Tras la iniciativa presidencial de enviar a sesiones extraordinarias un proyecto de ley que propone bajar la edad de punibilidad penal de 16 a 13 años, la especialista Marisa Graham y Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, aseguraron que es un placebo porque no van a dejar de producirse arrebatos, robos de autos o asaltos. Pidieron en cambio programas socio-comunitarios del Estado y lo que definen como “una Justicia restaurativa, reparatoria y no punitivista”. Las opiniones de la Iglesia y el respaldo de Sergio Berni y Jorge Macri a Milei.
Según la iniciativa de Javier Milei, la Justicia podría procesar a adolescentes menores de 16 años con penas alternativas para delitos menores y un máximo de 15 años de prisión para casos graves.
En la actualidad, a nivel federal la norma es que una persona menor de 16 años que comete un delito no puede ser juzgada ni condenada penalmente, es decir que no puede ser procesada ni recibir pena, aunque haya cometido un hecho delictivo, y queda a cargo de un juzgado de menores, que actúa con una lógica tutelar. Pero sí, en cambio, la Justicia puede aplicar medidas de protección como la internación en establecimientos adecuados, además de la supervisión familiar y asistencia médica o psicológica. Los adolescentes entre 16 y 18 años, con el régimen actual, son imputables si el delito que cometieron tiene una pena superior a los dos años de prisión.En estos casos, pueden ser juzgados, condenados y, si corresponde, cumplir penas privativas de libertad aún antes de cumplir los 18 años.
El presidente Javier Milei, en un discurso en Mar del Plata, repitió la frase de Patricia Bullrich: “delito de adulto, pena de adulto”.
Marisa Graham, ex defensora de Niños, Niñas y Adolescentes y actual funcionaria de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires en el área de niñez, adolescencia y violencia familiar, fijó su posición en diálogo con Y ahora qué?: “a delito de adulto no se les puede poner una pena de adulto porque no son adultos. Para la Convención sobre Derechos del Niño, se es niño hasta los 18 años, así que -primero- no es un adulto, y -segundo- se confunde la imputabilidad con la no punibilidad. La imputabilidad es cuando la persona es capaz de reconocer si el hecho es negativo o positivo, si está bien o está mal. Los niños saben desde chiquititos qué cosa está bien y qué cosa está mal, y la conciencia de que algo está mal o bien, que es el discernimiento, tiene más que ver con el derecho civil que con el derecho penal”.
Luego agregó que “cuando el entonces diputado y neurocientista Facundo Manes habló en contra de la baja de la edad de imputabilidad, explicó que el cerebro evoluciona hasta los 20 años, o sea que el pibe puede saber qué cosa está bien y qué cosa está mal, pero no llegar a captar como un adulto las consecuencias de sus actos. Yo les diría que vayan a buscar al narcotraficante o al tratante de personas, no al pibe que es víctima de ese victimario, que también lo convierte en victimario. Hay un niño que es víctima y victimario, al mismo tiempo”, concluyó.
Alonso: “Los pibes son víctimas de la vulnerabilidad social”
¿Qué ocurre con un chico de 9 o 10 años que comete un delito grave?, consultó Y ahora qué? al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso: “es encerrado en un instituto de menores. Nosotros tenemos causas que llevamos adelante, identificamos a los agresores y esos menores son detenidos”, explicó.
Completó explicando que el gobierno bonaerense desarrolló el programa Entramados: “cada vez que aprehendemos a un menor hacemos un análisis criminológico, trabajamos con el servicio local de niñez del municipio correspondiente, que hace un informe socioambiental del pibe y de la familia, y eso le llega al fiscal de menores. El fiscal, en función de la peligrosidad del delito cometido –porque no es lo mismo un homicidio que un hurto- decide si ese pibe queda encerrado en un instituto o formará parte de un programa socio comunitario con intervención del servicio local de niñez que hace un seguimiento del chico”.
La provincia de Buenos Aires tiene 5.200.000 niños adolescentes en su sistema escolar. Al mismo tiempo, por año, Alonso explicó que “aprehenden entre 4.000 pibes de diferentes edades que cometen delitos, algunos graves y otros contravenciones o hechos de violencia que no llegan a ser delitos, como peleas o riñas. Cuando llegamos, en el 2019, construimos un sistema de gestión de información para saber adónde estábamos parados, e hicimos cumplir la ley del régimen penal juvenil vigente en la Provincia”.
–¿Qué tipo de vida suelen tener estos 4.000 chicos?
–Alonso: La mayoría no sabe el nombre del padre, no tiene DNI, o se crió solo porque los padres son adictos, tienen prisión domiciliaria o están presos en alguna cárcel. Abandonaron la escuela primaria, y los más complicados son cooptados por alguna organización que arma una bandita de delincuentes para iniciarlos en el mundo del delito utilizando armas y suministrándoles drogas.
Alonso llegó a la misma conclusión que Graham: “el régimen penal juvenil no es lo mismo que el régimen de adulto. No es que si bajamos la edad de imputabilidad penal a los 5 años mandamos a los pibes a la cárcel y se terminó el problema. El tema es cómo llegamos a evitar que un menor cometa un delito grave. Cada vez que entra a una comisaría, cómo evitamos que vuelva a entrar. Y para eso hace falta una alianza entre el Gobierno provincial, la policía, el fuero de menores y los municipios. Eso es lo que hicimos nosotros con el programa Entramados”.
–¿Por dónde empezaron?
–Alonso: Analizando el problema y la solución. Hoy hay un régimen especial en Argentina para los niños y niñas adolescentes entre 16 y 18 años. En la provincia de Buenos Aires hay un poquito más de un millón de investigaciones judiciales. De ese millón, un 2,5% corresponde a menores, y de ese 2,5%, un 1% afecta a menores de 16 años. La política criminal en el mundo establece que cada vez que hay menor comete un delito hay que hacer un análisis criminológico de cuál fue el hecho cometido y un estudio socio ambiental del pibe y de su familia para discriminar los diferentes niveles de exposición de ese menor al mundo delictivo. No es lo mismo que el pibe haya asesinado a alguien, que forme parte de una organización de drogas, que tenga un arma de fuego, que se haya peleado con otros pibes o que haya participado en un hurto. Son diferentes niveles de dinámica criminal.
–¿Qué les queda claro sobre la vida de un chico que ingresó al mundo del delito?
–Alonso: Que hay una familia que no lo pudo criar, que lo dejó solo. El pibe en situación de adicción, el que dejó la escuela o que sufrió algún abuso tiene una personalidad rota. En muchos casos tenemos que separar al pibe de su familia, en otros ponerlo en un programa socio comunitario con referentes que lo lleven a torcer esa trayectoria delictiva y facilitarles un proyecto de vida con apego a la ley. Para todo eso hacen falta programas socio comunitarios, y eso lo tienen que hacer las provincias con leyes de responsabilidad penal juvenil provinciales porque, ¿qué pasaría con esos chicos y chicas si solo bajamos la edad de imputabilidad a 13 años?: el problema va a seguir existiendo. En el 2025 tuvimos 40 pibes de 12 años con armas de fuego. Y eso, con esta ley no cambia, por eso el problema no es bajar la edad.
–Claro, la actitud de los chicos no cambiaría, y la propuesta de algunos partidos que insisten en bajar la edad de imputabilidad como la única solución, tampoco.
–Alonso: Es que no vienen a resolver el problema. ¿Te acordás cuando se dictó la Ley de Derribo? ¿Cuántos aviones derribaron?
–Ninguno.
–Alonso: Exacto. ¿Y hay más o menos droga? Hay más droga. ¿Cuál es el problema de los menores? La venta y el consumo de droga. Entonces, que el Gobierno nacional haga trabajar a las fuerzas federales y combatan al narcotráfico para que no llegue la droga y va a mejorar la situación de los menores. Lo que hace falta es ver cómo las provincias se hacen cargo de estos pibes que empiezan en una situación de vulnerabilidad y terminan cooptados por redes delictivas.
–¿Qué rol tendría que adoptar el Estado nacional en esto? Milei sentenció “delito de adulto, pena de adulto”. No piensa como resolución del conflicto qué habría que hacer con esas infancias antes de que, eventualmente, cometan un delito.
–Alonso: El Presidente es un mentiroso. Le robó los recursos a la provincia de Buenos Aires y dice que defiende la seguridad, pero está desmantelando las fuerzas federales de seguridad. Las está desfinanciando. Hay una estampida de los oficiales de las fuerzas federales porque les pagan sueldos miserables. No tienen un helicóptero, no tienen patrulleros, la frontera es un colador y cada vez entra más droga. A mí se me escaparon los tres prófugos del triple crimen y se fueron por la frontera. Los tuvo que encontrar la Policía de Bolivia y la de Perú porque a las fuerzas federales no se les movió un músculo para atraparlos. Ahora Migraciones pasó al Ministerio de Seguridad y en vez de fortalecer las fronteras están yendo a la feria de Villa Celina a buscar inmigrantes indocumentados para deportarlos. En el gobierno de Milei todo es humo. Lo único que hace es tomar medidas que profundizan la grieta para sostener un Gobierno que se está cayendo a pedazos.
–¿Y desde el Congreso de la Nación?
–Alonso: Hay que actualizar esta ley para que los gobiernos provinciales atiendan la dinámica de los menores que están en esta situación. Desde la Provincia estamos poniendo en marcha la ley del régimen penal juvenil bonaerense, sancionada en el 2007. Es una ley moderna y que nos permitió actuar para evitar que los pibes lleguen a matar. Nosotros queremos resolver el problema, pero hacen falta fondos para atender esta problemática.
Algunos números
Alonso recordó que “el año pasado, en la provincia en Buenos Aires, murieron 89 ciudadanos víctimas de robo. También murieron 120 delincuentes, muchos de ellos menores, a veces en un robo, en el marco de un allanamiento o en una persecución. Pero el delito bajó porque la policía bonaerense está controlando la calle, y ese control hace que haya enfrentamientos”.
El funcionario bonaerense aseguró que “la violencia y el delito son parte de una subjetividad construida sobre una sociedad violenta y una trayectoria delictiva. Está construida con la misma violencia con la que Milei dice que va a matar a los zurdos. Es, prácticamente, el mismo argumento. Hay que poner las cosas en orden, darles a esos menores un contexto de crianza y autoridad entendida como aquella que ayuda y hace crecer al otro, le pone límites y les da amor. Esa es la salida”, concluyó.
Graham: “No hay evidencias para bajar la imputabilidad”
Marisa Graham, en diálogo con Y ahora qué?, agregó que “para tomar cualquier medida legislativa, hay que basarse en evidencias. Y la verdad es que no hay ninguna evidencia que nos indique que debiéramos bajar la edad de imputabilidad en el país”.
–¿Por qué?
–Graham: Hay dos motivos que son muy importantes. El primero es la comparación de la tasa de criminalidad en la región. Esa tasa se mide por un homicidio cada 100.000 habitantes. Nosotros teníamos, en el 2024, una tasa de 4,2. El gobierno actual publicó a fines del 2025 que ahora hay una tasa de 3,7. En países como Brasil, Uruguay y Ecuador, hace 37 años que bajaron la edad de imputabilidad a los 12 años. Y Brasil tiene una tasa de 23,1. Lo mismo pasa con El Salvador, que es la tasa más alta, o el Ecuador, que ya es un escándalo. Uruguay, que bajó la edad durante el primer gobierno del Frente Amplio a 13 años, también subió el índice de criminalidad a 10,4. ¿Cuál sería la razón que indicaría en la Argentina que aumentan los delitos graves entre los más chicos?
–¿Y la otra evidencia?
–Graham: Es un estudio que hicimos con UNICEF en el 2024, cuando apareció el primer proyecto de Patricia Bullrich. En aquella ocasión, a Bullrich y Mariano Cúneo Libarona les dijimos que con UNICEF hicimos un estudio en las primeras denuncias de delitos cometidos por chicos, en general varones, y de un total de 12.200.000 que hay en Argentina, sólo comete delitos el 0,55%.Así que creo que la idea de mano dura es un placebo. Pensar que porque bajen la edad de imputabilidad van a producirse menos arrebatos de carteras, o robos de autos no será así. En el mundo no es así. Ni aumentar las penas ni bajar la edad implicó que hubiera menos delitos.Tenemos que trabajar con el 99,55% restante de los chicos, ver qué porcentaje de ellos puede estar en riesgo de cometer algún acto tipificado por el Código Penal e intervenir.
–Entonces la solución al delito penal juvenil debería orientarse, preponderantemente, desde estrategias y políticas extrajudiciales.
–Graham: Claro. Desde lo familiar, la sociedad, la comunidad, la iglesia, el club de barrio, un Estado presente, los programas para chicos. Y desde la política económica, porque lo que también genera delincuencia es la desigualdad. Cuanto más desigual es la sociedad, mayor será el índice de violencia social. Lo que necesitan los niños, las pibas, los pibes y los adolescentes, es una mamá o un papá con trabajo, que no tengan privaciones, angustias ni soledades.
–Si los problemas son sociales, ¿por qué cree que están tratando de imponer una ley para bajar la edad de imputabilidad?
–Graham: Porque el neoliberalismo tiene un discurso seductor para un sector de la población. Lo hizo Menem, lo hizo Macri y ahora lo hace Milei.Buscan decirle a la gente que se quede tranquila tratando de bajar la edad de imputabilidad cuando reclaman seguridad. Pero no lo van a resolver metiendo presos a pibes de 13 años, y ellos los saben.
–¿Y por qué insisten?
–Graham: Porque me parece que hay un núcleo duro de votos al que creen que siguen seduciendo con estas medidas. Y también puede haber un componente de prejuicios, de discriminación a los pibes pobres, porque no están pensando en los delitos que cometen los pibes de las capas medias y medias altas. Están pensando en los pibes pobres. Fijate que hay un nuevo sector donde están ocurriendo muchos delitos, desde fraudes económicos hasta abusos sexuales, que son las pantallas o la adicción a las apuestas, donde también caen chicos y chicas y nadie los cuida. Son víctimas, y nadie regula esto ni se preocupa por la captación de niñas y la prostitución. Prostituyen a las niñas o a las jóvenes, incluso a muchachas jóvenes mayores de edad, por las plataformas, captan con el tema de la adicción al juego y las apuestas en línea. Es un territorio nuevo que se abrió, el delito en línea o el delito por Internet, donde la mayoría de las víctimas son niñas, niños, adolescentes, y de eso se ocupan muy poco.
–¿Qué acciones desde el Estado serían las más adecuadas para preservar a las niñeces?
–Graham: No acercarlos a la Justicia penal aun habiendo cometido un delito punible. Hay que hacer otras cosas con esos pibes. Abordarlos como lo hacen en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires (Ensenada, San Martín, Avellaneda o Almirante Brown) que trabajan muy bien con las UFI (Unidades Fiscales) donde los chicos, incluso los punibles, primero son abordados por las áreas de niñez y derechos humanos de los municipios, y se trabaja en red con la comunidad.
–Si usted tuviera que discutir de vuelta la ley de baja de la imputabilidad, ¿qué modificaría?
–Agregaría más Kusticia restaurativa como otra manera de resolver los conflictos con los chicos que cometieron delitos. Sobre todo, teniendo en cuenta que la mayoría de los delitos que cometen, estoy hablando de los punibles -porque solo admito derecho penal para los punibles- son un delito contra la propiedad, lo cual no es casual. La gente, cualquiera o incluso algún diputado, cuando habla de delitos con armas, piensa que los pibes tienen una pistola 9 milímetros. En algún caso puede ser. ¿Por qué no buscamos entonces al adulto que le pone a un pibe esa pistola en la mano? Hay que ver cómo se investiga alrededor de ese hecho. Insisto, le pondría más Justicia restaurativa y quitaría lo discrecional como la baja de la edad y el agravamiento de las penas, e instalaría un programa de resocialización para los punibles. La Constitución dice que las cárceles deben ser sanas y limpias para recuperar a las personas, pero eso no sucede. Además, no resocializan a nadie y muy poca gente logra zafar. Entonces, si nosotros metemos a los más chiquitos con los más grandes, seguramente eso será una escuelita del delito.
Los unos y los otros
Hay miles de razones utilizadas por quienes justifican la baja de la edad de imputabilidad, y los que se oponen a dicha medida. Conozcamos algunas de ellas:
La iglesia católica, a través de la Comisión Episcopal de Pastoral Social sentó su posición en contra de bajar la edad de la imputabilidad penal juvenil. “No se trata de bajar la edad de imputabilidad, sí de asumir cambios profundos”, explicaron desde un comunicado. Y agregaron que “ante estas situaciones dolorosas se fortalecen las propuestas que hacen foco en los menores, como si fueran los únicos y los numéricamente más responsables de los delitos. Pero lo que sabemos, por la estadística oficial, es que los menores no son los que más delitos cometen. De acuerdo con la estadística oficial del Sistema Nacional de Información Criminal – Sistema Alerta Temprana del Ministerio de Seguridad Nacional, en 2023 (último dato publicado), en Argentina, los menores inculpados por delitos conforman un porcentaje muy bajo del total”… “es una idealización creer que la solución de la inseguridad es bajar la edad de imputabilidad y no considerar sus causas. Por ejemplo, hoy los adolescentes y jóvenes tienen muy fácil acceso al consumo de drogas. Las drogas los están destruyendo y el consumo es una de las principales causas de la violencia … Por ello ¡es necesario combatir el narcotráfico! Pero de esto se habla poco. También podemos preguntarnos: ¿qué mundo estamos creando los adultos para el crecimiento y desarrollo de niños y jóvenes? Muchos crecen sin oportunidades de una buena educación o de una necesaria formación laboral, o de contención familiar y social. Es imprescindible comprender que es necesario promover una cultura del cuidado que garantice condiciones para el desarrollo integral y pleno de cada persona”.
Para UNICEF, “los estándares internacionales para la justicia juvenil unánimemente consagran como objetivo principal la resocialización de las y los jóvenes y la no profundización de sus condiciones de vulnerabilidad. La experiencia muestra que un sistema basado en los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, que facilite la reinserción, es mejor para la sociedad porque reduce la reincidencia y la violencia y, además, esa clase de medidas resultan menos costosas en términos económicos”.
Luego consideraron que “una justicia especializada para adolescentes y jóvenes debe garantizar el abordaje diferenciado desde el inicio de la investigación hasta la finalización del cumplimiento de la sanción. Esto requiere, además de la modificación de la ley de fondo, la asignación de recursos económicos y el nombramiento de jueces, fiscales, defensores y equipos técnicos interdisciplinarios, por medio de procesos de selección que contemplen la especialización en materia de niñez y adolescencia. En Argentina la reforma del sistema de Justicia Penal Juvenil no requiere bajar la edad de punibilidad, que podría ser interpretado como un retroceso en materia de derechos humanos y como una medida regresiva. Es necesario encontrar un abordaje para la justicia juvenil que no afecte los derechos consagrados en los tratados internacionales que son parte de la Constitución Argentina”.
Como contraposición de la iglesia católica y un organismo internacional como UNICEF, están las opiniones de Sergio Berni y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
El exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y actual senador bonaerense en el sector afín a Máximo Kirchner, Berni dijo que “la iniciativa de bajar la ley de imputabilidad es música para mis oídos”. Y fue por más: “no estoy de acuerdo con el límite de la edad de imputabilidad.No me parece correcto que la edad sea 13, porque ya que estamos ante la posibilidad de hacer una reforma importante al Código Penal, no debemos dejar de pasar la posibilidad de que esto sea mucho más amplio y mucho más justo», dijo al ser entrevistado en radio La Red.
Y ahora qué? también consultó al Ministerio Público Tutelar (MPT) porteño, conducido por Carolina Stanley, que desde su página web asegura trabajar “por los derechos de la niñez, adolescencia y salud mental”.
“Finalizando la feria, hoy estuvimos hablando del tema y enviando mensajes para obtener más datos. Por el momento no vamos a salir, vamos a esperar a ver cómo se desarrolla el tema en los medios”, explicaron desde el MPT. Un día después, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri se mimetizó con las declaraciones de Javier Milei desde su cuenta de X: “DELITO DE ADULTO, PENA DE ADULTO. Tras una persecución por la General Paz, detuvimos a dos delincuentes. Uno era menor y tenía antecedentes. Nosotros actuamos, pero con las leyes actuales no alcanza. Hay que avanzar ya con la baja de la edad de imputabilidad. No pueden estar libres ni un minuto más».
Operadores de campo del MPT, que solicitaron preservación de su identidad, coincidieron en afirmar que “lo del Ministerio Público Tutelar es lamentable, empezando por su asesora. Nunca bajan a territorio”.