Algunos conciben la memoria de la dictadura sólo como una cuestión de conocimiento, sin relación alguna con las condiciones concretas desde las que cada uno interpela al pasado, le hace preguntas y extrae reflexiones. Martín Aguirre elige otro camino. Sugiere alejarse del voluntarismo o la apelación abstracta a la memoria. Subraya la necesidad de una dinámica de acumulación política, impulsada por una conducción estratégica que oriente los esfuerzos más allá de la inmediatez, y organizaciones que promuevan participación y formación en las bases. Sin estos pilares, dice, la conciencia se erosiona, se fragmenta o se vuelve reactiva.
- Represión y regresión
El golpe de 1976, además del quebrantamiento institucional y la consiguiente afectación de la vida política que trajo aparejada, significó la imposición sangrienta de un modelo antagónico al desarrollo endógeno que el país había ensayado durante décadas. Truncó el proceso de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) y bloqueó cualquier posibilidad de seguir los cambios productivos que en esa época comenzaban a reconfigurar el escenario global. El país fue así deliberadamente marginado de la ola expansiva que aprovecharon emergentes como Corea del Sur, Brasil o la China de Deng Xiao Ping.
Este nuevo modelo, comandado por Martínez de Hoz, buscó revertir la relación de fuerzas local entre trabajo y capital, y en conexión con ese mismo propósito, reorganizar las jerarquías empresariales. Para ello, había que revertir la participación ascendente de los asalariados en el ingreso nacional, licuar derechos laborales y debilitar al movimiento obrero, que se convirtió en uno de los blancos centrales de la represión.
Para que este retroceso fuera posible, era preciso eliminar la lógica resistencia que generaría. Dicho de otro modo: existió una relación funcional, no siempre tenida en cuenta en su justa medida, entre la acción del aparato represivo y la política económica. El resultado fue brutal: junto al asesinato de miles de compatriotas de toda condición y edad, y la perpetración de innumerables atrocidades y crímenes de lesa humanidad, en apenas tres años, nuestras trabajadoras y trabajadores ingresaron en un esquema de empobrecimiento y regresión difícil de encontrar hasta ese momento.
La ruptura no fue un paréntesis, sino el parteaguas que generó unas tendencias estructurales que persisten hasta el día de hoy más allá del restablecimiento del sistema democrático: desindustrialización; financiarización-endeudamiento; precarización laboral; desintegración social y territorial, pauperización; reprimerización; desnacionalización; concentración económica; debilitamiento del Estado y de las organizaciones sindicales; crecimiento volátil e insignificante.
Pero el verdadero “éxito” del modelo no fue la toma circunstancial del poder por parte de la Junta Militar, sino algo más perdurable: erosionar, en la batalla cultural, la conciencia sobre el valor estratégico de un proyecto endógeno basado en industrialización del país. Ese debilitamiento fracturó la base de cualquier proyecto alternativo al neoliberalismo y a la vez condicionó, una vez recuperada la democracia, la propia capacidad de modificar el rumbo económico impuesto por la dictadura. Como resultado, no poca dirigencia y militancia que incluso rechaza esas políticas, terminaron convalidando o aplicando medidas que las fomentan, resultan inocuas para enfrentarlas o —aún correctamente alineadas en el objetivo— las aplican sin la coherencia, potencia y velocidad necesarias para romper la inercia y avanzar en el cambio estructural. La derrota cultural del proyecto industrialista fue, acaso, la victoria más duradera del golpe de 1976.
2. La reivindicación de la dictadura
Al llegar al medio siglo del quebrantamiento institucional más atroz de nuestra historia, no pocos lo hacen en una situación de desconcierto y cierto desaliento. Es lógico. Algo que dábamos por incorporado, como una cláusula constitucional no escrita —la condena al terrorismo de Estado como patrimonio indiscutido, el recuerdo a las víctimas, el abrazo a sus familiares— hoy es terreno en disputa. Durante décadas, el repudio a la dictadura era el umbral mínimo de pertenencia a la comunidad democrática. Y hoy, se ha vuelto poroso.
El desinterés o el negacionismo ya no son marginales; ganan espacios en la esfera pública, en redes sociales, en declaraciones de figuras con altavoces masivos. Lo que antes era una posición confinada a los márgenes, hoy se expresa con desparpajo, sin la contundencia de la condena social que solía tener.
En ese vacío, la reivindicación de la dictadura —abierta o solapada— vuelve a circular, en ciertos sectores, como una opinión legítima más, y no como lo que es: una afrenta a las víctimas, un agravio a sus familiares y una amenaza a las reglas democráticas.
El porqué de este retroceso es una de las preguntas incómodas que cruza esta 50.º conmemoración. Y si no la enfrentamos con honestidad, si nos limitamos a repetir consignas sin entender porque se debilitó aquel consenso, corremos el riesgo de que la fecha nos encuentre desorientados mientras asistimos al desgaste continuo de nuestra memoria.
3.Martínez de Hoz perdura
Sin caer en simplificaciones, y reconociendo que esta merma en la memoria responde a causas variadas y complejas, debemos recalcar la conexión entre los puntos I y II y la situación actual de destrucción de nuestro Estado-Nación bajo este gobierno entreguista y empobrecedor.
Aquí sucede algo muy relevante: o no se asume que esos cambios estructurales provocados en sus inicios por el modelo económico de Martínez de Hoz perduran hasta hoy o, peor, aceptándolo, a renglón seguido se minimizan sus efectos y se cree que los avances en lo superestructural —o en la «batalla cultural»— pueden desenvolverse por sí mismos, con independencia de lo que ocurre a nivel económico y social. Si no se han dado cambios en el modelo de desarrollo, si las condiciones materiales siguen siendo insuficientes, ¿cómo esperar la expansión de derechos, mayor igualdad, integración y justicia social?
La experiencia sugiere que no. Sin un proyecto de desarrollo inclusivo que revierta la desindustrialización, la financiarización, la concentración económica y la pauperización de amplios sectores, cualquier ampliación de derechos se vuelve frágil e insostenible. Los derechos se expanden en períodos de fortalecimiento nacional y se erosionan con la pérdida de autodeterminación y exclusión estructural. La igualdad, la integración y la justicia social no pueden edificarse sobre la precariedad laboral, la reprimarización de la economía y un Estado debilitado: son el resultado de un sistema que genera empleo de calidad, ingresos distribuibles y capacidad de decisión nacional sobre el rumbo a seguir.
Así, la persistencia de las tendencias abiertas en 1976 explica tanto el estancamiento como la fragilidad material de los avances logrados. Mientras no se construya un proyecto alternativo, toda conquista en la superestructura será provisoria. Esto no implica abandonar la ampliación de derechos, sino anclarla en transformaciones concretas que solo un modelo soberano de desarrollo —con ventajas dinámicas e inclusión— puede garantizar. Sin ellas, los derechos no son conquistas, son concesiones que el próximo ajuste desmantela con relativa facilidad. A nuestra historia pasada reciente nos remitimos.
4- La memoria
¿Puede el nivel de conciencia —ese elemento subjetivo indispensable para dotar de fuerza a las condiciones objetivas— mantenerse elevado ante un ataque sistemático que busca el acoso, cerco y aniquilamiento de la conciencia nacional?
Puede. Pero no con voluntarismo ni apelación abstracta a la memoria. Requiere una dinámica de acumulación política, impulsada por una conducción estratégica que oriente los esfuerzos más allá de la inmediatez, y organizaciones que promuevan participación y formación en las bases. Sin estos pilares, la conciencia se erosiona, se fragmenta o se vuelve reactiva.
Se suele invocar la memoria, los derechos humanos, la democracia como si fueran entidades incólumes. Pero no existen por sí mismas.
La memoria no vive sin un sujeto -individual o colectivo- que la ejerza. No hay derechos humanos sin quienes los exijan. No hay democracia sin ciudadanía organizada que la sostenga y despliegue presión y control sobre sus representantes. Creer que las instituciones, los papeles, las leyes -o lo políticamente correcto- bastan es un engaño peligroso. Sin un sujeto colectivo organizado, todo se convierte en conmemoración vacía o a cargo de sectores muy delimitados.
¿Qué pasa cuando ese sujeto está en dispersión, sectarización, deshumanización o sobrevivencia física? La respuesta es brutal, igual que la violencia que significa la anterior caracterización: entonces la memoria se desvanece. Los derechos humanos quedan como buenas intenciones sin fuerza. La democracia, una cáscara vacía.
Si el sujeto está disperso, no basta con invocarlo. Si está en sobrevivencia física, no se le puede exigir que cargue solo con lo que toda la sociedad debería garantizar. Si la columna vertebral de la Nación, el movimiento obrero, más allá de los valerosos actos de resistencia, se reduce y debilita año tras año; si gran parte de la juventud no tiene futuro bajo esta dinámica, la memoria esta en cuestión más allá de los negacionistas.
La tarea entonces es preguntarnos cómo reconstruimos la base política y organizativa que nos ubique nuevamente sobre la senda de reconstrucción nacional, única garantía para que los principios sean una realidad efectiva y duradera. Porque si el sujeto político colectivo sigue fragmentándose, no habrá papel ni discurso que impida observar cómo el derrumbe continúa.
5. Y en memoria.
Bajo un esquema de represión omnipresente, bajo las armas en las puertas de las fábricas y las listas negras de las comisiones internas, los trabajadores de Luz y Fuerza van a la huelga (octubre 1976). Le seguirán La Cantábrica y la primera huelga general el 27 de abril de 1979. Todas aquellas y aquellos que nos fueran arrebatados, presentes en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos, en nuestros anhelos.