La primera norma laboral que tuvo la Argentina fue “el descanso dominical” consagrado en 1905, afirma el abogado laboralista Alvaro Ruiz. Pasaron 121 años. Decenas de derechos de trabajadores y trabajadoras, como la huelga, las horas extras y la jornada de ocho horas, están a punto de pasar a la historia si el Senado convierte en Ley la Reforma impulsada por el Presidente Javier Milei, con apoyo de corporaciones empresarias, el Fondo Monetario, la UCR y gobernadores de provincia, incluso algunos del peronismo que le dieron la espalda a una huelga nacional masiva de protesta el 19F.
Charles Chaplin inmortalizó en el cine el trabajo esclavo en su película ‘Tiempos Modernos’. Convirtió en desopilante parodia el estrés y la perturbación mental que causan el exceso de tareas. El jefe de una planta fabril aparece como un déspota gigante que le da órdenes a Chaplin desde una gran pantalla que ocupa casi toda una pared. El genial cineasta combinó el humor con un testimonio de la explotación laboral. Pero no son un chiste los modernos tiempos de eliminación de las normas que protegen a quienes venden su fuerza de trabajo. En todo caso, como dice Ruiz, dieron “vergüenza ajena” ciertos legisladores que desnudaron “su ignorancia” en los discursos. ¿Cómo cambiará ahora la vida de millones de personas? Lo analiza este asesor sindical y profesor de la UBA en una entrevista con Y ahora qué?
–¿La Reforma beneficia realmente a las empresas o se avecina una era de conflictos y una desorganización que las afectará también?
–Es evidente que esta Reforma deforma de manera absoluta el sistema de relaciones laborales y las regulaciones tradicionales en el derecho del trabajo. Beneficia al sector empresario en su conjunto, porque reduce derechos. Cambia para peor las regulaciones existentes. La relación de empleo por definición es asimétrica, es desigual, y acentúa las desigualdades. Las grandes corporaciones nacionales e internacionales son las destinatarias. Y también las responsables, con sus estudios jurídicos, de la redacción de un texto como el que ha sido sancionado por ambas cámaras del Congreso sin mayor debate.
–Es decir que al margen del debate maratónico en el recinto ¿no hubo discusión preparatoria?
–La sesión duró muchas horas, pero no hubo debates previos. No lo hubo para una transformación tan copernicana del derecho del trabajo. Y para convertirlo en derecho empresario. Esta situación representa un beneficio evidente que tiene el gran capital. Y en alguna medida extrae beneficios para que las empresas de cualquier tamaño impidan el desarrollo y ampliación de derechos. Y se aumentan irracionalmente las potestades del empleador. Pero se va a convertir en un ‘boomerang’ en diversos ámbitos.
–¿En qué aspectos se puede volver en contra de los favorecidos?
–Esto va en camino a deprimir cada vez más el salario y a generar con esto mayor pobreza, menor consumo. Y ahí encontramos que las empresas Pymes, por ejemplo, las que están ligadas directamente al mercado interno, van a seguir cerrando como vienen cerrando a un promedio superior a 30 compañías diarias.
–¿Está claro, entonces, que esta sacudida al mundo del trabajo no termina aquí sino que recién comienza?
–La conflictividad en ciernes es una certeza. Una situación de tanto avasallamiento de derechos, se va a traducir en la vida cotidiana de las trabajadoras y los trabajadores, y de sus organizaciones sindicales, y va a tener respuestas. Más orgánicas o menos orgánicas, veremos. Con los espacios sindicales que, en la acción o en la estructura de sus organizaciones, den una respuesta. Y también en lo individual. Porque es una reforma que está plagada de inconstitucionalidades e incumplimientos severos a convenios y tratados internacionales que han sido ratificados por la Argentina. Incluso algunos de ellos incorporados a la Constitución en la Reforma Constitucional de 1994.
—Los gobernadores que impulsaron a sus legisladores a votar la Reforma ¿no se verán involucrados en conflictos con trabajadores de sus provincias?
–No es seguro saber qué respuesta habrá a esos gobernadores votados para enfrentar a Milei, pero que terminaron abrazándose al Presidente. Concediéndole todo aquello que les pidió. Votaron la Reforma a pesar de que el Presidente, en la mayoría de los casos, no cumplió compromisos tomados en negociaciones. No se cumplió con la moneda de cambio de las negociaciones, y a veces negociados, para comprar voluntades, al estilo propio de este Presidente.
–¿Podrán quedarse los negociadores provinciales con las manos vacías de esa moneda de cambio?
–Lo que sí está claro es que ese provincialismo está muy lejos del federalismo. El federalismo implica considerar a la Patria a la Nación como una sola. Con las particularidades y las autonomías que son propias de cada una de las provincias. Pero no que cada una de ellas sean un Estado aparte desinteresado de lo que ocurra en las restantes. Se evidencian no solo las alianzas espurias con motivo de la Reforma laboral, sino las que ya hubo antes. El vergonzoso Pacto de Mayo que se realizó, de manera medio esotérica, en la madrugada del 9 de julio. Ahí hubo ya un sometimiento claro de los gobernadores, Y también en el Consejo de Mayo en el cual se prestaron al avance sobre derechos fundamentales de los y las trabajadoras.
–Durante el debate en Diputados se escuchó la palabra ‘traidor’ como pocas veces en la era contemporánea.
–Para aquellos que pertenecen a las filas del peronismo, es directamente aceptar la desaparición de los fundamentos más elementales, más básicos, de ese movimiento nacional. Un movimiento que se expresaba justamente en los derechos sociales y en los derechos del trabajo en particular. Y en la defensa clara que el peronismo históricamente hizo del sector sindical. Es muy factible que haya conflicto con los trabajadores en esas provincias. Pero también en otras porque la afectación es general, tanto al sector privado laboral como al sector público laboral.
–¿Es posible que los cambios produzcan una disminución de los empleos registrados?
–Ya se advierte una merma de puestos de trabajo y va a haber muchas más hacia el futuro. El empleo no es una consecuencia de las regulaciones legales del trabajo. Es consecuencia de políticas económicas y, básicamente, de fortalecer el andamiaje productivo, a la industria, cosa que este Gobierno nacional no tiene en su hoja de ruta.
–¿La componenda con gobernadores es uno de los hechos más oscuros de la historia política?
–Tenemos muchas oscuridades en la historia política argentina. Incluso, en estos más de 40 años de democracia, ha habido numerosos episodios gravísimos. Pero lo que se advierte hoy es la descomposición republicana de las instituciones. El Congreso está pintado. Los discursos de muchos de los legisladores dan vergüenza ajena. La ignorancia sobre los temas que tienen que votar y que alzan la mano o aprietan el botón para dar su voto positivo. Es una burla, en realidad, a la ciudadanía. Y genera una descomposición que va a ir menoscabando la democracia y las representaciones políticas formales que resultan del sistema de partidos y del sistema electoral argentino.
—Tras la sanción que se supone dará el Senado, ¿cómo será a partir de ahora la relación laboral de los trabajadores?
–Interesante plantearse cómo va a ser la relación laboral. Hay un doble rasero con el régimen de jornada que habilita esta pretendida ley de modernización laboral. Porque no se trata solamente de las horas extras, que desaparecen. Lo que hoy se permite por convenio colectivo ya estaba habilitado por la Ley Bases, pero también por representaciones gremiales en la empresa. Es decir, descolgados de la organicidad básica de un sindicato. Es decir, quiénes son los habilitados para expresar la voluntad sectorial en cada ámbito de representación. Más allá de que para cierto tipo de acuerdo en las empresas siempre haya habido la exigencia de que participen delegados. Pero esto no quiere decir que ellos, por sí mismos, estuvieran legitimados para negociar colectivamente aspectos como horas extras y otros temas no salariales.
–Pero ¿no se perfila también una alteración en la vida personal de los trabajadores?
–Hay que tener en cuenta que esto es la desorganización absoluta de la vida de cada una de las personas que trabajan. Con los llamados bancos de horas habrá una absoluta desinformación de cómo va a ser una rutina horaria y diaria semanal de trabajo. Estará siempre ligada a las necesidades de la organización empresaria, de la maximización de la rentabilidad, o por mayor productividad, por cuestiones estacionales que hagan que convenga producir o no producir en determinada etapa del año.
–¿Cómo podría ser concretamente el nuevo régimen horario?
–Se puede tener una semana de 12 horas de trabajo, durante 5 días, y después en la próxima trabajar dos días o trabajar 5 u 8 horas o tener que trabajar un sábado o un domingo teniendo una compensación de ese día de trabajo. El trabajador tiene tal horario de tiempo no laboral para una actividad, para una formación, para una capacitación, para juntarse con amigos, para salir a divertirse o irse tal o cual día de un fin de semana a pasear con su familia. Todo eso no va a estar asegurado porque solo puede ser manejado a discreción por el empleador.
–¿Y sin amparo de la entidad sindical?
–Puede incluso bajarse el nivel de representación gremial que acuerde este tipo de modificaciones. La negociación entre empleador y trabajador habilita a que esto pueda establecerse como sistema. Está entonces, el banco de horas, la mayor discrecionalidad del empleador, la distribución de los tiempos de trabajo.
–¿El trabajador no es el eslabón vulnerable en la discusión?
–El principio básico del cual parte toda la regulación del Derecho del Trabajo de hace más de 150 años está ligado al reconocimiento de una verdad de Perogrullo que es la desigualdad entre las partes. Se trata de relaciones claramente asimétricas. El poder de negociación del empleador no es el mismo que el del trabajador aislado. Por eso la importancia de la negociación colectiva y la aparición del sujeto sindical para tratar de generar equilibrios donde hay desigualdades marcadas. Por eso también lo que se llama el orden público laboral es la legislación con el Estado presente que regula pisos que no pueden ser afectados en cuanto a la garantía de derechos. Por eso una jornada máxima de trabajo.
–¿La tendencia en muchos países no es, por el contrario, a reducirla?
–La Argentina tiene una legislación bastante atrasada, en casi 100 años. La semana de hoy de 48 horas y 8 horas diarias de trabajo es la más extensa de toda la región. Pero también es un tiempo en que se tiende a disminuir la jornada de trabajo. Esta Reforma es un contrasentido absoluto ¿Y qué pasa con las horas extras? No va a haber más. Se va a trabajar más horas que las que corresponde. Como pueden ser compensadas con otras o quedar como crédito en ese banco donde el banquero es el empleador, entonces no se van a pagar. Ese era un suplemento que la realidad imponía e impone en la actualidad para alcanzar ingresos que permitan siquiera completar la canasta básica alimentaria.
–¿No hay ningún tipo de límites en el nuevo régimen?
–Lo único que se está estableciendo es que debe haber 12 horas entre jornada y jornada para descanso. Pero se puede tener una jornada de 14 horas y comenzar la jornada del día siguiente a 12 horas de haberla terminado. Tampoco se está garantizando que las 12 horas sean el tope. Y otra cuestión es que se deroga un artículo que prohibía encomendar trabajo a domicilio para quién trabaja dentro de un establecimiento. Es decir que hay quien puede llevarse trabajo a casa y esto tiene mucho que ver con algunas industrias. Por ejemplo, en el calzado, textil, indumentaria. Es decir que ahí también va a haber una deformación absoluta en lo que hace a la cotidianidad y a la realización de la vida de las personas que trabajan.
–¿Se volverá a la lucha por la jornada de ocho horas como hace 120 años?
–Es curioso que tengamos por delante, como lucha, conseguir un límite de ocho horas de trabajo diario. Y que se asegure el descanso dominical. Plantearlo es ser funcional al retraso de este engendro normativo que viene sancionando el Congreso Nacional. Nos proponen reinstalarla como si estuviéramos en una suerte de túnel del tiempo, incluso por detrás de la primera norma laboral que tuvo la Argentina del descanso dominical que data de 1905. Después de esta terrible derrota se supone un avance sobre numerosas tradiciones en distintos ámbitos de la política del sindicalismo. Entre las reivindicaciones de este siglo en el mundo, no solo el desarrollado, en Europa por ejemplo, en otros confines y dentro de nuestra región, por lo que se discute y se lucha es por la reducción de la jornada de la semana de trabajo. Por un salario que en el tiempo normal de trabajo permita vivir dignamente. Se por condiciones dignas de trabajo. Esta lucha de las organizaciones sindicales tendrá por norte la derogación de esta normativa de la Reforma. Por una jornada reducida sin pérdida de salario, mejores condiciones ambientales, articulación de las tecnologías y de la Inteligencia Artificial y de otro tipo de avances tecnológicos. Que las personas que trabajan tengan la ventaja de la tecnificación de la productividad. Que no sea exclusivamente para llenar las arcas del empleador sino que, como corresponde, el trabajo es el que crea riqueza y el que debe también participar de su distribución.
–Hubo una concesión del oficialismo al quitar la reducción de salarios a trabajadores que se enfermen o se accidenten ¿No intentará Milei, como ya lo hizo antes, colarlo por decreto?
–Es muy factible que se incluya en futuro no muy lejano la modificación al régimen de licencias por enfermedades y acciones inculpables, es decir fuera del trabajo. Ya nos tiene acostumbrados este Gobierno a que legisla por DNU. Y también que las cámaras del Congreso no terminan de definir en muchos casos su invalidez. También es factible que ingresen otras iniciativas por vía parlamentaria. Intentarán profundizar esta regresión inconcebible del régimen legal de las relaciones de trabajo. El régimen de licencias fue como una exageración de los escribas de las grandes corporaciones queriéndose llevarse todo y gastar la frutilla del postre. Se puso a la vista hasta qué punto era contraria la Reforma a los intereses de los trabajadores. E irracional. Pero también sirvió como cortina de humo.
–¿De qué manera funcionó ese ocultamiento de intereses?
–Para que el debate televisivo berreta que se ve en programas periodísticos de muchos canales y streaming se centrara en ese tema. En definitiva era un detalle, porque todo lo importante estaba en otro lado. En particular en el régimen de horas extras. No va a haber forma de computarlas.
–¿Cómo va a funcionar de hecho en los lugares de trabajo el sistema de banco de horas?
–Cuando el empleador siente al trabajador enfrente le dirá: ‘Mira vamos a reorganizar las jornadas y la semana laboral para que yo pueda usar tu fuerza de trabajo cuando la necesite y cuando no la necesito te quedas libre, pero te voy a ir avisando cuando me parezca’. Y si el trabajador le dijera que no, que podría hacerlo por supuesto, el destino es la calle, el desempleo. Es posible que haya un aumento de la litigiosidad. Pero sujeto a juicio en cinco o siete años, tampoco va a traer una solución.
–¿Es pura desinformación o confusión avalar que un porcentaje de los fondos jubilatorios se convierta en negocio financiero de los mercados?
–Un poco de ambas cosas. La desinformación no se limita al Fondo de Asistencia Laboral, el FAL. Hay otros aspectos de la Reforma pretendidamente modernizadora con un efecto inmediato directo sobre las personas que trabajan. Hay un desinterés, desgano, desánimo de la gente por reflexionar, profundizar en un mensaje oficialista en redes sociales. También una responsabilidad política, social y sindical de una campaña que no existió en las comisiones internas. Y una indisimulada confusión ligada a los medios de comunicación y a los intereses corporativos detrás de ellos.
–Llamarlo nada menos que FAL. Pero ¿cuáles son los cuestionamientos de fondo?
–Uno es que le resta aportes o contribuciones patronales a la seguridad social, a la ANSES, a los jubilados, y pensionados, que se estiman entre 1.500 y 2.500 millones de dólares anuales. Por otro lado se convierte en un fabuloso negocio financiero, administrado por privados, que supone una especulación con fondos sociales. Una nueva caja de timba financiera. Pero hay un tercer elemento que beneficiar a grandes empresas: es la gratuidad de las indemnizaciones por despido.
–Por qué le saldrá gratis al empresario despedir?
–Porque van a poder tomar de ese fondo el dinero necesario para liquidar las indemnizaciones y ajustar sus planteles de mayor antigüedad. Fue lo que le pasó en los años 1990 a personas de 45 o 50 y pico de años. Sin posibilidad de acceder al beneficio provisional y reemplazarlo por mano de obra más disciplinable, más necesitada, más joven, más flexible.
–¿Se plantea un plan de lucha gremial o será llevado el caso a Tribunales?
–Desde distintos sectores gremiales está planteado un plan de lucha. Pero sin descartar la una judicialización, que no es la solución. Puede ser simplemente una táctica circunstancial, coyuntural. Pero el acceso a la justicia se restringe. Muchas de las cuestiones que pueden estar judicializadas tienen como contraparte al Estado y se ocupa el fuero Contencioso Administrativo Federal. Y no es especializado, ni tiene el conocimiento para desenvolverse en conflictos colectivos, negociaciones de convenios, libertad sindical. La mayor responsabilidad en un plan de lucha que se mantenga en el tiempo está en la Confederación General del Trabajo.
–¿Un agravante no radica en que está en marcha la reducción de los juzgados y cámaras del Trabajo?
–La desaparición de la justicia Nacional del Trabajo es un viejo sueño, una revancha histórica de los sectores más reaccionarios, más gorilas. Nunca se conformaron con una decisión fundamental de Juan Perón en 1944 al impulsar desde la Secretaría de Trabajo, y después desde la presidencia, la conformación de un fuero especial para cuestiones de trabajo. Se estableció para que tuviere una particular sensibilidad social y un conocimiento de la realidad asimétrica. Es curioso que en esta Reforma se haya hecho desaparecer explícitamente la justicia social entre los principios que deben tomarse en cuenta junto con los principios generales del derecho.
–El Gobierno reniega explícitamente de la justicia social.
–El 20 de febrero, Naciones Unidas celebra el Día de la Justicia Social. En el pensamiento de Milei es la parte siniestra que ha enturbiado el libre mercado y el desarrollo en 100 años. Estos cambios judiciales ya se venían produciendo, pero lo curioso es que el traspaso entre gallos y medianoche a la Capital solo se circunscribe a Trabajo. Ni en la Justicia civil ni en la Comercial. Una iniciativa que tanto mal va a generar a la sociedad en su conjunto no solo a quienes hoy viven de un trabajo y también a los sindicatos. Incluso durante la última dictadura cívico-militar la Justicia Nacional del Trabajo mantuvo muchos aspectos de una vieja tradición doctrinaria, con intereses en pugna pero teniendo en cuenta las desigualdades en la relación de trabajo. Una justicia no neutral aunque sí imparcial. Habrá conflictividad en un camino que va a un desfiladero de negación de derechos.
–¿La Justicia, por lo tanto, también jugará un rol clave?
–La Reforma necesita ser convalidada judicialmente o que por lo menos no sea impugnable. Para eso era necesario desarmar también a la Justicia Nacional del Trabajo, más allá de sus claroscuros. Los incumplimientos patronales son los que derivan en los Tribunales y no siempre ganan los trabajadores, pero sí en muchos casos pero transcurridos 7, 8 o 10 años.
–¿Lograron imponer la idea de una ‘industria’ del juicio, al margen de que es el único momento en que aparece esa palabra en el discurso oficial?
–Una expresión en contra los abogados laboralistas. Pero de millones de personas en condiciones de hacer algún tipo de reclamo por incumplimientos de los empleadores, son solo unos pocos, un 1,5 o dos por ciento de litigios. Los hacen, generalmente, cuando se quedan sin el empleo. Durante el tiempo en que trabajan deben someterse a los incumplimientos.
–¿La ley va a crear o no empleo?
–No va a crear empleo como no lo hizo ninguna de las leyes similares en los años de 1990 o durante el Gobierno de la Alianza con la Ley Banelco o con los proyectos de Mauricio Macri que no se llegaron a sancionar. La Ley Bases lleva un año y medio de sancionada y no vemos que haya habido ningún crecimiento material empleo. Por el contrario, crea el monotributismo. Tampoco ha salvado a empresas. Se calculan 23.000 las desaparecidas, según ARCA, desde que asumió Milei.
–¿Lo que disminuye son los trabajadores registrados?
–Lo marginal exige tener ingresos marginales ¿Cómo se pagan los salarios a las personas no registradas? Se pagan en forma no registrada con lo cual necesito recursos tampoco registrados y la evasión es parte del problema y de la causa del problema. En el Congreso se dio una vuelta de tuerca más. Disimular o directamente el fraude de hacer aparecer como vinculaciones comerciales lo que son empleos. Como el de tener hasta tres trabajadores independientes, un invento insostenible para cualquiera que lo quiera interpretar con honestidad intelectual.
–¿La mujer trabajadora seguirá discriminada?
–La mujer embarazada suele ser motivo de discriminación porque su rendimiento va a ser más bajo durante el embarazo y va a exigir licencias. El llamado ‘dispositivo antifraude’ genera una presunción de que cuando se produce el despido, el empleador lo retraiga si se lo sanciona con indemnización especial. Hoy está totalmente desvirtuado. El derecho del trabajo se transforma en el derecho empresario.
–¿La ley elimina de hecho el derecho a huelga que consagra la Constitución?
–Queda absolutamente neutralizado con esta legislación que se dice moderna. Pretender que se guarden guardias mínimas del 75 o 50 por ciento, neutraliza cualquier posibilidad, esteriliza un paro o una medida de fuerza. Cualquier actividad económica estaría alcanzada por una calificación de servicio esencial o de importancia trascendental, lo que es absolutamente inconstitucional. Va a ser una de las primeras cuestiones en debate judicial. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, los limita a aquellos servicios que puedan poner en riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas. La actividad bancaria, la TV, o las telecomunicaciones están lejos de entrar de esa categorización. Pero la huelga es un fenómeno que es propio del desenvolvimiento de las organizaciones gremiales. El poder de conflicto se sintetiza en la huelga. La huelga es como el agua que por más vallas que quieras ponerle, va a terminar filtrándose.
–¿El bloqueo a las huelgas se combina con represión?
–Y con intimidación. Se van a producir enormes daños. Como en la necesidad de pedir permiso al empleador para hacer una asamblea dentro o fuera del establecimiento. Es imposible pensarlo como una forma básica de democracia sindical y democracia social.
–¿El cierre de FATE tiene el valor simbólico de ponerle fin a lo que se llamó en otras décadas ‘la burguesía nacional’?
–Me permito poner en duda el concepto de burguesía nacional. El capital por definición no tiene nacionalidad, aunque tenga orígenes locales. El capital es apátrida. Va donde puede encontrar la renta. Se va de donde entiende que las condiciones para su desenvolvimiento y su renta han desmejorado. El caso FATE tiene otra cantidad de elementos. La familia dueña de esa empresa también es de ALUAR. Hay todo un tema con el aluminio y las restricciones que establece Estados Unidos, destinatario de la producción. Hay que evaluar si son empresas cuyo desarrollo, como las de la familia Rocca, estuvieron apalancadas por el Estado. Muy vinculadas al peronismo. A una visión de la economía basada en la sustitución de importaciones.
–¿Un modelo al que Milei pretende ponerle otro clavo en el ataúd?
–Son empresas que aprovecharon beneficios y subsidios del Estado. Tienen un funcionamiento paradójico. Ganan con Gobiernos que ponen al Estado en un rol fundamental y pierden con otros Gobiernos de signo contrario. La pequeña y mediana industria y la Pyme comercial quedan atrapadas en un laberinto. No van a poder salir porque el neoliberalismo no resuelve la situación de ese empresariado menor. Le da herramientas a las grandes corporaciones.
–Hay militancias que dicen que la CGT está debilitada, o vacilante, o carente de líderes ¿Cuál es tu impresión? ¿El Frente Sindical Unido es una alternativa?
–En realidad, no coincido. No creo que la CGT esté débil ni vacilante. Puede ser que falten líderes del tipo de un Saúl Ubaldini, por ejemplo. En todo caso, la conducción o la mesa chica, ha dejado abierto un espacio que permitió el desarrollo de todas estas políticas antiobreras. Cuestionó judicialmente el Decreto 70/23, pendiente aún de la Corte. El Presidente no puede legislar, salvo situaciones extraordinarias. Distinto es con una ley del Congreso. El DNU está en un 99 por ciento incorporado en la ley de modernización laboral. El Gobierno fue avanzando con alianzas y después con el apoyo definitivo de Estados Unidos, pudo ganar las elecciones legislativas de octubre. En el Consejo de Mayo venía tratando la Reforma y con participación de uno de los secretarios de la conducción de la CGT. Hay una decisión de la CGT de no haber actuado en todos los frentes, movilizaciones, paros, para neutralizar está avanzada brutal de los sectores patronales y esta pérdida de derechos. Inconcebible para una Argentina que era ejemplo en la región. En cuanto al Frente Sindical Unido es una experiencia interesante en mostrar una reacción sindical a la altura de las circunstancias. Y la pretensión de que la unidad en acción es una forma organizativa común. Que no descarta a la CGT, como cuando le reclama un paro con movilización de 36 horas en cuanto la ley volviera al Senado.