No hay ya espacio para postergar el cambio estructural sin que ello implique una pérdida irreversible de márgenes de maniobra. Para salir del atraso estructural no basta con crecer. Se requiere dirección correcta y sostenida durante un período prolongado, con tasas de inversión del 25 al 30 por ciento del PBI. Un aporte más a la discusión sobre la burguesía nacional, pero sobre todo al debate acerca del futuro de la nación misma.
- Hacia un diagnóstico base
Nuestro país enfrenta una acumulación de déficits estructurales que ya no pueden ser atendidos con los tiempos ni con los instrumentos de etapas anteriores. Estos déficits son de diversa naturaleza:
Económico-productivos resultantes de la baja inversión crónica, estancamiento relativo de la productividad, insuficiente diversificación productiva y exportadora, dependencia tecnológica, precarización, desnacionalización, concentración, financiarización, reprimarización.
Sociales: niveles de pobreza, desigualdad y desintegración que erosionan la cohesión como comunidad organizada y cuestionan la legitimidad de las dirigencias en general y debilitan a las propias instituciones.
Geopolíticos y de autodeterminación: una brecha creciente entre un escenario internacional que exige importantes recursos propios en materia de conocimiento, defensa, control, comunicaciones, energía y redes estratégicas y las mermadas capacidades fácticas que mostramos.
Político-institucionales: un debilitamiento del Estado como organizador de los objetivos políticos de nuestro pueblo y como unidad articuladora de soberanía. Este no es un déficit menor: sin una estructura estatal con capacidad de planificación, ejecución y proyección, cualquier intento de lograr una sociedad justa y libre en base al desarrollo endógeno, carece de sostén institucional.
El Estado, asimismo, ha visto erosionada su poder de acción concreta por la vía de la desfinanciación consciente y sistemática —a lo que se suma el pobre crecimiento de los últimos años, que impide ampliar los presupuestos de manera sólida—, dejándolo en una situación de gran debilidad.
Lo que define la especificidad de esta etapa es que estos déficits se han vuelto acumulativamente peligrosos y se potencian entre sí. No hay ya margen para postergar el cambio estructural sin que ello implique una pérdida irreversible de márgenes de maniobra. El tiempo, en este contexto, es un factor estratégico de primer orden.
2. El núcleo duro: fuerzas productivas como condición de posibilidad
Sin un salto en el desarrollo de las fuerzas productivas, no hay autodeterminación real ni vida digna para nuestro pueblo.
Esto no es economicismo. Es, por el contrario, una afirmación sobre las condiciones materiales de cualquier proyecto que se pretenda soberano. La autodeterminación político-cultural no puede edificarse sobre una base de fragilidad económica, dependencia tecnológica e insuficiencia de recursos.
La vida digna, una sociedad justa, no son principios abstractos: requieren infraestructura, servicios, empleo de calidad, educación, alimentación, salud, esparcimiento, cultura, ciencia y tecnología propios.
El desarrollo de las fuerzas productivas, en este sentido, es la condición de posibilidad —no la garantía, pero sí la condición necesaria— para que un proyecto nacional pueda sostenerse en el tiempo.
Al mismo tiempo, lo capacita para resistir las presiones externas y los desafíos económicos, políticos y sociales que se derivan de las características de la actual etapa de desarrollo histórico: desde la internacionalización de las cadenas de valor y las agresiones de terceros actores, hasta las tensiones que estas generan en otros espacios y los delitos transnacionales.
3. La magnitud del desafío: inversión, velocidad, plazos y ritmo para la transformación nacional
Para salir del atraso estructural no basta con crecer. Se requiere dirección correcta y sostenida durante un período prolongado, con tasas de inversión del 25 al 30% del PIB. Esa grilla es observable pero no arbitraria: la alcanzaron los “milagros” asiáticos, Europa de posguerra y ciertos momentos de nuestra propia historia.
Lograr esas tasas constituye un desafío enorme. La primera fuente es fomentar el ahorro interno: políticas de ingresos, estabilidad macro, freno a la fuga de capitales y regulaciones que premien la reinversión productiva y no la financiarización.
Formación bruta de capital fijo (% del PIB): Países Seleccionados.1
Fuente: Index-Mundi, en base al Banco Mundial
Si es insuficiente, lo que es lógico dado el estado de destrucción, la experiencia muestra que hay que recurrir sin complejos a la inversión extranjera como complemento, con reglas claras: transferencia tecnológica, encadenamientos locales y resguardos estratégicos. La cuestión no es ideológica, sino práctica: ¿cómo alcanzamos la inversión necesaria?
El propósito es aunar todas las fuentes posibles para desarrollar las fuerzas productivas sobre una nueva senda de transformación estructural. Y allí aparece una cuestión que el pensamiento estratégico local suele descuidar: la necesidad de articulación entre velocidad (crecimiento anual relevante), plazos (15 a 20 años, menos es irrealista, más diluye la urgencia) y ritmo (sostenerla sin crisis). 2
El atraso se retroalimenta: crecer por debajo del potencial genera rigideces, desinversión, fuga de talentos y pérdida de cohesión social. La inercia bloquea. Romperla exige velocidad de escape: como los 11,2 km/s para dejar la gravedad terrestre. Por debajo, todo el combustible quemado, ha sido en balde. Por encima, se alcanza otra órbita.
Esa combinación debe anclar la inversión, generar recursos fiscales, ampliar el ahorro interno, crear empleos, aumentar divisas y dar márgenes frente a shocks externos. Velocidad, ritmo y plazo son tan importantes como la dirección: un proyecto que avanza tras objetivos correctos pero lento, termina siendo funcional al atraso.
4. La cuestión de la burguesía nacional
El medio prioritario de la presente etapa sería claro, transformar el tejido productivo hacia las ventajas dinámicas bajo un esquema sistémico. Esto implica multiplicar emprendimientos, tecnificarlos, ganar escala y productividad. Para eso se necesita infraestructura estratégica (energía, transporte, comunicaciones), capacidades científico-tecnológicas (I+D, formación, vinculación universidad-empresa) y empleo de calidad.
El empresariado nacional, la burguesía, entra en la ecuación, pero como parte de una pregunta mayor: ¿cómo cambiar nuestra estructura socioproductiva, lograr vida digna para el pueblo y afianzar la autodeterminación política?
Esta precisión recoloca la discusión sobre la burguesía nacional. Preguntar quiénes son los empresarios existentes y cuáles son sus conductas no es un desvío ideológico: es una cuestión práctica. ¿Pueden protagonizar la ampliación? ¿Hay que crear nuevos? ¿Cómo modificamos las conductas rentistas? ¿Cómo conducirlos hacia la innovación y competitividad por lo alto?
Pero, a su vez, es un actor más, que puede actuar en solitario, en conjunto con pares nacionales o extranjeros, privados o públicos, pues esta expansión Incluye empresas públicas, cooperativas, mixtas con participación estatal cualitativa como YPF (o Embraer de Brasil que demostró que el Estado puede orientar alta tecnología sin mayoría accionaria) y toda iniciativa autogestionaria que pueda surgir.
Hay pequeños emprendimientos, medianos, grandes (¿acaso no son necesarios ciertas características de “campeones nacionales” para jugar a nivel global?) y posibles alianzas estratégicas entre todos los anteriormente mencionados (e incluyamos de una vez en la ecuación la dimensión Mercosur).
El articulador central es el Estado —representante y organizador del conjunto social. Su rol: crear condiciones, certidumbres e incentivos para que todas las formas productivas converjan hacia la dirección necesaria. Así se genera una explosión de emprendimientos que combine lo cuantitativo (multiplicar centros productivos) con lo cualitativo (empleo de calidad, tecnificación, escala, productividad).
El análisis de la burguesía nacional tiene tradición en nuestro pensamiento nacional. Siendo necesario, habría que encuadrarlo también en su función estratégica; de lo contrario, aparecen varios riesgos. El primero: caracterizar a la generalidad de la burguesía como rentista-parasitaria, falta de dinamismo y compromiso nacional —a veces incluso contra sus propios intereses objetivos— genera una gran desconfianza sobre su papel.
Estas prevenciones son legítimas, más aún cuando las tendencias a la concentración les han dado un poder creciente sobre las estructuras políticas e institucionales (piénsese en los proyectos de ley Laboral o de Glaciares). 3 Para combatir esas intromisiones, hacen falta regulaciones generales y campañas específicas que persigan las maniobras de cooptación. Pero fundamentalmente, se requiere la solidez del Proyecto Nacional y de su dirigencia en la estrategia fijada. El problema es que esa desconfianza puede llevar a subutilizar capacidades empresariales para fortalecer el Proyecto Nacional, y así terminar debilitándolo (Nota al pie y Anexo I).4
La hipótesis, entonces, es que siendo el eje ordenador el Proyecto Nacional -con sus objetivos de autodeterminación político-cultural y vida digna para nuestro pueblo- y la necesidad de desarrollar de manera imperiosa las fuerzas productivas, la discusión sobre la burguesía nacional no se diluye, pero esta debe encuadrarse en su funcionalidad para poder alcanzar dichos objetivos y en un espacio y relaciones de fuerza concretas.
5. Otro sector más a la deriva sin contención
El balance del posicionamiento mayoritario de la dirigencia empresaria y de sus principales referentes, en los últimos años, en la defensa, ampliación y profundización del mercado interno nacional es francamente negativo. Han apoyado políticas abiertamente contrarias al trabajo y la producción nacional, o han tenido –en el mejor de los casos– una actitud zigzagueante que solo permite el avance de la destrucción de las capacidades nacionales (tanto de trabajo como de capital). La elaboración empresarial de propuestas para el conjunto de la sociedad, y hasta para ellos mismos como sector, brilla por su ausencia.
Como plantearon aquí con sus artículos Rafael Prieto y Matías Caciabue, la burguesía nacional es producto de un proceso donde el Estado -como organizador y sumatoria de las solidaridades individuales como diría R.S. Ortiz- desempeña el papel fundamental para imprimirle esa función. Ahora bien, durante los últimos cincuenta años -desde la ruptura del proyecto de desarrollo endógeno por medio de la industrialización como sentido común- las tendencias desintegradoras, a todos los niveles y campos, han adquirido carácter estructural.
Dada esa condición general: ¿a cuenta de que fenómeno la burguesía local habría de permanecer exenta de involución? En más o en menos, y más allá de los valerosos esfuerzos de resistencia que se realizan y de los cientos de miles de compatriotas que batallan a diario dignamente, como sectores e instituciones, la regla, como no podía ser de otra manera, es la pérdida de dinamismo, y en no pocos casos se presentan síntomas de degradación.
La actitud del empresariado nacional es preocupante, pero lo realmente grave sería la incapacidad de las fuerzas políticas que asumen como imprescindible un cambio estructural. Desde el momento en que sobre ellas recae la conducción estratégica, es nuestra responsabilidad política encuadrar y direccionar a todas las clases y sectores sociales que, objetivamente, pueden alinearse tras objetivos mínimos comunes.
Luego de varios retrocesos consecutivos -ahora se agudizan sus consecuencias, pero esto lleva más de diez años- aún no hemos logrado analizar los problemas que impiden la elaboración de una estrategia superadora clara y convocante. Mucho menos hemos podido contrarrestar las dinámicas estructurales que destruyen el trabajo, la igualdad social y territorial, la educación, la investigación, la producción y nuestra propia potencia política, y la de las diversas dirigencias sectoriales.
De ser así, reconocerlo no es tarea fácil, pero es condición imprescindible para remontar la situación y lograr avanzar. La autocomplacencia puede anestesiar el sabor de las derrotas, pero no sirve para revertirlas. La labor de autocrítica no tiene como fin echarse responsabilidades ni anclarse en la revisión historiográfica; consiste en analizar lo actuado para rescatar los aciertos, evitar repetir los errores, y así afinar la dirección del proceso político de construcción nacional.
6. Implicancias estratégicas
Si la hipótesis aquí presentada es correcta —total o parcialmente—, entonces se desprenden varias consecuencias que deberían orientar la discusión estratégica:
Primera: el criterio de selección de políticas no puede ser «cuán pura es en términos de nuestro ideario», sino «cuán eficaz es para acelerar el desarrollo de las fuerzas productivas». Esto no significa abandonar principios, sino jerarquizarlos en el tiempo.
Segunda: la discusión sobre la burguesía nacional debe subordinarse a la pregunta práctica: ¿cómo logramos que el conjunto de los actores económicos —nacionales, extranjeros, pequeños, medianos, grandes— se orienten hacia la inversión y la productividad? Esto implica incentivos y regulaciones, alianzas y conflictos, pero siempre con un criterio de utilidad estratégica.
Tercera: el Estado debe ser pensado no solo como regulador o productor directo, sino principalmente como arquitecto de un régimen de acumulación que priorice la reinversión, la innovación y la ampliación de capacidades y el trabajo digno y de calidad. Esto requiere técnicas de planificación y autonomía para negociar con los distintos actores.
Cuarta: la inversión extranjera debe evaluarse no en términos abstractos (buena o mala per se), sino por su contribución a: transferencia tecnológica, generación de empleo, encadenamientos productivos, ampliación de la base exportable, generación de divisas.
Quinta: el tejido empresarial debe ser entendido como algo transformable. No se trata de tomar los actores existentes como dados, sino de generar condiciones para que surjan nuevos actores, se fortalezcan los existentes y se modifiquen las conductas rentísticas hacia la reinversión y la innovación.
7. Preguntas que la hipótesis abre al debate
Para que esta hipótesis sirva como disparador de reflexión colectiva, conviene plantear las tensiones que ella misma genera:
1. Relación con los actores económicos privados. ¿Cómo gestionarla para que no terminen subordinando el proyecto ni capturando al Estado, sin caer en su subutilización como agente dinamizador? ¿Qué resguardos institucionales, estratégicos y políticos permiten incentivar a los que colaboran, enfrentar a los que obstruyen y mantener la autonomía del proyecto?
2. Tensión distributiva. Si el eje es el desarrollo de las fuerzas productivas, y la experiencia muestra que el crecimiento sin distribución es insostenible, ¿cómo se aborda esa tensión durante la acumulación acelerada? ¿Se postergan los conflictos distributivos hasta alcanzar las metas?, ¿O se requiere una política distributiva simultánea, y en ese caso, cómo compatibilizarla con las altas tasas de inversión?
3. Dimensión político-cultural. Si la autodeterminación no es solo material, ¿cómo se trabaja sobre la subjetividad, la conciencia y la cultura mientras se prioriza el desarrollo de las fuerzas productivas?
5. Sostenibilidad política. El horizonte de 10 a 20 años es político: ¿cómo se sostiene esta estrategia a través de ciclos electorales, cambios de gobierno y fluctuaciones económicas? Para algunos es atractiva una dinámica de mandatos continuos, pero no es nuestro caso. ¿Acaso desertar del objetivo porque no se dan esas condiciones no sería —en la práctica— condenarse al atraso?
8. Recapitulando
Esta hipótesis es una línea de debate sobre dónde debe situarse el centro de gravedad de la reflexión estratégica en la etapa actual.
Su provocación central es la siguiente: hemos dedicado mucha energía a preguntarnos quiénes deberían protagonizar el cambio, y quizás hemos descuidado la pregunta por las condiciones materiales que hacen posible cualquier protagonismo colectivo.
El desarrollo de las fuerzas productivas no es un fin en sí mismo, pero es el terreno sobre el cual se define la posibilidad de cualquier otro objetivo. Sin ese terreno, la autodeterminación es retórica, la vida digna es promesa, y la resistencia a las agresiones externas es heroicidad sin respaldo material.
La discusión es, entonces, sobre prioridades estratégicas en un tiempo acotado. No sobre abandonar análisis, sino sobre jerarquizar. No sobre renunciar a principios, sino sobre ponerlos en secuencia. No se trata de definir un deber ser teórico, sino de qué construir para cambiar la realidad de nuestro pueblo.
ANEXO I
Si la burguesía nacional se construye desde el poder político…
El Estado diseña el perfil productivo —manufacturero, intensidad de capital, contenido tecnológico, calificación de la mano de obra— mediante políticas activas. Las líneas crediticias también moldean comportamientos: otorgan posibilidades y exigen acciones concretas.
Ejemplo actual: con la producción reorganizada globalmente y cadenas fragmentadas en múltiples mercados, algunos Gobiernos ofrecen créditos preferenciales condicionados a que las empresas receptoras no puedan deslocalizar con posterioridad su actividad (salvo autorización pública respondiendo a un interés general).
¿Estas características se trasladan a la burguesía nacional?
II.1. Alemania (capitalismo con estado de bienestar): sin control político directo, existen instituciones que empujan al capital hacia un comportamiento productivo. Su sistema bancario (bancos regionales) favorece la reinversión de largo plazo sobre la especulación. La co-determinación (trabajadores en consejos) presiona contra la maximización de corto plazo. La cultura del Mittelstand (pymes industriales) genera reinversión constante, arraigo territorial y baja deslocalización. No se prohíbe fugar capital, pero todo el ecosistema penaliza comportamientos rentistas.
II.2. Corea del Sur (1960-1990, dictadura militar): el Estado disciplinó fuertemente a su empresariado. Los créditos a los chaebol condicionaban su comportamiento: debían exportar y reinvertir en sectores estratégicos, so pena de perder el apoyo financiero. Resultado: un empresariado privado dinámico, pero altamente dependiente del Estado. Hoy, esa coordinación estrecha sigue influyendo en su estructura económica.
II.3. R.P. ChinaLas reformas impulsadas por Deng Xiaoping —las cuatro modernizaciones, la apertura a la IED y el objetivo de erradicar la pobreza mediante el desarrollo acelerado de las fuerzas productivas— exigieron la recreación de un empresariado nacional. Este proceso se articuló desde el inicio en un modelo de apertura económica bajo control político estricto.
La consigna “enriquecerse es glorioso” legitimó la acumulación privada como instrumento de crecimiento, pero fijó simultáneamente su límite: la riqueza es aceptable solo si sirve al desarrollo nacional y no cuestiona el orden político. Este principio no es meramente retórico. La acumulación de grandes fortunas es posible, pero siempre bajo supervisión y con carácter revocable; episodios como el de Jack Ma evidencian que cualquier intento de traducir poder económico en autonomía política activa respuestas regulatorias. No emerge así una burguesía autónoma, sino un empresariado estructuralmente subordinado al poder político.
En este contexto, el Estado chino ha desplegado mecanismos activos para moldear el comportamiento empresarial. El sistema financiero, dominado por entidades públicas, dirige el crédito hacia sectores estratégicos como tecnología, energía e industria avanzada, favoreciendo a las empresas alineadas con mejores condiciones, acceso a mercados y apoyo institucional.
A ello se suma una presión sistemática para la reinversión productiva, apoyada en controles de capital y políticas que restringen la salida de fondos y priorizan la inversión interna y la innovación.
El resultado es una clase empresarial dinámica pero estructuralmente subordinada: una burguesía funcional al proyecto global, capaz de acumular y expandirse únicamente dentro de los márgenes definidos por el poder político.
Rehabilitación del empresariado
Como se ha visto, durante los primeros años de la Revolución China no se eliminó totalmente el sector privado y se fomentó la actividad de ciertos sectores, contribuyendo a la recuperación económica tras la guerra civil. A partir de 1953, con el Primer Plan Quinquenal, se avanzó en la colectivización, culminando en la práctica desaparición del empresariado privado urbano hacia 1956.
La autocrítica sobre este proceso no se formula como una ruptura explícita con las políticas del período maoísta. En su lugar, a partir de finales de los setenta, bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, se consolida una reinterpretación que desplaza el eje del problema: China se encontraría en una “etapa primaria del socialismo”, lo que legitima el recurso a mecanismos de mercado y a formas de propiedad privada como instrumentos para el desarrollo de las fuerzas productivas.
Desde esta perspectiva, el problema no residía tanto en la dirección general del proceso como en su ritmo y secuencia. La eliminación temprana del sector privado habría implicado una subestimación de los incentivos económicos, afectando negativamente al dinamismo productivo y a la mejora del nivel de vida.
A partir de los años ochenta se produce una reconfiguración sustantiva: se permite nuevamente la empresa privada, se legitima el lucro y se redefine el papel del empresariado dentro del proyecto socialista. Este proceso alcanza una formulación explícita con la Teoría de las Tres Representaciones impulsada por Jiang Zemin, que habilita la incorporación de empresarios al propio Partido.
II.4. Vietnam: el Estado reconoce al empresariado como actor legítimo, pero dentro de un marco controlado por el Partido Comunista. Sectores estratégicos (energía, telecomunicaciones, banca) permanecen bajo dominio estatal, lo que permite influir indirectamente sobre toda la economía. El acceso a crédito y licencias favorece a quienes se alinean con prioridades nacionales: industrialización, exportaciones, tecnología. No hay presencia directa del partido dentro de las empresas como en China, pero sí una expectativa clara de alineación. El modelo favorece —por incentivos estructurales más que por imposiciones explícitas— la reinversión y el arraigo productivo. La economía, muy orientada a la exportación, premia a las empresas que expanden capacidad, generan empleo y se integran a cadenas globales. El Estado conserva capacidad disciplinaria: corrupción, acumulación excesiva de poder o desviación estratégica pueden ser sancionadas.
Vietnam ha desarrollado una burguesía funcional al proyecto nacional: puede enriquecerse y crecer, pero no operar con plena independencia política (Nota al pie: Vietnam se prepara para la “cuarta ola de IED” con el objetivo de convertirse en centro estratégico de cadenas globales de alto valor añadido).
ANEXO II
La cuestión en el marco actual
El concepto de «burguesía nacional» o «empresariado nacional» está sometido a transformaciones de calado en el siglo XXI. Lejos de ser el actor unificado y con un proyecto nacionalista claro (sea conservador, sea progresista) que se teorizó en los siglos XIX y XX, en la actualidad suele presentarse como un grupo con mayor fragmentación, cuya relación con el Estado y el capital global es mucho más compleja y contradictoria, con intereses y estrategias de acumulación muy distintas.
1. Histórico
Originalmente, el concepto se refiere a la fracción de la clase capitalista que basa su acumulación de riqueza en el territorio nacional y, en teoría, tiene un interés en el desarrollo autónomo de su país, lo que a menudo la lleva a aliarse con el Estado para promover la industrialización y protegerse de la competencia extranjera. En parte importante de la literatura, se le atribuía un «potencial progresista» en la lucha por la independencia económica del Tercer Mundo.
2. La crisis del concepto en el siglo XXI
Se sugiere que la idea de una burguesía nacional unificada y con un papel progresista ha entrado en crisis. Las razones de esta crisis serían varias, entre las que destacarían:
Globalización financiera y productiva: El poder del capital financiero global ha erosionado la soberanía de los estados nacionales. La clase empresarial local ya no depende exclusivamente de las políticas de su nación; a menudo, sus intereses están ligados a las cadenas globales de valor y a los mercados financieros internacionales.
Abandono de los proyectos de industrialización: El colapso de la industrialización desde el interior mismo de muchos movimientos emancipadores elimina o minimiza la base política sobre la cual la burguesía nacional podía presentarse como una aliada de las clases populares contra el imperialismo.
No obstante, cabe una reflexión: el Estado-Nación, con todas sus matizaciones, continúa demostrando en esencia su validez (el Estado, vilipendiado discursivamente por el neoliberalismo, es utilizado en realidad activamente por este), con lo cual cabría reflexionar si la funcionalidad no-nacional de sectores empresariales también admitiría matizaciones. Igualmente, si su papel es minimizado cuando no existe proyecto de industrialización o este no guarda la relevancia que puede desempeñar, queda abierta la reflexión para cuando sí existe un proyecto firme.
Notas
1 La Inversión, en macroeconomía, es un concepto más amplio que la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF), por lo tanto no es el único componente de la inversión, pero sí sería el componente más importante de la Inversión. Según el Banco Mundial, la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF, anteriormente inversión bruta fija interna) incluye los mejoramientos de terrenos (cercas, zanjas, drenajes, etc.); las adquisiciones de planta, maquinaria y equipo, y la construcción de carreteras, ferrocarriles y obras afines, incluidas las escuelas, oficinas, hospitales, viviendas residenciales privadas, y los edificios comerciales e industriales. De acuerdo con el SCN de 1993, las adquisiciones netas de objetos de valor también constituyen formación de capital. Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE.
2 El ritmo como categoría central nos lleva a problemáticas como la sostenibilidad política del ritmo: cuánto puede sostener el cuerpo social sin fracturarse; la sincronía entre dimensiones, pues la economía, el Estado, las capacidades tecnológicas y condiciones de vida deben avanzar en conjunto; La temporalidad de los ciclos: cada proceso (inversión, formación de capacidades, transformación cultural) tiene su propio tiempo. Todo ello refuerza la capacidad de mantener el rumbo frente a perturbaciones externas e internas. Un ritmo robusto resiste crisis y cambios de gobierno.
3 El poder económico alcanza cotas inéditas de concentración y su incidencia sobre las instituciones democráticas es estructural, no accidental. No son solo casos aislados de corrupción, sino mecanismos normalizados: financiamiento opaco, puertas giratorias y una asimetría que convierte al Estado en receptor pasivo de borradores redactados por los propios grupos de interés. La correlación casi nula entre preferencias ciudadanas y resultados legislativos en contextos de alta desigualdad no es anécdota: es síntoma de un sistema donde la influencia es condición de supervivencia política.
En Argentina, esta concentración alcanzaría altos niveles y el 1% más rico acumularía cerca del 25% de toda la riqueza del país, mientras que la mitad más pobre apenas alcanza el 4% (CELAG-World Inequality Lab).
Pero este diagnóstico no es una sentencia. El poder económico no es monolítico: sus fracciones compiten, y existen potencialmente contrapoderes como los movimientos sociales, fiscalías independientes, voto popular, que en coyunturas clave alteran las reglas de juego. La concentración de poder es una tendencia, pero puede ser contrarrestada con transparencia, fortalecimiento institucional y organización ciudadana.
4 Existiendo en nuestra propia historia ejemplos de cómo se pudo utilizar a estos actores privados como dinamizadores de la expansión económica y social cuando existía claridad en los objetivos últimos, también podemos encontrar en la experiencia comparada ejemplos de estos riesgos. En 1949, tras la victoria del PC chino, las industrias, organizaciones comerciales y bancos de propiedad de la “burguesía burocrática” (aliados políticamente con el Guomindang o económicamente vinculados a intereses extranjeros) fueron inmediatamente confiscados sin compensación… Sin embargo, significativas partes de la economía permanecieron capitalistas. Pero a quedado minimizado, cuando no directamente oculto -principalmente por la revolución cultural- que más de un millón de pequeños comerciantes y artesanos continuaron básicamente sin ser tocados por el nuevo orden en los primeros años. A la “burguesía nacional”, definida principalmente en base al criterio de lealtad política, se le permitió continuar con la propiedad privada de sus empresas industriales y comerciales y dirigirlas de una manera formalmente capitalista. En realidad, sus integrantes fueron instados a expandir sus operaciones y a establecer nuevas firmas. Para 1953, el número de establecimientos industriales de propiedad privada se había incrementado de 123.000 a 150.000 y el número de trabajadores de las empresas privadas había aumentado de 1.644.000 a 2.231.000, contando con aproximadamente el 37 % de la producción industrial.” Los resultados fueron de un gran dinamismo y promisorios.
En el apoyo al renacimiento del “capitalismo nacional” estaban involucradas consideraciones más que puramente ideológicas… La principal fue más mundana. Para reconstruir una economía destruida y establecer la base para el futuro desarrollo económico, era oportuno rehacer lo que había existido y entonces edificar sobre ello… Y de manera más importante aún, el renacimiento del capitalismo era necesario para utilizar la capacidad administrativa y la experiencia técnica. A través de una combinación de incentivos económicos y patrióticos, el nuevo gobierno consiguió el apoyo de los miembros de la burguesía y de los técnicos especialistas… y alentó a muchos de los que se habían ido del país a retornar, a participar en la tarea de la reconstrucción económica de la nación (Maurice Meisner, 2007, págs. 63-64).
Pero tres años después, a fines de 1952, el PCC dio por completado los objetivos “burgueses” de la revolución y cortaron la experiencia de cuajo. Esta decisión, retrospectivamente se habría demostrado contraproducente. Veinticinco años después, el PCC retomo la línea sostenida hasta 1952 ampliada de manera exponencial.