En últimas horas de la tarde del jueves 6 de marzo el ministro de Salud Mario Lugones anunció el cierre del Instituto Nacional del Cáncer (INC) y su “absorción” para tener “un mayor control de las acciones y cumplir con sus funciones de una manera más eficiente”. Hasta ahora no explicaron en qué consiste esa eficiencia.
La denunciada ausencia o desigual aporte de opioides en tratamientos oncológicos, el desmantelamiento del Programa de Cuidados Paliativos, falta de retrovirales, una renuncia masiva de profesionales médicos y el cierre del Instituto Nacional del Cáncer ocurrió antes del cierre del INC, hechos que ya habían puesto en alerta máxima a los profesionales de la salud y pacientes ante las políticas de Salud de este Gobierno.
Indudablemente, en materia sanitaria, estamos ante un conflicto que va tomando ribetes dramáticos a medida que se profundiza la toma de algunas decisiones.
En una narrativa teatral, el conflicto es el nudo de una historia que desarrollan dos o más personajes que buscan alcanzar metas u objetivos determinados. Pero cuando de salud se trata, el único objetivo es el cuidado y la prevención de la población.
¿Está ocurriendo esto en Argentina?
La semana pasada Y ahora qué? trató el tema vacunas, y ahora se adentra en la provisión de opioides, los cuidados paliativos, ambas prestaciones están siendo foco de un conflicto de interés entre los profesionales de la salud y las autoridades de la cartera sanitaria nacional. Y desde este jueves 6, a las 18,33 horas, el cierre y absorción del INC. En el medio, claro, está la vida de los pacientes y la contención de sus familiares.
Según Bertolt Brecht, una crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer, es decir cuando coexisten dos posiciones que también pelean por imponer un formato o estrategia.
En el caso de la entrega de medicación opioide y la atención de cuidados paliativos, la tensión se produjo entre los profesionales de la salud y el Ministerio nacional, en un segundo plano los ministerios provinciales (que vienen adoptando roles protagónicos), y los últimos movimientos desde el Estado Nacional que parecen ir en camino de desproteger al paciente, muchas veces ya debilitado por algún padecimiento grave o terminal.
Este es el escenario descarnado en el que se anunció el cierre del INC, aunque destacaron que “sólo es un cambio administrativo que apunta a corregir problemas encontrados, optimizar los procesos de compra y mejorar la calidad de la atención al paciente oncológico”.
Mientras los profesionales miran con piedad humana a sus pacientes, las autoridades del Ministerio siguen refractando protocolos eficientistas en los que los números parecen tener más protagonismo por encima de las esperanzas de curación de las personas.
Un panorama enloquecedor
Y ahora qué? trabajó para esta nota -antes del anuncio del cierre del INC- con todos los actores que estuvieran dispuestos a dar testimonio. Es así que publicamos todas las consideraciones recibidas a los efectos de dejar asentadas las posiciones, aunque parezcan contradictorias. De hecho, lo son. Así que no leerán la nota de un cronista enloquecido o contradictorio. Lo enloquecedor es la mirada contrapuesta de los profesionales de la salud entrevistados y las definiciones volcadas desde el Ministerio liderado por Mario Lugones.
En todo caso, este artículo no deja de ser una línea de tiempo que marca los últimos movimientos previos al cierre del INC.
Renuncias contra el desmantelamiento vs. “operaciones políticas”
Alejandro Lipcovich, dirigente de ATE en el Hospital Garrahan, pintó la aldea conceptual sobre la situación de la salud vista desde un servicio sanitario público. “Lugones y Milei lo dicen explícitamente: quieren liquidar toda responsabilidad del Estado nacional respecto del sistema de salud”. Y lo asoció a otras épocas del país: “es un planteo que inició la dictadura militar cuando impulsó una fuerte descentralización de los servicios, tanto de educación como de salud. El menemismo le dio una vuelta recargada, y ningún gobierno revirtió esa situación según la cual, la cantidad de hospitales nacionales es mínima y la cantidad de programas nacionales de salud también lo venía siendo en relación a las necesidades de la población”. Sin embargo, Lipcovich reconoce que “aún quedan cosas significativas entre las tareas que asume el Ministerio de Salud como los planes de vacunación que dependían de la Dirección Nacional de Vacunas”. Y aclara que, a pesar de ello, “con los despidos impulsados busca liquidarla”. El 4 de marzo, a través de una carta abierta, un grupo de médicos y médicas de las direcciones de Vacunas y de VIH, TBC y Lepra presentaron su renuncia “… con profundo pesar ante el desmantelamiento de nuestras áreas, el grave riesgo cierto e inminente que esto implica para la salud pública, y el aumento de los costos a mediano y largo plazo que van a pagar todos los contribuyentes… la incertidumbre sobre la continuidad de los equipos técnicos se ha traducido en recortes alarmantes que disfrazan de ‘terminar con privilegios y curros’: acusan de ser ‘ñoquis’ y ‘casta’ a profesionales altamente calificados, reconocidos, y con una dedicación y trayectoria incuestionables”. El texto recuerda que “en enero, en medio de un aumento de los casos y muertes por tuberculosis y de nuevos diagnósticos de VIH y hepatitis, se confirmó la disolución de las coordinaciones de Hepatitis Virales y Tuberculosis. Luego, en pleno brote activo de sarampión y de hepatitis A, la reducción del 40% del equipo de VIH y del 30% del equipo de Vacunas. La evidencia es incontrovertible: la prevención no solo evita enfermedades y sus complicaciones y salva vidas; sino que reduce significativamente los costos en salud. Sin embargo, las decisiones actuales priorizan el ajuste a corto plazo en detrimento de las políticas de prevención y control, con consecuencias de alto costo sanitario y económico, que son potencialmente irreversibles para la salud pública. No vamos a ser parte de un Ministerio en el que los programas esenciales no pueden dar respuesta a las obligaciones básicas que marca la Ley. Nuestra renuncia es un acto de ética médica, de responsabilidad cívica y profesional, y una advertencia urgente. La salud pública no es un gasto: es una inversión en la vida y el bienestar de toda la sociedad».
Antes de este comunicado, y ante la renuncia confirmada de cuatro profesionales, desde el Ministerio de Salud aseguraron que “no hay renuncias masivas ni desmantelamiento de áreas”. Aclararon que “por el momento sólo hay cuatro renuncias confirmadas en una Dirección Nacional que cuenta con 422 empleados”, refiriéndose a la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. Y adjudicaron una intencionalidad “política de quienes están enquistados hace más de 20 años en el Ministerio y responden al gobierno anterior y fundaciones que formaban parte del gobierno. Las renuncias son políticas, no sanitarias. Son profesionales que no estaban de acuerdo con la línea de trabajo que se viene realizando desde Nación. El Ministerio de Salud de la Nación quiere recordar y dejar en claro que los programas impuestos por ley están garantizados y siguen normalmente”, explicaron.
Advierten por posible faltante de vacunas
La doctora Carolina Selent, una de las médicas renunciantes que ha suscripto la carta abierta, trabajaba en el sector de seguridad en vacunas y advirtió, en diálogo con Y ahora qué?, que si bien aún hay stock de vacunas “hay que tener en cuenta que las compras se realizan con más de un año de anticipación. O sea que la mayoría fueron compradas por el gobierno anterior”.
–¿No se están haciendo compras?
–Están en marcha, pero resulta que despidieron a las dos personas del sector. La compra de vacunas es muy compleja, así que entiendo que estos despidos traerán consecuencias como la ralentización de nuevas adquisiciones. Pero no es solo eso porque la Dirección de Vacunas también hacía seguimiento de enfermedades inmunoprevenibles y vigilancia epidemiológica que se van a dejar de hacer porque ya no queda nadie que lo haga.
–¿Qué otras cosas no se compraron que usted tenga conocimiento?
–Por ejemplo, en la Dirección de VIH, durante todo 2024 no compraron preservativos. Tampoco hay cargas virales para la detección de la transmisión de VIH neonatal perinatal. Esto, entre otras cosas, significa que en un futuro las provincias se tendrán que hacer cargo de sus vacunas, me parece que van hacia ese lado, y por eso no les importa tener la rectoría nacional.
–¿Pero tienen la obligación de hacer esa rectoría o es un trabajo compartido?
–La realidad es que somos un país con 24 jurisdicciones y la idea es que el Ministerio de Salud marque una política sanitaria y que cada provincia no haga lo que quiera. Si vos dejás la rectoría nacional después, como ocurrió con la vacuna contra el dengue -que cada provincia compró las vacunas que quiso- lo real es que no está bueno administrar los insumos de esa manera.
–¿Tiene información sobre faltantes en medicación oncológica y HIV?
—Sé que hubo faltantes de algunos medicamentos de HIV, sobre todo para las personas que tenían algún problema particular de falla renal y que quizás necesitan otras medicaciones. También preservativos, que es muy importante porque siempre es mejor prevenir que curar. Y reactivos para las cargas virales de las embarazadas para evaluar a los niños que nacen de mujeres viviendo con VIH.
–¿Puede ampliar los conceptos de la carta con la que renunciaron?
–Principalmente es denunciar lo que está sucediendo. Hemos solicitado a las autoridades que reincorporen a nuestros compañeros que trabajan en áreas claves porque son expertos y porque no podemos funcionar de un día para el otro con un 30% menos del personal. La realidad es que avisamos que íbamos a renunciar si no se reincorporan nuestros compañeros y a nadie le importó. Hay un maltrato continuo, sumado a la realidad.
La motosierra como achique de las responsabilidades del Estado
Para Lipcovich, “la política de este Gobierno (con los despidos) es liquidar el Estado”, pero también “reducir al mínimo posible su responsabilidad en materia de salud”.
–Si tuviera que indicar detalles concretos del déficit presupuestario, ¿en qué lo nota?
–En primer lugar, observo que no hay presupuesto, y eso, entre otras cosas, marca una presión muy fuerte para que los hospitales sean máquinas de recaudar. No es algo nuevo en política sanitaria, pero ahora se agrava porque -como el presupuesto es insuficiente- cada hospital se convierte en una empresa y tiene que desvivirse por conseguir recursos facturando prestaciones a privados. Esto genera una desnaturalización muy fuerte de la función del hospital porque no se privilegian las prácticas en función de las necesidades, sino en función de la recaudación. Así es que aparece una competencia por servicio para rapiñar el dinero que nos llega del Estado y se produce una especie de darwinismo muy nocivo al interior de los hospitales.
No hay entrega de medicación a Provincia
Cristian Pizzuti, integrante del Frente por la Salud de las Personas con VIH, hepatitis y tuberculosis, ratifica los dichos de Lipcovich y Selent, y afirma que Nación “no está entregando medicación a la provincia de Buenos Aires. Hace dos meses tengo un pedido estancado de Información Pública. Les hice 15 preguntas. Una pregunta clave es sobre los reactivos. Y sobre la medicación pueden hacer cambios abruptos, pero el problema mayor es sobre los reactivos porque salen carísimos. Un test de resistencia cuesta un millón de pesos y el Gobierno de Milei no lo viene entregando desde que asumió”.
El test de resistencia te indica qué medicación funciona en cada paciente para tu genotipificación de VIH, por ejemplo, para tu tipo de virus. “Si hoy en día lo conseguís es porque la provincia de Buenos Aires lo entrega, pero Nación no está entregando sus reactivos, pero no es de ahora. Tampoco hay campañas de prevención o entrega de preservativos. El gobierno compró creo que un 20% de lo que se necesita comprar en el 2024, y para el 2025 todavía nada”, agrega Pizzuti.
Sobre las coberturas a pacientes, afirmó que “las provincias vienen cubriendo este gasto enorme y prefieren quedar como mártires porque ninguna está haciendo las denuncias pertinentes al Ministerio de Salud de la Nación”.
Cuando una provincia tiene que comprar lo que Nación no compra tienen que denunciarlo. Debe haber algo por lo cual no lo hacen.
El dato aportado por Pizzuti es ratificado, de algún modo, desde la vocería de Prensa del Ministerio de Salud a Y ahora qué? desde donde informan que no tienen denuncias recibidas por falta de insumos.
Sobre opiodies y la falta de cuidados paliativos
La noticia sobre los problemas en la provisión de opioides, la disminución en la atención de cuidados paliativos y la disgregación del Instituto Nacional del Cáncer (INC) explotó con la denuncia realizada por la doctora Mariana Pechenik desde su cuenta de Facebook: “Noticia de primera fuente (yo misma): se ha desmantelado el Programa Nacional de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional del Cáncer, formador de recurso humano interdisciplinario en C.P. a través de becas en servicios de excelencia y cursos variados, provisión de morfina y metadona a las 24 jurisdicciones del país para apoyar principalmente el tratamiento del dolor severo por cáncer en las provincias más pobres del país, asesoría y apoyo permanente a los equipos de cuidados paliativos de todo el país. Actos: se suspendieron las compras de opioides (morfina y metadona), se echaron a 6 de los 8 integrantes del equipo. Causa: recorte. Consecuencias: aumento de la prevalencia de cáncer, aumento de los padecimientos asociados a la enfermedad, más pacientes sin recibir atención de personal calificado en cuidados paliativos ni alivio del dolor. El instituto Nacional del Cáncer junto a la Asociación Argentina de Cuidados paliativos y los institutos privados de formación estaban torciendo el camino de la ignorancia vergonzosa que tiene el sistema de salud argentino en la materia, está política nacional es un descuido profundo a nuestros derechos humanos. Cumplo en informar desde adentro. Muchos no hablan por miedo. Los cuidados paliativos argentinos estamos de luto”.
Una vez más, el mismo problema confronta con dos interpretaciones o miradas de los hechos. De un lado los profesionales, del otro el Ministerio: “La ley de Cuidados Paliativos establece que la provisión de medicamentos es corresponsabilidad con los gobiernos provinciales. El Ministerio proveía morfina y metadona a través del INC, ahora lo comenzará a hacer a través del Banco de Drogas Especiales. Desde el Ministerio de Salud de Nación se aclara siempre que constitucionalmente la facultad de diseñar políticas sanitarias y la atención de sus habitantes es de las jurisdicciones”, explicaron voceros de Salud Nación a Y ahora qué?. Y agregaron que “las provincias tienen que asumir el rol que les corresponde constitucionalmente. El Ministerio de Salud debe tener un rol rector. Ese es el desafío de esta gestión hacia adelante, en eso se está́ trabajando en distintas mesas con las provincias (por ejemplo, en la de medicamentos). Hasta hoy no hubo faltante en prestadores. Y no hubo requerimientos de las provincias al Estado Nacional. El Ministerio de Salud va a garantizar aquellos tratamientos que le corresponden por ley. Y está acompañando a las provincias en mejorar procesos de compra que permitan ahorros significativos a como venían comprando».
–Si los cuidados paliativos están en el Programa Médico Obligatorio (PMO) significa que es una responsabilidad que debe cumplirse.
–Las Obras Sociales y prepagas cubren los tratamientos paliativos. El Estado Nacional venía realizando entregas y ninguna provincia denunció faltante en los diferentes COFESA (reuniones de ministros de Salud de Nación y las provincias), se vencieron casi 400 mil dosis de morfina porque desde el INC planificaron mal la compra.
Y agregaron las siguientes y taxativas definiciones en una respuesta, no tan elíptica, a la denuncia de Pechenik: “Los vencimientos denunciados del 2024 se dieron por una mala planificación de compra durante el 2023, sin ningún criterio de cantidad y precio. Y malgastando dinero. Tal es así́ que los hospitales públicos tenían stock y no pidieron más. Incluso, ningún Ministro provincial se quejó́ de la falta de estos insumos en los COFESA. Esta medicación se manda a hospitales públicos; las Obras sociales y prepagas lo garantizan. La persona que está denunciando el supuesto desmantelamiento era la encargada de entregar los opioides que se vencieron, lo cual genera sospechas sobre su accionar. ¿Habrá́ otro objetivo detrás? A partir de esto, se investigarán todos los procesos de compra de 2022 y 2023. Las jurisdicciones tienen que asumir su rol y garantizar estos tratamientos de manera complementaria con el Ministerio, tal como dice la ley. En las últimas semanas, se implementaron acciones para corregir compras sobredimensionadas y mejorar la distribución de opioides y garantizar los tratamientos para este año.
—¿Qué puede decirme sobre la compra de opioides? Nos llega la información de que las adquisiciones del año pasado fueron suspendidas. Y respecto al tema de Cuidados Paliativos, que fue desmantelado el sector porque la dependencia quedó acéfala. ¿También es así?
–Las compras se centralizaron desde el Banco de Drogas Especiales del Ministerio. Se suspendieron porque se vencieron más de 400 mil unidades de opioides por mala planificación.
Respecto a Cuidados Paliativos no tenía estructura formal en el INC. Y la ley dice que quienes deben garantizarla con las jurisdicciones en conjunto con el Estado Nacional.
–Si afirma que debe garantizarse la atención en conjunto con las jurisdicciones, ¿qué aportó el Estado Nacional como su parte en esa prestación?
–La pregunta es qué aportaron las provincias porque las dosis de metadona y morfina las viene aportando Nación.
–En noviembre del año pasado desde el Ministerio informaron que no sabían cuándo se realizarían las compra de opioides. ¿Hubo compras luego de esa fecha? Porque hay provincias que nunca recibieron los opioides.
–¿Quién informo? El ultimo COFESA fue el 17 de febrero y ningún ministro dijo que había faltante de paliativos.
-Lo informaron desde el Programa Nacional de Cuidados Paliativos (PNCP)
–Imaginate…
–No entiendo. Yo trabajo con información, no con interpretaciones.
–La persona que denuncia es la que se va del lugar. No es información, es denuncia porque sabe que se va.
—Pero estos días tuvieron más renuncias. Creo que ya son demasiadas. ¿Usted cree que todos son opositores a esta gestión?
–La de cuidados paliativos no renunció, se le avisó que no se renovaba su contrato el 31/3, antes de eso no se le conocía la voz. El problema principal es que planificaban mal las compras, sin tener en cuenta cambios en la utilización por parte de los pacientes, que involucraba un aumento de metadona en vez de utilizar morfina. Y por ese motivo se tiraron más de 400 mil cajas de morfina. El Ministerio decidió dejar de dilapidar recursos y asumir ese compromiso.
La sensación de abandono de los pacientes
Ya antes del anuncio del cierre del INC, la presidenta de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos (AAMYCP), Silvina Dulitzky, puso en duda la continuidad del servicio tal como se conocía hasta hace poco. Si bien afirma que el servicio continúa, no saben “cómo será el funcionamiento. Por eso hicimos una movida a partir de ciertos trascendidos que hubo y de información extraoficial, de alguna publicación en Twitter del ministro de Salud y una respuesta formal que obtuvimos a nuestro pedido de que va a haber algunas modificaciones que nos preocupan seriamente respecto al funcionamiento”. “Sí sabemos que habrá una diferencia respecto de cómo se manejaba la provisión de opioides, que es una de las funciones que tenía el programa. Y también sabemos, extraoficialmente, que hubo una reducción considerable de la cantidad de personas que formaban parte de la coordinación del programa.
—¿Cuánta gente calculan que hay bajo cuidados paliativos en el país?
–No tenemos una cifra exacta, además es muy variable. Sí tenemos el porcentaje de la cantidad de pacientes que necesitan cuidados paliativos y no los reciben, que en Argentina está en alrededor del 85%.
–¿Y por qué no lo reciben? ¿Porque no está la prestación del servicio o porque no lo pueden pagar?
–La primera respuesta que tengo es que no hay equidad respecto de la accesibilidad a los equipos de cuidados paliativos. Y tampoco hay cantidad suficiente de personal con formación en cuidados paliativos. El sistema de cuidados paliativos está en el PMO, así que lo económico no debería ser un problema porque están garantizados desde el primer nivel de salud.
–¿El Programa Nacional de Cuidados Paliativos se desmanteló definitivamente?
–No lo sabemos, y parte de lo que no sabemos es cuál va a ser la estructura que va a tener y con qué funcionalidad. La realidad es que los cuidados paliativos cubren a una población de pacientes más grande que la oncológica.
El ex jefe de Cuidados Paliativos del Instituto de Oncología Angel Roffo, Alvaro Sauri, confirmó a Y ahora qué? que ya no hay becas desde el Ministerio de Salud para capacitar en cuidados paliativos: “hacíamos un entrenamiento para que los profesionales pudieran manejar bien las medicaciones así como la faceta social, psicológica y espiritual en este tipo de tratamientos a través de una beca que otorgaba el Ministerio de Salud. Esas becas eran financiadas desde el Instituto Nacional del Cáncer, pero desgraciadamente han desaparecido”.
–¿Qué dicen los pacientes?
–Hay mucha angustia, sobre todo entre los familiares que son los que encaran muchas veces los trámites porque los pacientes no siempre están en condiciones de manejar este tipo de situaciones. Lo que más se escucha es la angustia de la gente y la preocupación por el futuro. Sienten mucho abandono.
Sauri agrega que hasta su jubilación (ahora sigue trabajando como voluntario) había un aporte del Instituto Nacional del Cáncer. “Teníamos un aporte de comprimidos de morfina y de metadona que le dábamos a los pacientes para que empezaran a aliviar su dolor. Generalmente se los dábamos a los pacientes sin obra social o a quienes, teniendo cobertura, tenían un trámite más prolongado para la obtención de la morfina, así que les dábamos las primeras cantidades hasta que finalizaran el trámite, y luego la obra social seguía a cargo. El alivio del dolor era inmediato. Este tratamiento es un derecho humano y hasta hace poco tiempo se estaba sosteniendo.
Teníamos un aporte que era bastante útil y las personas estaban bien cubiertas en general porque no había pacientes que vinieran por morfina o metadona y no se fueran con medicación para aliviarse.
Su reemplazante en la jefatura, Marcelo Iwan, afirma que no hay faltante y que aquel paciente que no tiene obra social continúa recibiéndola de manera gratuita en el hospital. “Siempre hubo y habrá dificultades con los opioides más fuertes como metadona o morfina”.
Para Iwan la falta de este tipo de medicaciones “es histórica, difícil para acceder y no es desde este Gobierno”.
–¿Hay faltante de este tipo de productos en el hospital Roffo?
—No. En algún momento hubo. Hoy ya no.
Sin embargo, la distribución de la medicación opioide a los pacientes no parece ser accesible de igual modo en todo el país.
La federalización de los recursos, aunque los ministros de Salud inexplicablemente no lo denuncien (y desde el Ministerio no tengan registro o lo nieguen), no es equitativa.
Y ahora qué? recibió una denuncia en la que se indicaba que en Salta, por ejemplo, no se estaba recibiendo desde Nación ni metadona ni morfina.
Trasladamos esa pregunta a voceros del Ministerio de Salud provincial que ratificaron el dato: “No se están recibiendo las drogas desde el año pasado. La Provincia está cubriendo, a través del programa de farmacia, y se hace preparar metadona y morfina, solución para los pacientes que lo requieren. En Salta, el Hospital San Bernardo, cuenta con un servicio especializado de Cuidados Paliativos y con esto se da respuesta”.
Y agregaron que en una comunicación recibida el pasado 8 de noviembre desde el Programa Nacional de Cuidados Paliativos (PNCP) se les informó que “no tenían novedades respecto a la provisión de opioides de la PrAO (Provisión de Analgésicos Opioides). El expediente que tramita la nueva compra a través del Ministerio de Salud se encuentra en curso. Sin embargo, no tenemos una fecha certera de cuándo podría adjudicarse. Los mantendremos informados”.
Será cuestión del valor de cada provincia o jurisdicción ante los ojos de las máximas autoridades sanitarias, porque desde la Secretaría de Salud de la Ciudad de Buenos Aires confirmaron a Y ahora qué? que sí reciben este tipo de medicación desde la Dirección Nacional de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE): “En los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires se llevaban a cabo tratamientos con opiáceos. Los relacionados con analgesia y tratamiento del dolor son adquiridos íntegramente por el Ministerio de Salud porteño. Por otra parte, los relacionados con tratamientos oncológicos son adquiridos por la Ciudad y por la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) que a su vez es quien se ocupa del abastecimiento de drogas de alto costo y parte de la medicación para tratamientos oncológicos”. Y agregaron que “respecto de los tratamientos oncológicos, Nación aporta las drogas de alto costo y la medicación. La parte de los opiáceos como parte de tratamientos oncológicos, ahí compra la Nación y la Ciudad complementa dicha compra por si resultase insuficiente. Respecto a tratamientos no oncológicos con opiáceos, la compra es 100% de la Ciudad”.
–¿Se ha producido falta de alguna medicación aportada desde la DADSE?
–Desde la Dirección de Hospitales no reportan ninguna falta, principalmente de las drogas de alto costo y medicación oncológica. Pero como la Ciudad ya compraba una parte de opiáceos para tratamientos oncológicos, no contamos con la información de si hubo una variación respecto a ese eje puntualmente.
¿Tienen el mismo valor la vida y los tratamientos de curación o disminución del dolor de un argentino salteño y otro porteño…?
Dulitzky dio una respuesta tan de sentido común como lapidaria: “lo que nosotros sí sabemos es que, si esto se resuelve por el lado de los gobiernos provinciales, también va a ser injusto, porque no todas las provincias están en condiciones de poder hacerse cargo de este tipo de tratamientos”.
El desguace y cierre del Instituto Nacional del Cáncer
Si el cáncer asusta, ser trabajador del ahora extinto Instituto Nacional del Cáncer (INC), también. Y ahora qué? tuvo dificultades para hallar fuentes por temor a perder el trabajo si hablaban con algún medio de comunicación.
“Estamos hartos, pero también estamos doloridos de ver qué están haciendo con el INC y la salud de los pacientes”, dijeron -antes de enterarse del cierre del organismo- bajo compromiso de preservación de fuentes.
“A Pechenik le bajan el contrato, y también a otra de las otras dos médicas que son paliativistas, con lo cual no quedó nadie en el programa de Cuidados Paliativos. Ahora dijeron que van a elegir un nuevo coordinador, dato a chequear porque nunca se sabe si es verdad o mentira. Y nosotros estamos esperando un decreto con el que el INC deja de ser descentralizado”, explicaron a Y ahora qué?
–¿Y cómo funcionarían?
–Según ellos no habrá ningún descentralizado más. Supuestamente al INC lo van a partir en dos. Una parte se la llevaría Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), pero por alguna razón este decreto no está saliendo porque tendría que haber salido hace como un mes, así que algo está pasando en el medio. A nosotros ya nos avisaron que va a haber una fusión con el Ministerio de Salud y que dejamos de ser el INC, con lo cual está claro que vienen a destruir todo.
Dos días antes del anuncio del cierre Y ahora qué? consultó a los voceros de Prensa de Salud Nación:
–Nos llega la información de que están pensado disolver el Instituto Nacional del Cáncer. ¿Puede confirmar este dato y contarnos qué estructura lo reemplazaría?
–No tengo ninguna confirmación de que así sea. Sé que, como otras áreas de salud, está en proceso de revisión y se observan los alcances y cumplimiento de sus objetivos.
La gente de Prensa del Ministerio podía no saber sobre la decisión política que se avecinaba, pero todo el derrotero narrado en esta nota se entiende mejor al haberse confirmado el cierre o la elíptica “absorción” del Instituto Nacional del Cáncer.
La advertencia más sería desde el campo político llegó de la mano del ex ministro de Salud Juan Manzur: “A partir de su creación, en el año 2010, el control y tratamiento del cáncer en la Argentina se convirtieron en una política de Estado que hoy corre serio riesgo, y eso puede traer graves consecuencias”.
Ya las está teniendo.