Ya Rafael Prieto abrió la discusión sobre la burguesía nacional. Y aquí llega el comentario de Caciabue. Dice que “en las condiciones concretas de la Argentina actual, el problema no radica en ‘convocar’ a una burguesía nacional que no existe como sujeto histórico consistente, sino en construir las condiciones materiales y políticas para que ese vacío no se traduzca en la parálisis de la derrota que ya estamos atravesando”. El debate sigue abierto.
En un contexto en el que la territorialidad argentina se encuentra atravesada por el dominio del gran capital transnacional, y a cincuenta años del último golpe de Estado, discutir la “burguesía nacional” sin zonceras constituye un punto de partida necesario. En “Discutamos sobre la ´Burguesía Nacional´ sin zonceras”, Rafael Prieto ordenó, con método, un debate que suele quedar atrapado en el moralismo de exigirle “patriotismo” al capital, como si la búsqueda de ganancia fuese un desvío corregible mediante apelaciones discursivas.
La tesis del analista es clara: el carácter “nacional” o “anti-nacional” no se define por la ideología, sino por la escala territorial en la que se valoriza el capital y por la capacidad del Estado para orientar ese proceso. Allí donde existe un marco de desarrollo, puede emerger (o fortalecerse) una burguesía de signo nacional. En cambio, allí donde predominan la desindustrialización, la apertura y la financiarización, esa fracción se desengancha, se trasnacionaliza o se reconvierte, todo por riesgo a su propia desaparición. El problema de una burguesía “local”, entonces, no es sólo su falta de conciencia “nacional”, sino de correlación de fuerzas y del marco que brinda nuestra peculiar formación socio-histórica.
Para comprender esa dinámica en la Argentina, es imprescindible dotar a la discusión de historicidad: la debilidad estructural de la burguesía industrial local, la persistente gravitación de la renta agraria y, sobre todo, la marca indeleble de 1976 como derrota estratégica de una formación social industrialista. Allí se reorganizaron el poder y el valor en torno a un nuevo patrón de acumulación, la valorización financiera, que no fue el resultado de un ajuste tecnocrático, sino de una verdadera guerra social. El resultado fue un Estado reconfigurado para disciplinar al trabajo, transferir ingresos y reordenar el mando político al interior de las élites dominantes, cuyas consecuencias siguen estructurando el presente.
La burguesía “nacional”
Prieto discute muy bien el error habitual de imaginar que existe, en algún lugar, una burguesía “buena”, nacionalista, solidaria, dispuesta a sacrificar ganancias por “la patria”, asumiendo que la tarea política consistiría en “convencerla” o “exigirle” que cumpla su destino. Esa espera suele terminar en frustración recurrente, porque el capital no funciona por gratitud, sino por interés.
En Argentina, incluso cuando hubo industrialización, el bloque empresario que podía jugar un rol “nacional” fue históricamente débil, económica y políticamente, frente a otras fracciones dominantes.
La economía argentina se organizó desde el origen y durante largas etapas alrededor de la extraordinaria renta diferencial agraria de la región pampeana. Esa renta es un hecho material, que estructuró alianzas, conflictos, presiones devaluatorias, y un sentido común “primarizador” que vuelve como fatalismo cada vez que los ciclos de industrialización no logran vencer la ya famosa “restricción externa”.
En ese sentido, hay un elemento fundacional que no puede omitirse: la élite económica argentina no nace como una burguesía productiva, sino como una burguesía esencialmente especulativa, extranjerizante y contrabandista. Su origen remite a una peculiar combinación entre una gran burguesía agraria -que consolidó su poder a partir de la expropiación del campesinado pobre, entre otros mecanismos mediante la Ley de Vagancia de 1815- y la burguesía comercial porteña, históricamente deseosa de emparentarse con los intereses de los “anglos” y “galos”. La base material de esa articulación fue la apropiación de una renta extraordinaria: la del ganado pampeano, que prácticamente “se producía solo” y que fue cercado, apropiado y explotado sin requerir grandes desarrollos tecnológicos ni esfuerzos productivos. Sobre esa base se configura una clase dominante cuyo horizonte no es la construcción de un proyecto nacional, sino la búsqueda de ganancia fácil y su inserción subordinada en circuitos de acumulación externos.
“Toda esta clase mercantil, cuyos apellidos de campanillas resonarán incesantemente en nuestra historia política, habíase ganado en la Europa de comienzos del siglo XIX un mote muy significativo: se la llamaba la ´pandilla del barranco´. Curioso nombre, en verdad, que tan bien calzaba a la burguesía comercial de la naciente ciudad-puerto”, afirmaría Jorge Abelardo Ramos en su obra “Las masas y las lanzas”.
Parte del gran capital local nunca fue “burguesía industrial”, sino una articulación entre renta diferencial de la tierra, comercio exterior, diversificación económica, finanzas, proteccionismo industrial, y contratismo estatal. Eduardo Basualdo lo definió con una precisión que molesta: En realidad, en Argentina emergió una “oligarquía diversificada” hacia la industria.
Es una denominación incómoda porque rompe la ilusión. No se trataba de un empresariado “nacional-desarrollista” con vocación histórica, sino de grupos capaces de acumular en varios tableros a la vez, cambiando de piel según la coyuntura, pero siempre teniendo a la propiedad agraria como “seguro” o, si se quiere, como su “acumulación originaria”.
El primer peronismo empujó un patrón de acumulación anclado en la industrialización sustitutiva, pleno empleo, y ampliación del mercado interno. Es un proyecto político que se paró sobre la vertiginosa y caótica industria emergida en el país en el período de entreguerras imperialistas. Su experiencia política estuvo anclada a una alianza policlasista, llena de tensiones, donde el Estado tuvo que arbitrar y a la vez disciplinar. Pero incluso en su mejor momento, esa coalición tuvo un punto débil estructural: la fragilidad de la burguesía industrial local como soporte político consistente.
El historiador Norberto Galasso trabajó esa dimensión: el Estado podía empujar, ordenar, proteger, pero no podía fabricar de la nada una burguesía industrial con proyecto propio si el resto de las fracciones dominantes -y la oligarquía diversificada, entre ellas- operaba como freno o como quinta columna de la dependencia. Esas tensiones se explicitaron en las dificultades que Miguel Miranda, un hijo pródigo de esa emergente y débil burguesía industrial, tuvo a la hora de proyectar su política desde el IAPI o el nacionalizado Banco Central.
Ahí aparece un nudo que Prieto sugiere, pero que la historia argentina vuelve dramático: la “burguesía nacional” no antecede al desarrollo, sino que en todo caso es un producto inestable de un desarrollo anclado en un modelo industrial sustitutivo. En Argentina, cuando ese producto empezó a asomar con más fuerza, chocó con límites internos (control de la renta agraria, “restricción externa”, disputas interburguesas, operaciones imperialistas) y con el límite que brinda la contradicción fundamental, es decir, la lucha Capital-Trabajo.
1976 como derrota estratégica
El autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” cumplió un objetivo estratégico preciso. En la Argentina de los años setenta, el problema para las clases dominantes no era sólo el peronismo como expresión política, sino el poder efectivo de la clase obrera organizada. Ese poder estaba anclado materialmente en un país industrial: en las fábricas, en los sindicatos, en la negociación colectiva, en la capacidad de paralizar la producción y disputar la distribución del excedente. No es casual que a Montoneros se la definiera como la “guerrilla industrial”: la conflictividad (ya en un nivel político-militar) atravesaba el corazón productivo de la economía.
La hipótesis que ordenó la ofensiva fue brutal: destruyendo el país industrial se destruiría el poder de la clase obrera. En ese sentido, la contradicción Capital versus Trabajo operó como el principio disciplinador del conjunto de las clases poseedoras, que optaron por alinearse como furgón de cola del gran capital angloamericano antes que sostener una experiencia política policlasista de alta conflictividad, como la que mostró el FREJULI, y que encontraba paralelismos evidentes con la experiencia de la Unidad Popular allendista.
La figura de José Alfredo Martínez de Hoz y su amistad con David Rockefeller condensan, sin eufemismos, esa elección estratégica: la articulación deliberada del proyecto dictatorial a los intereses del gran capital financiero transnacional. Martínez de Hoz, que había presidido el Consejo Interamericano de Comercio y Producción entre 1964 y 1967, organización al día de hoy puede ser considerada la nomenclatura institucional principal de lo que coloquialmente se conoce como «Círculo Rojo», encarnó como pocos esa convergencia entre la oligarquía diversificada y el gran capital angloamericano, sellando una alianza que todavía funciona como columna vertebral del orden económico argentino.
Desde el Ministerio de Economía, Martínez de Hoz llevó adelante dos movimientos estructurales complementarios. Por un lado, impuso un nuevo patrón de acumulación basado en lo que Basualdo definió como valorización financiera, subordinando la producción, el empleo y el mercado interno a la lógica del endeudamiento, la especulación y la fuga de capitales. Por el otro, avanzó deliberadamente en la destrucción de las economías regionales y de los conglomerados industriales que funcionaban, directa o indirectamente, como plataforma de la política referenciada en José Ber Gelbard.
Como reconstruyó Lucio Geller en su libro “La ofensiva de 1976”, este proceso incluyó la intervención, liquidación y cierre de bancos privados nacionales que cumplían un rol clave en el financiamiento productivo, entre ellos el Banco de Intercambio Regional, el Banco Los Andes y el Banco Oddone. A estos casos se sumó la liquidación o absorción forzada de decenas de entidades financieras medianas y pequeñas, en un proceso de centralización que concentró el sistema bancario y eliminó instrumentos de crédito ligados a la industria y al mercado interno.
En paralelo, la dictadura dejó caer grupos económicos industriales, incluso algunos que habían integrado inicialmente la élite empresaria del régimen militar, como el Grupo Sasetru, que era un conglomerado vinculado a la agroindustria y a la producción de alimentos que fue sometido a asfixia financiera, persecución judicial y desprotección estatal hasta su desarticulación definitiva.
La dictadura militar, en ese sentido, es la expresión de la victoria capitalista en la guerra civil de la lucha política de clases, que terminó de consumarse mediante un genocidio.
Esa dictadura dejó a la democracia alfonsinista dos herencias fundamentales. La primera fue el desarme parcial, material y moral, de la clase obrera: pérdida de capacidad de organización, disciplinamiento salarial, fragmentación, y terror social instalado. La segunda fue la consolidación de un “orden” estructural, un verdadero bloque histórico, construido en torno a la alianza entre la oligarquía diversificada y el capital financiero transnacional, con fuerte predominio angloamericano. Bancos, organismos financieros y grandes holdings pasaron a ocupar un lugar central en la definición del rumbo económico, condicionando de manera persistente a los gobiernos democráticos posteriores.
Ese fue el trasfondo que dió nacimiento a los “Capitanes de la Industria”, ó el “Grupo de los 9”, el segmento más avanzado de la Oligarquía Diversificada, que, lejos de encarnar un proyecto de desarrollo nacional, se convirtió en sostén activo de las políticas neoliberales. Su poder no se explicó por la expansión productiva ni por la innovación industrial, sino por su capacidad oligopólica de adaptación al nuevo patrón de acumulación y el manejo -directo o indirecto- del Estado: “patria contratista”, endeudamiento, privatizaciones, negocios financieros, captura de rentas extraordinarias, y articulación subordinada al capital transnacional.
Son los Rocca, Fortabat, Bulgheroni, Pérez Companc, entre otros. Como heredero de ese linaje también se inscribe, sin metáforas, Mauricio Macri, no solo como figura política sino como articulador político de ese bloque social y económico que se consolidó al calor de la derrota del país industrial y de la subordinación estructural de la Argentina al gran capital angloamericano, cuya principal manifestación social es la denominada “economía bimonetaria”.
Concentración y reordenamiento social
Una de las dimensiones más subestimadas en el debate sobre “burguesía nacional” es el proceso de concentración y centralización del capital que 1976 acelera y reorganiza. Geller aporta un dato durísimo: en una década, más de 100.000 empleadores se retiraron de los mercados industriales, mientras las grandes empresas ganaban mercado “a costa del desplazamiento de pequeños y medianos productores”.
Esa dinámica es el sustrato de la debilidad estructural de la pequeña y mediana burguesía industrial. No estamos hablando de “falta de conciencia” sino de una correlación de fuerzas desiguales: actores con poco músculo, poco crédito, baja escala, escasa representación gremial, y alta vulnerabilidad frente a cada shock de devaluación, dolarización, apertura o recesión.
Cuando esas fracciones quedan acorraladas, se “reconvierten”, como dice Prieto, y pasan de productoras a importadoras, o directamente desaparecen. Y con eso se deshilacha el entramado territorial: empleo, proveedores, salarios, demanda local, saberes productivos. Lo que se pierde no es solo “industria”: se pierde capacidad de sostener una fuerza social organizada que pueda defender un proyecto nacional.
Aquí hay que decirlo sin vueltas: en Argentina, el obstáculo principal para la reorganización neoliberal no fue una “burguesía nacional”, sino una clase obrera con capacidad real de disputar. En los 70, la clase trabajadora no era un sujeto abstracto: era organización, conflicto, calle, fábrica, sindicatos con poder territorial.
La dictadura entendió (y ejecutó) una tesis brutal: disciplinar al trabajo requería destruir la base material de ese poder, es decir, avanzar sobre el país industrial y su trama social. El genocidio no fue un exceso: fue una tecnología de poder para imponer un nuevo patrón de acumulación.
Por eso, cuando se plantea “formar una burguesía nacional”, la pregunta de fondo no puede eludirse: ¿frente a qué estructura se pretende hacerlo?, ¿contra qué bloque de poder se disputará?, ¿con qué instrumentos concretos se llevará adelante?, y, sobre todo, ¿con qué sujeto social se sostendrá esa confrontación cuando aparezcan las corridas, los lockouts, el chantaje de precios o la presión cambiaria?
Los límites de la experiencia kirchnerista
La crisis de diciembre de 2001 abrió una disputa estratégica que no fue meramente coyuntural, sino estructural. Según Eduardo Basualdo, en su trasfondo se enfrentaron dos salidas posibles a la inevitable crisis del régimen de convertibilidad: un proyecto dolarizador-neoliberal, orientado a profundizar la subordinación financiera y la desindustrialización, y un proyecto devaluador-desarrollista, que apostó a recomponer capacidades estatales, recuperar márgenes de política económica, reactivar el mercado interno y reconstruir una base productiva nacional.
La etapa 2003-2015 demostró que esa segunda vía era viable, con una política pública activa, con inversión, con expansión del empleo, mejoras salariales y una estrategia de diversificación industrial con protagonismo estatal.
Sin embargo, también dejó en evidencia un límite decisivo: no alcanza con una administración estatal fuerte si la estructura de poder económico sigue organizada, de manera oligopólica, para fugar, presionar, condicionar y, llegado el caso, sabotear cualquier intento de alterar la arquitectura del mando y poner en entredicho el “orden” que configuró la dictadura militar.
En ese marco, la llamada estrategia de “sintonía fina” mostró su total insuficiencia, asentada sobre dos ilusiones que resultaron particularmente costosas. La primera, que el extenso entramado PYME, fortalecido al calor de una política desarrollista apoyada, entre otros factores, en la energía subsidiada, pudiera constituirse en un sujeto político con capacidad real de disputa. Sin embargo, esa fracción empresarial evidenció una marcada debilidad en términos de organización y representación, y su corporativismo nunca logró trascender la lógica del “kiosco” orientado a la interlocución institucional, para convertirse en una verdadera expresión de clase, con capacidad de intervención estratégica.
La segunda, y más decisiva, fue la expectativa de que la oligarquía diversificada (Paolo Rocca incluido) pudiera comportarse como una burguesía industrial nacional, alineada de manera sostenida con un proyecto de desarrollo. Esta fracción del capital toleró un Estado activo mientras su dinámica contribuía a expandir el mercado interno y asegurar elevados niveles de rentabilidad, pero reaccionó con rapidez cuando el rumbo comenzó a insinuar una alteración de las relaciones estructurales de poder y del proceso de valorización financiera, poniendo en cuestión sus mecanismos de apropiación del excedente y sus posiciones oligopólicas dominantes.
Por eso, más que ajustar incentivos, el desafío era otro: consolidar la emergencia de un nuevo empresariado anclado a la iniciativa estatal, cuya reproducción dependiera del desarrollo nacional y no de su bloqueo. No es casual que las experiencias empresariales ligadas a esa lógica, como Electroingeniería o el Grupo Indalo, hayan sido blanco de una ofensiva sistemática que combinó instrumentos económicos, políticos y judiciales. La persecución de esos actores no fue un exceso, sino una señal de que el capital dominante acepta un Estado fuerte siempre que ese Estado no altere el control estratégico del proceso de acumulación.
A la vez, el límite no fue solo empresarial. El ciclo kirchnerista también abrió una interesante discusión sobre la apropiación del excedente y el lugar del trabajo en un país que pretendía ser industrial. Las demandas de “participar en las ganancias”, impulsadas desde la CGT bajo el liderazgo de Hugo Moyano, expresaron una tensión de fondo: el crecimiento debía traducirse en poder para la clase trabajadora, no solo en mejoras distributivas parciales. Esa tensión alcanzó incluso el plano político, cuando se planteó la posibilidad de que Héctor Recalde fuera candidato a vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner en 2011.
Así, el ciclo 2003-2015 dejó una enseñanza central: sin construir simultáneamente un nuevo empresariado productivo y sin avanzar en la organización del poder del trabajo sobre la renta y las ganancias, cualquier proyecto de desarrollo queda expuesto al sabotaje. El problema no fue la falta de Estado, sino la persistencia de una estructura económica diseñada para impedir que ese Estado transforme las reglas del juego impuestas, a sangre y fuego, por la última dictadura militar.
En ese marco, Rafael Prieto cierra con una caracterización correcta: bajo las políticas libertarias, el Estado no está “retirándose”, sino que está volviendo a reorientarse. No es ausencia de Estado, sino un Estado pensado para la especulación financiera, la desindustrialización, el extractivismo primario, la apertura importadora, y la transferencia de ingresos hacia la Aristocracia Financiera y Tecnológica.
En ese contexto, pedir “burguesía nacional” es un chiste cruel: lo que se está fabricando es un empresariado adaptado a la bicicleta, la importación y la captura de rentas, mientras el entramado productivo pyme (¿la débil burguesía industrial?) se rompe y la clase obrera recibe, como cuotaparte de la unidad de las clases poseedoras -incluso de las fracciones que están perdiendo-, una reforma laboral que legaliza lo que la teoría de la dependencia definió como sobreexplotación de la fuerza de trabajo.
¿Qué hacemos con el debate sobre la “burguesía nacional”?
Una dirigencia con vocación nacional no puede construir estrategia sobre la fantasía de un empresariado que aparecerá, espontáneamente, a salvar la patria. Eso invita a asumir que el problema central es político: quién conduce el Estado, con qué programa y con qué fuerza social organizada se cuenta para sostenerlo.
La tesis de Prieto resulta válida como regla general: el carácter “nacional” de una fracción burguesa no precede al desarrollo, sino que, en todo caso, emerge como un posible resultado. Sin embargo, en las condiciones concretas de la Argentina actual, el problema no radica en “convocar” a una burguesía nacional que no existe como sujeto histórico consistente, sino en construir las condiciones materiales y políticas para que ese vacío no se traduzca en la parálisis de la derrota que ya estamos atravesando.
En ese sentido, el desafío es otro: la rearticulación de una fuerza social capaz de sostener un proyecto nacional, con conducción proletaria (si se quiere, plebeya, en los términos de García Linera), que recupere y reorganice las capacidades del Estado, desplace los mecanismos de apropiación del excedente de la oligarquía diversificada y su subordinación al gran capital transnacional, y transfiera poder y valor hacia los territorios, las comunidades y su entramado productivo real.
Esto implica no solo impulsar un proceso de industrialización con justicia social, sino también disputar de manera abierta y sostenida contra una élite económica que recurre sistemáticamente a la valorización financiera para recomponer su capacidad de mando político y social. Se trata de fracciones del capital que, lejos de anclarse en el desarrollo productivo nacional, encuentra en la especulación, la fuga y la subordinación externa los mecanismos privilegiados de su propia acumulación, y que hoy parece manejarse con notable comodidad frente a un proyecto que empuja a la Argentina hacia una condición neocolonial, alineada con intereses angloamericanos y sionistas.
La cuestión de fondo es sobre qué fuerza social está en condiciones de sostener un proyecto nacional cuando el capital dominante (tanto local como transnacional, en la nueva fase financiero-digital del capitalismo) opera objetivamente como una fuerza anti-nacional.
Si no se enfrenta esta cuestión con la misma claridad estratégica con la que fue impuesta, la “burguesía nacional” seguirá siendo una promesa diferida, una expectativa que nunca se concreta. Y llegará -como tantas veces- demasiado tarde: cuando la fábrica ya cerró, el trabajo formal ya fue destruido, y el horizonte del desarrollo capitalista equilibrado quedó, una vez más, reducido a una ilusión.
Matías Caciabue es cientista político y docente universitario. Director Ejecutivo de NODAL (www.nodal.am).
X: @MatiasCac