Asociar la política con la corrupción es una maniobra para desacreditar la noble tarea de organizar el conjunto social. Funciona como un prejuicio congénito que desalienta el interés y la participación de los diversos sectores en los asuntos públicos.
Un video de excelente factura, con animación e imágenes del gran poeta vitalista Mark Twain, circula en Internet con un mensaje que asimila la corrupción a la política en general. En efecto, el núcleo argumental de esa pieza propagandística es que a los políticos se le permiten cosas (maniobras, negocios turbios, etc.) que están vedadas para la gente común.
No se puede dejar pasar tal atropello a la razón so pena de caer en alguna forma de complicidad con una argucia ideológica que en nuestra época se extiende como la peste a escala mundial con fuerte apoyo de núcleos manipuladores de la opinión pública.
Para indagar sobre la amplitud del problema léase, entre otros ensayos, la obra del cientista político ítalo-suizo Giuliano da Empoli Los ingenieros del caos, donde son denunciados con toda precisión los operadores actuales del poder, caracterizados por el uso de tecnologías de amplio espectro para llevar a cabo sus acciones irresponsables e inescrupulosas con recurso a las herramientas disponibles en el mundo virtual, dominantes hoy en la vida social.
Da Empoli complementó su aporte académico con la creación literaria escribiendo inmediatamente a continuación El mago del Kremlin, novela donde las intrigas políticas y las intervenciones sobre la conciencia colectiva forman una compleja trama que se desenvuelve en la Rusia de Putin inmediatamente antes de la operación militar especial que aquí conocemos como la guerra de Ucrania.
La potencia de esas denuncias, tan actuales como agudas, tienen toda la importancia que corresponde a la crisis contemporánea de los sistemas políticos representativos y las condiciones en que se administra la cosa pública.
No son específicas de la Argentina aun cuando nuestro país sea un campo especialmente apto para aplicar estas operaciones, dadas las características de nuestra historia reciente, sus reincidencias y tropiezos.
Una forma preferencial es la del envenenamiento ideológico de los electorados, determinando en cada uno de los diversos sectores sus características socioculturales para aprovechar sus sesgos propios (prejuicios, convicciones) y operar sobre ellos.
Y el recurso más elemental de ese procedimiento es generar repudio a la vida política y a quienes en ella se desempeñan.
Se trata de encerrar a amplios sectores sociales en prejuicios estrechos para mantener el statu quo y desalentar o evitar los cambios necesarios para construir comunidades más armoniosas y equitativas. A río revuelto, ganancia de pescadores.
El pontífice Juan Pablo II definió a la política como “una tarea nobilísima”, obviamente hablando de su ejercicio en términos ideales. Mirada en positivo, de este modo, la acción política es una actividad indispensable que mejora la sociedad a la cual sirve.
Como la incidencia de la política sobre el conjunto de la vida comunitaria es muy grande, su flaqueza o desvío causa un daño superior que otras actividades humanas. Un viejo chiste decía que los médicos matan un paciente por vez, mientas los economistas lo hacen por miles cuando promueven políticas genocidas so pretexto de mejorar las condiciones materiales (poder de compra) para el conjunto de la comunidad.
Esto pasa cuando Javier Milei –muy locuaz últimamente en la defensa de su jefe de gabinete Manuel Adorni– recita los logros de su gestión en materia, por ejemplo, de inflación, empleo o inversiones.
Para ello, fuerza los datos, por caso con la inflación, y minimiza arbitrariamente las consecuencias negativas de su política, tan vieja como inútil, del ajuste perpetuo.
Últimamente ha refinado su discurso admitiendo que hay sectores perdedores en el marco de un modelo que, asegura, convertirá a la Argentina en una potencia.
La visión reduccionista a la que adhiere el primer magistrado pretende justificar esa cantinela, mientras amplios sectores productivos se ven obligados a cesar su actividad o convertirse en distribuidores de importaciones con una disminución altísima del empleo.
Ocurre como si imponiendo un modelo extractivista (con eje en la exportación de bienes primarios) se pudiera generar un proceso de prosperidad que mejorara el nivel de vida del conjunto de la población.
En la práctica, el achicamiento del mercado interno, contraído por el ajuste del gasto fiscal y la exposición ruinosa a la competencia externa mediante el dólar barato, arrojan como resultado un deterioro cada vez más pronunciado en las condiciones de vida de amplios sectores sociales condenados a la pobreza, el desempleo o verse restringido a realizar tareas esporádicas (changas) y de bajísima remuneración.
Un recolector selectivo de basura urbana recibe doscientos pesos por kilo de papel blanco (no le aceptan de color), lo que significa apenas que para obtener dos mil pesos necesita diez kilogramos de papel; cien para llegar a los 20 mil, lo que apenas cubriría una comida medianamente decente. Una meta difícil de alcanzar salvo que por azar consiga –una vez, un día– ese volumen de papel en la basura de oficinas que tiran sus archivos en papel.
El prejuicio de clase media desinteresada del destino comunitario ve con menosprecio a los trabajadores informales, ignorando que la sociedad es un entramado de funciones y trabajos donde estamos todos implicados.
La visión conservadora es reduccionista en materia conceptual y reaccionaria y antipopular en su aplicación práctica. No hay un tiempo pasado que haya sido mejor en términos duraderos, aun cuando algunas medidas fueran útiles en coyunturas determinadas.
El futuro se construye sobre la complejidad de las sociedades modernas y requiere visiones integradoras del conjunto social.
Una enorme confusión
Por allí viene el énfasis que convierte a la propiedad privada en un objeto sagrado e intocable cuando sólo adquiere legitimidad cuando se gestiona en función del bien común. De otro modo puede ser considerada un robo, cuando se convierte en instrumento de opresión y desigualdad, como planteaba el viejo anarquista Pierre-Joseph Proudhon ya a mediados del siglo XIX.
Y aquí es donde se conecta la falsa justificación ideológica sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, con la visión que considera a la política una actividad corrupta y execrable en sí misma, en su propia sustancia, sin advertir sus virtudes y también su necesidad.
La propiedad privada es una forma, no la única, de organizar la producción que es siempre social pues está generada por seres humanos que colaboran entre sí. De allí que el propietario sea el responsable del conjunto, estableciendo las condiciones para la actividad de cada unidad productiva.
Y así como es necesaria la intervención del propietario para que la producción (y el intercambio, se entiende) se genere realmente, lo es también la existencia del político en lo que al conjunto de la comunidad se refiere.
La diversidad de intereses que caracteriza a la economía contemporánea implica más que nunca la labor esforzada y visionaria del político.
Destruir o debilitar la importancia de esa función organizativa del conjunto lleva a una situación de anarquía donde la desigualdad es la nota dominante y el poderoso somete al más débil.
Muchas veces es perceptible la tarea de los agentes del caos, pero otras sus canalladas son presentadas como fenómenos autónomos o impredecibles. Lo mismo en sentido positivo, cuando se logran avances que generan prosperidad.
Si la sociedad se ha degradado por la aplicación de políticas empobrecedoras los resultados de esa situación serán capturados por propietarios, intermediarios y otros intervinientes y distraídos de su función, que es renovar el ciclo productivo ampliando la inversión y mejorando los indicadores de desempeño.
La función del político es velar por la articulación virtuosa del conjunto social, dada la existencia de intereses contradictorios y divergentes. De otro modo, la competencia deviene caníbal.
¿Todo esto quiere decir que los políticos tienen fueros o condiciones especiales que les garantizan impunidad? En modo alguno.
Es lo contrario: el incumplimiento de su función debe ser evaluado y vigilado de tal modo que sea en la comunidad donde reside el poder de última instancia. Y con ello la capacidad de corrección del rumbo cada vez que la dirección de marcha de los asuntos públicos se desvía de sus objetivos de equidad, con acceso a la salud, la educación, la vivienda y la mejora constante en la calidad de vida.
Pensar a los políticos como un mal inevitable o, en una visión más generosa, como un mal necesario tolerando una corrupción endémica es un modo de negarse a mejorar construyendo un porvenir solidario, donde cada miembro de la sociedad tenga condiciones de progreso real, tanto por la disponibilidad de bienes materiales como de desarrollo cultural.
Esto no ocurrirá espontáneamente, sino que constituye un objetivo clave en la lucha que todos los pueblos llevan adelante por la mejora de su vida compartida.
La transparencia en las acciones de gobierno es, en consecuencia, una condición ineludible e inherente a la tarea política; exigible a quienes asumen la responsabilidad de hacerla. Y su conducta será, a su vez, referencia y modelo para quienes quieran en el futuro asumir tan noble tarea.