Tan peligrosa como la defensa irreflexiva del status quo es la crítica en los mismos términos. Otra vuelta más al debate desatado a partir de las medidas oficiales sobre Tierra del Fuego.
En una nota publicada en el portal Cenital el 17 de mayo, Martín Schapiro recapituló los objetivos geopolíticos que dieron lugar al régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. El análisis es interesante, porque permite poner en discusión la relación entre economía y territorio.
Schapiro recuerda que el objetivo original fue poblar la zona para no dejar el territorio deshabitado en el contexto de una posible disputa con Chile en torno al canal de Beagle. Ese escenario se disolvió con la resolución del conflicto en 1984. En cambio, sigue presente la hipótesis de conflicto con el Reino Unido, por la ocupación que ejerce de las Islas Malvinas y otros territorios circundantes en mar y tierra.
Frente a lo último, el régimen de Tierra del Fuego no tiene la importancia que tuvo en su momento con Chile, porque no le produce ningún costo al Reino Unido ante una eventual avanzada.
Remarca entonces Schapiro que la principal disuasión para una ocupación proviene de la política de defensa. Y acota: “Los datos del Stockholm International Peace Research indican que Argentina invierte cerca del 0,7 por ciento del PBI en defensa nacional, un número que no sólo es muy inferior al 2 por ciento al que se han comprometido como piso los países de la OTAN, sino a lo que gastan nuestros vecinos, Brasil y Chile, en sus Fuerzas Armadas. De acuerdo al análisis de FUNDAR, que es conservador en la medida en que no incluye los cálculos de impuestos a las Ganancias y al Cheque, el gasto fiscal de las exenciones del subrégimen industrial fueguino equivale al 0,22 por ciento del PBI, o lo que es lo mismo, más del 30 por ciento de lo calculado para el total del gasto de defensa”.
También considera que hay costos ocultos del régimen de promoción, poniendo como ejemplo “la oposición a otras actividades económicas, que convirtió a Tierra del Fuego (…) en la primera jurisdicción en el mundo en prohibir la cría de salmones, es un efecto colateral del sostenimiento de actividades sin beneficios productivos para el país”.
Estima que el desarrollo de Tierra del Fuego “sigue siendo central para la proyección atlántica y antártica argentina”, pero como el régimen industrial no contribuye a la concreción de esos objetivos, sería conveniente reorientar los recursos “invertidos” en su sostenimiento a otros fines vinculados a la defensa y la infraestructura.
Concluye observando que “no actuar, y defender el status quo tiene también costos, potencialmente muy dañinos”. Especifica que “la deslegitimación del régimen de promoción por los costos que impone a la población en general puede redundar en una justificación para quienes, desde una mirada puramente economicista y despojada de cualquier noción de interés nacional, se desentienda de la provincia, de sus habitantes y de los reclamos irrenunciables argentinos”.
La cuestión de los costos puede apreciarse con otra perspectiva. Antes que otra cosa, las “cargas” que impone el precio de los bienes manufacturados internamente debería compararse contra el costo en el PIB, directo por la desaparición de la actividad, indirecto por la mayor carga de importaciones.
Aunque la imagen de la armaduría suponga que lo último da un saldo favorable, porque el déficit comercial es superior al que acarrearía la importación de bienes finales, uno se anima a sospechar. Más al considerar que si no hay bienes para producir, no hay insumos para sustituir.
Por otra parte, el “costo fiscal” es un mal concepto para encarar la discusión. Al tratarse de exenciones impositivas, el Estado no recauda algo, pero no gasta directamente, por lo que no se puede aplicar un concepto de arbitraje entre dos gastos posibles. Y sin la actividad, no habría nada para recaudar, por lo que el problema fiscal deviene abstracto.
Finalmente, para que haya desarrollo provincial, o infraestructura, primero tiene que haber provincia. Es decir, población y actividad económica. Es que la producción en Tierra del Fuego, como existe hoy, precede a otro tipo de finalidades. Incluyendo a la de la defensa, porque para ser parte relevante del territorio nacional la provincia tiene que estar poblada.
La apreciación de que la defensa irreflexiva del status quo es nociva es correcta. Es un buen llamado a la discusión cuando aparece primero dos extremos: proponer una reconversión en términos absurdos (a la Federico Sturzenegger) y una defensa de las fuentes de empleo que no trasciende la dimensión provincial.
Pero atribuirles la importancia a las consecuencias políticas del régimen por sus implicancias económicas es un yerro. Es tarea de la política crear conciencia sobre las necesidades del crecimiento económico ante quienes se oponen a él.
La reacción liberal suele atacar actividades con efectos favorables para el desarrollo económico por su animosidad hacia ese mismo desarrollo, generalmente con éxito. Lo mismo aplica al episodio de la cría de salmones. No se debe a la defensa de actividades improductivas (en sí una simplificación poco adecuada), sino simplemente a la falta de trabajo político del campo popular.
Ésa es justamente la razón por la que el status quo pervive en condiciones de anquilosamiento y degradación. Tan peligrosa como su defensa irreflexiva es la crítica en los mismos términos.
