Desde Nueva Delhi.
A pocos días de la cumbre mundial sobre Inteligencia Artificial en Nueva Delhi, dos autores introducen un gran caso y un gran tema. El ecosistema digital de la India fue construido por instituciones indias, financiado por los contribuyentes indios y sostenido por los consumidores indios. Los 1600 millones de dólares que Tiger Global obtuvo al vender su participación en Flipkart son producto de la monetización de la infraestructura pagada por los contribuyentes y de efectos de red que solo existen gracias a la transformación digital de India.
En enero, un fallo de la Corte Suprema de India dictaminó que el fondo de cobertura (hedge fund) estadounidense Tiger Global debe pagar impuestos por la venta de sus acciones en la plataforma de comercio electrónico Flipkart a Walmart por 1600 millones de dólares.
La sentencia, dictada pocos días antes de la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE e India, demuestra que al menos algunas instituciones del gigante asiático siguen comprometidas con la defensa de la base fiscal del país, aunque ésta se encuentre en pleno proceso de erosión.
La decisión del máximo Tribunal contrasta fuertemente con la agenda económica del Gobierno. En 2019, el primer ministro Narendra Modi recortó la tasa impositiva que deben pagar las corporaciones, sacrificando ingresos públicos a pesar de que esas empresas casi cuadruplicaron sus ganancias, al tiempo que los salarios se estancaron y la inversión privada apenas se mantuvo estable. En lugar de cambiar de rumbo, el Gobierno redobla sus favores a las corporaciones.
La sentencia sobre Tiger Global llega en el momento en que las normas fiscales básicas resultan más necesarias. Sin embargo, éstas se ven más amenazadas que nunca. En los últimos años, la economía digital de la India se ha expandido rápidamente, impulsada por la Interfaz de Pagos Unificada (UPI), puesta en marcha hace más de una década y que es ahora el mayor sistema de pagos en tiempo real del mundo. El auge del «comercio instantáneo» resultante generó un fuerte aumento de los ingresos de gigantes mundiales como Amazon y Walmart, cuyos modelos de negocio se basan en una fuerte competencia por entregar productos en menos de diez minutos, a menudo a expensas de los propios repartidores.
A pesar del significativo incremento en sus ingresos, estas empresas pagan pocos o ningún impuesto en la India, declarando pérdidas en lugar de beneficios por sus operaciones locales. Sus estrategias de elusión fiscal se vieron reforzadas por una sentencia del Tribunal Superior de Delhi de 2025, según la cual los pagos a proveedores extranjeros de servicios en la nube no se consideran regalías u honorarios por servicios técnicos, invocando legislación fiscal india o del Acuerdo para evitar la doble imposición entre India y Estados Unidos (DTAA).
En respuesta, las autoridades fiscales reforzaron el régimen de retención en la fuente bajo la Ley del Impuesto sobre la Renta, introdujeron gravámenes sobre servicios digitales y ajustaron el Impuesto sobre Bienes y Servicios para cubrir transacciones digitales transfronterizas.
Estos esfuerzos se han visto socavados en el último presupuesto nacional del Gobierno, anunciado el 1° de febrero, que concede generosos incentivos fiscales a largo plazo a los proveedores globales de servicios en la nube —incluida una moratoria fiscal de 20 años para los centros de datos— y ofrece una mayor «certeza en los precios de transferencia» a las empresas tecnológicas.
En este contexto, la disputa entre las autoridades fiscales de India y Tiger Global, uno de los fondos de cobertura más agresivos del mundo, ilustra cómo las multinacionales utilizan estructuras jurídicas complejas para minimizar erosionar sus obligaciones fiscales. Entre 2011 y 2015, Tiger Global adquirió acciones de la sociedad holding de Flipkart en Singapur, con participación en múltiples empresas indias. Estas inversiones se realizaron a través de tres entidades con sede en Mauricio, propiedad de fondos de capital privado de las Islas Caimán gestionados por Tiger Global.
Cuando Tiger Global vendió esas acciones a Walmart en 2018, reclamó la exención del impuesto sobre las ganancias de capital en virtud del DTAA entre la India y Mauricio. Las autoridades fiscales indias impugnaron esta exención y, tras varios años de litigios en distintas instancias, salieron triunfantes.
El tratado fiscal original de 1982 entre la India y Mauricio fue explotado durante mucho tiempo por empresas extranjeras dedicadas al denominado «shopping de tratados» (treaty shopping). Durante más de dos décadas, unos 171 000 millones de dólares en inversiones extranjeras fluyeron a India a través de Mauricio, en gran medida por motivos fiscales. Esto llevó a una renegociación del acuerdo en 2016, que otorgó a las autoridades el derecho a gravar las acciones adquiridas después de abril de 2017. Desde entonces, Singapur ha sustituido en gran medida a Mauricio como vía de ingreso financiero al mercado indio.
En aplicación del marco legal reformado, el Tribunal Supremo de India sostuvo que las entidades de Mauricio utilizadas por Tiger Global eran meros conductos, sin ningún propósito comercial genuino más allá de extraer valor de India y trasladar los beneficios a jurisdicciones con bajos impuestos. El Tribunal rechazó el argumento de que el certificado de residencia fiscal de Mauricio por sí solo daba derecho a la empresa a exenciones fiscales. En cambio, declaró que la transacción había sido «un acuerdo de elusión fiscal inadmisible» y afirmó que «gravar los ingresos generados dentro de sus propias fronteras es un derecho soberano inherente a cualquier país».
La decisión del Tribunal, que podría dejar a Tiger Global con una factura fiscal de 1500 millones de dólares, incluidas las multas, envía un mensaje contundente: las empresas que realizan actividades comerciales reales en India no tienen nada que temer, pero aquellas que canalizan inversiones con el único fin de eludir impuestos se enfrentarán a pesados costos financieros y de reputación.
La cuestión ahora es saber si el Gobierno de Modi sostendrá esta resolución judicial o la socavará con nuevas concesiones fiscales. Los recientes acuerdos comerciales con la Unión Europea y con Estados Unidos ofrecen pocos motivos de optimismo. Aunque los acuerdos completos siguen siendo secretos, lo que se ha revelado es preocupante. Por ejemplo, algunos informes sugieren que el tratado comercial entre la UE e India incluye «normas comerciales digitales modernas diseñadas para facilitar los negocios», junto con otras medidas relacionadas con impuestos.
Luego está el factor Donald Trump. A principios de este año, la administración Trump presionó a los miembros del Marco Inclusivo de la OCDE/G20 para que eximieran a las multinacionales con sede en Estados Unidos del impuesto mínimo global (acordado en 2021). El acuerdo comercial entre Estados Unidos e Indonesia fue aún más lejos, obligando al Gobierno indonesio a abandonar los aranceles previstos sobre los flujos transfronterizos de datos y a apoyar la renovación de la moratoria de la Organización Mundial del Comercio sobre los derechos de aduana al comercio electrónico.
En términos generales, la idea de que los países en desarrollo deben tolerar la evasión fiscal para así poder atraer inversiones, no resiste un análisis riguroso. Las decisiones de inversión se basan principalmente en el tamaño del mercado, las perspectivas de crecimiento, la calidad de la infraestructura y la cualificación de la fuerza laboral; oara nada en la existencia de “lagunas fiscales”. El vasto mercado de consumo, la mano de obra calificada y las avanzadas infraestructuras digitales de India la convierten en destino atractivo para las empresas extranjeras sin necesidad de recurrir a elusión fiscal a través de empresas de pantalla.
EL de Tiger Global es un buen ejemplo. El ecosistema digital de la India fue construido por instituciones indias, financiado por los contribuyentes indios y sostenido por los consumidores indios. Los 1600 millones de dólares que Tiger Global obtuvo al vender su participación en Flipkart son producto de la monetización de la infraestructura pagada por los contribuyentes y de efectos de red que solo existen gracias a la transformación digital de India.
Ninguna laguna jurídica en tratados internacionales debería permitir a los inversores extranjeros beneficiarse de la infraestructura de India sin contribuir en nada a la base impositiva que la sustenta. El Tribunal Supremo ha reafirmado este principio. Ahora le corresponde al Gobierno indio reforzarlo, afirmando su soberanía fiscal en lugar de diluirla mediante acuerdos comerciales opacos y explotadores.
Jayati Ghosh es profesora de Economía en la Universidad de Massachusetts Amherst, es miembro de la Comisión de Economía Transformacional del Club de Roma y copresidenta de la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Corporativa Internacional.
Diego Llumá es director de Comunicaciones Globales de la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Corporativa Internacional (Para Project Syndicate).