Desde Porto Alegre
Luego de que los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Hugo Motta y Davi Alcolumbre, traicionaran compromisos asumidos con el gobierno y sorprendieran a todos con la aprobación sumaria del Decreto Legislativo que anula el ajuste de las tarifas del Impuesto sobre Operaciones Financieras, el IOF, el ministro de Hacienda Fernando Haddad exclamó: “Ahora es el momento de ponerse el uniforme del conflicto, del buen debate público, del debate político”. Lo que parecía ser una derrota aplastante para el gobierno en las FDI sirvió como una poderosa ventana de oportunidad política.
La oposición pretende asfixiar al gobierno, haciéndolo política y programáticamente inviable, para derrotar a Lula o cualquier potencial candidatura del campo democrático apoyado por él en las próximas elecciones.
El gobierno reaccionó con contundencia, vestido de “uniforme de batalla” y no se doblegó ante la ofensiva de la oposición derechista y extremista en el Congreso, que tiene la mirada totalmente puesta en las elecciones de 2026.
El recurso ante la Corte Suprema para anular la decisión inconstitucional del Congreso se combina con fuertes iniciativas políticas del propio gobierno y de la izquierda en las redes sociales y en el debate público.
Esta postura política de confrontación adoptada por el gobierno disgustó a los líderes del Congreso, a la oposición parlamentaria, al gran capital, a las entidades rentistas y a los grandes medios de comunicación.
El proceso demostró claramente la perspectiva común de la alianza partido-medios anti-Lula que se materializa en la candidatura derechista-bolsonarista de Tarcísio de Freitas, cuyo compromiso número 1 en la Presidencia es indultar a Bolsonaro, a los militares y a otros criminales.
Las amenazas de nuevas represalias contra el gobierno en el Congreso y las vulgares críticas al “frenesí recaudatorio” en realidad ocultan el temor de estas oligarquías dominantes y sus medios de comunicación respecto del viraje político del gobierno.
El gobierno y la izquierda tienen una enorme ventaja en el debate honesto y abierto sobre las alternativas para superar las obscenas desigualdades sociales y las injusticias fiscales del país mediante una imposición mínima a los sectores privilegiados que no pagan impuestos o pagan muy poco, proporcionalmente mucho menos que los pobres y la clase media.
El gobierno no fue capaz de ofrecer una respuesta eficaz a la pérdida de credibilidad y popularidad.
Enfrentar política e ideológicamente a la oposición, a los medios de comunicación y a los sectores dominantes a través de un debate claro y de agitación sobre las propuestas elegidas por el pueblo brasileño en las elecciones de 2022 crea la posibilidad de revertir ese escenario persistentemente desfavorable.
Se tramitan en el Congreso proyectos que mejoran la vida de la gran mayoría de la población y que tienen enorme impacto político y electoral en el gobierno, como el fin de la jornada laboral de 6×1, la exención del impuesto de renta para quien gane hasta cinco mil reales, el PEC de Seguridad y la exención en la factura de luz.
No fue casualidad que Hugo Motta, correligionario de Tarcísio de Freitas, le entregara la elaboración del Proyecto de Ley de Exención del Impuesto sobre la Renta a Arthur Lira, un bolsonarista experto en sabotear al gobierno de Lula. Ellos conocen la importancia capital de esta promesa de campaña para Lula.
Este Congreso, con su mayoría ultraconservadora y reaccionaria, sólo aprobará –si aprueba, lo que es poco probable que ocurra– los asuntos fundamentales de la plataforma de gobierno en las elecciones de 2026 si hay una brutal presión popular en las calles, en las redes sociales y sobre los parlamentarios.
En el contexto de conflicto político y programático con la mayoría opositora en el Congreso, cobra relevancia la demanda de una consulta popular para aumentar el número de diputados, medida rechazada por más del 70% de la población y que pone a la defensiva a diputados y senadores que defienden recortes a los fondos para los pobres mientras aumentan el asalto al presupuesto de la Unión y a los fondos públicos.