Este año las autoridades de Estados Unidos incautaron un departamento lujoso en Manhattan propiedad de la hija de Denis Sassou-Nguesso, ex presidente de la República del Congo, en África central.
La demanda judicial señala que el origen de los fondos utilizados para comprar la propiedad de 7 millones de dólares, con vista al Central Park, de la hija del expresidente de la República del Congo, resulta de una “apropiación indebida, robo o malversación” del tesoro del Congo. La investigación describe las capas de empresas fantasma a través de las cuales se blanqueó el dinero robado.
La prensa se fijó sobre todo en el famoso nombre del edificio donde se encuentra esta propiedad: Trump International Hotel and Tower. Sin embargo, pasaron por alto lo más importante. Algo que está filtrándose en el debate electoral. El rincón más oscuro del mercado inmobiliario estadounidense es el flujo masivo de dinero en negro que llega de todo el mundo para comprar residencias de prestigio en grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Miami. Parte de este dinero proviene de África, que perdió más de 600 mil millones de dólares por la fuga ilícita de capitales desde principio de siglo.
Esta es una mecánica globalizada con capítulos similares de fuga capitales, evasión y elusión fiscal en América Latina.
En 2015, una serie de investigaciones del New York Times arrojó luz sobre los volúmenes en juego. Según los registros de ventas de viviendas de lujo en Manhattan, 54% de las adquisiciones se realizaban a través de empresas fantasma anónimas. Los periodistas descubrieron un patrón similar en otras ciudades. Uniendo puntos con los datos sobre el valor total de las propiedades residenciales en Manhattan y la proporción de unidades de lujo, podemos concluir que la riqueza oculta invertida en estos inmuebles supera los 100 mil millones de dólares.
Muchas de estas propiedades están vacías. Las compran no como lugares para vivir, sino para acaparar riqueza mal habida. El departamento de Sassou-Nguesso en la Torre Trump está deshabitado desde que lo compró en 2014.
No solo los ciudadanos comunes de África sufren las consecuencias de los flujos financieros ilícitos que despojan al continente de los fondos que necesita desesperadamente para su desarrollo. También padecen sus consecuencias los estadounidenses. Cuando los fondos saqueados entran en los mercados inmobiliarios urbanos, hacen subir los precios de forma generalizada. La compra de viviendas de lujo provoca un efecto-cascada. A medida que los compradores potenciales se quedan fuera del nivel superior del mercado, suben los precios en el nivel inmediatamente inferior. Los compradores que no acceden a ese nivel, suben los precios en el siguiente, y así sucesivamente. Las personas con ingresos bajos, que se encuentran en el nivel inferior del mercado, se ven totalmente excluidas y terminan viviendo lejos del centro de la ciudad, con largos y costosos desplazamientos para llegar a su trabajo.
El flujo de dinero en negro hacia Estados Unidos es una de las razones de la crisis de accesibilidad a la vivienda en ese país. Pero no solamente allí. A principios de octubre una gran protesta ciudadana en Madrid, España, obligó a poner el problema la agenda de las urgencias políticas.
Los candidatos presidenciales estadounidenses están tomando nota de este reclamo. Donald Trump dijo que reducirá la demanda de vivienda prohibiendo las hipotecas para inmigrantes ilegales y deportándolos. Kamala Harris promete aumentar la oferta construyendo tres millones de viviendas nuevas. Ambos ignoran el hecho de que la cantidad de viviendas en ese país aumentó más rápidamente que el número de hogares desde principios de los 2000. El problema no es tanto la disponibilidad de viviendas como su accesibilidad para el ciudadano común.
La demanda inmobiliaria no se limita al número de personas que necesitan una vivienda. Se trata de la cantidad de dinero que ingresa al mercado. La gente sin dinero no hace subir los precios. Muchos nuevos inmigrantes se mudan con sus parientes. Además, un buen número de ellos trabajan en el sector de la construcción precisamente. El verdadero problema no es la afluencia de personas del extranjero, sino la afluencia de dinero en efectivo. Las restricciones a la inmigración intentan cerrar la frontera equivocada.
Apenas un mes después de los atentados del 11-S de 2001, el Congreso aprobó el Título III de la Patriot Act para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Obligaba a los bancos a informar de las transferencias de dinero sospechosas procedentes del extranjero. Pero los grupos de presión del sector inmobiliario convencieron al Departamento del Tesoro para que les concediera una exención «temporal» de la obligación de informar sobre transacciones dudosas. La laguna sigue existiendo, creando lo que se ha denominado “una extraordinaria oportunidad de crecimiento para el sector inmobiliario de prestigio (high standing)”, y dejando a Estados Unidos como el único país del G7 que no exige a los profesionales inmobiliarios el cumplimiento de las leyes contra el blanqueo de capitales.
En agosto, el Departamento del Tesoro impuso por fin requisitos de información para las transacciones inmobiliarias. Las nuevas normas, que entrarán en vigor en diciembre de 2025, fueron aclamadas por los defensores de la transparencia como “un importante punto de inflexión en la lucha contra el dinero negro”. Pero la experiencia pasada exige que seamos cautos. La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), la agencia del Tesoro encargada de aplicar estas normas, sigue infradotada de fondos y personal. Un estudio de la Brookings Institution examinó el impacto de un programa piloto lanzado en 2016 para supervisar las transacciones inmobiliarias, y concluyó que no pudo identificar efectos discernibles. Y como dijo supuestamente Abraham Lincoln: “Las leyes sin capacidad de ser aplicadas son solo un buen consejo”.La frontera entre la economía estadounidense y el capital extranjero es menos tangible que las líneas físicas que delimitan el territorio, pero no por ello menos significativa. El Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras cuenta con más de 60.000 empleados. La FinCEN del Departamento del Tesoro tiene solo 300. Para abordar la crisis inmobiliaria del país, habría que preocuparse menos por los trabajadores indocumentados y más por el dinero indocumentado.
James K. Boyce y Léonce Ndikumana son los editores de On the Trail of Capital Flight from Africa: The Takers and the Enablers (Oxford University Press). Profesor emérito y profesor distinguido de Economía en la Universidad de Massachusetts Amherst, respectivamente.