El enfrentamiento en la zona rural cruceña de San Julián dejó heridos entre pobladores y policías, y hasta intentos de violación, mientras crecen las denuncias sobre la participación de grupos civiles en los intentos de desbloqueo y sobre el modo en que el gobierno buscó instalar su relato ante la prensa. En el trasfondo aparecen disputas por la soberanía, versiones sobre una eventual intervención extranjera, tensiones dentro de las Fuerzas Armadas y el impacto del narcotráfico en una zona clave para la economía cruceña.
“¿Quién quiere bazuquear? ¿Quién quiere bazuquear?”, gritaba el dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista, brazo operativo del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Era, claramente, un verbo inventado que designaba quién quería tener una bazooka casera para disparar contra la humanidad de los bloqueadores.
Estas armas consisten en cargar un cilindro Berman, una cañería de unos 5 centímetros de diámetro a la que se le ha adecuado un agarrador, con bengalas; luego se colocan tornillos y pedazos de fierro dentro del cilindro. Cuando los cohetes son encendidos, propulsan la carga que llevan. Tienen un alcance de entre 30 y 50 metros, pero pueden ser armas letales.
A dos metros de la repartija de esas bazookas artesanales, los policías veían con naturalidad la acción.
Aproximadamente tres centenares de unionistas fueron llevados por el gobierno hasta los bloqueos en San Julián, población estratégicamente situada por donde pasa la carretera que une Santa Cruz con el Beni, es decir, la capital oriental con la zona amazónica.
Y comenzó el desbloqueo, con los unionistas caminando delante de los policías. Se logró vencer el primer corte de ruta, pero conforme se adentraban en la población empezaron los problemas, según declaraciones de los propios lugareños, pues los jóvenes desbloqueadores comenzaron a allanar las casas y los comercios y a hacerse con todo lo que podían. “Se llevaron mis dos garrafas de gas, mi televisor y hasta mi moto”, declaró ante las cámaras de Tele Pueblo un vecino.
A medida que menudeaban los asaltos, la población —que pocos días antes pedía el desbloqueo— se enardeció y salió en defensa de los vecinos. Los unionistas fugaron a la carrera y el enfrentamiento fue con la policía. El saldo, según la Defensoría del Pueblo: 19 pobladores heridos y 16 uniformados. Cuatro de los uniformados por bala e igual número de lugareños por proyectiles.
Tiempos de propaganda
El acarreo de los unionistas tenía la finalidad de mostrar ante la prensa —el ministro Óscar Mario Justiniano llevó a periodistas de los canales oficialistas Red Uno y Unitel— que era la propia población, cansada de las piedras en el camino, la que desbloqueaba siguiendo el pedido del presidente Paz Pereira, quien días antes emitió un video señalando: “Necesitamos que toda la sociedad boliviana, aquellos que quieren la Bolivia del futuro, se movilicen, se movilicen junto a nuestras Fuerzas Armadas, junto a nuestra Policía; se movilicen para desbloquear el país, se movilicen para defender la democracia, la institucionalidad, la Constitución”. Era una invitación para que hubiera enfrentamiento entre civiles.
Luego el vocero presidencial, José Luis Gálvez, aclaró que el video fue emitido por un error y que no fue autorizado. Al parecer, hubo quien no hizo caso de esto.
Y las imágenes de la participación unionista que, en los primeros momentos, fue muy promovida por los canales progubernamentales, desaparecieron luego de los resúmenes de mediodía de esos mismos medios de comunicación.
El investigador Wilmer Machaca ha documentado la cobertura de los grandes medios de comunicación de la jornada y concluyó que estos priorizaron los enfrentamientos con la policía. Y hay una gran asimetría entre la cantidad de notas —56— sobre los policías heridos por bala y la de los comunitarios, varios de ellos también heridos por proyectiles de armas de fuego: 8.
Pero donde no hay grandes medios hay plataformas, y estas mostraron testimonios de pobladores cuyas viviendas fueron asaltadas y a los heridos de la población. Incluso hubo testimonios de intentos de violación.
Por supuesto que sectores afines a los movilizados se encargaron de viralizar todo en todo el país. La molestia entre los bloqueadores y los sectores de origen colla en la propia Santa Cruz es visible.
Una zona de conflictos
San Julián es parte de lo que se conoce como “el norte integrado”, una muy rica región agrícola cruceña colindante con la provincia de Chiquitos. Ahí se produce un promedio de 400 mil toneladas de soja anual. Es decir, entre el 12 y el 15% de la producción boliviana.
La gran diferencia con otras zonas sojeras es que en San Julián los productores poseen entre 20 y 50 hectáreas, es decir, son pequeños frente a, por ejemplo, Pailón, donde una sola familia puede tener hasta 10 mil hectáreas.
La mayoría de los campesinos de San Julián son de familias cuyos orígenes están en Los Andes, es decir, quechuas y aymaras, pero que se asentaron en esas tierras desde hace 50 años como promedio y que fueron llevados sobre todo durante la dictadura de Hugo Banzer. De manera que los actuales trabajadores del agro afincados ahí ya nacieron en tierra cruceña.
Sin embargo, todavía conservan mucho de su cultura: el culto a la Pachamama y, además, un gran nivel de organización, sobre todo para negociar la venta de sus cosechas y los créditos para el alquiler de maquinaria o la compra de semillas.
Esa organización, que se llama sindicato, también se refleja en la política. Tradicionalmente el MAS ha ganado las elecciones en ese sector; sin embargo, en enero de 2018 también bloquearon contra el gobierno de Evo, oponiéndose a la reforma del Código Penal.
Es una zona combativa y acaba de demostrarlo una vez más. Y una zona donde es demandatorio poseer rifles de caza, lo que no tiene sentido con el rótulo de “alzamiento armado” que pretende darles el gobierno.
Un tema de soberanía
Pero mientras esto ocurría en la zona rural cruceña, el periodista Humberto Vacaflores sostiene que, cuando estaba a punto de arribar un contingente de fuerzas norteamericanas —Grupo Delta— para intervenir en el Chapare y en otras zonas buscando brasileros del Primer Comando de la Capital y del Comando Vermelho, el operativo se detuvo por la oposición de las Fuerzas Armadas Bolivianas, que, aduciendo soberanía, no verían con buenos ojos la actuación en territorio nacional de uniformados de otros países.
Hay que recordar que todos los mandos intermedios actuales de los militares fueron formados durante los 20 años de gobiernos del Movimiento al Socialismo.
“Hay sectores de la derecha boliviana y de la embajada norteamericana a la que responden que han comenzado a desconfiar de Rodrigo Paz y que ven como plan B la posibilidad de reemplazarlo por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que es cruceño y responde a las logias de poder del oriente”, señala el analista Andrés Portillo.
Esa podría ser una explicación de la pésima actuación en San Julián. Podría ser que haya sectores dispuestos a “inundar todo el patio de mierda”, como diría Steve Bannon, para precipitar enfrentamientos y que estalle todo.
Los cocaleros sostienen que se pretendía detener a Evo Morales e inmediatamente lanzar el estado de excepción. Bueno, el líder sigue en el Chapare, pero el presidente Paz ya firmó la ley que faculta la intervención de los uniformados en los bloqueos. Una ley que contempla el muy polémico artículo de que toda acción que la Policía o el Ejército realice se presumirá como legal.
Las dimensiones del narcotráfico
Y, como si la cosa fuera poco, la policía chilena acaba de incautar nada menos que 110 toneladas de cocaína y ketamina impregnadas en las venas de mil toneladas de madera que iba a ser exportada a destinos en tres continentes. Las preguntas sobre el tema son varias, entre ellas cómo pudieron pasar mil toneladas de madera a través de los bloqueos que impiden el paso de oriente a occidente y también si Bolivia no fabrica ketamina, cómo llegó semejante cantidad al país.
A la espera de respuestas queda la afirmación del fiscal chileno Mario Carrera: en destino esa droga costaría 8.334 millones de dólares; lo pongo en literal para que no haya error de lectura: ocho mil trescientos treinta y cuatro millones de dólares.
La madera empleada, en gran parte, circuló por la carretera que pasa por San Julián.
Esas son las dimensiones del narcotráfico.
Y, mientras tanto, Bolivia vive la incertidumbre de saber si el decreto aprobado de estado de excepción va a funcionar o no.