Desde Porto Alegre.
Jair Bolsonaro y otras siete personas denunciadas por la Fiscalía General que formaban parte del “núcleo crucial” de la “organización criminal armada” ahora son imputados. Este primer grupo del total de 34 imputados incluye a dos policías federales y seis oficiales de las Fuerzas Armadas: un teniente coronel, un capitán retirado, tres generales del Ejército y un almirante de la Armada.
La decisión de la Primera Sala de Sentencia del Superior Tribunal Federal (la Corte Suprema argentina) representa una respuesta sin precedentes de las instituciones democráticas.
Por primera vez en la historia de Brasil, militares de la cúpula de las Fuerzas Armadas, incluidos ex comandantes, ex miembros del Alto Mando del Ejército y ex Ministros de Defensa, serán juzgados ante la justicia civil por el intento de golpe de Estado.
Sin embargo, la investigación debe continuar. Es necesario investigar a todos los demás militares y civiles involucrados en la conspiración y que quedaron fuera de la investigación inicial de la PF.
Aún quedan por descubrir otras capas de la empresa golpista, como la participación de empresarios, agentes públicos, políticos, juristas y parlamentarios que financiaron y alentaron al grupo armado.
La agroindustria, por ejemplo, además de financiar las etapas terroristas del plan, también se hizo cargo de la infraestructura, el reclutamiento y el mantenimiento de los golpistas radicalizados en los campamentos de los cuarteles del Ejército.
En cualquier caso, el juicio y condena de estos civiles y militares por parte de la Corte Suprema es un hito relevante para el proceso de memoria, verdad y justicia en nuestro país.
En Argentina, los comandantes militares involucrados en el terrorismo de Estado durante la dictadura fueron condenados a cadena perpetua. Algunos murieron en prisión.
Sin embargo, a diferencia del país vecino, en Brasil los criminales quedaron impunes y no fueron considerados responsables de los crímenes de la dictadura de 1964 a 1985.
Normalmente reciben cuantiosas pensiones pagadas por el pueblo brasileño. Y los que murieron impunemente legaron pensiones vitalicias a sus hijas y esposas, como los militares involucrados en el secuestro, desaparición y asesinato de Rubens Paiva.
Los militares se concedieron la autoamnistía en el contexto de la transición conservadora impuesta, controlada y supervisada por ellos mismos.
La impunidad fue fatal. Confiados en la eterna impunidad, décadas después del fin de la dictadura, los líderes uniformados se embarcaron una vez más en un intento de golpe de Estado para implementar un proyecto duradero de poder militar.
En 2018, los militares pregonaron su regreso al poder “democráticamente”, mediante la victoria de la fórmula militar Bolsonaro-Mourão en unas elecciones amañadas sin competencia de Lula.
En marzo de 2022 publicaron el “Proyecto de Nación”, un documento que traducía el proyecto de poder militar hasta al menos 2035.
Sin embargo, en abril de 2021, cuando Lula recuperó sus derechos políticos suprimidos por la banda Lava Jato, también recobró la elegibilidad que había sido cancelada debido a las presiones del general Villas Bôas sobre el STF.
Lula se convirtió, a partir de entonces, en la única alternativa en el campo democrático capaz de frenar la continuidad del actual proyecto de poder fascista-militar.
Como destacó el fiscal general Paulo Gonet en la denuncia presentada ante la Corte Suprema, el golpe no fue sólo esa “instantánea épica” del 8 de enero. Fue un proceso continuo, prolongado en el tiempo y motivado por el cambio de situación provocado por la rehabilitación política de Lula.
En la denuncia, la Procuración General de la República describe que los golpistas “libre, consciente y voluntariamente formaron parte de una organización criminal constituida desde al menos el 29 de junio de 2021 y operando hasta el 8 de enero de 2023, utilizando armas”.
En ese espacio de tiempo, la organización criminal puso en marcha un proceso metódico, planificado, con eventos encadenados para desestabilizar el entorno político, provocar crisis y quiebre institucional y, así, legitimar la intervención militar con Bolsonaro en el poder –las “aproximaciones sucesivas”, en palabras del general Mourão.
“Esta organización utilizó la violencia y graves amenazas con el objetivo de impedir el regular funcionamiento de los Poderes de la República y deponer a un gobierno legítimamente elegido”, describió el Fiscal General.
Lo que se descubrió es alarmantemente grave: el plan consistía, entre otros actos de barbarie, en asesinar al presidente y vicepresidente electos, Lula y Alckmin, y al ministro del STF y entonces presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes.
El castigo de todos los involucrados en el intento de golpe es una póliza de seguro y protección de la democracia. La implementación ejemplar de la justicia es la mejor vacuna contra la dictadura.
Es totalmente inaceptable y fuera de lugar hablar de amnistía para los estafadores criminales.