Abogado, doctor en Derecho Constitucional y profesor universitario, Andrés Gil Domínguez aseguró a Y Ahora Qué? que la ley Bases sancionada en Diputados y el DNU habilitan al presidente Javier Milei a cambiar el orden socioeconómico del país sin precisar una reforma de la Constitución. Afirmó que el blanqueo fiscal atraerá a todo tipo de mafias. Pero que a su juicio la democracia no está en peligro y que las encuestas pueden empezar a reflejar el descontento popular.
La Libertad Avanzó. Contra viento y marea. Contra los vientos de las huelgas y la marea de las marchas callejeras. Enfrentó los vientos de los amparos judiciales. Soportó la marea de protestas y lamentos que atraviesan cada rincón del país. Incluso ignoró el malestar de quienes todavía dicen guardar «esperanzas», según las encuestas.
La Libertad Avanzó en la cámara de Diputados con su ley Bases. Tan vivita y coleando como el DNU, que los Tribunales y, al menos por ahora, la cámara baja se rehúsa a rechazar como lo hizo la cámara alta. La ley tuvo retrocesos. Fue recortada. Pero no hay modo de encontrarle una sola medida en favor de las grandes mayorías.
– ¿Y ahora qué con la ley Bases en el Senado?
– Hay que esperar qué sucede en la cámara de senadores. Tras la media sanción de la ley Bases, hay que ver si la aprueba con modificaciones o si la rechaza.
– ¿Es constitucional que el Congreso delegue extensas facultades en un Presidente?
– Hay en la media sanción dos bases de delegaciones legislativas. Son tan amplias, tan ambiguas, tan imprecisas, en términos de lo que pueda hacer en la reestructuración del Estado el Presidente, ya habilitado por el Congreso para colegislar esa materia, que sumado al artículo 2 del DNU 70/2023, se lo habilita a que transforme el orden socioeconómico.
– La emergencia abarca lo administrativo, económico, financiero y energético.
– El orden socioeconómico está previsto en la Constitución. Y en los tratados sobre derechos humanos. Pero ahora lo podría cambiar sin tener que pasar por una reforma constitucional.
– ¿Se le otorgan superpoderes?
– Si uno suma el decreto 70/2023 y la sanción de esta ley, con estas bases de delegación habilitadas, el Presidente está facultado para hacer una reformulación integral del orden socioeconómico argentino. Caminos cerrados por la Corte Suprema
– ¿No es el Estado el regulador constitucional?
– Según la Constitución y los tratados, el Estado cumple un rol de regulación de los mercados y tutela lo que es la producción de bienes y servicios esenciales de los sectores más vulnerables.
– Se ampara al desfavorecido.
– Y tiene una orientación clara a través de políticas públicas de desarrollo humano con justicia social.
– Derechos consagrados históricamente.
– El Estado tiene la obligación de disponer, hasta el máximo de sus recursos disponibles, de políticas públicas para satisfacer derechos económicos.
– ¿Se diluye ese rol estatal?
– Eso es lo que lamentablemente estamos viviendo. Los caminos de impugnación judiciales han sido cerrados por la Corte Suprema de Justicia.
– La Corte acaba de rechazar un recurso suyo de per saltum para que se ordene al Congreso tratar de inmediato al DNU.
– La Corte se abrazó a una doctrina que viene del siglo XIX. Esa doctrina establece que solamente puede acudir a la justicia quien tenga o titularice un derecho claro y concreto.
– ¿Sólo en ese caso?
– Sí. Cuando una norma afecte ese derecho. Y la decisión judicial va a tener efectos solamente sobre esa persona y no sobre el conjunto de la población.
– ¿Es una medida legítima?
– Se desconoce que en 1994 se reformó la Constitución. El convencional constituyente estableció claramente que el Poder Ejecutivo no puede emitir decisiones de carácter legislativo bajo pena de nulidad absoluta e insanable.
– ¿Cuál fue el argumento para inhibir al Presidente?
– ¿Para qué lo hizo? Para garantizar la República, la división de poderes, disminuir el hiperpresidencialismo, fortalecer el rol del Congreso e interdictar la autocracia.
– Prevenir una tiranía.
– Entonces, estamos en un esquema donde si el Presidente utiliza esta herramienta como quiere, por fuera de los márgenes constitucionales, la Corte Suprema impide que nadie lo cuestione.
– Ahora con aval de los Diputados.
– La cámara baja acaba de dar una delegación legislativa muy amplia. Estamos en un panorama muy complejo para la defensa del orden democrático y lo que es el orden constitucional.
– ¿La democracia está en peligro?
– No está en peligro. En primer lugar porque el Congreso sigue funcionando. Cualquier ley puede ser derogada por otra ley. La Justicia sigue funcionando. En el caso de las afectaciones individuales y colectivas puede obtener respuestas. Y porque el año que viene vamos a ir a votar. No están obturadas las vías de elección democrática. El pueblo se va a expresar el año que viene nuevamente. Lo hará en elección intermedia y vamos a ver.
– ¿Cuándo estaría en riesgo el sistema?
– La democracia está en juego cuando uno no puede participar democráticamente. Cuando uno no puede votar. Cuando no se puede opinar. Cuando no se puede criticar. Cuando la justicia no funciona y cuando el Congreso está cerrado. Ahí es cuando está en juego la democracia.
– ¿No ve usted una amenaza?
– Yo creo que más allá de la posición crítica que tengo de este gobierno, no está en juego en sí, el sistema democrático. Está funcionando.
– ¿No se viola el artículo 29 de la Constitución que prohíbe dar facultades extraordinarias al gobierno so pena de una infame traición a la patria?
– La única delegación legislativa posible y que prevé nuestra Constitución es la que se llama delegación impropia. El Congreso establece bases ciertas, precisas, determinadas y en un plazo para que sobre esas bases y ese plazo, el Poder Ejecutivo colegisle.
– ¿Habría infamia entonces?
– Lo que prohíbe la Constitución es una transferencia legislativa total de facultades del Congreso a favor del Poder Ejecutivo. Eso es lo que está vedado por el artículo 29. Sólo así estaríamos ante el supuesto de suma del poder público. O del otorgamiento de la suma del poder público o de facultades extraordinarias.
– ¿La delegación, por lo tanto, es limitada?
– Las dos primera bases que acaban de ser aprobadas son muy amplias, están ahí. Están en un gris.
– Porque hubo cambios en la iniciativa.
– En el anterior proyecto, que tenía 16 bases, ahí sí yo no tenía ninguna duda de que era una transferencia total y estaba claramente violando el artículo 29. Acá es una zona gris, más cercana a la violación que al respeto del artículo 29.
– ¿No se aclara qué capacidades se delegan?
– Cuando se delegan facultades, la base tiene que ser precisa. Yo, por ejemplo, habilito como Congreso al Poder Ejecutivo a que colegisle en estos temas puntuales y para llegar a un objetivo.
– En una emergencia real.
– Para superar la emergencia pública o para hacer más eficiente la administración. Debe ser precisa, bien enmarcada. Ahora, las bases de los incisos ‘a’ y ‘b’ del artículo 2 son muy amplias. Avalan que se pueda cambiar la totalidad del Estado.
– ¿Puede hacer lo que quiera?
– Que un Presidente haga lo que quiera no es bueno. Yo te permito colegislar en esta materia específica. Es para superar esta situación de emergencia puntual. Y vos vas a tener que tomar tales medidas específicas.
– ¿Eso ocurre?
– No. Acá te dice en la segunda base que te habilito a que colegisles para disminuir el sobredimensionamiento del Estado.
– ¿Qué significa?
– Que puedas cambiar o modificar toda la administración. La base legislativa tiene que estar siempre, si está vinculada a medidas de administración pública. Y nada más. Sólo a medidas que se tomen exclusivamente para superar la emergencia.
– ¿Como en la pandemia de Covid?
– Sí, como en la pandemia o en la crisis de 2001. Si uno lo compara con la ley que se sanciona en 2002 para superar la crisis de 2001, las bases estaban establecidas. Eran más precisas que estas.
– Hubo una delegación justificada.
– Lo que pasa es que se ha hecho uso y abuso de la delegación legislativa. Cuando apenas asumió Alberto Fernández, se sanciona una ley con siete u ocho delegaciones que eran muy amplias.
– ¿Se puede comparar?
– Lo que está haciendo Milei no es nada nuevo. Estas prácticas inconstitucionales de anteriores gobiernos ahora están llevadas a un nivel de paroxismo. Pero no es que está haciendo algo que nunca hizo nadie.
– En lo laboral se eliminan derechos.
– Hay un rechazo de una Cámara respecto de lo laboral del DNU. Pero al incorporarse un capítulo en la ley Bases, se deroga el DNU. Con lo cual, el cuestionamiento que se hizo queda abstracto.
– ¿Se podrán hacer nuevos planteos judiciales?
– Podrán venir nuevos cuestionamientos al que sea el resultado final de la ley Bases. Aquello que reguló el DNU queda derogado. Y los planteos judiciales quedan abstractos.
– ¿Qué otros capítulos pueden cuestionarse?
– Primero, en general, está el artículo 2. Es el que le permite cambiar o modificar el esquema socioeconómico. Está la desregulación de las obras sociales. La derogación de la ley de alquileres. La transformación del Estado y la posibilidad de fusionar y cambiar tipos societarios.
– Gobernar para los poderosos.
– Está también la obligación de transformar a todas la sociedades del Estado en sociedades anónimas. Esto con las consecuencias y los efectos que tienen sobre el personal con estabilidad laboral. Producto de la transformación, una persona que trabaja en una empresa del Estado, o en un área estatal, se queda sin funciones. Tiene un período de 12 meses para tratar de encontrar un lugar, capacitarse. Si en 12 meses no encuentra un lugar, entonces es despedido. Le pagan un mes por cada año de trabajo, a pesar de que tiene la estabilidad propia del empleo público por el artículo 14 bis de la Constitución.
– ¿Y el Régimen de Incentivo de Grandes Inversores?
– Aquel que venga con un capital de 200 millones de dólares o más, tiene un montón de beneficios de toda índole. Esto en detrimento de las Pymes que tienen que pagar el aumento de todos los servicios. Se dificulta su producción. Además, la apertura indiscriminada de la importación.
– Ya sufrida en gobiernos neoliberales.
– Es un esquema similar a la década de los 90. Esquema que le hizo muy mal a aquello que le falta a la Argentina que es un proceso de industrialización a nivel federal.
– Industrializar no figura en el lenguaje oficial.
– ¿En qué nos diferenciamos de otros Estados federales o grandes? Menciono a Brasil, Estados Unidos, México. Todos ellos son estados con procesos de industrialización federal. Acá, no lo tenemos.
– Sólo se habla de extraer recursos naturales.
– Entonces, caemos en economías regionales débiles. Que dependen del poder central. La idea final de Milei es converger a un sistema unitario, centralista. Y la base del inciso ‘a’ del segundo artículo le da unas prerrogativas enormes.
– Pero mientras tanto recrudecen marchas y huelgas.
– Igual, hay que aclarar que hace falta una reforma laboral. El sistema normativo no protege absolutamente a nadie. El empleo en negro tiene cifras terribles. La legislación laboral y una excesiva protección al trabajador, en muchos casos, hace que las Pymes no puedan sostener una presión de su planta. El tema es cómo la llevás adelante. Debe ser una reforma en la que se sienten los representantes de los trabajadores, de los empresarios y del Estado. Y hacer algo consensuado. Que sea ‘win win’.
– ¿Y sin consenso?
– Sale una imposición, creyendo que el principal problema de la decadencia argentina es que está sobreprotegido el empleo.
– Es lo que cree el oficialismo.
– Así como estamos, los datos duros hablan de que esa protección no ha servido para generar empleo.
– ¿No es clave la protección?
– ¿Por qué se protege el empleo? Para la parte más débil. Pero a su vez para dinamizar la economía. Si no, no sirve. Si vas a proteger mucho, mucho, mucho, y después no dinamizás la economía en sectores Pymes, no sirve.
– ¿Es la única reforma necesaria?
– Hace falta una reforma impositiva. Una que simplifique los impuestos. Que saque impuestos como el IVA. Es el impuesto más regresivo y más injusto que hay. Pero todo dentro de un marco conceptual del federalismo y el sistema constitucional.
– ¿Ninguna de esas reformas aparecen en la ley Bases?
– No. Y aparte hay un blanqueo de capitales. Estoy a favor de los blanqueos. Que permitan que la gente saque el dinero que tiene en el colchón. Volcarlo en proyectos productivos o en una matriz productiva. Que sirva para dinamizar al mercado. Eso es una cosa. Otra cosa es decir que vengan de donde vengan. Es habilitar el ingreso de mafias. El narcotráfico, las mafias internacionales.
– ¿Crear un paraíso fiscal?
– Es lo que no hay que hacer. Este proyecto es el Edén, de una cierta manera. Este es el problema.
– Milei dice que es un héroe quien fuga dólares.
– Y sí, claro. Entonces el que paga impuestos es un estúpido. La moratoria sirve en la medida en que los que han cumplido siempre reciban un beneficio.
– En suma ¿es una reforma encubierta de la Constitución?
– El intento del Presidente es una reformulación constitucional. Sin pasar por una reforma. Es instaurar una idea del Estado mínimo. No es lo que la Constitución prevé.
– ¿Quienes votaron la ley no fueron el sostén de Milei en el balotaje?
– Hay una legitimidad de origen del Presidente. De aquel 56% de votos. Fue hace 4 ó 5 meses atrás. No fue hace dos años. Con determinada esperanza del grupo que lo votó. Esto hace que todavía ciertas fuerzas hagan un acompañamiento en algunos puntos.
– ¿El conflicto universitario no es un punto de inflexión?
– El tema de las universidades públicas significó un quiebre, ¿no?
– ¿Sólo en este punto ve un quiebre?
– De alguna manera, se pasó de una ley de 600 artículos a una de 200. Y de 16 bases a tres bases. Ha existido un retroceso. Y de hecho es el primer presidente desde 1983 que en todo este período no logró hacer avanzar una ley propia.
– ¿Usted cree que se sobrevalora a Milei?
– Estamos impactados más por la escenografía de Milei que por los resultados de Milei.
– ¿Puede cambiar el escenario?
– Veremos cómo se dinamiza esto a partir de ahora, ¿no? Cuando las encuestas empiecen a dar otro resultado.