Hay documentos que no mienten. No porque sean honestos, sino porque ya no necesitan serlo. La reciente National Counterterrorism Strategy de la Casa Blanca, es uno de esos textos. Su capítulo dedicado a «Nuestro Hemisferio» es una declaración de voluntad imperial.
Giorgio Agamben lleva décadas advirtiendo que el verdadero poder soberano no se ejerce dentro de la ley, sino en el momento en que se decide suspenderla. El estado de excepción, aquello que debía ser provisional, se ha convertido en el paradigma ordinario de gobierno.
El capítulo 10 de la estrategia contra-terrorista de Donald Trump confirma las descripciones de Agamben con transparencia didáctica: “la Administración Trump se caracteriza, en gran medida, por un retorno al sentido común, según el cual hay cosas que son más importantes que otras y, en lo que respecta a la geografía, hay regiones que son más importantes que otras”.
«El sentido común» de una persona como fundamento jurídico. No la Carta de las Naciones Unidas. No el derecho internacional. Ni los tratados interamericanos. No es retórica accidental: es la estructura misma de la teología política de Carl Schmitt trasladada al siglo XXI. El soberano decide qué es importante y qué geografía importa más. El derecho, los procesos, las instituciones son la ensalada que acompaña el bife.
Esta lógica no nació con Trump. Arrancó con el Patriot Act de 2001, que autorizó vigilancia masiva, detención indefinida y guerras preventivas bajo el paraguas del «terrorismo».
Cada administración desde entonces amplió ese espacio de excepción: Obama con los drones, Biden con su respaldo a la operación militar israelí en Gaza o Trump luego con la designación de los cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).
La desvirtuación del crimen organizado
El documento llega a un punto de quiebre conceptual que merece atención. Los cárteles de la droga son, en realidad, empresas criminales que operan bajo la misma lógica que cualquier corporación transnacional: aprovechan la complejidad de la globalización financiera para lavar sus rentas en las serpentinas clásicas -bancos, mercado del arte, inmobiliarias- y en las nuevas: fondos de inversión, billeteras digitales y criptomonedas.
Nombrarlos «terroristas» no es un error analítico. Es una operación política deliberada porque convierte un problema de economía criminal en uno de seguridad nacional total, habilitando el uso del aparato militar sin las restricciones que el derecho penal impone.
El propio documento lo celebra: «el Presidente ha autorizado decenas de operaciones militares del Departamento de Guerra contra las embarcaciones de los cárteles de la droga, lo que ha dado lugar a una reducción de más del 90% en el tráfico marítimo de drogas hacia Estados Unidos. La integración de las medidas contra los cárteles y contra el terrorismo permite a Estados Unidos desarticular las redes, la financiación y las rutas logísticas que comparten tanto los narcotraficantes designados como los terroristas islamistas”.
El Departamento de Guerra ejecuta los ataques. No arresta. No extradita. Ataca. Más aún, la fusión conceptual entre narcotráfico y terrorismo yihadista es la coartada que habilita la militarización sin declaraciones de guerra. Sin Congreso. Y sin tratados.
“Nuestro hemisferio”
Dos palabras que lo dicen todo. No «el hemisferio occidental». No «América Latina». Nuestro hemisferio. El posesivo no es inocente en un documento de estrategia nacional. América Latina no es un socio: es una posesión.
«La Operación Absolute Resolve (la invasión de Venezuela y el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro) demuestra que el “Corolario de Trump”, el modelo de una Doctrina Monroe moderna, ya es una realidad en nuestro hemisferio». El «Corolario Trump» como actualización de la Doctrina Monroe, el regreso a 1823 con misiles hipersónicos.
La operación que capturó a Maduro -presentado como «un jefe de un cártel aliado con Irán, país que patrocina el terrorismo, y con Hezbolá, su grupo terrorista proxy»- es el modelo. A un mismo tiempo el precedente y la norma futura. Lo que sigue es la consecuencia enunciada sin eufemismos: «lo haremos en colaboración con los gobiernos locales siempre que estén dispuestos y sean capaces de trabajar con nosotros. Si no pueden o no quieren hacerlo, tomaremos de todos modos las medidas que sean necesarias para proteger nuestro país, sobre todo si el gobierno en cuestión es cómplice de los cárteles».
Con o sin consentimiento, con o sin mandato internacional. La soberanía de los estados latinoamericanos queda subordinada a la evaluación unilateral de Washington. La excepcionalidad es la nueva ley. El juez, el fiscal y el ejecutor son la misma entidad.
El capitalismo bucanero no necesita reformar la Constitución
Aquí reside la originalidad peligrosa de esta Estrategia de la Casa Blanca: el trumpismo no es un sistema jurídico alternativo y explícitamente oligárquico -este aún resulta inaceptable. La OMC sigue ahí. Los contratos siguen teniendo cláusulas por las que los damnificados pueden reclamar en cortes.
La ONU sigue en pie, aunque sin dientes. Los estados nacionales, incluso atravesados por lobbies corporativos, aún tienen algo que decir. No hace falta, por ahora, revisar la Constitución ni la Carta de las Naciones Unidas. Basta con documentos como éste. Invoca «el sentido común» del presidente para justificar lo que antes requería una resolución del Consejo de Seguridad; se llama «terrorista» a quien conviene militarizar; se llama «corolario» a lo que es una intervención unilateral.
El documento ya no necesita justificarse: «bajo el mandato del presidente Trump, Estados Unidos seguirá desmantelando las redes de los cárteles y cortando sus vías de reclutamiento y financiación hasta que sean neutralizados y los regímenes que les han prestado apoyo ya no puedan seguir haciéndolo».
No hay más gobiernos. Hay regímenes. Quien no “coopera” es un régimen, y los regímenes, como el de Irán, como el terrorismo, no merecen las protecciones del derecho internacional. Este documento de doctrina político-militar debe leerse con la misma atención con que se leía un tratado posterior a una guerra.
El trumpismo, esa reconfiguración de una esfera de intereses que se proyectará más allá del propio Donald Trump, manifiesta en este y otros documentos que América Latina es su espacio, y que el instrumento para administrarlo es el excepcionalismo.
Agamben tenía razón: el campo de concentración no es la anomalía del Estado moderno. Es su paradigma oculto. Lo que este capítulo de la nueva Estrategia hace es quitarle el velo.
Ya ni siquiera finge.