Aún con pocos proyectos en marcha, la existencia del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) plantea varias cuestiones referidas al modelo de país que pretende implementar la gestión libertaria. Es materia de un debate nacional sobre el diseño económico social del futuro argentino.
Tómense estas breves reflexiones como una aproximación no técnica a la cuestión clave sobre cómo nuestras clases dirigentes se plantean el futuro productivo del país.
Es un ámbito de operaciones de negocios plagado de lugares comunes y encerronas ideológicas que van desde la burda opción entre economía abierta o cerrada hasta sofisticadas sublimaciones financieras (que provienen desde la banca mundial establecida, últimamente J.P.Morgan, años atrás Citi Bank y otros, pero que abarcan hasta el aventurerismo estafador como $LIBRA).
Se trata de cuestiones que pasan por no pocos callejones distractivos que cambian al compás de los lobbies que cada tanto desembarcan en estas playas con proyectos de diverso pelaje, rigor o fantasía, por caso el recordado tren-bala que uniría Buenos Aires con Rosario.
Un terreno enorme para delimitar, pero que resulta ineludible en las condiciones en que se desmantela, hacia su primarización, la estructura económica argentina.
Por lo pronto, no es un debate franco ni sus aspectos esenciales son demasiado visibles. Está permanentemente cruzado por los intereses existentes, en puja local en cierta medida, y fuertemente determinado por las operaciones que se realizan continuamente (préstamos, pases, salvatajes, carry trader u otros mecanismos), como injerencia o intervención desde los centros financieros mundiales y sus operadores in situ, lo cual añade dificultades y exigencias para su vivisección analítica
Se trata entonces de una materia oscura para el común de los mortales, incluyendo algunos inversores habituales en mercados paupérrimos. Por algo se dice recurrentemente que nuestro país no tiene un verdadero mercado de capitales que pueda financiar una expansión sostenida.
Primera contradicción
Que un gobierno que se dice libertario o, algo ya apaciguado, al menos pro mercado ,recurra a un régimen para promover inversiones de magnitud es de hecho una contradicción, porque debería suponerse que si existe capital de riesgo disponible a escala mundial es justamente aquél que está en mejores condiciones para analizar oportunidades de inversión a una escala que queda fuera del alcance para los emprendedores locales.
No requeriría, al menos en teoría, ayudas por parte de los Estados nacionales, tan menospreciados (a los que se recurre todo el tiempo dada su condición institucional/legal que le atribuye potestad administrativa).
Así, pues, de hecho funciona en todas partes y lo hacen en las que se conocen habitualmente y dan de vivir a las bolsas de valores d’otre mer. Tal la diferencia entre dichos y hechos y las intencionalidades declaradas buscando imponer interpretaciones a los acontecimientos que ellos, luego, se empeñan en corregir.
Una cosa es el discurso, envolvente y justificador ideológico, y otra el conjunto de prácticas que constituyen la vida de la sociedad y sus instituciones. El poder pone empeño en administrar la burbuja interpretativa a cualquier costo persiguiendo mantener la dispersión de fuerzas con el objetivo de que no se le desalineen en su contra.
Para lograrlo, tiene que cambiar de argumentos y sintonías en forma continua por el rápido desgaste de cada bluff o martingala que diseñen los trajinados ingenieros del caos.
Como la política económica contractiva del mercado desalienta la inversión, aparece el RIGI, poniendo en evidencia que no se trata de un modelo virtuoso que tenga dinámica expansiva. Hay que darle oxígeno artificial, oh pecado de libertarismo.
Segunda contradicción
La dirección a la que apuntan estos incentivos es contraria al despliegue de las múltiples capacidades que tienen la sociedad y la economía argentinas.
Persigue el desmantelamiento de lo que existe con el pueril e inaplicable argumento de la destrucción creativa de cuño schumpeteriano. No aplica, es una diversión.
Teníamos una sociedad industrial a medias y ahora van en la dirección de su desmantelamiento. El eje en la actividad extractiva brinda la clave de este propósito.
No hay razón alguna para ello como no sea la subordinación a planes imperiales del trumpismo que busca reinstalar dentro de las fronteras estadounidenses las actividades que perdió durante los años locos de la globalización deslocalizadora.
Al nacionalismo neocolonialista de segunda generación de Trump le importa el control de materias estratégicas como los hidrocarburos (de allí la operación sobre Venezuela y el Golfo) o las tierras raras donde los chinos son por ahora y al parecer por bastante tiempo más los grandes proveedores.
Si es un proyecto de recuperación de la hegemonía de la segunda posguerra que resulte sustentable se verá con el tiempo. No parece fácil de imponer con la potente proyección de China y el resto de los BRICS. En principio, aquel mundo ya no regresará y el que viene será más diverso y multipolar.
Allí encaja, aunque en desmedro de los intereses del pueblo argentino, el proyecto extractivista de achicar el crecimiento (ya que no el desarrollo más completo de nuestro potencial) en la minería, el agro y los combustibles para la exportación, fundamentalmente gas con el mínimo de valor agregado.
Renunciar a la petroquímica no sólo es retrógrado en términos conceptuales, es sobre todo un pésimo negocio que se pone en evidencia con el cierre del estrecho de Ormuz para el circuito de transporte que no va a China.
Es absurdo que, siendo un país de base agrícola y con abundante gas en sus estructuras geológicas, no tengamos una potente industria de fertilizantes para consumo interno y exportación.
Esta contradicción sólo se explica por los intereses importadores de insumos que se proveen desde el exterior. Con el precio de la úrea, granulada (factor clave para incorporar nitrógeno al suelo y disparado ahora por encima de los 800 dólares la tonelada) las importaciones desde Arabia Saudita, Quatar y Emiratos Árabes debilitan nuestro balance de comercio exterior agrícola.
Tercera contradicción
Por último, tenemos una cuestión más estructural para invitar a la reflexión de estos temas claves para el futuro de nuestro país. Se trata de cómo nos insertamos en el mundo de un modo virtuoso, es decir, mejorando sostenidamente las condiciones de trabajo y calidad de vida del pueblo argentino.
En los antecedentes del diseño de la Argentina Moderna que forjó la Generación del 80 fuimos primero proveedores como colonia española y contrabandista de cueros y tasajo desde una lejana periferia, luego a mediados del siglo XIX exportadores de lanas en la primera gran expansión agrícola (ferrocarriles, alambrados y puertos) y posteriormente, en grandioso despliegue, de cereales y carnes, ya plenamente articulados a los intereses del Imperio Británico.
Una prosperidad que sorprendió al mundo y tenía su destino acotado en el tiempo en la medida en que los países que más crecían lo hicieron ampliando su base industrial, lo cual aquí era considerado algo despreciable, tanto por Julio Argentino Roca como por Juan B. Justo, con distintos argumentos, incluyendo una insólita solidaridad con los molineros belgas y franceses.
Tras la crisis mundial de los treinta seguimos andando a tientas y en la oscuridad de un proyecto nacional carente de un futuro de grandeza. La ISI (Industrialización Sustitutiva de Importaciones) fue mucho más una consecuencia de factores locales y externos que una política real y planificada sobre la que hubo después mistificaciones académicas para todos los gustos, excepto desentrañar su carácter improvisado.
Ello no impidió que durante años se hicieran estudios y se formularan advertencias enjundiosas que señalasen los problemas en su esencia, como es del caso citar a Alejandro Bunge y sus indagaciones sobre la economía argentina, pero que no se plasmaron en políticas gubernamentales y mucho menos en proyectos integradores y fortalecedores de la sociedad argentina y su economía.
Nos industrializamos a medias, creando el primer proletariado industrial en América Latina, de donde surge el peronismo.
Y con ello aumentó la dependencia externa de insumos para alimentar esa industrialización incompleta. Sobre todo de combustibles, llegándose a comprometer en ello dos tercios de las importaciones totales.
Ante esta evidencia, Perón en 1955 intenta resolver la cuestión explotando los recursos propios con el concurso del capital extranjero negociando el contrato con la Standard Oil de California.
Años de nacionalismo retórico habían hecho de YPF un monstruo sagrado que no se podía tocar y el Congreso de la Nación no llegó a tratar el proyecto. Pero fue un antecedente clave para que se pudiera dar en 1958 la batalla del petróleo durante el gobierno desarrollista que permitió alcanzar el autoabastecimiento en menos de cuatro años. En ese breve periodo YPF duplicó su producción propia y un tercio de tan formidable salto se hizo con la participación de compañías privadas que extraían el recurso por cuenta de la petrolera estatal.
Fue la última vez que hubo política petrolera plenamente nacional. Durante el alfonsinismo un tímido Plan Houston no logró despegar y en el menemismo hubo otro gran despliegue productivo, pero en el marco de la provincialización de los recursos y su alineamiento con los precios internacionales, no ya como palanca expansiva del conjunto de la economía nacional.
Si traemos a cuento estos datos históricos es para contribuir a un análisis hoy ausente: aquello que nos permite mejorar como un conjunto social. Hacer buenos negocios en algunos pocos nichos no significa necesariamente tener una sociedad avanzada y solidaria. Es la totalidad del país el que debe desenvolver sus capacidades.
De hecho, los países que se especializan como exportadores de bienes primarios con poco valor agregado siguen siendo, para su tragedia, profundamente subdesarrollados.
El RIGI no encaja como proyecto nacional. Puede implicar aquí o allá inversiones rentables para empresas extractivas (mineras o gasíferas exportadoras), movilizar algún índice de empleo y salario local en alza en la fase de la inversión inicial y, sobre todo, dejar impuestos a las administraciones provinciales siempre necesitadas de recursos, pero todo ello no puede ser presentado como avances generales y multiplicadores.
Esas aplicaciones de capital no expanden cadenas de valor, no amplían la cultura técnica y la provisión externa de tecnología genera nuevas dependencias.
Todo lo cual, merece debatirse. Esto recién empieza.