Las declaraciones de Caputo manifiestan intención de mantener la realidad oculta mientras no sea lo suficientemente halagüeña como para exponerla sin que provoque tensiones. Las consecuencias del ocultamiento. El problema más relevante no es el de un posible obstáculo al proceso de “desinflación”. Es el de entorpecer la referencia para el ajuste de los ingresos.
La renuencia que hizo explícita Luis Caputo para aplicar la nueva medición del Índice de Precios al Consumidor, la cual dio lugar a la salida de Marco Lavagna del INDEC el martes 3 de febrero, tuvo una justificación endeble: “Con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación ya estaba totalmente consolidado”, adujo el Ministro de Economía.
Una declaración que manifiesta la intención de mantener la realidad oculta mientras no sea lo suficientemente halagüeña como para exponerla sin que provoque tensiones. Trascendió que el nuevo índice hubiese resultado en una variación mensual próxima al 3 por ciento, en vez de una en torno al 2, como hubiese complacido al Gobierno.
Las consecuencias sobre la economía del ocultamiento no son neutrales. El índice de precios al consumidor es utilizado como referencia para el ajuste de contratos, las paritarias, y, por la política que adoptaron las autoridades, para la modificación de las bandas de intervención sobre el tipo de cambio.
Sin embargo, tampoco son automáticas. El índice refleja la tendencia de los precios, pero no la modifica por sí mismo. En todo caso, altera cuestiones de magnitud. Por ejemplo, la relevancia de que el techo de las bandas se incremente a una velocidad mayor se establece en función de que el tipo de cambio tienda a gravitar en torno a ese valor. Algo similar sucedería con el ajuste de las jubilaciones o la Asignación Universal por Hijo, que se actualizan de acuerdo con el índice de precios.
Más importante, que los ingresos tiendan a quedar por debajo o por encima de la variación de los precios depende de las condiciones políticas para tenga lugar ese resultado. Pero el IPC da una pauta concreta para negociar variaciones.
Entonces, el problema más relevante no es el de un posible obstáculo al proceso de “des-inflación”, como sugiere Caputo. Si el cambio en el índice provocase ajustes sobre otras variables, una vez que los precios los absorban, se vuelve a la tendencia predominante. El efecto más concreto es el de entorpecer la referencia para el ajuste de los ingresos.
Se trata de la característica más duradera que tuvo la política económica: el poder de compra de la población acumula un deterioro, cuyo agravamiento abrupto se limita mientras es posible controlar el tipo de cambio. La pérdida de control sobre el mercado cambiario amenazaría con erosionar la sustentabilidad política de la administración actual.
Pero, además de que las políticas monetaria y cambiaria no garantizan la estabilidad en su frente, tampoco son compatibles con una reactivación del nivel de actividad. Como precondición, requeriría una recomposición de los ajustes que posiblemente inicie con una aceleración de los precios, en ausencia de políticas que los mitiguen. Y probablemente provocaría un alza de las importaciones que, de no mediar una planificación y ciertas regulaciones, restaría al saldo comercial, obstaculizando la acumulación de reservas que el Gobierno se propuso llevar adelante recién en diciembre.
Un rumbo de este tipo es el necesario para que la población argentina recomponga su calidad de vida, en merma desde 2018. Pero conduciría a esta administración a abandonar sus convicciones liberales. Ante las dificultades que produce, y la incapacidad de sus funcionarios de concebir las cosas en otros términos, es mejor consolidar la verdadera desinflación que tiene lugar: la de los ingresos.
La de los precios no parece consolidarse. Desde mayo el IPC mantiene variaciones mensuales cada vez mayores, empezando en ese mes con 1,5 por ciento y terminando en diciembre con 2,8.
La Canasta Básica Alimentaria y la Total subieron 4,1 puntos en diciembre. Entre abril y septiembre, ninguna tuvo un alza que llegara al 2 por ciento, pero en octubre tuvieron una variación del 3,1 por ciento cada una.
Y el Índice de Precios Mayoristas, que indica la variación de los costos de producción y reposición de insumos, aumentó 2,4 por ciento en diciembre. En octubre y noviembre creció 1,1 y 1,6 puntos, respectivamente.
Es decir que, por ahora, los aumentos de precios no serán negligibles. Mientras continúe la estabilidad del tipo de cambio, es posible que no se aceleren. El problema es que, mientras la contracara de esta política económica sea la inmovilidad del poder de compra de una población empobrecida, es una política nociva. Al descartar el nuevo IPC, la administración libertaria prueba que esta no es una de sus preocupaciones.
