En algún momento del año pasado, el Estado argentino recibió las declaraciones del blanqueo y supo, con nombres y apellidos, que había más de USD 31.000 millones en activos que nadie había declarado antes. Pero no solucionó la baja influencia del impuesto a las ganancias.
Propiedades, cuentas, sociedades. El de 2025 fue uno de los blanqueos más relevantes de los últimos años y volvió a mostrar, con datos oficiales, la magnitud de los activos no declarados en la economía argentina. En ese mismo período, la recaudación fiscal cayó en términos reales por noveno mes consecutivo.
Según el tributarista Sebastián Domínguez, Argentina lleva nueve meses consecutivos con ingresos fiscales creciendo por debajo de la inflación, explicada principalmente por la caída del consumo y las importaciones. El debate público está centrado en el síntoma, pero no en la causa estructural: la dependencia excesiva del IVA y la baja participación del impuesto a la renta personal (apenas 2,2% del PIB, cuatro veces menos que el promedio de la OCDE). Un sistema construido así tiene un techo de recaudación bajo por diseño.
Desde el Observatorio Fiscal Internacional elaboramos, a pedido de Brasil y en el marco de la Plataforma Regional de Cooperación Tributaria en América Latina (PTLAC), un informe sobre la interacción entre la desigualdad y los sistemas tributarios en la región.
Los datos para Argentina son los siguientes: el 50% más pobre de la población paga cerca de un 37% de sus ingresos en impuestos, fundamentalmente a través del IVA y otros gravámenes al consumo y el 1% más rico paga, en promedio, alrededor del 30%.
La estructura tributaria, tomada por sí sola, redistribuye poco y en varios tramos reproduce la desigualdad que el gasto público intenta corregir.
Este patrón no es exclusivo de Argentina: en varios países, las grandes fortunas enfrentan tasas efectivas más bajas que las del resto de la población, porque pueden estructurar su riqueza para generar pocos ingresos gravables.
En ese marco, las decisiones del Gobierno actual tienen consecuencias concretas y medibles. Mientras se recortaba el gasto social y se licuaban jubilaciones, se ampliaron exenciones para los sectores de mayores ingresos. El ajuste encontró su camino de menor resistencia: el consumo, el salario, la clase media.
Datos de la OCDE muestran que el 80% de los argentinos cree que el sistema los grava de forma injusta. La percepción de que las reglas fueron escritas para otros erosiona la moral tributaria: hace más difícil sostener el cumplimiento, más fácil justificar la evasión y más costoso reconstruir confianza fiscal. En un contexto de ingresos ya deprimidos, ese círculo es especialmente difícil de romper. Sin embargo, existen caminos alternativos al ajuste. Un impuesto mínimo del 2% sobre fortunas superiores a USD 100 millones recaudaría alrededor de USD 450 millones anuales en Argentina. Con una tasa del 3%, la cifra escala a USD 700 millones. El universo de contribuyentes alcanzados es extremadamente reducido. No estamos hablando de un impuesto masivo ni de una expropiación: estamos hablando de garantizar que quienes concentran una porción desproporcionada de la riqueza nacional contribuyan con un piso mínimo razonable.
La objeción más frecuente a este tipo de propuestas es la de la viabilidad: que la riqueza se esconde, que se fuga, que es imposible de medir con precisión. Esa objeción debe tomarse en serio, pero no puede usarse como excusa para clausurar el debate. La reforma fiscal de 2024 limita las posibilidades de crear un nuevo impuesto patrimonial en un futuro inmediato (aunque no para siempre) respecto de quienes ingresaron a regímenes con garantías específicas de estabilidad fiscal. Pero sí dejó expuesta una realidad difícil de ignorar: en Argentina existe una masa significativa de riqueza en la cima que no puede quedar fuera de la discusión fiscal. Pero el impuesto a los bienes personales ya tenía deficiencias en su diseño. La pregunta relevante es cómo diseñar hacia adelante un instrumento técnicamente robusto y jurídicamente viable para que las grandes fortunas contribuyan de acuerdo con su verdadera capacidad económica. Además, los avances en intercambio automático de información financiera entre países han reducido los márgenes históricos de ocultamiento offshore y permiten pensar este tipo de herramientas con más realismo que hace dos décadas.
Además, el intercambio automático de información financiera entre países redujo drásticamente los márgenes históricos de ocultamiento offshore.
La lógica técnica del impuesto mínimo es, además, distinta a los impuestos tradicionales al patrimonio, ya que funciona como un piso. Por ejemplo, si una persona con una fortuna de USD 200 millones tributa el equivalente al 2% de su patrimonio entre todos sus impuestos, no paga nada adicional. Si tributa menos, paga la diferencia. La propuesta simplemente garantiza que las grandes fortunas contribuyan -al menos- en la misma proporción que un trabajador de clase media.
Hay, además, una dimensión que las discusiones técnicas suelen dejar afuera. Un impuesto mínimo sobre grandes patrimonios no es solo una fuente de financiamiento: es también una señal de que el sistema es justo. Que la contribución al bien común guarda alguna relación con su verdadera capacidad económica. Esa señal, en un país donde ocho de cada diez personas ya creen que el sistema funciona al revés, vale tanto como la recaudación misma.
Argentina necesita recursos para salud, educación, infraestructura y adaptación climática. Pero también necesita que esos recursos se consigan de una manera que el sistema pueda sostener políticamente.
El blanqueo mostró que la riqueza existe y que el Estado puede verla. Lo que falta ahora es decisión política: dejar de pensar el ajuste como una carga inevitable para salarios, consumo y jubilaciones, y empezar a discutir cómo deben contribuir quienes tienen mayor capacidad económica.
(*): Vicente Silva es asesor senior del Observatorio Fiscal Internacional (ITO, en inglés).