Los bombardeos de los Estados Unidos e Israel ya produjeron una catástrofe humanitaria. Las bombas israelíes sobre el Líbano causaron sólo en las últimas dos semanas el desplazamiento de 800 mil personas. ¿Y sí el fenómeno se repitiera en Irán, que tiene más de 90 millones de habitantes?
En el muy oneroso costo humano de la conflagración de los Estados Unidos e Israel con Irán hay contabilizar también a los potenciales refugiados y desplazados que todo conflicto bélico genera. No solo de inflación, escasez de petróleo y ácido sulfúrico vive el remordido y proceloso despelote global.
En el reporte de la Agencia de Asilo de la Unión Europea (AEUE) se advierte que “el desplazamiento iraní hasta ahora ha sido limitado (solo 8.000 solicitudes de asilo en la UE+ en 2025, ocupando el puesto 31), pero la magnitud del riesgo potencial es significativa. Con una población de aproximadamente 90 millones, incluso una desestabilización parcial podría generar movimientos de refugiados de una magnitud sin precedentes. El desplazamiento de tan solo el 10 por ciento de la población iraní rivalizaría con los mayores flujos de refugiados de las últimas décadas. Si bien este escenario sigue siendo muy especulativo y está vinculado al uso de Turquía como país de tránsito, los observadores consideran cada vez más la crisis en Irán como un riesgo importante y a largo plazo, cuyo pronóstico sigue siendo muy incierto”.
El ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) estima que hacia finales de junio de 2025, la fecha más reciente en la que hay información disponible, 117,3 millones de personas se habían visto forzadas a huir de sus hogares en todo el mundo a causa de la persecución, el conflicto, la violencia, las violaciones de los derechos humanos o acontecimientos que perturbaban gravemente el orden público.
De ese total, siempre de acuerdo al ACNUR, había casi 42,5 millones de personas refugiadas. Además, había 67,8 millones de personas desplazadas dentro de las fronteras de sus propios países (personas desplazadas internas, PDI) y 8,42 millones de solicitantes de asilo. “También hay 4,4 millones de personas apátridas, a quienes se les ha negado una nacionalidad y carecen de acceso a derechos básicos como educación, atención médica, empleo y libertad de movimiento”, contabiliza el organismo de la ONU, hace un balance de situación y grafica que es “un momento en el que más de 1 de cada 70 personas en la tierra se ha visto forzada a huir”.
La observación de la AEUE fue vertida semanas antes que se pusiera en marcha “Furia épica”. Daba cuenta del anterior ataque que a fines de 2025 Estados Unidos e Israel lanzaron contra las instalaciones nucleares iraníes. Además ni bien despuntó 2026, Irán se sacudía por la sangrienta represión que se desató para enfrentar la agitación nacional vinculada al colapso económico y la coerción política.
El informe anual insignia del ACNUR “Tendencias globales en desplazamiento forzado”, de hace un par de años destacaba respecto del territorio hoy en conflicto que las “estimaciones del número de refugiados procedentes de Afganistán aumentaron considerablemente a finales de 2022 debido a la revisión de las estimaciones de afganos acogidos en la República Islámica de Irán tras un recuento realizado por el Gobierno. Con más de 3,4 millones de refugiados y poblaciones similares a los refugiados, Irán se convirtió en el segundo mayor país de acogida de refugiados a nivel mundial, después de Turquía. Además, Irán acoge a más de 1,1 millones de afganos de diversa condición, entre ellos 360.000 con permisos de residencia iraníes, 267.000 titulares de pasaportes familiares y 500.000 afganos indocumentados”.
Otra cara del pequeño botón de muestra sobre refugiados es el de las siete integrantes de la selección femenina de fútbol iraní a las que se les concedió asilo en Australia el martes-seis jugadoras y una integrante del personal de apoyo-, tras negarse a cantar el himno nacional durante la Copa Asiática de fútbol celebrada allí.
Desde ese hecho puntual se atisba la inestabilidad política en aumento del territorio persa. Cuando se aplaque la “Furia épica” (en verdad: ¡qué infatuación ridícula!) y se haya disipado el humo de las armas letales, la República Islámica de Irán lo más probable es que siga a los tumbos, sin saber hacia dónde ir, y si sabe, sin poder para superar la mala hora que ya empezó a correr y correrá en función de la incierta duración del conflicto.
La naturaleza de este imbroglio, en que los atacantes dan la impresión de no saber cómo sacar la pata que metieron, es relatado por Mark Mazzetti, Tyler Pager y Edward Wong en el New York Times informando que los funcionarios estadounidenses involucrados directa e indirectamente en el conflicto “han tenido que ajustar los planes sobre la marcha, desde ordenar apresuradamente la evacuación de las embajadas hasta desarrollar propuestas de políticas para reducir los precios de la nafta (…) Dentro del gobierno, algunos funcionarios se muestran cada vez más pesimistas ante la falta de una estrategia clara para terminar la guerra. Sin embargo, han tenido cuidado de no expresarlo directamente al Presidente, quien ha declarado repetidamente que la operación militar es un éxito rotundo”.
En esta perspectiva de debilitamiento y fragmentación del poder estatal iraní, sería practicante un milagro que haya una diáspora acotada.
El contexto
Como todo esto de la potencial explosión de refugiados viene con premio, el año 2025 en su conjunto se caracterizó por una drástica contracción para este colectivo de la financiación humanitaria mundial. Se redujo aproximadamente un 30 por ciento en comparación con el año anterior. El cierre de importantes programas de ayuda y la reducción de las iniciativas humanitarias y de desarrollo financiada por Estados Unidos en diversas regiones redujeron el apoyo a los Estados frágiles y a las poblaciones afectadas por el desplazamiento.
ACNUR reportó una fuerte caída de su financiación, lo que resultó en el cierre de numerosas oficinas en todo el mundo y la pérdida de aproximadamente 3.500 puestos fijos, además de cientos de puestos temporales. Estas reducciones se tradujeron en importantes recortes operativos, limitando la capacidad de la agencia para responder a emergencias y dejando a millones de personas desplazadas en mayor riesgo. La OIM (Organización Internacional para las Migraciones) también reportó importantes déficits de financiación con graves repercusiones para las comunidades migrantes vulnerables.
Para no desentonar con el clima de época y siguiendo con el espíritu antinmigrantes del accionar sangriento -ahora frenado- del ICE (United States Immigration and Customs Enforcement: Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos), el gobierno de Trump solicitó –de emergencia- el miércoles a la Corte Suprema que le permitiera finalizar un programa que protege a millones de haitianos de la deportación. En febrero, el gobierno de Trump solicitó lo mismo pero para los refugiados sirios. La Corte aún no se expidió.
El pedido a la Corte Suprema sobre los haitianos y los sirios obedece a que un fallo emitido por un tribunal inferior prescribió que el gobierno de Trump había incumplido la ley al cancelar el TPS (Temporary Protected Status: Estatus de Protección Temporal).
El TPS fue una iniciativa del Congreso sancionada en 1990. Mediante este instituto el gobierno puede darles estatus de refugiados a migrantes -que ya se encuentran en Estados Unidos- provenientes de países que enfrentan desastres naturales, conflictos armados u otras crisis que hacen que las condiciones en esos países sean particularmente peligrosas. Las condiciones para que pueden permanecer temporalmente se renuevan si permanecen las situaciones que hacen inseguro su regreso. Cuando un país pierde la designación de TPS, sus ciudadanos pierden su estatus legal y pueden ser deportados.
La administración Trump enmarca esta iniciativa de aumentar las deportaciones en el objetivo del Departamento de Seguridad Nacional, que ha anunciado que cancelará el programa para millones de personas de Haití, Venezuela y varios otros países. La justicia falló a favor de la administración Trump en el caso de los 300.000 venezolanos que estaban amparados en el TPS y le dejó las manos libre para deportarlos. Bajo el TPS hay 350.000 haitianos que viven y trabajan legalmente en Estados Unidos. Hay aproximadamente 50.000 sirios residiendo como refugiados del TPS.
Desconfío
A principios de enero de este año Richard Edelman, mandamás de la consultora homónima de opinión y relaciones públicas cuyos clientes son las grandes corporaciones multinacionales, deduce desde los datos que arroja el Edelman Trust Barometer 2026, que “el setenta por ciento de nuestros 37.500 encuestados en 28 países ahora no está dispuesto a confiar en alguien que tenga valores, información, experiencias de vida o antecedentes diferentes. Esto es cierto en todos los niveles de ingresos, género, grupos de edad, mercados desarrollados y en desarrollo.
Para Edelman “Estamos eligiendo un ecosistema cerrado de confianza que impone una visión limitada del mundo, un estrechamiento de opiniones, estasis intelectual y rigidez cultural. La desconfianza es el nuevo instinto predeterminado; solo un tercio de los encuestados nos dice que se puede confiar en la mayoría de las personas. Los encuestados insulares tienen una confianza significativamente menor en instituciones dirigidas por alguien diferente a ellos en cualquier aspecto (-28 puntos o más). Nos estamos retirando del diálogo y el compromiso. Optamos por la seguridad de lo familiar frente al riesgo percibido de la innovación. Preferimos el nacionalismo a la conexión global. Elegimos el beneficio individual sobre el avance común, el Yo sobre el Nosotros”.
“Las preocupaciones sobre la movilidad económica descendente y la pérdida de empleos debido a la globalización han incrementado la polarización política. La Covid-19 generó dudas sobre las disposiciones gubernamentales y escepticismo sobre la ciencia, provocando una batalla existencial por la verdad. Las tensiones geopolíticas han llevado al nacionalismo, la hostilidad hacia los acuerdos globales y una reorientación de los flujos comerciales”, enlista el barómetro de Edelman.
Estas circunstancias de la opinión pública mundial hacen el campo orégano para la demagogia nativista anti inmigrante.
Moral y buenas costumbres
“Nos estamos volviendo inflexibles, intolerantes e incoherentes en nuestros capullos. Los riesgos para la sociedad derivados de cambios bruscos en el sentimiento popular y el rechazo a la innovación son reales. La certeza moral debe dar paso a la creencia en el futuro”, recomienda Edelman Trust Barometer 2026.
El vértice del Ejecutivo argentino tiene fe en lo contrario. En la apertura del 144° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el Presidente Javier Milei dijo que “A partir de ahora y por voluntad de los argentinos que así lo expresaron en las urnas, tenemos la fuerza para empezar un nuevo capítulo de la historia argentina (…) Un cambio de época que puede resumirse en un concepto central, que es el que guía nuestra conducta y que es el núcleo conceptual de lo que quiero hablarles hoy aquí, en esta apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias de nuestro Congreso Nacional: la moral como política de Estado (…) Quiero ser claro en esto: en nuestra visión existe un claro orden de mérito. En primer lugar, están la ética y la moral en base a los valores de Occidente (…) La era de la cooperación global sin brújula moral ha terminado (…) La verdadera batalla de nuestro tiempo es cultural, filosófica y moral”.
¿Será que Edeman teme que el Gólem se descontroló y, en cambio, los libertarios quieren usar a favor ese descontrol del muñeco? Años y años de acción psicológica para trasmutar en alienación práctica los verdaderos motivos de la lucha de clases hicieron germinar reclamos morales en lugar de los muy racionales y medibles intereses económicos. Mejor, entonces, la alienación de las cuestiones morales que, en definitiva, rinden lo mismo pero son más baratas. Pero nada es sin consecuencias.
Este proceso o, mejor dicho, sus consecuencias lo registra un trabajo presentado en la edición de hace un par de años de la revista académica Political Psychology, cuyos autores –Charlie R. Crimston, Hema Preya Selvanathan y Jolanda Jetten– lo titularon: “La polarización moral predice el apoyo a los líderes autoritarios y progresistas fuertes a través de la descomposición percibida de la sociedad”. En una serie de tres estudios, los investigadores encuestaron a 486 personas del Reino Unido, 383 de Australia y 396 los Estados Unidos en un entorno bipartidario. Los autores afirman que su investigación es la primera que brinda evidencia de los vínculos causales entre la división moral percibida en la sociedad y el deseo de elegir líderes extremos como una posible solución. Una mayor polarización moral predice un mayor apoyo a los líderes fuertes a través de la anomia percibida en la sociedad.
Sobre el particular, vale considerar un par de opiniones volcadas en una larga entrevista realizada hace unos años, por la New Money Review, al académico de los medios Andrey Mir, autor de Postperiodismo y la muerte de los diarios (Postjournalism and The Death of Newspapers). Mir señala que “durante todo el siglo XX la publicidad generó entre el 70 y el 80 % de los ingresos de los medios. Aproximadamente a partir del 2000, los medios empezaron a perder su publicidad y su audiencia en Internet. Y desde aproximadamente 2014 ocurrió un evento sísmico simultáneamente en todo el mundo: los ingresos por publicidad se desplomaron por debajo del nivel de los ingresos por lectores. Los medios empezaron a depender del dinero de los lectores, no de los anunciantes (…) Un sistema de medios basado en los ingresos publicitarios genera la manufacturación del consentimiento. Un sistema de medios basado en solicitar el apoyo de la audiencia genera ira. Los medios de comunicación impulsados por anuncios produjeron clientes felices. Los medios de comunicación impulsados por los lectores producen ciudadanos enojados. El primero sirvió al consumismo. Este último sirve a la polarización”.
Oportunidad
En esta atmósfera toxica de opinión pública y publicada, el sentimiento antinmigrante están en la orden del día de todas las naciones receptoras –e insólitamente alguna que otra emisora- en tanto alrededor de dos tercios de la población mundial vive en países con tasas de fecundidad inferiores al nivel de reemplazo de 2,1 hijos por mujer.
En el último medio siglo la tasa de fecundidad se ha reducido a la mitad en las economías ricas, el número de personas en edad laboral en muchos de estos países ya está disminuyendo o se prevé que lo haga pronto. Esta contracción de la fuerza laboral tradicional se produce incluso cuando la esperanza de vida se ha prolongado drásticamente. Poblaciones envejecidas y declinantes necesitan inmigrantes, para sostener el crecimiento.
En 1936, Lord John Maynard Keynes con su “Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero” transformó el debate sobre política económica a nivel mundial. Keynes reformuló el desempleo no como un síntoma de un fracaso del mercado laboral, sino como una demanda insuficiente en la economía en su conjunto. Noventa años después la visión contraria inspiró la reforma laboral argentina y anda situada entre los pliegues del sentimiento antinmigrante del electorado. Tanto hemos retrocedido. Es como volver a creer que los planetas giran en torno a la Tierra.
Las corrientes migratorias comunes y corrientes son una oportunidad para el crecimiento de los países receptores. Las engordadas por los eventuales refugiados refuerzan esa saludable tendencia. Por lo general, los electorados están en la vereda de enfrente y no quieren saber nada con incentivar la inmigración o el refugio y desean lo contrario.
La OCDE estima que en los años hasta 2060, los cambios demográficos –declinación poblacional y envejecimiento- frenarán drásticamente el aumento del nivel de vida en una serie de países ricos, suponiendo que se mantengan las tasas de crecimiento de la productividad pasadas. ¿Qué le espera a la Argentina enfrascada en una lucha moral?