Hace más de un siglo el filósofo hispano-estadounidense George Santayana, en La vida de la razón, advirtió que “quienes no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo”. En la Argentina, si recorremos nuestra historia reciente —al menos desde 1976 hasta hoy— podemos comprobar que los patrones se repiten con obstinación: endeudamiento acelerado, crisis recurrentes, programas de ajuste, deterioro social y un círculo vicioso que ningún gobierno logró revertir.
La consigna de “honrar la deuda” se ha transformado en un dogma incuestionable, un mantra que atraviesa a economistas, organismos multilaterales y buena parte de la dirigencia política. Y sin embargo, el costo real de ese dogma —el sacrificio permanente del futuro nacional— rara vez ocupa el centro del debate público.
Cada vez que llegan anuncios de asistencia financiera internacional —ya sea del Fondo Monetario Internacional o de otros organismos multilaterales—, los grandes medios, las entidades empresarias y buena parte del establishment económico responden con entusiasmo inmediato. Se saludan esas ayudas como la llave maestra que finalmente abrirá la puerta de la estabilidad. Pero una y otra vez, el fracaso es la consecuencia de esas políticas públicas, que nadie se atreve a cambiar
En la Argentina actual, el gobierno se presenta como artífice de un “superávit fiscal histórico” y de una baja relativa de la inflación. Esas métricas son exhibidas como trofeos de gestión, indicadores de una recuperación que, en los hechos, no se percibe en la vida cotidiana. Se trata, más bien, de un relato contable que el presidente Milei difunde con entusiasmo, aun cuando las bases reales de ese supuesto éxito descansan en el aplazamiento de pagos, el desfinanciamiento del Estado y una contracción económica sin precedentes en décadas.
Detrás de esas cifras celebradas existe una realidad imposible de disimular: cierre masivo de fábricas, caída abrupta de las pymes, destrucción del empleo formal, derrumbe del consumo y pérdida acelerada del poder adquisitivo. El “país real” queda fuera de los gráficos del Ministerio de Economía porque lo que realmente importa —y se oculta deliberadamente— es que toda la política económica está subordinada al servicio de la deuda. No es una novedad de este gobierno, pero sí es la primera vez que ese sometimiento se exhibe con tanta crudeza. Milei planteó que el superávit fiscal se utiliza para el pago de las obligaciones externas, y las restricciones presupuestarias parece que tienen ese único destino. Ya lo advirtió Juan Bautista Alberdi, con una lucidez que trasciende su época: “El interés de la deuda es el peor y más desastroso enemigo público”. Con colocaciones de deuda en pesos a tasas que alcanzaron el 65% anual, el nuevo endeudamiento por 20.000 millones de dólares con el FMI, y la nueva emisión de deuda que se anuncia, resulta difícil imaginar un futuro que no sea, nuevamente, el de la asfixia financiera.
LA DEUDA COMO ESTRUCTURA DEL SOMETIMIENTO
Desde hace décadas, el endeudamiento externo funciona como el instrumento más eficaz de subordinación económica y política. No es solo una obligación financiera: es un mecanismo de poder que condiciona políticas internas, define prioridades presupuestarias y delimita los márgenes de soberanía. Gobiernos de distinto signo ideológico han administrado el Estado no en función del desarrollo nacional, sino de las demandas de los acreedores y del sistema financiero global.
En este contexto, mientras el gobierno anuncia con tono celebratorio posibles negociaciones con bancos internacionales, nadie explicita el verdadero costo de ese endeudamiento. El Ministro Caputo, anunció la emisión de un nuevo título Bonar 2029, por 1000 millones de dólares, que si bien tiene un cupón del 6.5% anual, la forma de colocación determinó una tasa de interés altísima de 9.26%, lo que fue festejado por el funcionario“ y respecto a la colocación el Ministerio de Economía informó que “El rendimiento al precio de corte resultó en una tasa anual de 9,26%, equivalente con un diferencial de 550 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro Americano de igual duración, o unos 100 puntos básicos por debajo del rendimiento de los bonos existentes con duración similar. Esto refleja el valor asignado a la estructura de mercado, con amortización íntegra al vencimiento y una demostrada confianza de los inversores en las mejoras de fundamentals económicos”,
En la práctica, esto no es otra cosa que deuda para pagar deuda, la misma fórmula que desde hace medio siglo se disfraza bajo el eufemismo de “acceso al mercado de capitales”. Detrás de ese lenguaje técnico se esconde la verdad más sencilla y brutal: la Argentina continúa hipotecando su futuro y transfiriendo recursos públicos hacia el sistema financiero internacional.
ALGUNAS CIFRAS DE LO QUE SIGNIFICA LA DEUDA
La dictadura militar dejó una deuda externa de 45.000 millones de dólares, que para los peritos que la investigaran en la causa que tramito ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 “no tenía justificación económica, administrativa ni financiera. Todas las refinanciaciones posteriores, aun con quitas significativas como la llevada a cabo en el 2005, no frenó el mecanismo del endeudamiento público y a pesar de las refinanciaciones la deuda siguió creciendo.
Cuando se fue Macri, la deuda pública era de 335.661 millones de dólares, incluido el préstamo del FMI del que habían llegado 44.000 millones. A pesar de los pagos y la refinanciación hecha en el año 2020, al irse Alberto Fernández la deuda era de 425.556 millones de dólares. En diciembre del 2023 la deuda bajó a 370.675, producto de la brutal devaluación decidida por Milei1
En julio se pagaron vencimientos por 15.808 millones de dólares, en agosto 20.444 millones, en septiembre 10.158 millones, y al 30 de octubre la deuda bruta es de 442.196 millones de dólares, estando el 57% en moneda extranjera, y el 43% en pesos. La deuda con los organismos multilaterales es de 94.837 millones de dólares, siendo la deuda con el FMI de 56.763 millones. Debo aclarar que esos vencimientos se pagan con nuevas renovaciones, en esta seguidilla que parece imparable, y se viene haciendo, sin que a nadie se le haya ocurrido instrumentar alguna otra solución. Cabe apuntar que las obligaciones externas tienen hoy el más alto valor nominal de las series históricas del INDEC
EL PRESUPUESTO, EJEMPLO DEL SOMETIMIENTO
Las cifras del Presupuesto Nacional son el reflejo más transparente de esta lógica de subordinación. Para 2025 se proyectan 14 billones de pesos destinados exclusivamente al pago de intereses de la deuda pública. Esa cifra contrasta de manera escandalosa con los recursos asignados a funciones esenciales del Estado:
- Salud: 959.100 millones
- Educación y Cultura: 863.470 millones
- Ciencia y Tecnología: 1 billón
- Vivienda: 11.128 millones
- Agua potable y alcantarillado: 4.024 millones
- Defensa y Seguridad: 5.927 millones
No se trata simplemente de una comparación presupuestaria: es la evidencia más contundente de que la estructura económica argentina ha sido rediseñada para servir prioritariamente al capital financiero. El superávit fiscal que el gobierno exhibe como signo de “responsabilidad” no proviene de una administración eficiente, sino de un ajuste regresivo basado en la licuación del salario real, el cierre de industrias, la caída de la actividad económica, la reducción de jubilaciones y el desmantelamiento de políticas públicas esenciales.
Y una vez obtenido, ese superávit no se destina al desarrollo, la infraestructura, la innovación o el fortalecimiento del tejido productivo: se destina casi por completo al pago de intereses. Es decir, el país no ahorra: tributa. Los esfuerzos sociales no construyen futuro; apenas sostienen la carga del pasado.
UNA VIEJA HISTORIA
La historia reciente de la deuda argentina constituye un proceso continuo y documentado, que enlaza a gobiernos militares y civiles en una misma estructura de dependencia. No se trata de una interpretación ideológica: es la conclusión que surge de informes oficiales, estadísticas del Banco Central, documentos del FMI, actas de la Secretaría de Hacienda y fallos judiciales.
Algo que siempre se soslaya, es que la estatización de la deuda privada en 1982 incorporó al pasivo del Estado cerca de 17.000 millones de dólares de obligaciones corporativas, gran parte de ellas —según auditorías internas del propio Banco Central— sin documentación válida o con origen fraudulento. Los informes técnicos del Banco Central de 1984 y 1985, ocultados hasta hoy, señalaron que una proporción significativa de esas deudas eran inexistentes, infladas o carentes de respaldo documental. Ningún gobierno democráticamente electo impulsó una revisión integral o un reclamo internacional por estos fraudes. El Estado pagó, y sigue pagando; la ciudadanía soportó el ajuste; y los responsables nunca fueron obligados a responder
Con el retorno democrático en 1983, la estructura heredada no fue desmontada. La renegociación de la deuda durante el gobierno de Raúl Alfonsín estuvo condicionada por el Plan Baker y la posterior instrumentación del Plan Brady, que reorganizaron el endeudamiento bajo criterios impuestos por bancos privados y organismos multilaterales. Se canjearon títulos, se extendieron plazos y se elevaron tasas, pero no se cuestionó la legitimidad de los pasivos originados en la dictadura, pese a las investigaciones realizadas en la justicia Federal
La década de 1990 consolidó esta arquitectura. La Ley de Convertibilidad (1991), la liberalización comercial y las privatizaciones del patrimonio estatal financiaron la entrada de dólares necesarios para sostener el tipo de cambio fijo. Pero simultáneamente incrementaron el endeudamiento externo, que pasó de 62.000 millones a casi 150.000 millones de dólares al finalizar el gobierno de Carlos Menem. El patrimonio público se vendió, pero la deuda no se redujo: aumentó. Documentos del FMI publicados posteriormente muestran cómo el organismo avaló la continuidad del modelo aun cuando sus desequilibrios fiscales y externos eran evidentes.
El colapso de 2001 reveló la insostenibilidad del esquema. El default de diciembre fue la consecuencia de una cadena de decisiones acumuladas durante dos décadas. El llamado “megacanje” y el “blindaje”, acordados con bancos privados y con el FMI, solo postergaron lo inevitable y elevaron exponencialmente los intereses futuros.
Las reestructuraciones posteriores (2005, 2010 y 2020) modificaron montos y condiciones, pero no alteraron el principio estructural: el Estado argentino continuó dedicando una proporción extraordinaria de su presupuesto al pago de intereses. Aun con quitas nominales, la deuda refinanciada se extendió durante décadas, evidenciando lo que distintos economistas y juristas han señalado: el país no canceló su deuda, la administró sin cuestionarla, y en muchos casos cambio deuda externa por deuda interna, pero el sistema continuó adelante
En 2018, el gobierno de Mauricio Macri firmó con el FMI un acuerdo stand-by de 57.000 millones de dólares, el mayor desembolso en la historia del organismo. Informes posteriores de la Oficina de Evaluación Independiente (IEO) del FMI y del Banco Central argentino demostraron que gran parte de esos fondos se utilizaron para sostener la formación de activos externos —es decir, fuga de capitales—, sin que el organismo multilateral que estaba al tanto de la fuga adoptara medida alguna como lo exigía el artículo 6 de su Convenio Constitutivo
El gobierno actual, lejos de revisar la legitimidad o las condiciones de ese endeudamiento, lo ratificó y lo amplió mediante nuevas negociaciones tanto con el Fondo como con bancos privados. A ello se suma la creciente influencia de funcionarios estadounidenses —entre ellos, Scott Bessent, operador financiero vinculado a fondos de inversión y asesor informal del equipo económico—, que intervino públicamente en cuestiones internas para garantizar “estabilidad” ante los mercados. Su presencia no es anecdótica: es una manifestación contemporánea de la tradición histórica mediante la cual Estados Unidos ha intervenido en la política económica argentina desde por lo menos la década del ’70, a través del FMI, el Tesoro y organismos multilaterales de crédito.
La continuidad es evidente: durante casi cincuenta años, la deuda ha sido más que un instrumento financiero; ha actuado como un mecanismo de disciplinamiento estructural. Las consecuencias no son solo contables: implican pérdida de autonomía, reducción de políticas públicas y condicionamientos geopolíticos.
UN PAIS AL MARGEN DE LA LEY
Ese gran jurista que fue Carlos Nino -autor intelectual del juicio a las juntas militares- escribió en 1992, un libro notable “Un país al margen de la ley” donde mostraba las particularidades que ocurren en la Argentina, y la violación sistemática del Estado de derecho. En el caso de la deuda, esa marginalidad está ejemplificada, en que obligaciones ilegales y fraudulentas originadas en la dictadura militar, a pesar de ser nulas de nulidad absoluta e insanable, fueron reconocidas por los diversos gobiernos constitucionales, que en muchos casos cometieron a su vez nuevas ilegalidades, sin que a juristas, economistas, funcionarios, legisladores y opinadores varios les merecieran la menor objeción. Como si estuviera en la naturaleza de las cosas, que la deuda pública estuviera fuera del ordenamiento legal de la República y tuviera un status diferente, que la hace inmune a la aplicación del ordenamiento jurídico.
Solo un replanteo profundo —político, jurídico e institucional— podría interrumpir este ciclo histórico. Pero ello requiere asumir un principio elemental, sostenido por auditorías soberanas en países como Ecuador o Islandia: la deuda no se paga antes de investigarse, no se administra antes de auditarse y no se legitima antes de discutirse públicamente. Hasta que ese paso no se dé, la Argentina continuará siendo, en términos estrictamente histórico-documentales, una nación cuya soberanía siga subordinada a su deuda. Para algunos, esto podrá sonar a una herejía, una provocación contra el dogma incuestionable de ‘honrar la deuda’ que tantos repiten sin pensar. Pero si no se frena de una vez y para siempre este mecanismo de endeudamiento perpetuo, no habrá futuro posible: seguiremos atrapados en un ciclo de sometimiento económico que neutralizará cualquier proyecto nacional hundiéndonos en una decadencia cada vez más visible, más profunda y difícil de revertir.
1 Por razones metodológicas el ministerio de Economía mide en dólares la deuda en pesos, la devaluación licuó una parte significativa