Por qué Milei designó como ministro de Defensa al hijo de un represor que nunca cuestionó a la dictadura. Las razones para mantenerlo en actividad. La historia del Partido Militar, que la democracia logró disolver con justicia y políticas públicas. Quién es el que demoniza de verdad a los miembros de las Fuerzas Armadas.
La idea de que Su Excelencia Javier Milei provoca las 24 horas del día es correcta pero insuficiente. Las provocaciones de Milei y su equipo no pendulan: frente a una oposición fragmentada, no tiene oscilaciones cuando trata de marcar cuál es el arco contrario. Eso en política es un capital nada despreciable, y acaba de usarlo una vez más con la designación del teniente general Carlos Presti como nuevo ministro de Defensa.
El ministro saliente, Luis Petri, hizo todas las morisquetas posibles para lucir como un militar. En sus dos años de gestión se puso varias veces uniforme de fajina, y acaba de despedirse con una foto que al pie dice “F-16”. A lo Top Gun, posteó Petri: “La nueva Argentina siente la necesidad de velocidad: para despegar hacia un futuro grande, para volar más alto, para defender nuestro cielo más que nunca”. El Tom Cruise mendocino coronó así la compra en Dinamarca de un paquete de aviones F-16 de segunda mano, Made in USA.
Petri, que asumirá como diputado nacional por La Libertad Avanza y aspira a ser gobernador de Mendoza en 2027, desmontó en el Ministerio de Defensa la red de archivos sobre la dictadura que no sólo es esencial para los historiadores sino, todavía, para los juicios por crímenes de lesa humanidad. El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas acaba de incluir ese tema en sus cuestionamientos al actual gobierno. Manifestó su “consternación” por el desmantelamiento del sistema de documentación y archivo.
Presti padre y Presti hijo
La designación de Presti consolida ese proceso de regresión iniciado el 10 de diciembre de 2023 porque introduce una doble novedad.
Por un lado, Su Excelencia fue el primer presidente de la democracia que designó un militar al frente del Ministerio de Defensa. No es poco: desde 1983 pasaron por la Casa Rosada 14 presidentes, incluyendo a Milei, y 25 ministros de Defensa, incluyendo a Petri. Todos civiles.
Por otro lado, Presti es hijo del oficial del Ejército Roque Carlos Presti, fallecido en 1993, culpable de graves delitos de lesa humanidad. Integró el circuito de represión en la provincia de Buenos Aires bajo la jefatura del general Ramón Camps. Estuvo al mando del Regimiento 7 de Infantería de La Plata, cabeza del área 13 de la masacre, que controlaba los campos de concentración de La Cacha, Pozo de Arana y Comisaría Quinta. Fue imputado pero quedó libre por las leyes de impunidad. Murió antes de la restauración del proceso de enjuiciamiento iniciado con el Juicio a las Juntas de 1985 e interrumpido por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y por el indulto. Justamente este 9 de diciembre se cumplirán 40 años de la sentencia a los comandantes. Pero ni el ministro saliente ni el entrante, y tampoco Su Excelencia, han dado señales de que estén a tono con una fecha que tiene impacto en el mundo entero por la rareza de lo que sucedió: seis jueces civiles juzgando bajo las reglas del debido proceso a quienes habían gobernado a sangre y fuego hasta sólo dos años atrás.
Así como la ética no es hereditaria, tampoco tiene por qué serlo una conducta reprochable penal y constitucionalmente. Presti Carlos sin duda no es culpable de los crímenes de Presti Roque. Tampoco tiene obligación de responder por la muerte de su padre sin que la democracia haya podido terminar de juzgarlo.
El enfoque más interesante y equilibrado surgió de la Asamblea Desobediente, que se autodefine como “un grupo de hijas, hijos y familiares de genocidas” que desde 2017 están juntos para reivindicar la verdad. Informaron los desobedientes que Presti Roque estuvo acusado por haber convertido en víctimas a 44 personas. Dijeron: “Los familiares de genocidas no somos responsables por los crímenes de lesa humanidad cometidos por ellos, pero no podemos dejar de señalar que todo el personal de las fuerzas armadas o de seguridad debe brindar garantías de su compromiso democrático”. Y añadieron: “Carlos Alberto Presti no ha manifestado ninguna oposición a los crímenes de la dictadura genocida ni a los cometidos por su padre antes de asumir este altísimo cargo”.
¿Demonización?
Su Excelencia no sólo no tuvo en cuenta ese criterio de los desobedientes, que no se basa en el ADN sino en la adhesión a la democracia constitucional. Dio instrucciones a quienes escriben los comunicados de la Oficina del Presidente que incluyeran este párrafo: “Por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango en su escalafón estará al frente del Ministerio que está encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas, inaugurando una tradición que esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante y dando por finalizado la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados”.
Naturalmente, no ofreció ejemplos de la presunta demonización, pero a buen entendedor basta un Presti. O un Petri. O un Milei.
El caso de Balza
Hurgando en la historia desde 1983 hay un caso en que un jefe del Ejército terminó haciendo política. Es el del teniente general Martín Balza, que ocupó el mando máximo de la fuerza con Carlos Saúl Menem de Presidente. Sin embargo, la carrera de Balza, combatiente en Malvinas, incluyó estos hechos:
*En la Semana Santa de 1987, cuando los sublevados de Aldo Rico se alzaron en armas, le ofreció al entonces Presidente Raúl Alfonsín que se trasladara al regimiento que comandaba, en Neuquén, donde le dijo que estaría protegido.
*Balza fue el que terminó con los alzamientos carapintadas, incluso cuando ordenó abrir fuego contra los parapetados en el Regimiento Patricios de Palermo.
*El 25 de abril 1995 protagonizó un hecho institucional importante al leer por televisión un texto que puede examinarse completo aquí. Entre otras definiciones, Balza criticó el hecho mismo del golpe de Estado, la tortura y el asesinato. Reconoció que los familiares de las víctimas, “en cualquier posición y bajo cualquier circunstancia, necesitarán generaciones para aliviar las pérdidas, para encontrarle sentido a la reconciliación sincera”. Dijo que para ellos tenía respeto y silencio ante el dolor. Para el resto de la población dejó establecido que “cuando el Estado peligra, no es el Ejército la única reserva de la Patria, palabras dichas a los oídos militares por muchos, muchas veces”. Y afirmó que asumía “toda la responsabilidad del presente y toda la responsabilidad institucional del pasado”.
*Su paso por la política activa no se produjo mientras fue jefe, con Menem, ni inmediatamente tras dejar la jefatura del Ejército, en 1999, cuando asumió Fernando de la Rúa, sino después, al ser designado primero embajador en Colombia y después en Costa Rica por Néstor y por Cristina Kirchner. Y ya revistaba como retirado.
Nada de retiro efectivo
La provocación no pendular de Su Excelencia, que viene buscando la militarización del Gobierno, incluye la decisión de que Presti siga en actividad. O sea que el ministro de Defensa partidizará a las Fuerzas Armadas. A las tres, y no sólo al Ejército de donde proviene.
Las investigaciones históricas coinciden en que las Fuerzas Armadas fueron utilizadas por intereses extranjeros y por la elite argentina para destruir el tejido social, un empeño que se inició con el golpe de 1930 y se profundizó en progresión geométrica en 1955, 1962, 1966 y 1976. Sin embargo, a la vez las Fuerzas Armadas operaron también con autonomía relativa. Por eso fue que el sociólogo francés Alain Rouquié desarrolló la noción de “partido militar” y el politólogo Guillermo O’Donnell introdujo el concepto de “Estado burocrático autoritario”.
Más allá de brotes de antimilitarismo ramplón en la militancia popular –una posición que sólo sirve para estimular el militarismo real y la nostalgia por aquella idea mesiánico de que el Ejército nació antes que la patria– los gobiernos democráticos no demonizaron a las Fuerzas Armadas como tales. Sólo preservaron el avance democrático de que quedaran desmontadas como partido militar y reforzaran su condición de órgano del Estado dentro del sistema de defensa nacional y del desarrollo científico y tecnológico. Incluso el consenso democrático sobre la diferenciación entre seguridad interna y defensa, que alejó a las Fuerzas Armadas de la represión doméstica, es aceptada con alivio y lucidez por la enorme mayoría de los cuadros militares.
En cambio, durante la gestión de Su Excelencia vienen sufriendo de manera cotidiana los afiliados a IOSFA, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, con una deuda actual estimada de 200 mil millones de pesos.
El periodista Pablo Ibáñez publicó que en los dos últimos años los militares perdieron el 40 por ciento del salario real. Sólo en el Ejército se fueron de baja 12.885 soldados por los sueldos que están por debajo de la línea de pobreza, que sólo superan los que están por encima del grado de capitán.