La adhesión argentina al Acuerdo Transpacífico abre un frente de conflicto con la normativa del Mercosur y profundiza una política exterior orientada a desarticular la integración regional. El texto del embajador Victorio Tacetti, miembro del Grupo Juncal, advierte sobre los impactos legales, económicos y geoestratégicos de una decisión que involucra al Reino Unido y que puede afectar la posición argentina en torno a la soberanía sobre las Islas Malvinas.
En un nuevo paso hacia la concreción de la histórica consigna “Patria sí, colonia no”, pero al revés, la Argentina adhirió al Acuerdo Transpacífico, que establece una zona de libre comercio entre muchos países del área del océano Pacífico. Pero no solo de esa región, ya que incluye, entre otros, al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
La decisión trae implicancias legales, económicas y geoestratégicas para la Argentina.
Los estudiosos clasifican los acuerdos económicos entre países en tres grandes categorías.
Las zonas de libre comercio son la categoría más “light” de asociación, en las que los países miembros acuerdan reducir sus aranceles aduaneros recíprocos, sin otras mayores restricciones, facultando a cada país a negociar individualmente otros acuerdos con terceros países. Claros ejemplos de estos acuerdos fueron el NAFTA, North American Free Trade Agreement, hoy T-MEC, entre Estados Unidos, Canadá y México, y el frustrado ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas, impulsado sin éxito por Estados Unidos.
Las uniones aduaneras, además de establecer rebajas arancelarias, determinan que eventuales nuevos acuerdos de reducciones aduaneras deberán ser firmados en conjunto por el bloque. Es decir, se limita la capacidad negociadora de cada uno de los socios. Además, se establece un programa de consolidación de los vínculos entre los países en materia regulatoria, tanto económica como social. Se trata, por lo tanto, de una unión mucho más estratégica, destinada a ser profundizada. Es el caso del Mercosur.
Finalmente, los acuerdos de mercado común establecen una voluntad de unión no solo económica, sino también monetaria, social y política, tal como acontece en la Unión Europea.
Conforme a la normativa adoptada por el Mercosur, los países miembros están inhibidos de negociar en forma individual nuevos acuerdos. Esto hace que la negociación en la que se embarcó la Argentina viole totalmente las reglas establecidas y aprobadas por los cuatro parlamentos de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
El impacto económico
La política del gobierno de desconocer en la práctica el Mercosur atenta contra los intereses argentinos de largo plazo.
Este acuerdo, firmado en 1991, ha generado mucho intercambio, no solo comercial sino también de inversiones recíprocas, al punto que Brasil se ha convertido en un socio económico prioritario.
Esta política, de seguirse en modo coherente, redundaría en un redimensionamiento de las empresas, que tendrían mayor competencia, reduciéndose así la presión inflacionaria; incentivos para mejorar su equipamiento industrial, dado que el mercado interno pasa de 48 millones de habitantes a casi 300 millones, y otros beneficios.
La política de integración regional no agrada, por supuesto, a Milei, que propugna una adhesión incondicional a los grandes poderes del mundo capitalista.
El peligro geoestratégico
La firma de este Acuerdo Transpacífico, del que forma parte el Reino Unido, junto con otras medidas relativas a la apertura del Mar Argentino a intereses foráneos, constituye un grave antecedente que pone en peligro la defensa de la soberanía argentina en las Islas Malvinas.
No se trata solamente de una discusión comercial. La incorporación a un esquema que incluye al Reino Unido tiene consecuencias políticas y estratégicas que no pueden ser separadas del conflicto de soberanía todavía pendiente.
La firma de este acuerdo es una muestra más de la política entreguista del Gobierno, que daña la posición internacional argentina y sus intereses en múltiples frentes simultáneamente.
Otro gran logro para el impulso destructor de Milei.
