La media sanción de la Ley de Reforma Laboral en Senadores y su ratificación con algunas modificaciones en Diputados implicó que la gestión libertaria sirviera en bandeja a sus sponsors un viejo sueño húmedo, imponiéndose al campo nacional, que todavía no logra recuperar una posición hegemónica, eficaz y decisiva.
Ya sancionado en Diputados del proyecto de la Ley de Reforma Laboral remitido desde Senadores sirven algunas consideraciones adicionales. Un ejemplo: el proyecto no suprime la jornada de 8 horas, pero sí la obligatoriedad de pagar horas extra cuando la jornada va más allá. En tal caso, establece la existencia del Banco de Horas para que el empleador eventualmente disponga del tiempo del trabajador según sus necesidades.
La nueva norma sanciona “más libertad” para la negociación “entre iguales”, según los publicistas libertarios, de manera que les sea posible acordar que lo trabajado sobrepasando las 8 horas de la jornada actual se descuente de alguna posterior.
Pero la idea tiene un problema insalvable porque en esta materia no se negocia “entre iguales” y, por lo tanto, no se da en el marco de libertad alguna sino de una dialéctica perversa entre la necesidad del trabajador, que condiciona su decisión, y la codicia del empleador. Y de la asimetría de las partes negociadoras, además, es atinado colegir que la nueva normativa de hecho suprime las horas extra, porque las trabajadas hoy serán “pagadas” (y todas al mismo precio) con igual cantidad de horas no trabajadas mañana.
Otro ejemplo por el estilo: las vacaciones (que ahora son de 14 días corridos si el trabajador tiene un mínimo de antigüedad de 6 meses, y van aumentando a partir de los 5 años), cuando esta Ley entre en vigencia podrán ser divididas. En ese caso el trabajador perderá la razón de ser de las vacaciones por un período mínimo de dos semanas corridas a partir de tener 6 meses de antigüedad, la cual obedece a la necesaria desconexión mental con su trabajo, el consiguiente mejoramiento de su salud física y psíquica, la reconexión con relaciones interpersonales en general, y con las relaciones familiares en particular.
Otro más, que ilustra con meridiana claridad la intención del proyecto: continuará la desprotección de los trabajadores de plataformas, sector decididamente en expansión, quienes podrán sentirse “sus propios jefes” si así lo desean, pero asimilando las imposiciones y penalidades de los respectivos algoritmos y la imposibilidad de invocar relación de dependencia. Y a propósito de este tema, dicho sea de paso, es altamente recomendable el film Arturo y el algoritmo, donde si bien hay un esbozo de relación contractual, no es asimilable al derecho laboral y pone de manifiesto múltiples aristas abusivas y humillantes.
En la primera sesión de este proceso, mientras el Senado trataba un proyecto que parecía un auténtico work in progress con agregados, cambios fronterizos con lo crematístico o supresiones de acuerdo al curso del toma y daca de último momento, afuera los manifestantes contrarios a la iniciativa convocados por la CGT y las CTA desbordaban la Plaza del Congreso y las calles adyacentes. Hasta que sugestivamente aparecieron media docena de provocadores enmascarados que levantaron una vallita con maderas frente a las robustas vallas policiales, armaron –y fueron oportunamente filmados– algunas bombas molotov, y sin mayores contratiempos las arrojaron hacia las fuerzas policiales. Sugerente escena, claro, porque entonces los uniformados lanzaron una represión enérgica y general, provocando el repliegue de los manifestantes e impidiendo el arribo de nuevos contingentes, y logrando una fotografía de gran valor para el oficialismo, que en pleno tratamiento de la Ley de Reforma Laboral pudo exhibir la Plaza del Congreso casi vacía.
Otro tanto sucedió dos días después, el jueves 19, cuando Diputados sesionó para sancionar rápidamente (aunque con algunas reformas) el proyecto recibido desde el Senado. Entonces también hubo movilizaciones pacíficas frente al Congreso, alguna provocación menor y las fuerzas represivas lanzadas ferozmente a sofocar la protesta.
Tan evidente como la pérdida de derechos que expresa el articulado del proyecto fue la relación de fuerzas que cristalizó, al momento de la votación, adentro del Congreso. En efecto, en el Senado el oficialismo pudo juntar 42 votos a favor y la oposición, por su parte, 30 votos; en Diputados hubo 135 votos a favor de la reforma y 115 votos en contra. Estos números adversos al campo nacional eran conocidos antes de que los senadores, y luego los diputados, bajaran al recinto, así como también sabían los principales actores el alcance de la poda “modernizadora” de derechos que forzaría el retroceso de los asalariados hasta la indefensión, dadas la falta de amparo jurídico y la desigualdad entre patrones y empleados propias de hace un siglo. O sea que desde la perspectiva de los gremios y sindicatos se debía negociar pero movilizando, o amenazando con un plan de lucha que comenzó a llevarse a cabo, incluyendo la realización de una huelga general a manera de prólogo de una serie de acciones posteriores.
En el Congreso fueron aprobadas, entre otras cosas, aumentar la jornada laboral, reducir las indemnizaciones, extender períodos de prueba en sectores vulnerables, como las casas particulares y el trabajo agrario, y crear un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para que finalmente despedir sea gratis. ¿Por qué? Porque el FAL se financiará quitando 3% de los aportes que ahora se destinan a la ANSES, y con esos recursos se armará un fondo enorme que administrará el sistema financiero (pingüe negocio, claro), con el cual serán reemplazadas las indemnizaciones y serán los trabajadores pasivos, aunque parezca un chiste de mal gusto, quienes terminarán honrándolas.
Todo esto y muchísimo más, para que los afectados pudieran digerirlo, e incluso aceptarlo con serenidad, fue motivo de una intensa, larga y cuidadosa manipulación publicitaria. Los dispositivos de comunicación mileísta (estatales y de los otros) a sabiendas de que la reforma laboral es un gran retroceso en materia de derechos de los trabajadores, arrancaron inventando y difundiendo una contradicción fundacional entre los trabajadores registrados y los buscadores de un primer empleo, de modo que el tenedor de un conchabo resulte un privilegiado que inhibe el ingreso al mercado laboral de los pibes deseosos de debutar en él, o el retorno de los desocupados, subempleados o precarizados. El enemigo para ellos, en su imaginario inducido por la campaña publicitaria, no ha de ser el contratante que cuando llegue el momento habrá de explotarlos, sino el trabajador formalizado actual, titular de un privilegio, quien a su vez también, si es convencido por la prédica gubernamental, pensará que lleva puesta sobre los hombros una carga tenebrosa y oprimente, la maraña inmerecida de privilegios de “la casta sindical”.
Varios analistas que pensaron críticamente la campaña publicitaria por la Ley de Reforma Laboral reconocieron su inspiración en Frank Luntz, legendario consultor y asesor del Partido Republicano estadounidense, quien también en otros países aconsejó invariablemente apelar a un desplazamiento de la cadena de significantes de modo que sus destinatarios (en este caso los trabajadores argentinos) acepten las pérdidas y las celebren como auténticas conquistas. Para Luntz el poder de la palabra no reconoce límites, y considera que el 80% de la percepción humana es emocional, motivo por el cual deduce que lo que importa es el “marco mental” propio del momento y no los hechos constatables que le corresponden. Ese “marco mental” podría concebirse, además, como aquello resultante en cada ocasión de los estudios de campo del consultor y asesor, y promovido y producido hasta el paroxismo por la publicidad a mansalva.
Desplazando los significantes y fijándolos en una serie de metáforas reconocibles, los dirigentes libertarios más mediáticos pudieron ser guionados para que aseguraran, sin que se les moviera un músculo de la cara, que partir las vacaciones podía acordarse con el empleador y convenía también al empleado. O que reducir hasta la virtual inexistencia las licencias por enfermedad (artículo 44 del proyecto, grosería extrema que generó conflictos incluso en el oficialismo, y provocó la supresión en Diputados y el retorno del proyecto al Senado) sería saludable para los trabajadores, que aprenderían así a conducirse por la vida con mayores cuidados. Y también pudieron asegurar que los empleadores son aptos para negociar amorosamente la totalidad de las diferencias y discrepancias con los trabajadores, sin necesidad de convenios colectivos que en el fondo benefician a los sindicalistas, esos burócratas parasitarios que participan de una casta privilegiada, como la de los políticos.
Inmediatamente después de la votación en el Senado, y con mayor euforia luego de la aprobación en Diputados, aparecieron quienes exhiben gran apuro en firmar el certificado de defunción del campo nacional en general, y del peronismo en particular. Pero hubo en los medios hegemónicos y en algunos canales de comunicación progresista la persistente idea de que la nueva normativa era un golpe de gracia a la columna vertebral del campo nacional y popular, como denominara Perón al movimiento obrero organizado. Golpe de gracia insuficiente para explicar la necesidad de la intensa represión policial en la Plaza del Congreso, y las movilizaciones en las principales ciudades de las Provincias.
Un dirigente sindical neuquino destacó la gravedad implícita en la supresión de la ultraactividad (o sea, de la renovación automática de los Convenios Colectivos de Trabajo cuando concluye su vigencia), pero simultáneamente denunció la transa entre la CGT y el Gobierno para preservar la caja (compuesta por los recursos de las obras sociales y el aporte solidario obligatorio) traicionando a los trabajadores. Esta transa fue difundida por el sistema mediático oficialista como forma complementaria de promover el desprestigio de la burocracia sindical parasitaria, participante de una casta privilegiada. Y corresponde advertir también que otro dirigente, pero del gremio de los aceiteros, puso de manifiesto el debate interno en la CGT cuando no ahorró críticas a la dirigencia por las demoras en la formulación de un plan de lucha, pero ante la requisitoria periodística respecto de una transa planteó la repregunta: “¿De qué transa hablan si ya tenemos convocada una huelga general para cuando se trate el proyecto?”
Hubo también quienes vieron que la nueva normativa parece pensada para beneficiar los intereses de un puñado de grandes empresas y la supuesta expectativa de supuestos inversores. Y tampoco faltaron quienes fueron a los archivos para recordar que en los ’90, durante el segundo mandato de Menem, ante las reformas de entonces casi toda la dirigencia sindical optó por el camino de la resignación aparente y la estrategia de “preservar recursos propios”, como ahora. El argumento era entonces que salvando a las organizaciones, evitando su desfinanciamiento, se contaría luego con las herramientas para revertir la situación generada por el embate menemista. Esa estrategia fue severamente criticada por sectores gremiales más radicalizados, como en la actualidad, cuando también hay quienes proponen, merced a la preservación de cierta pureza ideológica, un curso de acción política confrontativa (aunque potencialmente agraviante de las organizaciones), que más allá de la buena fe de quienes la enuncian resultaría convergente con la prédica libertaria. Y los animadores de esta posición aseguran que la movilización de los trabajadores en la calle forzó a la dirigencia para que convocara al paro general, pero sin advertir que las organizaciones (con mayor o menor representatividad) son imprescindibles precisamente para desenvolver su vida política interna, recibir las presiones de sus representados y darles el curso político más efectivo y conducente.
Es sabido que la convocatoria al paro se fijó para el día en que la reforma fuera tratada en Diputados, pero sin movilización, aunque varios gremios hubieran decidido seguir el trámite concentrados en la Plaza del Congreso. La cita finalmente tuvo lugar el jueves, con un Presidente viajando alegremente a los EE.UU. para participar del “Consejo de Paz” que inventó Donald Trump, mientras su ministra de Seguridad aprobaba un despliegue policial que incluyó un instructivo intimidatorio a fin de que la prensa ocupara sitios marginales de la marcha, y no corriera riesgos innecesarios, según la cándida funcionaria, aunque tampoco pudiera testimoniar en plenitud los acontecimientos.
La situación en la Argentina es compleja, y desbordante de paisajes propios de un país que, como diría Thomas Piketty, tiende al abandono de cierta prosperidad alcanzada por haber atenuado el capitalismo del siglo XIX con una economía mixta en la que toda una parte de las riquezas estuvo socializada. Y agregó Piketty en un reportaje reciente: “Si se pide educadamente a la nobleza que renuncie a sus privilegios, la cosa no funciona. Si se pide educadamente a Suiza y Luxemburgo que dejen de ser paraísos fiscales, tampoco.”
Obsesionado por la desigualdad, Piketty aseguró (como en toda su obra) que la situación actual a nivel planetario resulta peligroso y contraproducente, y que habrá que imaginar un sistema de reparto de las riquezas con los ingresos fiscales procedentes de los actores económicos más prósperos. Y dijo: “Estamos en una situación que no es tan distinta de la que llevó a la Revolución Francesa: hay una huida adelante hacia la deuda pública que se explica porque no se logra hacer pagar a las clases privilegiadas. Entonces era la nobleza la que no quería pagar impuestos. ¿Y cómo se resolvió? Con una crisis política, con los Estados Generales, la Asamblea Nacional y el fin de los privilegios de la nobleza […] La revolución de la que hablo consiste en hacer que contribuyan las mayores fortunas. Si se crea un sistema en el que usted puede enriquecerse utilizando las infraestructuras públicas de un país, su sistema educativo, su sistema sanitario, y después, con solo apretar un botón, puede transferir sus activos a otra jurisdicción sin que haya nada previsto para controlarle, y después usted simplemente puede dejar la factura a las clases medias y populares que son inmóviles y no pueden moverse del país […] es un sistema insostenible.”
El tratamiento de la Reforma Laboral fue publicitado de acuerdo con los consejos de Luntz, que no son más que una variante exacerbada de la vieja receta de que siempre hay que mentir, mentir y mentir para que algo quede. Eso enloquece, claro que sí, y cuando el trabajador se cree libre y en paridad de condiciones para negociar con su contratante, por ejemplo, la locura y un caudal incontrolable de creencias desborda el escenario histórico, y amerita recurrir a ciertas ideas lacanianas que incluyó el filósofo esloveno Slavoj Žižek en Lacrimae Rerum: “Lacan subraya habitualmente el lado opuesto de esta paradoja: «El loco no es solo el mendigo que cree ser un rey, sino el rey que cree ser un rey», es decir, la locura señala la desaparición de la distancia entre lo Simbólico y lo Real, una identificación inmediata con el mandato simbólico…”