Ecuador es un país de referencia en materia de retrocesos laborales a manos de políticas neoliberales que, ahora, volvieron a recrudecer con agregados del modelo anarcocapitalista argento. Angie Toapanta Ventura, coordinadora nacional de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AALE) de ese país afirma que allá “también los empresarios dicen que lo que va a salvar la economía es la flexibilización laboral”, y que “el impacto más profundo fue la desarticulación del movimiento sindical.
Desde Ecuador, Angie Toapanta Ventura dice saber que que “el gobierno argentino y sus aliados quieren un modelo laboral muy parecido al que otros gobiernos contrarios a los derechos humanos han aplicado en países como el mío”.
“Acá, todos los años nos enfrentamos a reformas laborales que, bajo la excusa de la modernización, los incentivos para la producción, la inversión extranjera y la reducción de la formalidad, pretenden atacar derechos elementales como el establecimiento de una jornada de trabajo máxima, la eliminación de la estabilidad laboral, el pago de horas extras y cualquier pago derivado de la relación laboral”, explicó, y agregó que “quieren salvar a los empresarios a costa de nuestros derechos laborales y sindicales. Todavía hay quienes sostienen que la reducción de las organizaciones sindicales y la restricción de derechos es la solución para mejorar la economía, pero la experiencia demuestra lo contrario”.
La Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas del Ecuador (AALE), desde sus redes, denunció que “el Ministerio del Trabajo acaba de suprimir el pago de las horas suplementarias y extraordinarias. Además, trajo el banco de horas de Milei a Ecuador”.
Y explicaron que se creó un banco de horas.
El jefe dispone
Lo cierto es que “al estilo de Milei en Argentina, el empleador realizará el computo de las horas efectivamente trabajadas y definirá si el trabajador le debe horas. En ese caso se las descontará del salario o se le pedirá trabajo adicional sin recargos”.
Bajo la consigna “tu vida a disposición del jefe”, agregaron que “se desdibuja la jornada de trabajo diaria y se pone el tiempo de la persona trabajadora a disposición total del empleador por hasta 10 horas al día. Con esto, el empleador podría solicitar que se trabaje tres horas en la mañana, tres horas en la tarde y cuatro horas en la noche según lo que él considere eficiencia, de acuerdo a sus requerimientos diarios y sin pagar el recargo por horas suplementarias o nocturnas”.
–¿A qué habilita estas novedades?
–Toapanta Ventura: A que los trabajadores laboren hasta doce horas al día, rompiendo con el límite máximo de ocho horas, y el límite de laborar hasta doce horas suplementarias por semana, ambas cosas establecidas en el Código del Trabajo vigente. De forma general permite que el empleador no pague en dinero las horas suplementarias y extraordinarias, sino que las compense con días de descanso, con un cálculo no regulado.
–¿En qué año y con qué gobierno se produjeron los cambios en las leyes laborales en Ecuador?
–Toapanta Ventura: El cambio más profundo empezó con el gobierno de Rodrigo Borja (del partido Izquierda Democrática), que gobernó entre 1988 y 1992. Durante esos años se produjeron reformas al Código del Trabajo que principalmente limitaba el número de trabajadores necesarios para constituir una organización sindical. Actualmente se exigen 30 trabajadores, como mínimo por empresa, y los siguientes gobiernos fueron más restrictivos. A fines de los 90, inicios de los años 2000, se interpretaba que lo que expresaba el Código del Trabajo, incluso antes de la reforma de Borja, era una sindicalización exclusivamente al nivel de empresa.
–¿Qué ganaron y qué perdieron los trabajadores y las empresas con esa reforma?
–Toapanta Ventura: Nuestro Código del Trabajo no prohíbe la sindicalización por rama, pero tampoco la regula. Lo único que regula es la sindicalización por empresa. Entonces los gobiernos dijeron que como esa sindicalización por empresa es la que está regulada, es la única permitida, interpretación que se fue extendiendo y radicalizándose. El segundo momento de convulsión más importante fue durante el gobierno de Rafael Correa, en particular en los primeros años porque se implementaron una serie de reformas laborales destinadas a controlar al sector público. Ese requisito de 30 trabajadores empezó a tener añadiduras para el sector público donde, fundamentalmente, existe una división de los trabajadores que se dicen obreros, que se rigen por nuestro Código del Trabajo, y los servidores públicos, que se rigen por las leyes de la Administración Pública. A estos últimos no se les reconoció el derecho de sindicalización y se les rechazó toda posibilidad de organizarse y negociar colectivamente. Esto duró entre el año 2008 y el 2017, cuando se produjo una reforma a la Ley del servicio público que revive a cuenta gotas el derecho de organización, pero con unos límites que lo tornan imposible. Hoy, en el sector público sólo te puedes organizar por institución solo si más del 50% de sus trabajadores están afiliados, un requisito muy difícil de cumplir.
Un espejo donde mirarse
Pero el impacto más profundo, según Toapanta Ventura, “fue la enorme desarticulación del movimiento sindical, sobre todo en el sector público, la desaparición de contratos colectivos que beneficiaban a los servidores públicos, la limitación de la negociación colectiva y la restricción del derecho a huelga. Y en el sector privado, se hizo altamente difícil que los trabajadores pudieran organizarse con el requisito de 30 trabajadores como mínimo por empresa. También es más sencillo que el empleador ejerza alguna acción como un despido y que asuma el costo de esa medida antes que permitir que se organicen como un sindicato de empresa”.
La abogada laboralista consideró que, en su país, “no hay una gran cultura sindical. Sin embargo, en los años 70/80, cuando las condiciones de trabajo eran peores, había organización sindical, sentido comunitario y un sentido colectivo del trabajo que ahora está desarticulado. Y si a eso le sumamos altos niveles de informalidad, de digitalización del trabajo y otros ingredientes, el resultado es que los trabajadores están lejos de la sindicalización. Lo colectivo es una de las cosas más golpeadas y no se ha revertido. Cada gobierno sólo profundizó las reformas y los techos son cada vez peores”.
–¿Qué beneficios dijeron que tendrían los trabajadores con esas modificaciones y qué terminó ocurriendo?
–Toapanta Ventura: Los empresarios viven diciendo que el salario en dólares del Ecuador es de los más altos de la región y que las condiciones laborales individuales son muy costosas para los empresarios. Acá hay una jornada laboral máxima de 40 horas a la semana, ocho horas diarias, tenemos pagos de horas extras al 100%, horas suplementarias el 50%, hora nocturna que empieza a las 6 de la tarde, tenemos quince días de vacaciones y a partir del quinto día un día adicional de vacaciones. Parte del derecho individual permanece, aunque ha costado mucho. Todos los años, los empresarios dicen que lo que va a salvar la economía es la flexibilización de las relaciones laborales para que puedan contratar más. Agregan que nuestro marco jurídico es muy protector de los derechos laborales y que el sistema requiere mayor flexibilización para poder contratar más y dar más empleo, lo cual es una mentira. Pero, además, es un argumento deshonesto porque lo que buscan es ahorrarse dinero a costa del salario y de la vida de los trabajadores. Han promovido ideas que promueven una tremenda situación de precariedad e inestabilidad para el trabajador.
–Nada distinto a lo que ocurre en Argentina.
–Toapanta Ventura: El discurso es el de siempre: buscan una supuesta mayor flexibilidad para contratar porque aseguran que los costos de contratación son caros, pero en Ecuador tenemos más de cuarenta formas contractuales, algunas a plazo fijo, otras que permiten pagar el proporcional del salario por el tiempo trabajado o muchas -incluso- no tienen indemnización al terminar el contrato porque son a plazo fijo. Hay flexibilidad suficiente, pero para el empresariado nunca será suficiente porque preferirían tener una fórmula mucho más próxima a la esclavitud antes que tener un contrato de formalización laboral.
–¿Cómo quedaron los sindicatos a partir de este tipo de flexibilización laboral y la consecuente pérdida de derechos?
–Toapanta Ventura: Si bien la organización sindical no llega al 3%, al momento de hablar de condiciones laborales cualquier persona trabajadora se moviliza porque entiende que se afectará su salario, su jornada, su descanso y porque si ahora es difícil tener trabajo y llegar a fin de mes, luego podría ser peor. Más allá de la organización sindical, cuando ocurren estas cosas la gente se moviliza y piensa en sus propias condiciones de trabajo. Si bien se logra movilizar ante la violación de derechos laborales, sigue existiendo una gran lejanía y prejuicio estigmatizante con los sindicatos porque las condiciones fácticas y jurídicas han debilitado al movimiento sindical ecuatoriano. Y eso hizo que solo un pequeño sector de la población se sienta representado y movilizado por los gremios. La otra parte de la población, a pesar de que está lejos, se siente próxima cuando hay que defender los derechos laborales. Y ahí juega mucho la articulación de todas las organizaciones sociales como el movimiento estudiantil, indigenista, los jubilados, los movimientos feministas y los ambientalistas porque todos juntos se movilizan por la defensa de los derechos laborales y la seguridad social.
–Sin embargo, el movimiento sindical ecuatoriano sigue siendo un movimiento que se pone al hombro la lucha de todos los trabajadores.
–Toapanta Ventura Sí. Obvio que hay una gran diferencia entre defender los derechos por cuenta propia o a través de una organización sindical. Lamentablemente, en Ecuador, la defensa de los derechos laborales no pasa por el sindicalismo porque no logramos tener sindicatos dentro de los lugares de trabajo debido a las restricciones fácticas y jurídicas existentes. Sin embargo, hay que destacar que ninguna reforma que debilite derechos laborales y sindicales puede presentarse honestamente como una solución para los problemas estructurales de un país. Por eso los exhorto enfáticamente a rechazar la legalización de la precarización y la explotación laboral. Desde Ecuador, nos solidarizamos y acompañamos la lucha de las y los trabajadores y las organizaciones sindicales de Argentina.