El nivel de violencia en Colombia no llega ni de lejos al ciclo iniciado con el asesinato de Gaitán en 1948. Tampoco tiene que ver con el auge de las FARC o el apogeo de Pablo Escobar. Pero un candidato acaba de ser asesinado y un grupo disidente de la guerrilla, aliado con los narcos, desafía la pacificación definitiva.
“Les quiero agradecer su presencia en este acto ceremonial. Aquí va a comenzar un gobierno de paz, de la justicia ambiental, de la justicia social. El poder real está aquí, en el movimiento popular.” Así cerró Gustavo Petro, presidente de Colombia, el ritual indígena que le dio la bienvenida antes de asumir formalmente la presidencia.
Pero está claro que no es fácil pacificar Colombia. Lo revelan el asesinato de Miguel Uribe Turbay, candidato presidencial para el año que viene, y los atentados de agosto en Cali y Antioquia.
El grueso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, firmó la paz el 24 de noviembre de 2016 con el entonces presidente Juan Manuel Santos, que por ese acuerdo recibió el Nobel. Quedó un grupo minoritario de las FARC que se opuso al arreglo. Por eso en 2023 Petro se sentó a negociar un acuerdo de paz con Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, líder del mayor grupo de disidencias de la FARC, el autodenominado Estado Mayor Central. Pero la mesa de negociación se rompió en 2024. Los hombres de Mordisco se levantaron y se fueron. La facción minoritaria de ese sector, encabezada por Alexander Díaz, alias Calarcá Córdoba, decidió mantener las negociaciones de paz. Sin embargo a partir de ahí los dos grupos comenzaron un enfrentamiento violento. Una ofensiva en la zona del Cauca debió ser frenada por policías y militares. En ese momento, el Presidente calificó a Mordisco como un “traqueto vestido de revolucionario”. Traqueto significa narco en colombiano.
Ataque a la democracia
La muerte de Turbay fue reciente. Cuando estaba dando un discurso de campaña en Bogotá, el candidato presidencial para las próximas elecciones de 2026 fue baleado por un sicario y falleció dos meses después. El ataque a tiros se produjo en junio. Uribe era senador desde 2022, tenía 39 años y pertenecía al Partido Centro Democrático, un opositor contundente a Petro. El gobierno de Colombia emitió un comunicado que decía: “Rechazamos de manera categórica y contundente el atentado”. Y seguía: “Este acto de violencia es un ataque no solo contra la integridad personal del senador, sino también contra la democracia, la libertad de pensamiento y el ejercicio legítimo de la política en Colombia”.
Hay seis detenidos por el homicidio de Uribe Turbay. Entre ellos, un adolescente de quince años. Los sicarios le dispararon por la espalda, y al menos una bala dio entre el cuello y la cabeza. Ninguno reveló quién ordenó matar al senador ni por qué.
El gobierno baraja causas probables. La primera explica que pudo ser un ataque dirigido personalmente a Uribe Turbay por sus posiciones político-ideológicas. La segunda, un ataque directo contra el Partido Centro Democrático al que pertenecía. La última sostiene que pudo ser un intento de desestabilizar al gobierno para generar un clima de inestabilidad política en un año preelectoral.
Después del quiebre de las negociaciones de paz entre el gobierno y los grupos disidentes de las FARC, empezó una escalada de violencia que, sin embargo, no puede compararse con los años de Pablo Escobar ni con el ciclo iniciado con el Bogotazo de 1948, cuando fue asesinado el político progresista Jorge Eliécer Gaitán.
El Mordisco
El 21 de agosto “Semana” de Bogotá titulaba: “Oleada terrorista sacude Colombia: dieciocho muertos en tres atentados en Cali y ataque contra helicóptero en Antioquia”.
Por esas acciones la oposición acusó a Petro “blando”, y está ejerciendo contra él un nivel de presión que no se había visto ni siquiera en el ataque a Uribe Turbay. “Las mesas de paz, los hechos lo demuestran, no están dando resultados. ¡No más diálogos con el terror!”, dijo la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Toro es una de las funcionarias locales que viene profundizando las presiones sobre Petro. Mientras, el Presidente replicaba en su cuenta de X: “Su reacción no es de fortaleza, es de debilidad”.
Seis personas asesinadas en Cali en un ataque con explosivos a una instalación militar. Más de 60 heridos. Trece policías muertos en Antioquia tras el derribo con cilindros bomba del helicóptero en el que viajaban. En Cali, la tercera ciudad de Colombia, las bombas detonaron en la transitada Carrera Octava, una avenida que atraviesa la ciudad. “Cali vuelve a ser víctima de un atentado narcoterrorista”, dijo Alejandro Eder, alcalde de esa ciudad, que inmediatamente ordenó la militarización del lugar. Unas horas antes se había producido el atentado al helicóptero.
Petro no esquivó la gravedad de la crisis. Señaló que fue una “reacción terrorista”. A partir de ese señalamiento, tanto él como la viceministra de Defensa Nacional, Ana Catalina Cano, indicaron que “a partir de ahora las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia serán considerados ‘organizaciones terroristas’, que pueden ser perseguidas en cualquier lugar del planeta por cometer crímenes contra la humanidad”.
De los atentados en Cali se responsabilizó a Iván Mordisco. Del derribo del helicóptero en Cali, a Calarcá Córdoba, que lidera al Estado Mayor de Bloques. Ninguna organización armada ha reivindicado la autoría de los ataques.
Iván Mordisco sigue libre y las autoridades colombianas no pueden dar con él. En paralelo existe una guerra abierta entre Mordisco y Calarcá Córdoba, declarada por el primero. Esto hace pensar a los especialistas que la violencia no se va a detener.
A menos de un año de las elecciones presidenciales, la clase dirigente colombiana se debate entre la búsqueda de la paz y la militarización absoluta del país.
La reelección
No existe en Colombia reelección presidencial: solo es posible un mandato de cuatro años sin posibilidades de reelegir. Ya en 2024, Petro dijo que no buscaría ampliar su mandato. Aclaró que su gobierno terminaría en agosto de 2026. También señaló que había sido él quien votó en contra de la reelección la vez fue aprobada. Santos había suspendido esa prohibición y así obtuvo el derecho a otro mandato.
El Presidente mantuvo la negativa incluso cuando la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, la coalición de gobierno, intentó revivirla el año pasado con un proyecto de ley.
“Me iré bastante contento si he podido reducir la pobreza en Colombia”, suele decir Petro. La franja de los más pobres entre los pobres, que constituye el 20 por ciento de la población, fue la que menos vio crecer sus ingresos per cápita. Pero se produjo una reducción notable en la pobreza monetaria. Salieron de la pobreza 1.300.000 personas. Del 34,6 por ciento en 2023, el índice descendió al 31,8 por ciento en 2024. Es la tasa más baja desde 2012.