Representantes de hospitales bonaerenses, profesionales de la salud y pacientes denunciaron “la demora y discontinuidad” en la entrega de medicamentos inmunosupresores para pacientes trasplantados con cobertura pública por parte del Ministerio de Salud de la Nación, lo que podría costarles el rechazo del órgano implantado y hasta la vida.
El dato circuló a bajo volumen, pero igualmente llegó a las redacciones: se está produciendo cierta discontinuidad en la entrega de medicación inmunosupresora a pacientes trasplantados de todo el país que, como ya parece una costumbre, el gobierno nacional adjudicó a revisiones administrativas licitatorias o de procedimientos.
Justo en el tema venta de órganos y trasplantes, sistema fustigado por el presidente Javier Milei desde antes de asumir su mandato.
Ya en 2022 Milei cuestionó en un programa de Jorge Lanata y casi que terminó justificando una eventual venta de órganos: “¿Por qué todo tiene que estar regulado por el Estado? ¿Cómo voy a estar yo disponiendo sobre el cuerpo de otra persona, cómo voy a estar yo decidiendo qué puede o no hacer? El que decidió venderte el órgano, ¿en qué afectó la vida de los demás? ¿En qué afectó la propiedad de los demás? ¿En qué afectó la libertad de los demás?”.
Un año más tarde volvió sobre el tema con algunos cambios en sus consideraciones, seguramente advertido sobre la mala opinión creada con sus declaraciones: “no proponemos la venta de órganos, decimos que hay 7.000 personas esperando un trasplante y 300.000 potenciales donantes”.
En lugar de buscar “mecanismos de mercado para resolver estos problemas”, deberían buscar mecanismos para asumir su responsabilidad de Estado y no demorar la adquisición de los medicamentos necesarios para evitar este tipo de angustias en pacientes trasplantados.
Desde el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), en ese entonces, salieron a responderle como un rayo. El jefe del organismo, Carlos Soratti, calificó los dichos como una de “locura” y “fantasía que no es viable”.
Hoy, desde ese organismo, con el mismo Soratti a la cabeza, guardan silencio sobre la situación que atraviesan los pacientes y derivan las consultas a la vocería de Prensa del Ministerio de Salud.
La comidilla general fue la sensación de que, en algún momento, desde el Ministerio de Salud informarán que las jurisdicciones deberán hacerse cargo del programa de medicamentos, como otros programas que se bajaron de Nación a las provincias. “Va a ocurrir eso con los medicamentos inmunosupresores. Nos están demorando los expedientes como una forma de desfinanciar y para que las provincias empecemos a hacernos cargo”, dijo un funcionario presente que solicitó preservación de fuente.
Un poco de historia
Algunos de los ministros de Salud provinciales que asistieron a la última reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) aseguraron que el tema explotó cuando el INCUCAI distinguió la labor de los hospitales donde realizaron como mínimo 50 trasplantes durante el año 2024 y no se trataba la falta o discontinuidad en la entrega de medicación inmunosupresora utilizada para evitar que el sistema inmune de los pacientes dañe al órgano recibido. La ironía de esta gestión se corporizó, una vez más, en la vida de la gente: entregan premios a los hospitales que trasplantan, pero no llegan los medicamentos para los trasplantados sin cobertura privada y que requieren de la asistencia pública con el consabido riesgo de que el cuerpo produzca rechazo del órgano recibido y ponga en riesgo la vida del paciente.
La información fue corroborada por Y ahora qué? con varios ministerios de Salud provinciales, aunque solo la provincia de Buenos Aires y Tierra del Fuego autorizaron la difusión de los testimonios recabados.
El reclamo de pacientes y trabajadores de la salud bonaerenses
Más de 400 trabajadores de servicios bonaerenses y pacientes reclamaron a la Nación por las demoras en la entrega de la medicación inmunosupresora.
A través de un comunicado, expresaron su preocupación “por irregularidades en la provisión de medicación para pacientes trasplantados” con cobertura pública exclusiva por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Aclararon que es “una medicación que debe administrarse de por vida con el fin de evitar que el órgano trasplantado sea rechazado” y que “la provisión se realiza a través del Programa de Seguimiento Postrasplante que afecta a más de 5400 ciudadanos”. Y explicaron algo que ocurre en todo el país: “las provincias se han visto obligadas a efectuar compras que involucran un altísimo porcentaje del presupuesto de los organismos provinciales de procuración y trasplante poniendo en riesgo la actividad de los mismos. Aun así, estas adquisiciones difícilmente podrán garantizar la cobertura al requerimiento de todo un año”, advirtieron a las autoridades sanitarias nacionales. Y agregaron que “esta situación pone en riesgo la sobrevida del trasplante, haciendo que los pacientes trasplantados renales deban volver a diálisis y los pacientes trasplantados de otros órganos, puedan perder no solo el injerto sino su vida”.
Entre los 403 firmantes hay pacientes, representantes de instituciones sanitarias y trabajadores de la salud, de los cuales 8 directores de CUCAIBA, 150 directores ejecutivos, 51 jefes de servicios y diferentes autoridades ministeriales.
Desde Ushuaia, el coordinador del Centro Unico Coordinador de Ablación e Implante (CUCAI) Tierra del Fuego, Eduardo Serra, ratificó la misma información: “el año pasado estuvo bastante complejo, tuvimos que salir a comprar bastante medicación. Algunas provincias nos arreglamos con los stocks que teníamos mientras nos iban reponiendo la medicación. Y este año, la semana pasada nos dijeron que ya estaban a la firma los expedientes para las compras, que ya tendrían que estar aprobadas y nos tendrían que estar entregando los medicamentos en poco tiempo”, explicó en diálogo telefónico con Y ahora qué?.
Serra también agregó que “este año todavía no tuvimos que salir a comprar” inmunosupresores.
Otro vocero que pidió mantenerse en reserva agregó que “lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires nos pasa a todos”.
La historia oficial
Y ahora qué? consultó a las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación:
–Circula la denuncia de que hay una demora o directamente ausencia de entrega de medicación a postrasplantados y que las provincias se están haciendo cargo.
–Desde el año pasado existen demoras y faltantes en la distribución de medicación, atribuibles principalmente a tres causas: demoras en los procesos administrativos (producto de los cambios de gestión), el incumplimiento en los plazos de entrega de los laboratorios para productos ya adquiridos, y licitaciones vacías debido a la escasa o nula oferta de los laboratorios (ofertaron menos cantidad de lo que se solicitó en productos de exclusividad y/o no presentaron ofertas). En todos estos casos, las provincias fueron debidamente notificadas con anticipación para que arbitren las medidas necesarias para su resolución. Hoy esta situación empieza a ser reclamada en la comunidad de pacientes, a quienes se les ha comunicado que existen licitaciones en curso y las compras están en marcha. También se les informó que no existe ninguna decisión de discontinuar el programa. En la actualidad el Programa Nacional de Seguimiento Postrasplante se mantiene vigente, destacándose que existen 13 procesos de adquisición de medicación inmunosupresora y de inducción en curso, iniciados en 2024, para pacientes bajo programa.
–Sin embargo, en el comunicado emitido dice que las provincias están haciendo sus compras y no aclaran que sus licitaciones quedaron vacantes. ¿Por qué las provincias los consiguen y Nación no?
–Porque una licitación consta de requisitos, si uno no se cumple, no se puede adquirir. Y no es lo mismo una licitación de 4000 medicamentos que comprar de manera directa 30.
Los trasplantados
Y ahora qué? también dialogó con pacientes trasplantados, quienes ratificaron la dificultad de hacerse de su medicación en tiempo y forma.
Verónica González, trasplantada de hígado en el Hospital El Cruce de Florencia Varela hace siete años (hoy tiene 47) y vecina de Berazategui, se atiende por la obra social del PAMI, que se hacer cargo de su medicación.
Sin embargo, hace varios meses que viene teniendo una recepción intermitente de su medicación inmunosupresora.
“A veces porque las recetas están mal hechas, otras por cuestiones burocráticas de la farmacia o porque PAMI rechaza la receta porque dice que no está autorizada o porque faltan datos o no tienen el expediente. Y sin medicación puedo tener rechazo del hígado trasplantado”.
–¿Y cómo se arregla?
–Si no logro resolver los inconvenientes, me los provee el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a través del Hospital El Cruce.
–¿Cuántas veces le ocurrió en el último año?
–Unas tres o cuatro veces y en el CUCAIBA siempre estuvieron al pie del cañón. Estoy muy agradecida.
Maximiliano Polo, trasplantado del corazón hace 18 años en el porteño Hospital Italiano, vive en la localidad bonaerense de Azul, donde trabaja en la Dirección de Políticas de Inclusión asesorando a otros trasplantadas o pacientes en lista de espera para que conozcan sus derechos.
“Antes de que me llames estaba hablando con una señora que está teniendo problemas con la medicación. Es trasplantada de córnea y tiene diabetes”, dijo.
Polo, conocedor del tema, explicó que “la ley bien establece que las obras sociales deben cubrir el 100% de la medicación, directa o indirectamente. ¿Por qué? Porque vos podés tomar medicación y eso te puede traer otro tipo de problemas. Y si eso ocurre, también te tienen que cubrir la otra medicación. Puede pasar, por ejemplo, que te acomodan los riñones y se te desacomoda otra cosa”. Anta una eventual falta, “tratamos de pasarnos la medicación entre los trasplantados”, agregó.
–¿Cómo lo hacen?
–Tenemos un grupo de WhatsApp que funciona como una red de trasplantados de órganos y tejidos de todo el país. Ahí, entre nosotros, preguntamos si a alguno le sobra y lo vamos enviando a distintas provincias o ciudades. Son inmunosupresores, medicamentos de alto costo. Yo entiendo que un acto administrativo lleva un tiempo, pero tampoco para que estemos 20 o 30 días sin medicación.
–¿Qué es alto costo?
–Doscientos o trescientos mil pesos por mes. En la red de WhatsApp aparecen muchos reclamos.
–¿Y a qué lo adjudican?
–Sabemos qué postura tenía este gobierno sobre los trasplantes y la donación de órganos. Ya han desmantelado varios organismos públicos de salud y, lamentablemente, los que pagamos las consecuencias somos los que necesitamos la medicación. El Estado Provincial hace mucho, incluso ha armado un nuevo presupuesto en salud para los medicamentos de alto costo para personas trasplantadas.
–¿Hay algunas provincias de las que hay más solicitud de medicamentos en ese grupo de WhatsApp?
–Mucha gente del sur, Chubut, Neuquén, y Santiago del Estero también.
–¿A partir de cuándo se profundizó esta problemática?
—Desde febrero del año pasado comenzaron a circular más quejas. En algunos meses se agravó más y en otros menos, pero siempre hay algún caso puntual.
“Mecanismos de mercado”
La problemática de la entrega de medicamentos inmunosupresores se suma a la ya denunciada ausencia o desigual aporte de opioides en tratamientos oncológicos, el desmantelamiento del Programa de Cuidados Paliativos, la falta de retrovirales, la renuncia masiva de profesionales médicos en el Estado y el desguace y descentralización del Instituto Nacional del Cáncer, todas acciones o medidas adoptadas bajo un criterio economicista que prioriza una lógica contraria al cuidado de la vida. Tomando palabras de Milei, cuando afirmó que hay que buscar “mecanismos de mercado para resolver estos problemas”, mejor sería que adoptasen mecanismos para asumir su responsabilidad como autoridades de un Estado preocupado por la salud de la población para evitar este tipo de angustias en pacientes trasplantados que requieren de la asistencia pública.
Según datos provistos por el INCUCAI, “en Argentina hay unas 15.000 personas trasplantadas de órganos, de las cuales cerca de 3.800 son pacientes con cobertura pública exclusiva de Incluir Salud, quienes están bajo el Programa Nacional de Seguimiento Post Trasplante”.
Los voceros de Prensa del organismo afirmaron a Y ahora qué? que “todas las personas trasplantadas reciben medicación inmunosupresora”.