado y detenido, se suicidó en prisión y su nombre se transformó en un elemento radioactivo nuevo en la tabla. El príncipe Andrés acaba de perder títulos y casa por su asociación con Epstein, hay decenas de casos abiertos y todos los que pasaron por sus casas o compartieron su avión privado se esconden.
Por razones que desentrañará un experto en redes y conspiraciones, la derecha trumpista se convenció de que Epstein era el gigoló de los Clinton, tanto él como ella, y exigió por años que se publicara la investigación. El año pasado, en campaña, Trump tomó la consigna y juró hacerlo apenas asumiera, cosa que no hizo. Es que todo indica que es él el que está en el Expediente. Lo que los demócratas publicaron es una serie de mails entre Epstein y su abogado y operador político discutiendo cómo chantajear a Trump, por entonces candidato y luego presidente, para zafar de la justicia. Según Epstein, Trump “sabía lo de las chicas”…
Otro bajón, este no tanto para el presidente como para su base, es el fracaso de una psicótica religiosa en tratar de eliminar el matrimonio egalitario en EEUU. Resulta que, igualito que el aborto, el tema nunca fue ley, es un fallo de la Corte Suprema basado en la doctrina de igualdad ante la ley. Esto es frágil, porque si la Corte revisa el fallo anterior, como hizo con el aborto, se cae todo. Fue entonces que Kim Davis, una ex empleada pública en el conservadorísimo estado de Kentucky, fue a la Corte Suprema, a esta, la trumpista, a pedir que bajaran el matrimonio egalitario. Hace diez años, cuando el tema era nuevo, Davis se hizo famosa porque se negó a emitir una licencia matrimonial a una pareja gay que portaba una orden judicial, diciendo que eso “lesaba” sus creencias religiosas. Davis fue despedida y la pareja le hizo juicio por daños, que le ganaron, por 300.000 dólares. La ex funcionaria le pedía a los supremos que revirtiera el fallo civil, así no pagaba, y que derogara el fallo de 2015 legalizando la igualdad.
Los supremos ni siquiera le aceptaron el caso.
Más crueldades
Los senadores demócratas no sólo se dedicaron a rendirse, esta semana. Jeanne Shaheen, de Nuevo Hampshire, miembro senior del poderoso comité de Relaciones Exteriores del Senado, le mandó una carta al canciller Marco Rubio que revela una historia terrible. Resulta que Estados Unidos le pagó a Guinea Ecuatorial 7.500.000 de dólares para que acepte deportados, sean del origen que sea. Esto no sólo llama la atención porque es, que se sepa, el mayor pago realizado hasta ahora por ese rubro, sino porque esa Guinea está en el fondo del tarro en materia de derechos humanos y según Transparencia Internacional es el país 173 más corrupto sobre 180 de su listado.
Los memoriosos recordarán al eterno dictador guineano, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, que nos visitó durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Nguema habla castellano, porque su país es la vieja Guinea Española y es la única nación de nuestra lengua en África. Ex militar reconvertido en presidente, gobierna desde 1979, sea como primer ministro o como mandatario, y ahora tiene esta fecunda línea de financiamiento desde Washington. Con gran elegancia, la senadora Shaheen señala que el dineral probablemente vaya directo a la billetera del dictador, sin escalas ni servicios a los pobres deportados.
El héroe
El nuevo referente de la derecha dura brasileña -que es de las duras en serio- es el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro. La masacre de los morros de Penha y Alemao horrorizó a medio mundo, pero no a los votantes bolsonaristas, que la vieron como un ejemplo de mano dura y de aquella vieja regla local que dice que al bandido hay que darle bala, y si es negro más bala.
La masacre cambió el panorama político, sobre todo el poroteo para las elecciones del año que viene. Lula da Silva, con ochenta recién cumplidos, es el candidato natural a la reelección, lo que sería su cuarto período. Jair Bolsonaro, preso por golpista y sancionado por la justicia electoral hasta 2030, no puede presentarse aunque hubiera amnistía legislativa. Con lo que hay una fuerte corrida para ganarse el voto derechoso. Castro, con su masacre, se puso al frente, y de paso frenó el ascenso de Lula en las encuestas.
El problema que tiene el gobernador es su espectacular grado de corrupción. Es lo que los brasileños llaman un político “fisiologista”, de carrera, sin mayores ideas propias, guiado por la ambición. Los observadores veteranos todavía le dicen Claudio Carpeta, porque lo conocieron llevándole los papeles a un obscuro diputado carioca. El batacazo lo dio cuando se eligió vicegobernador con Wilson Witzel y quedó de gobernador cuando su jefe fue derrocado por juicio político. ¿Los cargos? Corrupción, por supuesto. Lo notable es que hace tres años, Castro se reeligió, con lo justo pero suficiente.
Fue tan llamativo, que la justicia electoral investigó la elección y descubrió un esquema importante de compra de votos, con cientos de personas que admitieron muy tranquilas que habían cambiado su voto por dinero o bolsas de mercadería. El 4 de noviembre, la jueza Isabel Galotti abrió el proceso y las audiencias comienzan en febrero, buscando anular la elección de Castro y mandarlo preso.
De paso, ¡qué justicia electoral tiene Brasil! Lo bajó de un hondazo a Bolsonaro y ahora va por Castro. Algo así es inimaginable por aquí.
Tirando del hilo, la jueza y la fiscalía buscaron el origen del dinero, y se encontraron con un personaje notorio, el empresario Ricardo Magro, dueño principalmente de una refinería de petróleo que se hizo famosa hace años por su evasión fiscal. Magro es hábil, y le pidió a su gobernador-socio dos puestos, la secretaría de Hacienda y la Procuración del Estado, donde puso gente de confianza. Cuando el equivalente brasileño de ARCA le cayó a la refinería y la cerró por procedimientos dolosos, básicamente estafa al fisco, los funcionarios propios reaccionaron y rápido. La clausura preventiva fue levantada en septiembre por el Estado con el argumento de que le debía mucha plata al gobierno y tenía que facturar para pagar.
Tanto realismo mágico fue demasiado, y el ministro de Economía nacional, Fernando Haddad, se enfureció públicamente y se presentó junto a la Fiscalía nacional ante la justicia federal. La planta fue clausurada de nuevo en octubre. Haddad, por orden de Lula, está haciendo inteligencia fiscal y financiera para frenar la corruptela política. En agosto, ya le habían dado un golpe durísimo al Comando Vermelho al identificar inversiones que lavaban narco dineros y confiscarles 200 millones de dólares. Ahora están empezando a caer los lavadores, entre otros un diputado provincial carioca que tiene el notable sobrenombre de “Joyita”, y se habla abiertamente de que los próximos con financistas y banqueros de San Pablo.
Frente a esta sofisticación policial, los bolsonaristas se quedan con lo bruto y duro, que funciona. El secretario de Seguridad de Río, el policía Víctor Santos, que además es un cuadro de Flavio Bolsonaro, explicó que el objetivo de la masacre no era matar bandidos sino conseguir inteligencia de sus operaciones: “si era por matar, los matábamos a todos y listo”. Los opositores cada vez más usan una frase conocida, “el único bandido bueno es el bandido muerto”, copiada de la que usaban los norteamericanos sobre los indios. El bloque bolsonarista está preparando una ley para declarar que las organizaciones narco son terroristas -podrían ponerle la Ley Pato Bullrich- y Lula avisó que la va a vetar, “por loca”.
El gobernador Castro usó la misma carta que el diputado Eduardo Bolsonaro, diputado y operador político en EEUU de su papá Jair. Ya en mayo había ido a Washington a pedir que el Comando Vermelho fuera declarado una organización terrorista por el Tío Sam. La idea gustó porque equivale a bombardear lanchas en el Caribe por mera acusación. En un gesto, el jefe de la DEA James Sparks le mandó al gobernador una carta de condolencias por los cuatro policías muertos en la masacre y se puso “a su disposición”.
Castro se ganó, por estas gestiones, otra causa criminal, por atentado a la soberanía nacional. Según parece, en mayo le pasó a los norteamericanos papeles confidenciales y su pedido de que el Comando sea declarado terrorista puede implicar que la DEA investigue por la libre en Brasil, que instituciones y personas del país sean sancionadas y que los vecinos del norte empiecen a bombardear lanchas brasileñas. Mala noticia para el gobernador, la causa la lleva el Supremo Alexandre de Moraes, el juez que encarceló a Bolsonaro.
Este cipayismo explícito parece ser la nueva línea central de la derecha sudaca, por eso nos sonará familiar. Entre los políticos bolsonaristas y los policías “duros” quieren poner al gobierno contra las cuerdas y evitar las investigaciones que joden de verdad, las de corrupción. El oficialismo logró formar una comisión especial de investigaciones del Senado y, por los pelos, logró poner a un petista al frente. La cosa promete, porque el mandato de la comisión incluye específicamente investigar las milicias y la corrupción financiera, pública y privada.
Los bolsonaristas respondieron definiendo al PT como el partido de los narcos…