Bolsonaro armó un complot para seguir de presidente, y hasta consideró envenenar a Lula. Por primera vez, Brasil castiga un intento de golpe.
Desde hace ya cuarenta años, en este mundo hay dos modelos de hacer justicia después del horror. Uno es el sudafricano, elevado como “el Modelo Mandela”, de hacer sesiones públicas pero no llamar a los jueces. El otro es el argentino, donde se juzgó a torturadores, golpistas y asesinos, y se los mandó presos. Ahora puede estar surgiendo el Modelo Brasileño, el que preventivamente juzga y castiga el intento de montar el horror, el mismo hecho de conspirar para dar un golpe y asesinar opositores.
Es que el cargo principal presentado a partir de este martes contra el ex presidente Jair Bolsonaro es el de tentativa de golpe y abolición del Estado democrático y de derecho. Para eso creó una asociación ilícita armada que incluía militares de alto rango para causar daño calificado y amenazas graves. El ex presidente puede recibir hasta 43 años de prisión si es declarado culpable, como se espera.
El peso institucional, histórico, de la causa fue bien presentado por su fiscal, el Procurador General de la República Paulo Gonet: “la pacificación del país depende del respeto a la constitución, a la aplicación de la ley y el fortalecimiento de las instituciones. No hay posibilidad de confundir la necesaria y saludable pacificación con la cobardía del apaciguamiento, que significa impunidad. Es más, significa un incentivo a nuevas intentonas golpistas. No reprimir tentativas golpistas como la que muestran los hechos, alienta el autoritarismo y pone en riesgo nuestro modelo civilizado de vida”.
Gonet presentó los cargos contra los ocho acusados y destacó tres puntos importantes: que hubo tentativa de golpe aunque no haya funcionado, que se tentó a las fuerzas armadas a participar y que hay pruebas concretas más allá de las abundantes declaraciones del testigo protegido de la causa, el ex edecán de Bolsonaro.
El complot
La historia que presentó el procurador Gonet arranca a la Trump. Según Gonet, ya en 2021, un año antes de las elecciones, Bolsonaro comenzó a preparar el terreno imponiendo el tema de que las urnas electrónicas no eran de confianza. El presidente empezó a mencionar el tema en cada discurso, en cada entrevista, y mandó a sus minions a repetirlo. Hasta buscó “expertos” extranjeros, generalmente norteamericanos y republicanos, para que apoyaran su desconfianza.
En octubre de 2022 perdió las elecciones y denunció que era por fraude.
Bolsonaro es acusado de haber creado entonces una asociación ilícita armada para evitar que Luiz Inacio Lula da Silva “subiera la rampa” del Planalto, como hacen los ganadores para hacer su juramento. Los conspiradores, ahora acusados, son el jefe de la Casa Civil general Walter Braga Netto, el ministro de Justicia Anderson Torres, el jefe de Seguridad Institucional Augusto Heleno, el ministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira, el comandante de la Armada Almir Garnier, el director de la Agencia de Inteligencia Alexandre Ramagem y el edecán, secretario personal y confidente Mauro Cid, un coronel que ahora es testigo protegido y estrella del proceso.
El primer paso fue movilizar a las redes -Bolsonaro disponía de un ejército de trolls- para desprestigiar la votación y un batallón de abogados para pedir recuentos e impugnar resultados. Este flanco de ataque no funcionó, porque simplemente no hubo manera de impugnar un número ni remotamente suficiente como para revertir la elección. Ni los gobernadores más cercanos lograron el milagro.
El siguiente paso fue más grave. El 9 de noviembre de 2022 a las 9.23 de la mañana, alguien en la oficina presidencial creó un documento, que luego fue encontrado en el teléfono de uno de los acusados, afirmando que había que “terminar con la fórmula ganadora”, Lula y su vice Gerardo Alckmin. Según Cid, las opciones que se discutieron en por lo menos cuatro reuniones en el Palacio de la Alborada, sede de la presidencia, fueron arrestar a los ganadores junto a otros enemigos políticos, o directamente matarlos con veneno o un gas tóxico. El mismo tratamiento se le iba a dar al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, hoy acusador en jefe de los complotados. Este era el Plan Daga Verde y Amarilla, y su autor era el general Mario Fernandes, por entonces número dos de la Secretaría General de la Presidencia. Tres días después, testificó Cid, hubo una reunión en casa del general Braga Netto para planear la operación junto a oficiales de unidades de fuerzas especiales del Ejército.
Mientras los campamentos bolsonaristas crecían en el Eje Central de Brasilia, el 7 de diciembre hubo una reunión en la residencia presidencial a la que acudieron Cid y los jefes de las tres fuerzas armadas, entre otros. Bolsonaro le presentó a los comandantes un decreto declarando el estado de sitio, un llamado a elecciones “limpias” y la detención del juez De Moraes. Según Cid, los jefes del Ejército y la Fuerza Aérea se negaron de inmediato, pero el jefe de la Armada, Garnier, aceptó y puso sus tropas a disposición del presidente. Cid se retiró y luego recibió un mensaje del general Fernandes, contándole que habían discutido el asesinato de Lula y Alckmin.
Pero la falta de apoyo militar bloqueaba el camino y los complotados se dedicaron a suavizar el proyecto de decreto, a ver si los uniformados lo aceptaban. El 14 de diciembre hubo otra reunión con los mandos para ver la nueva versión, que ahora no incluía arrestos. El comandante del Ejército, general Marco Antônio Freire Gomes, se volvió a negar y le explicó a Bolsonaro que lo que pedían era ilegal y que él no iba a “exceder mi autoridad constitucional”.
La negativa pinchó el globo: con los marinos no alcanzaba. El 30 de diciembre, Bolsonaro se fue a Miami, quebrando la tradición de entregar la banda a su sucesor. El primero de enero, Lula juró su mandato y una semana después los bolsonaristas atacaron y vandalizaron los edificios de los tres poderes en Brasilia, un eco del asalto al Capitolio en Washington en 2021. Las numerosas causas y penas de prisión a los vándalos fueron el primer paso de esta causa, que ahora llega al tope del poder.
La defensa de los conspiradores es que nada de esto ocurrió, que no hubo reunión alguna para matar a nadie y que un decreto de estado de sitio y llamado a elecciones no es un “decreto golpista”. También se dedicaron a chicanear a Cid, diciendo claramente que dijo lo que quería escuchar el juez De Moraes para zafar. Es poco frente a las decenas de millares de páginas documentales y los setenta terabytes de datos compilados por la fiscalía. Para dar un ejemplo, se sabe que el general Fernandes imprimió su plan de asesinatos dos veces en las mismas oficinas del presidente, que tienen printers equipados con software de trazado de todo lo que hagan.
La tensión
Bolsonaro estuvo en casa, con su tobillera electrónica y fuerte custodia policial para que no se fugue, y un parte médico que le permitió faltar a las audiencias. La policía teme que el acusado se escape a la embajada de Estados Unidos, que está ahí cerca de su coqueto barrio cerrado, y que la situación con Donald Trump se complique todavía más. Así como todos los brasileños esperan que Bolsonaro sea condenado, esperan que Washington sancione todavía más a su país, por despecho.
El mismo ambiente tenso y custodiado se vio en toda Brasilia, que empezó la semana con fuerte custodia de las fuerzas de seguridad. El acceso a los edificios de gobierno fue más difícil que nunca y los pasillos del tribunal estaban llenos de uniformes. El verdadero temor es sobre qué va a pasar este domingo, Día de la Independencia, para cuando opositores y oficialistas convocaron a manifestaciones en veinte ciudades de Brasil. Nadie se va a acordar del Grito de Ipiranga: el bolsonarismo piensa predicar a los gritos el “fraude” del juicio y el PT y sus aliados convocaron con el lema “Brasil soberano” contra las sanciones y presiones norteamericanas.
Pero el martes mismo comenzó también la verdadera acción para zafar a Bolsonaro de la prisión. El presidente de la Cámara de Diputados Hugo Motta, del partido Republicanos y aliado electoral de los bolsonaristas, admitió que están preparando un proyecto de amnistía para los acusados. No hicieron el poroteo de votos, todavía, pero por las dudas avisaron que igual el ex presidente no se podría presentar a elecciones porque la justicia electoral lo inhabilitó hasta 2030 y eso no entraría en la amnistía. Es que Motta y los suyos no lo quieren de presidente y ponen fichas al muy derechista pero más presentable gobernador de San Pablo, Tarcisio de Freitas, también de Republicanos. En los días siguientes llovieron críticas, la principal que los derechistas ni siquiera esperaron el fallo para empezar a rosquear un perdón.
El escritor Ruy Castro, gran estudioso de la cultura popular brasileña y columnista del diario Folha de Sao Paulo, hizo una profecía muy atendible: después de años de mandarse la parte de su atletismo, de posar sin camisa, de decir cosas como que era invulnerable al covid -cosa de “débiles”- y contar que usaba su departamento de diputado “para coger”, Bolsonaro no fue a su juicio “por estar enfermo”. Es “un truco de abogado de dictador”, escribe Castro. “En cualquier momento aparece en silla de ruedas, para que le reduzcan la pena o le den domiciliaria”, profetiza. Es exactamente lo que hizo el superhombre Augusto Pinochet para poder salir de Londres…