Para frenar las expectativas inflacionarias, Martínez de Hoz recurrió a un instrumento intervencionista: el control de precios. Milei reedita en muchos aspectos el plan económico de la dictadura. El gobierno había intervenido paradójicamente en los factores económicos congelando salarios, suspendió toda actividad sindical y modificó la Ley de Contrato de Trabajo, tal cual hizo el DNU 70 de 2023. Se vuelve a contar la historia que refiere que la flexibilización laboral crea empleo. La “tregua”, como ejemplo de intervención del Estado en un gobierno liberal fue el tubo de ensayo para futuras medidas que terminaron de liquidar la estructura económica argentina.
El historiador francés Pierre Vilar solía preguntar a sus estudiantes: “¿por qué quiere usted hacer historia?”. La respuesta mayormente era que para conocer el pasado con el objeto de comprender el presente. A esto Vilar les señalaba que la cuestión, según creía, era al revés. Había que comprender el pasado para conocer el presente.
No parece ser una novedad a lo largo de la historia argentina, y comprenderlo es esencial, que los gobiernos que pretenden implementar políticas liberales o neoliberales (según la jerga dominante desde hace más de medio siglo) hayan recurrido a medidas del más duro e incluso autoritario intervencionismo para fines de política económica. Del modo inverso, tampoco lo es que gobiernos, pretendidamente populares hayan caído en trampas del manual de la ortodoxia neoliberal.
Es que los intereses dominantes hacen su tarea, con mayor o menor éxito, prescindiendo de la ideología que puede mostrar un gobierno, equipo o plan económico
A fin de ayudarnos a “comprender el pasado para conocer el presente” recurrimos a un ejemplo histórico, poco recordado, y tal vez ocultado por sectores que refieren a la “libertad” de los mercados como solución a todos los problemas de la Argentina. La elección no es azarosa. Las políticas planteadas por Milei son en varios aspectos similares a las de Martínez de Hoz.
“La gente estaba apretada”
Comenzaba 1977 cuando el gobierno de la última dictadura militar y su ministro José Alfredo Martínez de Hoz estaban preocupados porque, a pesar del plan básicamente ortodoxo de restricción monetaria, liberación de precios, recesión, contención del gasto público y licuación salarial que aplicaban, la inflación era aún alta para lo que se pretendía. Esto significaba que sería necesario recomponer los salarios, que durante 1976 y comienzos del 77 habían perdido más de un 20% fruto de la devaluación con el consiguiente aumento de precios que en los primeros dos meses de la dictadura llevó la inflación a una tasa cercana al 35 % mensual.
Debe recordarse que, como receta de todo neoliberal, el gobierno había intervenido paradójicamente en los factores económicos congelando salarios, suspendiendo el derecho de huelga, las paritarias y toda actividad sindical. Además, recortó otros derechos de los trabajadores modificando rápidamente, en abril de 1976, la Ley de Contrato de Trabajo. El viejo cuento neoliberal-patronal de la flexibilización laboral creadora de empleo.
Martínez de Hoz como hemos visto, no reparaba en intervenir en el mercado de trabajo, pero se daba cuenta que “la gente evidentemente estaba apretada” y le incomodaba que en cada conferencia de prensa los periodistas le preguntaran cuando iba a haber aumentos, como él mismo reconocería a posteriori. Además, según el ministro, los militares se dejaban presionar por sus subordinados que pedían aumentos y había “demagogos” como Massera que tenían ambiciones políticas y por eso quería incrementos salariales.
Por otro lado, los militares que acordaban sobre temas de represión ilegal, se encontraban divididos respecto de la política económica de Martínez de Hoz y de la futura “salida política”, para la que Massera se había anotado a poco de andar la dictadura. Sin embargo, tenían claro que no podrían resistir un levantamiento social masivo. Esto significaba que, por lo menos, no podían retrasar salarios por demasiado tiempo.
Ambas situaciones habían sido advertidas por el Embajador de los Estados Unidos, Robert Hill, en un documento secreto enviado al Departamento de Estado. En él analizaba como positivas las intenciones de liberalizar y abrir la economía, pero también veía que esos planes podían fracasar por la resistencia del movimiento obrero y por las ideas nacionalistas de algunos sectores de las Fuerzas Armadas.
¿Como los “populistas”?
Cuando la presión de los hechos fue lo suficientemente intensa, Martínez de Hoz autorizó un aumento general para marzo, pero diferente según el gremio. Sin embargo, decidió atacar en simultáneo la “inercia inflacionaria creada por las expectativas”. Para ello recurrió al instrumento intervencionista-populista por antonomasia: la “tregua de precios” o lisa y llanamente un control de precios.
Decía el ministro el 8 de marzo de 1977: “Se ha empezado a trasladar a los precios la inflación futura (…) por eso hago una formal convocatoria a los empresarios para que absorban el aumento salarial de marzo y mantengan el nivel de precios de febrero sin trasladar de manera generalizada nuevos aumentos de precios a sus productos durante un período transitorio, que estimativamente podrá ser de unos 120 días, quizás menos, en la medida en que el sacrificio de cada uno sea asumido a pleno y llevado a cabo con toda conciencia.” Como Milei, los neoliberales siempre piden sacrificios antes de la etapa gloriosa. Esta vez, Martínez de Hoz al menos pedía uno a los empresarios.
La Resolución 189 del Ministerio de Economía establecía finalmente que, por 60 días, prorrogables a 60 más, setecientas empresas líderes deberían volver a los precios del 22 de febrero y las empresas que no acataran la resolución serían sancionadas con reducción de aranceles para productos similares y/o liberación de importaciones para productos que gozaban de protección que no fuera arancelaria.
Las empresas no solo debían absorber los aumentos de sueldos sino también los de combustibles (50% en febrero) y los de tarifas fijadas por empresas del Estado no incluidas en el congelamiento. Tampoco estaban alcanzadas las tasas de interés y el tipo de cambio. Aún no regía la tablita.
El combo era ideal para enviar a la quiebra a miles de empresas y a la desocupación y pobreza a centenares de miles de trabajadores, como advertía Rogelio Julio Frigerio, desde el Movimiento de Integración y Desarrollo, en el diario “La Opinión” el 13 de marzo de 1977, presagiando el fracaso de la “tregua”.
Sectores empresarios obviamente se oponían a la medida. Habían sido forzados a pagar un aumento de salarios cuyos porcentajes eran desconocidos al momento de congelarse los precios puesto que se anunciaron después, y a bajar los precios al nivel febrero. Todo esto en un contexto de tasas de interés superiores a la inflación y con el dólar también en alza (un 30% aproximadamente entre el inicio y el final de la “tregua”).
Aquí pueden observarse dos cosas. Primero que, obviamente, las medidas muy poco tienen que ver con la libertad de comercio y la libertad de contratar entre privados incluso. Segundo que, en algunos casos, la “liberación de importaciones” no era la regla sino la sanción. Con lo cual, por más libertad que se proclamara, existían intereses protegidos que no se tocarían a menos que violaran la norma.
Fracaso y justificación
Ciento veinte días después, la tregua finalizó sin estruendo ni efectividad. Inicialmente la inflación bajó del 8 al 6% mensual, para escalar hacia fines de 1977 hasta el 14,5%. La propia memoria del Banco Central de ese año reconoce su fracaso.
Martínez de Hoz luego de su salida, intentó culpar al secretario de Comercio, Alejandro Estrada, para luego declarar que “la gradual reactivación” en un contexto de economía cerrada. La Argentina traía presiones inflacionarias que debieron ser contenidas con la “tregua de precios”, para que no peligrara todo el plan, siendo luego “reemplazada” por la baja en los aranceles de importación.
Juan Alemann también intentó zafar de la contradicción ideológica explicando que no estaban convencidos de la tregua “pero hay momentos en que hay que tomar medidas (…) porque la inflación se escapa y después se recicla”. Entonces de alguna manera había que frenarla. Aunque era consciente de que esto no resolvía los problemas de fondo.
Liberales fuera del gobierno como el ministro que no fue (por ser divorciado) Horacio García Belsunce, objetaron que se cruzó una línea “en tanto los ingresos de los empresarios fueron afectados por un trato diferente al resto de los factores productivos”. Por lo tanto, a futuro esto generaría desconfianza. También criticó que mientras los precios estaban congelados, no ocurría lo mismo con las tarifas ni con la emisión monetaria. Con cierta coherencia, agregaba que se había vuelto a controles que significaban “el reverso de la medalla de la política iniciada el 24 de marzo de 1976”. E iría incluso aún más allá, afirmando que si bien los empresarios, a quienes Martínez de Hoz acusaba de “no saber vivir en libertad” pagaron un alto costo por la tregua, finalmente “el costo lo pagó todo el país”.
La “tregua”, como clarísimo ejemplo de intervención del Estado en la economía, llevada adelante por un gobierno de ideas neoliberales, pareció ser un ensayo para futuras medidas que terminaron por liquidar buena parte de la estructura industrial y social de lo que había sido la Argentina hasta mediados de los 70 y cuyas consecuencias seguimos sufriendo, renovadas, en el presente. Objetivos neoliberales logrados mediante la intervención.