El operativo policial y militar lanzado por el gobierno de Rodrigo Paz Pereira no logró desactivar los bloqueos y terminó exhibiendo la profundidad de una crisis social que combina falta de combustible, aumento del costo de vida, disputas territoriales y una creciente desconexión entre el oficialismo y sectores campesinos, indígenas y populares.
La madrugada del 15 de mayo, el gobierno de Rodrigo Paz Pereira creía haber planificado todo al dedillo para desbloquear carreteras, calles y avenidas. Miles de policías y militares salieron a reprimir a los bloqueadores para despejar puntos de protesta en distintas regiones del país. La apuesta era evidente: recuperar el control territorial, garantizar el abastecimiento y enviar una señal de autoridad frente a una protesta en ascenso.
Tras horas de enfrentamientos, el fracaso fue estrepitoso: las piedras siguen sobre carreteras y vías en ciudades como El Alto, el operativo no logró los resultados esperados y evidenció que el control territorial lo tienen las comunidades, y que de poco o nada sirve la represión. El gobierno anuncia en sus spots publicitarios que logró lo que quería: que tres camiones con oxígeno y 30 cisternas con gasolina llegaran a La Paz. Un resultado bastante mezquino para movilizar a 5.000 uniformados y pagar 300 dólares de bono a los policías.
A la fecha, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia —CSUTCB— ha denunciado la muerte de dos comunarios, uno de ellos un mallku, dirigente de una comunidad altiplánica de Taraco, en la provincia Ingavi de La Paz. La lógica indignación por esas muertes y por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los uniformados ocasionó que, aunque algunos convoyes lograran ingresar a La Paz, las medidas de presión no desaparecieran y, en muchos puntos, incluso se ampliaran. Más importante aún: el operativo quedó lejos de enfriar el clima político. La sensación dominante sigue siendo la de un conflicto abierto, creciente, cuyo alcance el gobierno todavía no termina de comprender.
Y ese parece ser, precisamente, el principal problema.
Desde el inicio, el oficialismo optó por una explicación relativamente cómoda: atribuir la movilización a una estrategia de Evo Morales y su entorno político. La hipótesis no es completamente falsa —el expresidente conserva capacidad de influencia—, pero parece insuficiente para explicar la magnitud del descontento actual.
Porque, si algo muestran estas semanas, es que existe un malestar que antecede a cualquier convocatoria partidaria.
Las largas filas por combustible no solo alteraron la vida cotidiana: terminaron funcionando como un recordatorio permanente de la fragilidad económica. A ello se sumaron el incremento del costo de vida, la percepción de pérdida del poder adquisitivo y un cansancio creciente frente a respuestas estatales consideradas insuficientes o tardías.
El malestar fue creciendo desde las colas para conseguir gasolina y diésel hasta la venta de la llamada “gasolina basura”, que, al tener menor octanaje que el requerido y poseer cinco veces más manganeso y goma que lo permitido, produce la llamada carbonilla, que destroza varias partes de los vehículos y sus motores. Además, el costo de vida en estos años ha subido entre un 30 y un 50 por ciento, sin que los salarios hayan acompañado ese incremento.
En política, los conflictos rara vez estallan por una sola razón. Más bien se producen cuando distintas molestias empiezan a acumularse hasta encontrar un punto de condensación. Bolivia parece estar atravesando, precisamente, uno de esos momentos.
Pero hay algo más profundo que el gobierno quizás no ha sabido calibrar.
Muchos de los sectores hoy movilizados no son actores ajenos al ciclo político de los últimos veinte años. Son organizaciones campesinas, indígenas y populares que durante mucho tiempo se percibieron como parte activa de la conducción estatal. No se trata únicamente de apoyo electoral; se trata de una experiencia política concreta: haber sentido que sus agendas, símbolos y formas de organización tenían un lugar en el centro de la vida pública.
Por eso, parte del descontento actual no se explica solo desde el bolsillo. En los hechos, el primer decreto de Rodrigo Paz fue eliminar el impuesto a las grandes fortunas, y desde entonces todo fue apoyo a los grandes agroindustriales, incluso con el 1720, que otorgaba una pausa de 10 años para que la tierra cumpliera una función económica y social, aumentando así el latifundio ocioso.
El problema para el gobierno es que esta percepción tiene efectos políticos reales.
Cuando determinados actores sienten que ya no son escuchados, la protesta deja de funcionar como mecanismo de negociación y empieza a convertirse en demostración de fuerza. Ahí cambia completamente la naturaleza del conflicto.
En ese contexto, la decisión de recurrir al despliegue policial y militar, como era de esperarse por la historia boliviana, ha tenido resultados adversos. La fuerza puede liberar temporalmente una carretera, pero difícilmente modifica el estado de ánimo colectivo cuando la demanda es estructural y rebasa lo inmediato.
Además, el gobierno enfrenta una dificultad adicional: la protesta comenzó a reunir reivindicaciones distintas. Combustible, costo de vida, derechos territoriales, cuestionamientos normativos, demandas sindicales y reclamos regionales empiezan a coexistir en un mismo escenario. No porque exista necesariamente una coordinación total, sino porque diferentes actores comienzan a percibir un problema común: la sensación de no estar siendo considerados en decisiones que afectan directamente sus condiciones de vida.
Ahí aparece el punto más delicado de la coyuntura. El gobierno parece moverse dentro de márgenes estrechos. Escalar la confrontación puede profundizar el conflicto y ampliar solidaridades entre sectores movilizados. Retroceder sin capacidad de respuesta económica puede proyectar fragilidad política. Ninguna de las dos opciones parece especialmente favorable.
Eso no significa que Bolivia esté al borde de un nuevo ciclo de ruptura política. Las condiciones son distintas y todavía no existe una articulación nacional capaz de traducir el descontento en un proyecto alternativo. Pero sí hay señales de una tensión creciente que el oficialismo haría mal en minimizar.
Porque quizás el problema de fondo no sea únicamente el bloqueo de caminos. Entre los graves errores del gobierno está la ausencia de investigaciones visibles y de información clara sobre los contratos de compra, lo que alimentó cuestionamientos y debilitó la confianza pública. Al mismo tiempo, el gobierno parece enfrentar márgenes de maniobra cada vez más estrechos: no tiene salida ni tiene una propuesta. Si cede ante los bloqueadores, el Fondo Monetario Internacional no le prestará los 3.500 millones de dólares condicionados a las reformas para la apertura de inversiones internacionales. Y, si no cede, el país seguirá paralizado.
Tal vez el gobierno enfrenta algo más difícil de resolver: una desconexión progresiva con sectores sociales que esperaban ser parte de las decisiones y que hoy comienzan a expresar, en las calles, una decepción que ya no parece reducible a una disputa entre liderazgos políticos. Mientras tanto, el país sigue atrapado, más que por piedras sobre las carreteras, por una crisis política que todavía nadie parece dispuesto a nombrar.