El Poder Ejecutivo, de acuerdo con su auto investigación, no tuvo participación alguna en el criptogate $LIBRA, y eso remitió a la Justicia. Fue un gesto redundante, hacia una Justicia que demostró ser en buena parte hipersensible a los manejos y presiones del poder real, como lo probó la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, al tiempo que Javier Milei andaba por Israel pegándole cabezazos al Muro de los Lamentos.
Quienquiera que consulte el organigrama del Poder Ejecutivo Nacional constatará que la Oficina Anticorrupción es un organismo que depende del Ministerio de Justicia, el cual a su vez lo hace del Presidente (ahora, Javier Milei). Fortalecer la ética y la integridad de la administración pública nacional previniendo, investigando y luchando a brazo partido contra la corrupción son algunas de sus funciones y competencias, como así también participar en la formulación de las políticas públicas al respecto.
Bajo la titularidad del penalista Dr. Alejandro Guillermo Erasmo Melik, quien fuera en su momento propuesto para el cargo por el actual ministro de Justicia, Dr. Mariano Cúneo Libarona, este organismo investigó el affaire con la criptomoneda $LIBRA. Como era previsible, llegó a una conclusión similar a la que formuló la Unidad de Tareas de Investigación que el Presidente había creado por el Decreto 114/2025 y disuelto por el 332: al promocionar la criptomoneda $LIBRA el primer mandatario no infringía la Ley de Ética Pública porque utilizaba su cuenta personal de “X”, y no lo hacía en ejercicio de sus funciones presidenciales.
Dice el Artículo 1º de la Resolución 9/2025 de la Oficina Anticorrupción: «Según las medidas producidas y constancias agregadas en estas actuaciones, el señor Presidente de la Nación, Dr. Javier Gerardo Milei, no infringió la Ley Nº 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública –artículo 2º incisos a), g) e i)– por la difusión del proyecto privado “Viva la Libertad Project”, efectuada el 14 de febrero de 2025 a través de su cuenta personal en la red social “X” @JMilei.”»
Además, prosigue la Resolución 9/2025, como hubo un gran revuelo periodístico y fueron varios los funcionarios mencionados con insistencia en los principales medios de comunicación, se investigaron los eventuales vínculos entre las personas y empresas referidas en las notas periodísticas y los funcionarios públicos allí también mencionados, al tiempo que se procedió a analizar las declaraciones juradas patrimoniales integrales del Presidente de la Nación, de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación, Karina Elizabeth Milei, y del Secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni.
Aclara la Resolución 9/2025 que los análisis y cruzamientos de datos de las declaraciones juradas de los funcionarios investigados, desde la perspectiva de presuntas irregularidades, arrojaron resultados negativos. Además no se hallaron vínculos entre las personas y empresas animadoras del affaire $LIBRA que merecieran gran difusión periodística y el Presidente de la Nación, por ejemplo, la Secretaria General de la Presidencia o el Secretario de Comunicación y Medios.
Según la Oficina Anticorrupción, tampoco fueron encontradas pruebas de que Milei haya cobrado de algún modo por el servicio de promoción de la criptomoneda de la discordia, ni pruebas respecto de su vinculación patrimonial, la de su hermana Karina o la del vocero presidencial (y edil electo) Manuel Adorni, con el norteamericano Mark Hayden Davis, o con los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Con relación a Sergio Daniel Morales, de paso fugaz por la Secretaría General de la Presidencia y luego nombrado asesor en materia de activos virtuales en la Comisión Nacional de Valores (allí había presentado su renuncia “indeclinable” transcurridas tres semanas desde que estallara el escándalo $LIBRA) advierte la Oficina Anticorrupción que “no ha tomado intervención en ninguna de las actuaciones referidas durante su desempeño como asesor en el organismo”.
La Resolución 9/2025 está llena de argumentaciones a menudo barrocas y contradictorias, pero expone en sus considerandos un posible vacío normativo que requeriría, aunque no sea exculpatorio de cualquiera de las conductas ahora bajo análisis, mayor atención en el futuro. Dice la Oficina Anticorrupción que «el uso de redes sociales personales por parte de funcionarios públicos –incluidos Jefes de Estado– es una práctica legítima y generalizada en democracias modernas, que permite una conexión directa con la ciudadanía, sin la intermediación de estructuras oficiales o medios tradicionales [ver Mickoleit, A. (2014), “Social Media Use by Governments: A Policy Primer to Discuss Trends, Identify Policy Opportunities and Guide Decision Makers”, OECD Working Papers on Public Governance, No. 26, OECD]».
También asegura, entre otras cosas y apelando a profusa bibliografía, que el uso de las redes sociales por parte de funcionarios públicos, incluidos quienes ocupan la más alta jerarquía del Estado, no siempre implica el ejercicio de una función pública de acuerdo con lo establecido por la Ley de Ética Pública. Y agrega que “las cuentas personales en tales redes no pueden ser consideradas canales de difusión de información o decisiones oficiales del Estado por la sola circunstancia de ser utilizadas por servidores públicos”. La Oficina Anticorrupción además intenta definir las condiciones para que un uso de las redes sea considerado parte del desempeño funcional de un agente público, pero advierte que la cuestión “no está regulada en el ámbito nacional, ni ha sido motivo de pronunciamientos judiciales por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Y pone ejemplos sucedidos “ante su par de los Estados Unidos, asociados a la eventual infracción del derecho a la libertad de expresión (Primera Enmienda de la Constitución de ese país)”.
Luego de numerosas y muy diversas consideraciones, y de aludir a varios pronunciamientos de la Corte Suprema de los Estados Unidos referidos a la Cláusula de Libertad de Expresión y de otros fallos de Tribunales de diversas instancias, la Oficina Anticorrupción plantea que el Supremo (de allá) en un caso reconoció que “la cuestión es difícil, especialmente cuando se trata de un funcionario estatal o local que interactúa rutinariamente con el público”. En otro orden, respecto de una cuestión muy publicitada desde que estalló el escándalo por el criptoactivo $LIBRA, la Resolución 9/2025 plantea que “si bien los funcionarios públicos pueden actuar en nombre del Estado, también son ciudadanos privados con sus propios derechos constitucionales”.
El expediente con la Resolución 9/2025 fue remitido a la Fiscalía Federal Nº 3 a cargo del Dr. Eduardo Taiano, quien sigue la investigación penal sobre el posible fraude económico realizado en ocasión del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA. Se trató de un gesto redundante, porque si en el curso de su desempeño la Oficina Anticorrupción nada encuentra, tampoco tiene nada que denunciar o eventualmente remitir al Poder Judicial como testimonio de sus andanzas. Y dejando de lado que el gesto redundante despierte suspicacias y pueda ser interpretado como una presión a la fiscalía, lo cierto es que tampoco la remisión de un expediente habilita al Ejecutivo para dejar de responder a las requisitorias de aquélla.
A todo esto el Presidente Milei, gracias a las Fuerzas del Cielo, proseguía su larga gira por Europa, mientras en Argentina recrudecían las versiones, luego confirmadas por la realidad, de que la ex diputada provincial de Santa Cruz, ex diputada y senadora nacional, ex primera dama del país, dos veces presidenta de la Nación, ex vicepresidenta y actual titular del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, sería finalmente encarcelada porque la corte ratificaría el fallo condenatorio en la denominada “Causa Vialidad”. Pero el derrotero de Milei, como queda dicho, siguió su curso: fue la estrella para el cierre del Madrid Economic Forum, donde ingresó dando curso a su vocación de rockero maduro y vociferante, esto es, de viejo rockero que rutinariamente repite un tema (“Panic Show” de La Renga) hasta que termina boqueando por asfixia, y cuando puede seguir estimula y se hace eco del reguero de insultos de la platea enardecida contra casi todo lo que existe.
Al Madrid Economic Forum lo oganizaron un youtuber ultraliberal que cuenta con 885.000 suscriptores y es miembro casualmente de una consultora de criptomonedas e inteligencia artificial, y un gurú de la elusión fiscal que asiste a personas y empresas españolas deseosas de radicar sus fortunas en Andorra, otrora un paraíso y ahora una zona “liberada” donde existe una mínima presión impositiva.
Entre los auspiciantes del Foro se destacó el Instituto Juan de Mariana, también de ultraderecha, y entre los disertantes brilló Marcos de Quinto, ex vicepresidente mundial de The Coca-Cola Company. Lo de este personaje fue un compendio de negacionismo: aseguró que no hubo ni habrá agujero de ozono; que el cambio climático producido por “el hombre” es una falacia; que detrás de las balsas cruzando el Meditárraneo llenas de migrantes africanos hay un negocio del gobierno, algunas ONGs o la Cruz Roja; y un largo etcétera.
Fue entonces que la Corte Suprema de Justicia, como si de un golpe anunciado se tratara, demostró la eficacia represiva del lawfare, esa guerra judicial con el código penal reemplazando a los tanques y fusiles, y los fiscales operando como tropas de ocupación ideológica. La ratificación de la sentencia por parte de la Corte se produjo seis meses después de que CFK asumiera la presidencia del PJ, y pocos días después de que anunciara su candidatura a legisladora provincial por la tercera sección bonaerense. Además de seis años de prisión, la condena implica la inhabilitación absoluta de por vida de ejercer un cargo público y partidario, la exclusión del padrón electoral y, en consecuencia, la proscripción lisa y llana. En palabras de CFK, pronunciadas apenas conocida la decisión de la Corte: “Al cepo del salario del gobierno de Javier Milei, ahora el partido judicial le agrega el cepo al voto popular.”
La Corte de tres miembros, la instancia máxima de ese partido judicial, ratificó una sentencia que coronó un juzgamiento demostrativo de gran hipersensibilidad a los sectores más concentrados de la economía, y que fuera severamente criticado por importantes figuras del derecho. La Corte dio un golpe a lo que el establishment denomina despectivamente “populismo” en su última versión, cuando el Movimiento Nacional disputó con éxito (y continúa disputando) el poder, a través del kirchnerismo. Ahora queda por ver dónde cumplirá su condena CFK, dado que sus abogados presentaron un escrito al Tribunal Oral Federal 2 para que lo haga en el departamento donde vive con su hija Florencia, en San José 1111, sin pasar por una alcaidía. Los abogados basaron el pedido por su edad (72 años), por motivos de seguridad (teniendo en cuenta el atentado que sufrió en el 2022) y porque tiene custodia las 24 horas, dada su condición de ex presidente. Y agregaron: “Ante el improbable caso de que estas peticiones no sean favorablemente acogidas, dadas las garantías constitucionales y convencionales que serían vulneradas, hacemos expresa reserva de acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ante los organismos internacionales competentes en materia de derechos humanos por las vías pertinentes.” El juez Jorge Gorini dio un plazo de cinco días hábiles a todos los condenados para ir en persona a Comodoro Py 2002 y entregarse para quedar detenidos, mientras los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, como si continuaran animando una campaña mediática, hicieron un pedido de “inmediata detención”.
Así son las cosas en la Argentina de hoy. Milei y muchos libertarios pudieron festejar la condena de CFK desde Israel, sin percatarse que parte del Poder Judicial, hipersensible a los humores de los sectores económicos más concentrados, continúa tomando nota. Es que casi todos tienen causas abiertas, como lo prueba el affaire $LIBRA, por más que sus organismos subalternos los pinten (cosa que no hay por qué poner en duda) inocentes. Y entonces deberían recordar al pastor luterano alemán Martín Niemöller, que habría escrito un famoso poema criticando a los indiferentes ante el ascenso del nazismo. Esos versos, que por un tiempo fueron atribuidos a su compatriota, el célebre poeta y dramaturgo Bertolt Brecht, dicen: “Primero vinieron por los socialistas, y yo no dije nada, porque yo no era socialista. / Luego vinieron por los sindicalistas, y yo no dije nada, porque yo no era sindicalista. / Luego vinieron por los judíos, y yo no dije nada porque yo no era judío. / Luego vinieron por mí, y no quedó nadie para hablar por mí.”
Excelente!!!