El riesgo país se encuentra en los mismos valores que a principio de año. Las acciones, un 16,1 por ciento encima. Hasta antes de la elección del 26 de octubre, la tendencia fue la venta de activos argentinos. Después hubo un movimiento de recompra generalizado que, visto en función de la fragilidad financiera, resulta llamativo. El riesgo de una disparada cambiaria también es el mismo.
Hace dos semanas, Luis Caputo participó en el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción, y se refirió a la posibilidad de una nueva toma de deuda externa por parte del Gobierno argentino. Frente a una posibilidad que dio a conocer la agencia Bloomberg, respondió que “nos han ofrecido los bancos (internacionales) entre u$s6.000 y u$s7.000 millones, y veremos cuánto de eso les tomamos. Por ahí cero, por ahí u$s1.000, por ahí u$s2.000, por ahí u$s3.000”.
En ese momento, explicó que, frente a las manifestaciones de apoyo financiero por parte de Estados Unidos hacia Argentina, hubiese esperado una reducción del riesgo país más acentuada. Arriesgó que “lo más probable es esperar que el riesgo país vaya a converger a los 300 puntos básicos. ¿Cuándo? No sé. ¿Un mes, dos, tres o cuatro? No podemos decir eso”.
Como el propio Caputo reconoció, el riesgo país se encuentra en los mismos valores que a principio de año, cuando alcanzaba los 610 puntos. Para el cierre de la última semana se encontraba en 628. Se puede decir, sí, que se estabilizó con respecto a las elecciones del 27 de octubre. El día hábil anterior había cerrado en 1.081 puntos, luego de alcanzar los 1.456 puntos a mediados de septiembre, tras la elección en la Provincia de Buenos Aires.
En ese sentido, se puede decir que el Gobierno argentino exhibe una debilidad. Desde el punto de vista de la estabilidad financiera, el mero hecho de una victoria opositora en una Provincia lo hizo trastabillar. Indicaría que, si existe alguna intención de prestar fondos a Argentina en los mercados internacionales, es más bien volátil.
El riesgo país, recordemos, mide la diferencia entre el precio de mercado de los títulos públicos del emisor y su valor nominal al momento de la emisión, que da por resultado un rendimiento. A menor precio de los bonos, mayor es su rendimiento, y mayor el riesgo pais. El principio que subyace en la medición es que, por el riesgo o la incertidumbre que se percibe en torno al pago del activo, los tenedores se desprenden, y lo que eventualmente volvería atractiva la recompra es un rendimiento alto.
La misma volatilidad se expresa en el otro indicador de los movimientos financieros, el precio de las acciones. Lo expresa el índice Merval, que comenzó el año con un valor de 2.695.646,5 puntos. Desde entonces descendió con fluctuaciones. Al 25 de octubre, se encontraba en 2.076.858,63 puntos, un 23 por ciento más bajo. Luego de las elecciones, creció hasta alcanzar un nuevo pico en noviembre, en torno al cual se mantiene ahora. Al 11 de diciembre se encuentra en 3.129.449,25 puntos. Un 50 por ciento más alto que antes de las elecciones, y un 16,1 por ciento más que al inicio del año.
Los dos índices indican que, hasta antes de la elección, la tendencia fue la venta de activos argentinos. En el caso de las acciones, desde principio de año. En el de los bonos del Gobierno, más cerca de la elección. Después hubo un movimiento de recompra generalizado que, visto en función de la fragilidad financiera, exactamente igual que antes de la elección, resulta llamativo.
El Financial Times reveló que el alza de los precios de los activos argentinos benefició a algunos fondos de inversión americanos, entre los cuales menciona a Shiprock Capital, Broad Reach, ProMeritum y Amia Capital. Estos aprovecharon la baja pre-electoral para comprar y realizar ganancias. Es una estrategia común que también aplicaron en Sudáfrica, Nigeria y México, otros países subdesarrollados en los cuáles la política económica mantiene estable el tipo de cambio.
Así se entienden bien el sentido y el alcance del rescate de Scott Bessent. No fue para Argentina. Fue para las entidades que invirtieron en sus activos, y se vieron en riesgo de quedar expuestas a pérdidas por la disparada del tipo de cambio que provocó la salida misma. Cuando cesó el momento de incertidumbre, se frenó el modesto rescate financiero, y las entidades financieras, como JP Morgan o el FMI, volvieron a recordarle al Gobierno que tiene que acumular reservas, que también están iguales desde abril.
En el contexto descripto se licitó la deuda de 1.000 millones de dólares el jueves 11 de diciembre, a una tasa que se pretendía del 6,5 por ciento anual y terminó siendo del 9,26, con un valor efectivo adjudicado de 910 millones. Al parecer, no se estaba en condiciones de recibir tanto ni de ser tan selectivos como sugirió Caputo.
La inquietud que se desprende de una licitación tan acotada es sobre la necesidad. Supuestamente es para afrontar los vencimientos de deuda de enero, de 4.300 millones de dólares. Sin embargo, el Gobierno dispone de esos fondos. En todo caso, le queda por resolver la forma de acumulación para el largo plazo. Es evidente la renuencia para comprar reservas, aún con superávit comercial. Sin hacerlo, es imposible que se alcance un mecanismo de acumulación estable.
El problema es que hacerlo conlleva una presión alcista sobre el tipo de cambio, y la estabilidad cambiaria es, prácticamente, la única política económica de este Gobierno que impide que la economía se desmorone aún más, permitiéndole conservar cierta aceptación social.
El único mecanismo de control que tiene el Gobierno sobre el tipo de cambio de manera indirecta, sin intervenir de manera “informal” como lo hizo durante los episodios de alza, es el uso de la tasa de interés. Para que la presión sobre el sistema financiero no se desboque, tiene que ser una tasa de interés más alta que el alza de precios y la tasa de devaluación. Pero como fue necesario hacerle frente a la emergencia, se la estableció en un valor muy alto en los últimos meses. Ahora se la relaja, alentando el desarme de posiciones en pesos.
Además, el tipo de cambio ya se encuentra en el techo de la banda, por lo que una presión persistente por parte del propio Banco Central equivaldría a una devaluación. Para preservar el sistema, o que funcione bien, habría que hacer lo que el Gobierno rehusó desde su debut: acumular reservas y mantener tasas de interés compatibles con ese objetivo.
Ante el trasfondo de la mala praxis continuada, se entiende el temor a modificar la forma de hacer las cosas. Una devaluación no luce favorable para la concreción de las reformas de segunda generación, ni para el desarrollo de 2026. Sin embargo, mantenerla entraña la continuidad de los problemas. Es decir, que en cuanto se puedan realizar las ganancias de la bicicleta financiera, y los capitales tengan que salir para evitar que el alza cambiaria las merme, sobrevenga otra disparada cambiaria. El riesgo es el mismo que antes de la elección, igual que el Riesgo País.
El nuevo cambio anunciado en el esquema de bandas, cuyo piso y techo se actualizarán según el dato de inflación anunciado por el INDEC a partir de enero, parece ser un intento para subsanar estas dificultades. No obstante, el tipo de cambio no se fija. Simplemente, se hace una actualización, o una devaluación, “a medias”. En consecuencia, es el peor de los dos mundos: el tipo de cambio y la inflación se retroalimentan, y el cambio de esquema no alcanza a darle margen de acción al Gobierno para conservar la quietud de las variables.