La reforma laboral es un tema recurrente, y es una parte esencial de la ideología de derecha dominante. Permitiría dejar al peronismo sin columna vertebral, y por lo tanto, ahora sí, en vías de extinción. Por lo que ha trascendido de esta nueva ofensiva se deduce que los argumentos se repiten y siguen siendo convocantes para los viejos conservadores, pero también para quienes prefieren creer, por el modo de publicitarlos, en renovados sofismas.
Conforme la gestión libertaria intenta desplegar sus principales políticas, la reforma laboral ocupa un lugar prioritario porque se la presenta como una necesidad modernizadora insoslayable, y algo que condiciona tanto la asistencia crediticia del FMI como también la del Tesoro de los EE.UU y la banca privada. Ahora el Gobierno ha retomado la iniciativa luego de la victoria electoral de octubre –un tanto sobredimensionada, sin duda–, repitiendo propuestas que en su mayoría contemplaba el articulado del DNU 70, pero que el sindicalismo en su momento rechazó y logró frenar en la Justicia.
Para la diputada electa Kelly Olmos, economista y dirigente justicialista con amplia trayectoria –la cual incluye su desempeño como ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social–, en el marco de una “flexibilización laboral de hecho” se registra la pérdida creciente de puestos de trabajo, al tiempo “que hay un goteo permanente de pérdida de trabajo formal y su reemplazo por trabajo precario”. En sus palabras replican expresiones de gran parte de la dirigencia política y gremial, como cuando se refirió a “una Argentina de mano de obra muy abaratada”, o a la pretensión de instaurar “un sistema de mano de obra esclava”.
La reforma laboral constituye una idea cardinal del neoliberalismo vernáculo, quizás un pasaje perenne de su credo. Sirva de ejemplo el discurso que oportunamente brindó Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina, en ocasión de inaugurar la 137º exposición palermitana. Allí dijo, frente a los hermanos Milei y la plana mayor del Gobierno, todos ateridos de frío, que el sector tenía varios reclamos: “En primer lugar, que se continúe reduciendo la carga impositiva, para liberar nuestra capacidad productiva. Esto incluye, ante todo, eliminar las retenciones, tema crucial sobre el que volveré más adelante.” Pino siguió con los reclamos usuales referidos a la reducción impositiva, cuando no a la eliminación lisa y llana de impuestos sancionada simultáneamente por un Estado que “debe estimular el crédito a largo plazo, con tasas que no estén basadas en la especulación financiera, sino que permitan la inversión y la generación de trabajo”. Respecto de las retenciones, entonces Milei concedió la eliminación temporal hasta lograr 7.000 millones de dólares, una meta cubierta con demasiada premura y que produjo suspicacias –en definitiva, la eliminación de las retenciones duró cuarenta y ocho horas, y en el curso de las negociaciones con los EE.UU., dada la presión de los farmers norteamericanos, volvieron a gozar de buena salud.
El Estado que propone Pino, como corresponde al vocero de la franja más concentrada del sector agropecuario, es tributario de otra vertiente ideológica que poco tiene que ver con el imaginario libertario, aunque por ahora funcione como su compañera de ruta. Un ejemplo de divergencia: “Los productores que compren tecnología de última generación para la explotación agropecuaria deben ser beneficiados con créditos especiales, que premien rápidamente su esfuerzo.” Uno más, pero convergente y referido a los factores del crecimiento: “Existe otra condición indispensable cuya creación es papel del Estado. El campo argentino, en este momento, ya no es más el lugar pacífico y tranquilo que supo ser. Se multiplican los casos de abigeato, cacería ilegal, daños a silos y cosechas, robos y daños personales, incluida la pérdida de vidas humanas. No hay personal de seguridad suficiente, que proteja efectivamente a la gente del campo, y necesitamos fiscalías especiales dedicadas a los delitos rurales. Esperemos que la acción de la Justicia en el campo alcance, en breve, el dinamismo y la eficiencia que necesitamos.”
O sea que el Estado nacional, financiado preferentemente por los otros sectores, debe asistir al “campo” para que funcione debidamente, esto es, como clave virtuosa de la prosperidad argentina. Y en el ámbito del empleo, tópico ideológico unificador por excelencia y apto para morigerar un discurso lleno de reclamos, Pino dijo que es imprescindible avanzar en la reforma laboral que facilite la creación de más puestos de trabajo, y nos libere de la llamada «industria del juicio laboral», que encarece y complica la contratación de personal”. También habló de los incrementos salariales diferenciales para las zonas desfavorables, donde los trabajadores perciben incrementos salariales diferenciales, pero los empleadores enfrentan costos adicionales equivalentes. Por lo tanto, según Pino, “sería justo y razonable que estos últimos sean compensados eliminando aumentos similares en sus cargas sociales”.
Pero el Estado, el mismo que Milei quiso destruir desde adentro, como un topo, está proyectando con la Sociedad Rural Argentina la creación de un Fondo de Cese Laboral. Dijo Pino: “Basado en los principios de libertad y desregulación, ese Fondo daría previsibilidad a las obligaciones de los empleadores, y reduciría los costos judiciales, que no generan beneficios para ninguna de las partes. Permitiría dotar de flexibilidad a las empresas, y de mayor seguridad a los trabajadores…” Y hubo palabras para un Estado que brinde salud y educación a lo largo y a lo ancho del país, y algo tan importante como desinteresado: “Finalmente, es función del Estado crear, sacar del abandono, obras comunes de infraestructura y logística, que permitan a los habitantes del campo una vida digna y una comunicación y capacidad de transporte adecuados a su esfuerzo productivo.”
Otro discurso importante fue pronunciado más tarde, a raíz de celebrarse la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina. Allí habló Paolo Rocca, el titular de Techint, quien pidió claramente por el despliegue de una política industrial, con intervención estatal, dado que el orden macroeconómico es insuficiente para sostener un proyecto de país. Ciertamente, todos advirtieron una crítica al credo libertario, aunque también tomaron nota de la invitación a que se piense la complejidad de los hechos y se discuta en términos más elevados: “Con la política monetaria no alcanza, pero sin política monetaria no se puede.”
También Rocca dedicó gran parte de su intervención a describir, con datos duros y comparaciones históricas, un tablero geopolítico en plena mutación. Dijo que tras la caída del Muro de Berlín el ciclo de la globalización tranquila, la hegemonía americana y la expansión de la OMC terminó, y que no creía que volvería. Se refirió a la expansión de China, que ya concentra el 34% de la manufactura mundial a costa de los países occidentales, y enumeró su expansión militar en el Mar del Sur, su liderazgo tecnológico buscado vía Made in China 2025 y la estrategia de influencia global de la Franja y la Ruta, iniciativa lanzada en 2013.
Como es sabido, para Rocca está claro que es imposible la competencia con China, pero considera que si continúa la acción gubernamental obstinada en liquidar a la industria local, el país quedará reducido a la agroindustria, la minería y la energía. Por eso pidió la suficiente protección para impedir que desaparezca lo que queda de la industria argentina, pero fue un reclamo cuidadoso, y parte de un discurso donde no faltaron los elogios a varias iniciativas oficiales que para las empresas implicarían menores costos laborales, previsionales y tributarios.
Como ya se apuntó más arriba, puede haber grandes diferencias con el gobierno de turno y entre sí, pero la reforma laboral unifica a todas las vertientes del antiperonismo. La propuesta actual contiene puntos que serán fuertemente resistidos por los gremios, como los acuerdos por empresa (y no convenios colectivos de trabajo), la jornada laboral extendida a doce horas y vacaciones fragmentadas, incrementos salariales vinculados a la productividad, y pagos de juicios laborales en cuotas. También se incorpora la posibilidad de que los convenios colectivos establezcan bancos de horas, regímenes de compensación y sistemas flexibles ajustados a los ciclos productivos, y que sustituyan la indemnización tradicional por un fondo de cese laboral o un seguro equivalente financiado por los empleadores. Serían sancionadas normas, además, para regular el principio de ultraactividad de los convenios, institución criticada por Rocca, pero si ahora implica que los gremios pueden de hecho prorrogar el convenio vencido y mantenerlo vigente cuando no hay acuerdo, lo contrario implicaría que fueran los empresarios quienes pudieran adoptar semejante comportamiento.
También habló del tema, por supuesto, y en varias ocasiones, el inefable ministro Sturzenegger. Dijo en un reportaje que la intención del Gobierno es “que la gente pueda ganar más y que la gente pueda tener trabajo formal”. Y agregó sin solución de continuidad: “El diagnóstico es clarísimo. Argentina hace 15 años no crea trabajo formal, así que obviamente tenemos un problema muy serio en ese sentido. Y yo diría que hay tres grandes temas, ¿ok?, en esto. El primero es que la relación de trabajo es una relación que todo el mundo caranchea. A ver si, el sentido es, que todos muerden… A ver, ¿quién caranchea la relación laboral?”.
Para el ministro el primero en caranchear es el Estado, habida cuenta de que cuando se produce la contratación de un trabajador hay “unos impuestos impresionantes a la relación laboral”. No es feliz la expresión caranchear aplicada a estas cuestiones, pero resultó menos intensa cuando Sturzegger amplió su recorrido. Prosiguió: “Los sindicatos también caranchean, porque se llevan una comisión, la cuota solidaria, el aporte sindical para el que está sindicalizado. La industria del juicio caranchea. Los empresarios caranchean, porque también hay aportes que a veces se tienen que pagar la relación laboral. Entonces hay tanto carancho en la realidad. Disculpame que te lo ponga solo como yo… Todos nos ensalzamos diciendo que el empleo, que el empleo, que el empleo, pero a la postre es un contrato de la cual todos caranchean. Es como si fuera como Jesús con los panes, como que hay que darle a todos, pero acá como no hay milagros, esto quién lo paga. Lo paga el empresario y lo paga el trabajador. Por eso cuando te digo que el objetivo de subirle el salario es sacarle todo ese carancheo, ¿ok?, el Estado tendrá que hacer su contribución…” Clarísimo. La reforma laboral en este contexto, donde el ministro Sturzenegger asegura que no pretenden cercenar derechos sino ampliar los márgenes para ejercer la libertad, en principio no despertaría mayores entusiasmos.