Las encuestas muestran un empate con Flavio Bolsonaro, el hijo del expresidente ultraderechista encarcelado. La reforma laboral, contraria a la mileísta, avanza pese a la oposición, mientras se reenciende la lucha indígena por la tierra.
Hay que confirmar una mala, mala en serio, para nuestros vecinos brasileños: haciendo la plancha, sin plataforma, discutiendo con sus aliados y creando grietas en la derecha, Flavio Bolsonaro está alcanzando al presidente Lula da Silva.
Ya había una encuesta suelta que mostraba este despunte, una solita que invitaba a no darle bolilla. Pero esta vez fue la respetada y bien grandota Datafolha, la empresa de estudios de mercado y encuestas del diario Folha de Sao Paulo, que anunció el mismo resultado. La Datafolha tiene alcance nacional y una historia de dar en el blanco, con lo que encontrar que Lula tiene un 46 por ciento de intención de voto y Flavio un 43, es preocupante de verdad.
Para peor, la medición para una segunda vuelta da todavía más cerca, con el presidente con un 46 y el senador e hijo del golpista encarcelado con un 45. El rechazo a Lula llega al 49 por ciento y un cuarenta redondo ve mal o muy mal su gestión.
Faltan siete meses para las elecciones y la grieta en Brasil parece seguir exactamente igual que en 2022, cuando Lula le ganó por puntos a Jair Bolsonaro. Aunque los argentinos nos muramos de envidia, los brasileños siguen inconformes con la economía y las espléndidas políticas sociales del PT, que sacaron al país del Mapa Mundial del Hambre y bajaron el desempleo a niveles nunca vistos, parecen no alcanzar.
Anecdóticamente, hay furcios entendibles, como el error de Lula de participar del carnaval-homenaje de la escola Académicos de Niteroi, rechazado por un notable 71 por ciento de los encuestados. Y hay ataques sucios, aunque eficientes, como el de la Comisión Parlamentaria de Investigaciones que anda tratando al hijo de Lula, O Lulinha, como si fuera el peor lavador de dinero de la historia nacional, pese a que el hombre hasta ofreció que le revisaran teléfono, computadora y cuentas bancarias. Es de un caradurismo calibre Bullrich, con tanto político y funcionario bolsonarista investigado y hasta preso por maniobras financieras…
Pero nada de esto altera el fatal mapa electoral brasileño, una constante desde la era imperial. El Norte y el Nordeste muestran doce estados donde el PT gana por porcentajes fastuosos, de hasta el 76 por ciento. El oficialismo tiene una base muy fuerte en esa región, donde gobernadores y legislaturas son petistas o aliados electorales.
Pero el Sur y el Suroeste son sólidamente bolsonaristas, otros doce estados donde Lula perdió o ganó por casi nada. La enorme diferencia es que la población se concentra en estos estados, que incluyen a las mayores economías del país y las mayores ciudades. Quedan otros tres estados, mínimos, que no caen en esta gran división.
Por eso la estrategia, siempre problemática, de arrastrar la mayor cantidad de votos en los estados donde uno sabe que va a perder, como San Pablo o Río, donde Bolsonaro ganó en 2022 con 55 y 56 por ciento, respectivamente. El truco fue que el 45 y 44 que le salió sobrando a Lula alcanzaron, junto a las enormes mayorías nordestinas, para elegirlo… por puntos. El nudo gordiano es una muy pequeña franja de votantes, independientes, que definen el resultado.
Si se le suma al panorama la fuerte tradición localista de Brasil, donde cada estado tiene su oligarquía, sus “coroneles”, y el votante está acostumbrado a mirar por un lado a los presidenciables y por otro al candidato local, el berenjenal se complica. Hay que ser muy fuerte para ser presidente, porque aunque se gane hay que gobernar con una constelación de bloques parlamentarios y gobernadores diversos.
La reforma
Pero mientras tanto hay que seguir gobernando, si es posible ganando votos. Lula tuvo un 2025 en el que tuvo que ocuparse de la política internacional, tema que le gusta pero se le puso urgente con la vuelta de Donald Trump. El problema es que, como decía el muy veterano -y astuto- Ulysses Guimaraes, la política internacional te da votos en Burundi, pero no en Brasil.
No extraña que el gobierno esté invirtiendo energía y capital político en un proyecto de reforma laboral que es a la de Javier Milei lo que la materia es a la anti materia. En el centro del proyecto de ley está la eliminación de la “escala 6×1”, reduciendo la jornada laboral a 36 horas y con dos días de descanso seguidos como una obligación. La prensa y las entidades empresarias, para variar, están anunciando poco menos que la extinción masiva de la economía del país. Es notable: el economista Naercio Menezes Filho, de la Universidad de San Pablo, comparó los argumentos contra el proyecto con los usados en 1888 contra la abolición de la esclavitud, los de 1936 cuando se creó el salario mínimo, los de 1943 cuando se impusieron las vacaciones pagas, de 1962 cuando se creó el aguinaldo, de 1988 cuando se redujo la jornada semanal de 48 a 40 horas, y de 2013 cuando se legislaron los derechos del personal doméstico. Menezes descubrió que son básicamente los mismos argumentos, profecías de ruina empresarial que no se cumplieron.
El economista hasta explicó por qué nadie se arruina, y no es ni por eficiencia ni por magia. Los precios no aumentan pese a los supuestos nuevos “costos” laborales, porque el empresariado brasileño siempre paga menos, bastante menos, de lo que producen sus empleados. Hay un cómodo colchón de ganancias, una plusvalía, que permite absorber sin problema cualquier costo nuevo, cualquier modificación legal. Y agrega Menezes, junto a varios otros economistas, el nuevo “costo” se calcula en apenas un punto porcentual de las ganancias reales de la industria y el comercio, los sectores que más emplean.
Mientras, la derecha trata de bloquear el proyecto del gobierno empapelando el Congreso con otros proyectos similares pero no tanto, cosa de taponar el despacho en comisiones. El gran argumento con que critican la idea oficialista es que los brasileños trabajan poquito, apenas cuarenta horas por semana. Es un número falluto, ya que pone en la misma bolsa al empleado regular, formal, con el desempleado que sobrevive con changas. Un cálculo serio dice que al menos el 14 por ciento de la población económicamente activa está “desperdiciada” por no encontrar trabajo regular.
El debate, de todos modos, lleva agua al molino de Lula y el progresismo. Es un debate que le llega al bolsillo al votante y puede servir para difundir una idea-fuerza: hay quien te cuida, hay quien no.
Por la tierra
Una de las tantas cosas que Jair Bolsonaro puso en el freezer por cuatro largos años fue la devolución de tierras a las comunidades indígenas. La re-reelección de Lula significó la retomada de un proceso de justicia que se venía llevando desde su primer gobierno con una energía ejemplar. Al contrario que tantos gobiernos argentinos, de todos los colores, el brasileño se toma en serio devolverle con escrituras y títulos la tierra a las Primeras Naciones. En apenas tres años, Lula firmó 21 restituciones a diversas naciones y comunidades.
En noviembre, el gobierno federal reasignó formalmente 28.000 hectáreas al pueblo pataxó que habían sido ocupadas por hacendados en el sur del estado de Bahía. Los lonkos recibieron los papeles, los ocupas la notificación para que se vayan, pero se quedaron y contrataron más guardias armados, como es tradición en ese sector económico. Los indígenas denunciaron que los matones armaron una barricada en el camino principal de acceso a las tierras, y prohibieron el acceso. Una familia usó otro camino y fueron agredidos a balazos, les quemaron el auto y terminaron presos acusados de iniciar el tiroteo en el que terminaron heridas dos turistas gaúchas que pasaban cerca rumbo a un balneario.
Según la policía local, los doce indígenas detenidos tenían dos carabinas y un revolver, con bastante munición. Según los lonkos, es un armado de los hacendados con complicidad del comisario local. Fue un escándalo y la justicia local liberó a todos los detenidos menos al cacique Mandy, acusado de asociación ilícita. El gobierno federal mandó policías para controlar la situación, que generó protestas de las comunidades indígenas, y separarlas de los matones privados. El ministerio de Justicia, que opera directamente en el tema de reasignación de tierras, anunció que las fuerzas nacionales de seguridad están para combatir “la violencia ilegal de las milicias privadas”.