El resultado de las elecciones de medio término condujo a que se discuta cómo elaborar un plan económico alternativo al de Milei que dé lugar a nuevas propuestas del peronismo. Y ahora qué? sigue apostando al debate. Abre sus páginas a colaboradores habituales y a quien se interese en participar. Aquí la postura de Guido Aschieri, que incluso se mete con la historia y explica qué hizo Perón en 1952 y por qué lo hizo.
Como parte del debate económico en el peronismo tras las elecciones de octubre, quienes reivindican la estabilidad como valor supremo suelen poner en circulación algunas definiciones:
1) Establecen que los ajustes y los planes de estabilización no son incompatibles con el peronismo. El propio Perón los puso en práctica en 1952 y 1974, durante sus dos últimas presidencias. Antes que nada, es necesario preservar la estabilidad de precios.
2) Sostienen que, por problemas estructurales, cuando el sector público crea dinero para financiar un déficit fiscal se produce un excedente que se vuelca al mercado cambiario. Por eso es necesaria una regla fiscal, para evitar recurrir a la financiación monetaria, que provoca inestabilidad cambiaria.
3) Afirman que no se puede devaluar el tipo de cambio permanentemente por los problemas de pobreza que genera. Pero tampoco puede permanecer estable, porque eso daña las exportaciones y alienta las importaciones.
4) Señalan que es necesario mejorar la relación del peronismo con el empresariado y desarrollar su dominio de las finanzas.
Es interesante hacer un análisis crítico de esas cuatro afirmaciones y de la búsqueda que está detrás de ellas.
Ajuste y estabilidad
El problema de los ajustes se puede poner en discusión invirtiendo la mirada sobre la necesidad del ajuste del ‘52. Perón llevó adelante un viraje de la política económica por haber atravesado una crisis de balanza de pagos. No solamente intentó resolverla por medio de la contracción de la actividad económica. Buscó captar fondos e inversiones para sectores de la industria pesada que redujesen la dependencia de las importaciones en el largo plazo.
Eso pone de relieve su verdadero sentido. No se trata simplemente de ordenar las finanzas públicas. En algunos casos, ni siquiera la necesidad primordial es estabilizar los precios. Lo que se busca es llevar la actividad económica a un nivel más bajo cuando el que alcanzó es insostenible. Y esa tensión se expresa en la balanza de pagos. Inicialmente, implica mayor inflación y retracción de los ingresos, porque así se llega a la merma en la actividad buscada.
La contención del gasto público forma parte de la contracción. Se ponen bajo restricción los salarios de los trabajadores en el sector público, las jubilaciones, y en muchos casos las inversiones expansivas de las empresas públicas. Esos componentes vienen aunados a la estabilización del tipo de cambio, techos a los salarios del sector privado y una gestión discrecional de las tarifas de servicios.
Cuando es inevitable, el ajuste se puede diseñar de diferentes maneras y con controles de daño, según los intereses y las posibilidades de cada caso. Puede ser mejor o peor ejecutado, y pueden darse situaciones que impidan otro desenlace. Pero los ajustes no son una herramienta sino una necesidad que siempre acarrea un perjuicio. En todo caso el debate se debe orientar a cómo expandir la economía sin encontrarse con ese límite, o bien sobre cómo reducir el perjuicio una vez que se lo encuentra.
También es útil poner la lupa en el objetivo de la estabilización. Como un fin primordial es algo que primero buscó Perón con el pacto social de 1974 en su tercer Gobierno. Luego fue practicado por Raúl Alfonsín con el Plan Austral. De diferentes maneras, los dos programas fueron abortados después de un tiempo y les significaron un desgaste del poder político a los Gobiernos que lo pusieron en práctica.
La razón es sencilla. Si a costa de detener los precios al final se sacrifican los ingresos, para la población termina siendo es una política inconducente. Puede tener éxitos iniciales, pero cae en desgracia cuando los costos se vuelven insoportables.
El problema de los ingresos
El análisis precedente no implica que, en lo concreto, haya que desentenderse de la prevención de episodios de inflación desbocada. Tampoco despreocuparse por que el sistema tributario y la orientación del gasto estatal tengan un criterio de eficiencia, o que funcionen bien las empresas públicas. Pero eso no equivale a concluir que el sistema de precios y la relación con los ingresos que conocemos ahora tenga que congelarse, ni que el déficit fiscal sea algo que sí o sí deba ser evitado.
De lo anterior se desprenden tres preguntas asociadas. ¿Qué importancia tiene la estabilidad de precios? En relación a ella, ¿realmente es determinante el resultado fiscal? Y por último, ¿cómo se controla, y para qué se controla, el tipo de cambio?
Una coalición política que busque una mejora permanente del nivel de vida de la población requiere que a la larga no solamente se restablezca, sino que crezca. Y hasta ahora, a pesar de reconocer el problema, no hay propuestas concretas sobre qué hacer al respecto.
Son objetivos contrapuestos. Los salarios del Estado y del sector privado, y otros ingresos percibidos por las franjas amplias de la población, deben crecer más que los precios durante un tiempo. Eso implica que otras variables quedarían atrasadas, aunque sea de manera transitoria. Las tarifas de los servicios públicos, posiblemente. El tipo de cambio, sin dudas. El déficit fiscal puede ser una herramienta en ese proceso, pero no el instrumento mágico que permita contrarrestar una catástrofe.
En cuanto al tipo de cambio, no funciona de manera lineal. Las exportaciones suelen ser inelásticas y las importaciones se controlan de manera directa, no por el mecanismo general del tipo de cambio. Los excedentes monetarios no los produce el déficit fiscal, sino la capacidad de ahorro de la población, dependiente en forma creciente de su ingreso. Para desviarlo del dólar existe la política monetaria.
Sobre lo último, es oportuno remarcar que no es un problema particular de Argentina. Afecta a todo el mundo desde que existe la arquitectura financiera moderna. La peculiaridad argentina es la vocación política por involucrarse en bicicletas financieras mientras se mantiene estancada a la economía. Es parte de la idiosincrasia gorila, que se esmera en diseñar políticas para sostener la degradación del aparato productivo mediante el endeudamiento externo.
Es saludable que se conciba como necesario comprender los mecanismos financieros, que es lo que finalmente permitiría dominar las cuestiones enumeradas. Y también es muy venerable la idea de que se debe definir, antes que nada, un proyecto para articular intereses que contemple al empresariado.
El último punto fue propuesto en una nota anterior de Y ahora qué, en la que se desarrolló la idea de que la recesión afecta a las empresas, y que la ideología del empresariado, usualmente clasista y disfuncional, debe contrastarse con una intermediación que oriente su acción para evitar fricciones con la acumulación de capital, que es el sostén objetivo de las empresas.
No obstante, un programa peronista o nacional no puede concebirse sin una alianza con las organizaciones sindicales. Sin una defensa organizada y persistente de los asalariados, que vaya más allá de las simpatías políticas y el grado de afinidad con el Gobierno de turno, cualquier mejora en las condiciones de vida de la clase trabajadora argentina (el grueso de su población) está condenada a la transitoriedad.
El riesgo del conservadurismo
Desde ya, no se trata de caer en desmadres inflacionarios permanentes, sino de buscar una forma posible de hacer transformaciones. Si, en cambio, alguien parte de la idea de que Milei hizo algo “necesario”, la supuesta alternativa terminará pareciéndose cada vez más al mal que se pretende combatir.
Primero hay que plantear qué políticas públicas son necesarias para favorecer a la población y luego plantear el modo de detener la inflación.
De otro modo el riesgo es caer en un tipo de conservadurismo muy específico: no poner en juego la distribución del ingreso y de los precios. La ilusión sería una administración política sin conflictos ni desmadres que sean imposibles de controlar.
Otro peligro del conservadurismo es que quede cerrado el debate a toda idea no convencional. Que queden fuera de la discusión asuntos como las relaciones de poder, internas e internacionales, que insertan a Argentina dentro del subdesarrollo. De hecho, quedaría inhibido algo tan simple y atractivo para la población argentina como sería proponerle la recomposición de sus ingresos.