Si se observa la postura del Gobierno, la crisis que el Gobierno atravesaba antes de las elecciones parece haber quedado atrás. Pero se trata de un espejismo, porque hay contradicciones insalvables. Y además sigue latente la bicicleta financiera.
Cuando el oficialismo ganó la elección del 26 de octubre, una respuesta por parte de algunos analistas críticos del Gobierno fue concluir que no hay por qué esperar una crisis en el esquema económico, que evidentemente concita el respaldo de los votantes. Y desde el propio oficialismo, mantuvieron una actitud inusualmente discreta.
Por fuera de la noticia de un acuerdo comercial con Estados Unidos casi informal, con consecuencias desfavorables para la producción nacional, y la agitación de un proyecto de reforma laboral, la actividad oficial en materia de apariciones públicas es reducida. Javier Milei, u otros de sus funcionarios, no mantienen la constancia de antaño con la que solían celebrar el haber derrotado a la casta con una política económica sin fisuras, solamente cuestionada por una oposición decadente y a la defensiva. A lo sumo, cada tanto aparece alguna declaración de un funcionario entusiasta, como Luis “Toto” Caputo, asegurando que todo está de maravillas, como siempre.
Parece haber quedado atrás la crisis que el Gobierno atravesaba antes de las elecciones, consistente en una pérdida de poder político ante la resistencia más firme del sector del parlamento que en otros momentos operó de aliado circunstancial, el cuestionamiento cada vez mayor a los recortes del gasto público y la inestabilidad cambiaria previa a las elecciones. El discurso oficial, en sus esporádicas manifestaciones, enfatiza el advenimiento de las “reformas de segunda generación”.
Algunos observadores señalan que los indicadores económicos todavía distan de ser auspiciosos. Los más críticos objetan que éste no es un modelo de desarrollo favorable para las mayorías. Pero en todo caso, por ahora parece asomar la idea de que para el Gobierno resta abordar los problemas del largo plazo, porque los del corto están resueltos.
A grandes rasgos, la conclusión es que se pueden cuestionar los efectos generales de la política económica, pero no su cohesión interna. No quiere decir que sea una opinión unánime ni que hayan desaparecido las observaciones sobre los problemas más evidentes, como la falta de acumulación de reservas. Pero se puede decir que, en este momento, observar la existencia de contradicciones insalvables no es un ejercicio difundido.
Sin embargo, para Milei no se trata solamente de seguir adelante con su “modelo” hasta las últimas consecuencias. Antes que la presunta “valoración” de la sociedad de sus aparentes virtudes, las contradicciones que se manifestaban antes de la elección siguen estando presentes, porque no hizo nada por modificarlas.
La primera de todas vuelve a ser la mentada imposibilidad de acumular reservas a pesar del superávit comercial que se registró en los últimos dos años. El mecanismo de la administración cambiaria implica que si creciese la demanda de importaciones existiría una mayor demanda de dólares, o que ante una salida de capitales pronunciada las reservas se verían comprometidas en cuestión de tiempo. En consecuencia, el crecimiento económico, ante la prioridad de la “estabilidad” del tipo de cambio, es un riesgo.
Ni el riesgo es inocuo, ni la estabilidad es del todo sólida. Conviene recordar que el Gobierno ya agotó sus recursos una vez al principio del año, cuando regía el control cambiario y se intervino sobre el dólar MEP. Esa fue la primera debacle de la burbuja financiera, que se regeneró con los préstamos del FMI y otros acreedores internacionales.
Aun así, el tipo de cambio escaló de los 1.200 pesos por dólar con los que empezó a los 1.450 en torno a los cuales gravita aún hoy. Recién se puede hablar de “estabilidad” en el último mes. Mientras eso sucedía, el índice de precios al consumidor, que alcanzó su variación mínima del año en mayo, con un alza del 1,5, volvió a acelerarse progresivamente, hasta llegar al 2,3 en octubre.
El índice de precios internos mayoristas mantuvo subas mensuales mayores, hasta alcanzar el 3,7 por ciento en septiembre, y recién en octubre descendió al 1,1 por ciento. Eso sugiere que los precios al consumidor podrían aquietarse, de no mediar fluctuaciones en el tipo de cambio.
Que sean aumentos de precios menores que los de otros años no quita que los que ya tuvieron lugar hayan sido absorbidos por todos los ingresos de la población sobre cuyo incremento el Gobierno impone restricciones. Las consecuencias de este empobrecimiento de la población son observables en el hecho de que las ventas caen de manera persistente, dando lugar a cierres, achicamientos y despidos por parte de las empresas que, a lo largo del año, fueron recurrentes.
El proceso es acumulativo. La baja de la demanda conduce a una disminución de la producción y de la ocupación, que la retroalimenta. Es decir que la tasa de crecimiento, de continuar estas condiciones, persistiría hasta volverse negativa. Y si se vuelve positiva, le generará una tensión al esquema cambiario, inherentemente débil. Es decir que la política económica y el crecimiento, en este caso ligado directamente al bienestar de la población, son incompatibles.
Para el contexto actual, no es un problema político desdeñable. Primero conviene aclarar que no nos referimos a un crecimiento acelerado, relacionado a una expansión del poder de compra de la población y de la base productiva nacional en términos históricos, sino simplemente al crecimiento normal de la economía. Se trata del crecimiento normal de la economía, por la reproducción de su actividad.
El problema es que, a los niveles actuales, recién en el segundo trimestre se alcanzó el PIB de 2022. Pero es un PIB estanco frente a los picos de la economía argentina en términos absolutos, con un mayor nivel de población frente a 2017, que fue el primer año en el que la economía llegó a esos niveles de actividad.
Para colmo, impulsado por categorías de contabilidad que no reflejan una expansión del mercado interno. Hernán Letcher explicó adecuadamente en Página/12 algo señalado por varios economistas en relación a las cifras oficiales: el crecimiento del año, que hasta ahora acumula una variación del 5,2 por ciento, estuvo impulsado por conceptos de intermediación financiera e impuestos menos subsidios. Letcher observa que en el primero se cuenta la diferencia entre la tasa activa y la pasiva del sistema financiero, y en el segundo se constata un crecimiento inusualmente alto frente a otros años de mayor actividad.
Incluso con estas salvedades, que ponen a la medición del conjunto de la actividad en contraste con otros datos que muestran una desaceleración en la segunda mitad del año, el crecimiento se ralentiza cuando la economía se encuentra en niveles malos.
A la incompatibilidad con el crecimiento se le suma el riesgo del estallido en la bicicleta financiera. Si las mismas condiciones estructurales que lo tornaron urgente antes de las elecciones siguen presentes, no hay porque descartar su latencia. Y resulta ser que, pasados menos de dos meses, el riesgo país bajó y las acciones se recompusieron. Es la tendencia opuesta a la que siguieron en todo el año.
Bloomberg divulgó que el Gobierno argentino prepara colocaciones de deudas, y Caputo, fiel a su estilo, presumió en el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción de que “la estabilidad es la mejor política industrial”. Aseveró “nos han ofrecido los bancos (internacionales) entre u$s6.000 y u$s7.000 millones, y veremos cuánto de eso les tomamos. Por ahí cero, por ahí u$s1.000, por ahí u$s2.000, por ahí u$s3.000”.
Frase rara, poco confiable. El endeudamiento tendría que servir para algo que, cuando se conoce, da cuenta de los montos necesarios. Si el Gobierno necesariamente debe evitar el crecimiento, ¿para qué endeudarse? ¿Para darle un último respiro a la vorágine antes de empezar a consumir sus reservas internacionales? ¿Para apuntalar un crecimiento momentáneo? ¿Para las dos cosas al mismo tiempo y en oposición entre sí?
Es más probable la primera hipótesis que las últimas tres, porque es lo que el Gobierno hizo. Hasta ahora, sin crisis política. Pero, al revés de lo que dice Caputo, en la base se encuentra una contradicción entre el crecimiento y la aparente estabilidad, que nunca desapareció. Lo que un nuevo ciclo financiero abriría es otro paso hacia su conclusión, que primero se vislumbró en marzo de este año y después antes de las elecciones.