La sobrevida digna de nuestros adultos mayores, incluyendo el pleno ejercicio de sus derechos políticos, debe financiarse como un gasto ineludible y prioritario del Estado.
La fuerza que tienen los lazos familiares en la sociedad argentina ayuda, con noble intención, a que no veamos la gravedad e importancia del desafío que tenemos sobre cómo cuidar y hacer participar de la vida comunitaria a nuestros viejos, tan queridos por sus seres cercanos como menospreciados por el dispositivo institucional que debiera protegerlos y hacerlos partícipes plenos de la vida comunitaria.
El sistema “vigente” de supervivencia de los adultos mayores (donde los trabajadores activos deben financiar a los pasivos), pensado y desenvuelto en el siglo pasado, hoy carece de sustento y aplicabilidad. Los datos que sostienen esta tan rotunda afirmación están a la vista de quien quiera analizar esta cuestión con un mínimo de seriedad.
No plantearlo forma parte o bien de una pereza o de una rutina argumental que implica al menos desprecio hacia los viejos o, peor aún, supone seguir jugando el juego falso de no querer enfrentar un problema que clama al cielo y cuyo debate sigue estancado en una visión en el mejor de los casos presupuestaria.
Nada de plantear la cuestión de fondo, que concierne a una inocultable pertenencia social y cultural y a una porción muy amplia del cuerpo social y, por ello, no hay hasta ahora quien con voz suficiente para ser escuchado pueda informar a todos que el sistema previsional no se puede financiar más con aportes individuales, voluntarios o no.
Hay que rediseñarlo, pero para ello hay que revisar su fundamento. Requiere estudios demográficos, regionales, por estratificación social y seguramente de otro tipo para determinar de qué estamos hablando con toda precisión. O sea saber con razonable certeza cuantos seres humanos, compatriotas con todos sus atributos, están hoy sumidos en una condición que agrede sus derechos fundamentales.
Éste es un fenómeno que se observa también fuera de la Argentina, pero con características bien diferentes según la experiencia de cada país. Nuestro caso, del que somos responsables en primera instancia, es una problemática que concierne al conjunto de la humanidad. Esperemos que una revisión seria ayude a países hermanos a resolver esta cuestión que, sí, con total seguridad, concierne a Oriente y Occidente, al Norte y al Sur, y no habrá retórica sectaria que pueda omitirlo por mucho tiempo más.
Experiencias diversas
No es casual que en aquellos países donde la pujanza del modelo capitalista generó una era notable de prosperidad desde la posguerra hasta los primeros ´70 los sistemas de protección a la ancianidad fuesen, institucionalmente hablando, más variados y hasta informales.
Hasta se podía echar mano del “fondo de pensión” acumulado durante una vida laboral para invertir en un nuevo emprendimiento y a nadie le parecía socialmente riesgoso. Era el Estado de bienestar del que abomina Javier Milei.
La abundancia de que disfrutaban las familias disimulaba la incuria del sistema (seguimos hablando de los países desarrollados y con los EEUU como ejemplo). Ahora, cuando el proceso de acumulación y concentración de la economía se ha vuelto mucho más crudo e impiadoso, todo va quedando a la luz. La pobreza también había, ya entonces, “mordido el corazón del hombre” (Neruda) hasta en los países exitosos, pero no había registro público de ello y las dificultades de supervivencia se asignaban a una ineptitud o fracaso individual que podía sin mucha dificultad ser administrado por entidades de beneficencia, iglesias, almas sensibles e, incluso, ayuda estatal (módica, desde luego).
La bonanza era la gran cobertura de todo y los datos de hoy sorprenden a más de un ingenuo también en esos países, con no pocos votantes de Trump que descubren las falacias de un sistema que en su momento de auge y redistribución cuidadosa, les parecía perfecto.
¿Habrá votantes demócratas que aún creen que su partido defiende el Estado de bienestar? Seguramente, en las “aggiornadas” ciudades de las costas Este y Oeste es cómodo pensar así y no tomarse mucha molestia en asumir que a la propia sociedad norteamericana se le ha aplicado la política que concentra las ganancias y deja a las mayorías desprotegidas sin trabajos estables (en rigor tendencialmente abarca a casi todos).
Agreguemos, antes de dejar inconclusas estas reflexiones preliminares, que es una cuestión crucial para el porvenir de la humanidad, y que el sistema europeo ha sido –con algunas excepciones vergonzosas– mucho más solidario que el estadounidense.
Incluso con Canadá, las diferencias son importantísimas.
Nuestros desafíos
En la Argentina de los cincuenta, con la perspectiva de un país expansivo que se industrializaba ya fuese improvisando o planificando su futuro (ambas “escuelas” estaban en la cancha) las posibilidades de que el aporte de los activos permitiese financiar jubilaciones y pensiones dignas era perfectamente posible. O al menos así lo parecía sin indagar mucho el futuro.
Y de hecho ocurrió, es un dato histórico. Pero como suele pasar con las cosas humanas que se dejan libradas a la rutina y la burocratización, el sistema hizo crisis mucho antes de que la relación activos/pasivos cambiara en forma irreversible.
La caja previsional era y es un botín a administrar en el mercado financiero desde hace lustros.
De hecho las provincias fueron las primeras en advertirlo, antes de los 90 que fue cuando comenzó a tratarse como una cuestión institucional de la que había que huir, no hacerse cargo.
Y así una porción de gobernadores encontró que para aliviar sus finanzas era harto conveniente la propuesta del menemato de unificar todos los regímenes en uno solo regido por el ANSES.
Pero no fueron todas, ni lo hicieron al mismo tiempo, con lo cual el mecanismo se volvió aún más desigual y complejo y empezaron a firmarse acuerdos compensatorios que hoy configuran un cuadro extremadamente complicado que merece el análisis de especialistas, entre los hay muy buenos, regulares y malos, estos últimos en más de un caso malos a propósito.
No es la intención de esta nota señalar las calidades de dichos expertos, sino proponer algo previo y necesario: repensar las bases del sistema previsional argentino.
¿Por qué es preciso hacer algo tan extremo? Por la sencilla razón de que el sistema, como está configurado hoy, es inviable. Y no lo es porque se haya utilizado el ANSES para canalizar las ayudas sociales que han proliferado por las necesidades sociales flagrantes que en las últimas décadas –con toda clase de gobiernos–- han aumentado sin parar hasta configurar el panorama actual, que no puede de ser calificado sino absolutamente muy poco solidario. Afirmación válida y aplicable a todas las últimas administraciones nacionales a juzgar por los resultados.
Una cuestión primera es la que servía de base al sistema en sus orígenes: los aportes de los activos no permiten hoy pagar jubilaciones y pensiones que cubran –en su versión mínima que es la que cobra la mayoría desprotegida- ni la mitad de lo necesario que se calcula para la canasta básica. Se requieren tres aportantes formales activos para financiar un jubilado con el haber mínimo. Con los números precarios de la Argentina se asume que la recaudación actual apenas cubre la mitad de ese umbral. Hay en nuestro país 5,7 millones de jubilados y pensionados, 90 por ciento de los cuales pertenece a régimen general. El resto tiene sus privilegios y no viene a cuento describir sus ventajas aquí, con mirada general.
Una segunda es que la jubilación mínima es la que cobran casi el 90 % de los beneficiarios del régimen general. Con los aumentos recientemente otorgados la mínima es de unos 200 mil pesos mensuales (lo perdido queda en la historia) mientras la canasta básica es de 800 mil.
¿Qué hacer frente a esto? Por lo pronto, plantearlo, porque de otro modo vamos a seguir observando el corso de hipocresías mutuas que venimos sufriendo de modo ininterrumpido y total descaro cuando cada nueva gestión quiere tener su propia ley de jubilaciones, todas a la postre fallidas. Si la dirigencia política se planteara el mínimo decoro en este tema tiene que llamarse a silencio, hasta encontrar vías serias de solución, con la humildad que requiere la cuestión. Es, quizás, el momento de que hablen los expertos. Los verdaderos, claro está, no los voceros del statu quo que vemos repetirse en los programas de la televisión, planteando más de lo mismo.
La solidaridad elemental
El tema previsional es inseparable en términos de gestión y política real de la atención sanitaria. Por lo pronto, porque tiene en una enorme proporción las mismas víctimas con nombre y apellido. Pero no es el tema de esta nota, aunque esta conexión sea de señalamiento obligatorio.
Como principio hay que asumir que no resiste más la concepción que fundó el sistema hoy (mal) llamado de reparto. Empieza a ser obsceno seguir refiriéndose a esa visión agotada. Pertenecía a una idea de la organización social donde cada miembro tenía una función posible a cumplir y encontraba su puesto de labor dentro de estructuras legales donde sus derechos previsionales estaban muy claramente establecidos.
O mejor dicho, cambió la realidad social que permitió fundar el sistema hoy perimido. Seguir razonándolo en los mismos términos conduce a pensar en parche tras parche que lo único que logrará es enredar aún más el problema.
Cambiaron las condiciones de trabajo y cayeron los puestos formales de labor. Esto, por ahora, parece irreversible.
Es imposible financiar a los pasivos con los aportes de los activos. Una afirmación tan rotunda merecería desde luego una verificación empírica. No parece difícil obtenerla entre los propios colaboradores de esta publicación, que se destacan por su agudeza en sacar a la luz los debates que el régimen prefiere mantener en reserva.
Pero aun tomándola como una hipótesis: ¿qué haríamos con quienes no han podido completar los años de aportes que se exigen? Y aun así, ¿habría modo de que lo que se recaude alcance? Todos sabemos que no. Y la conclusión entonces es obvia: la sobrevida digna de nuestros adultos mayores, incluyendo el pleno ejercicio de sus derechos políticos, debe financiarse como un gasto ineludible y prioritario del Estado. Sí, leyó bien. Tiene que serlo en un rediseño estatal donde las prioridades estén muy claramente definidas y donde la política social sea una misma, en concepción y ejecución, con la política de inversiones y ocupación productiva del conjunto del territorio nacional.
Estafas y méritos
Párrafo aparte merece la jubilación de los autónomos, que fue una estafa como tal desde sus inicios al establecer montos contributivos que luego no tenían ninguna correlación con los haberes a cobrar a la hora de un retiro merecido. Los únicos autónomos que pueden atender sus necesidades básicas son quienes tienen otros ingresos.
Hay que volver a fojas cero. Sin menospreciar ni dañar a quien, con celo de ahorrista responsable, hizo sus aportes a lo largo de su vida. Esa conducta merece ser reconocida. El mérito por el propio esfuerzo es un valor ejemplar, pero el sistema meritocrático que sirve de coartada para legitimar a quienes detentan posiciones dominantes es mera basura ideológica.
¿Y quiénes siempre fueron contratados en negro, o no se les hicieron los aportes de ley y esos empleadores ya no existen y no hay a quien reclamarles?
El caso más incontrovertible es el de las mujeres, madres o no, que se dedicaron al cuidado de sus familias y o personas cercanas sin muchas otras opciones salvo con algunos trabajos domésticos en la más completa informalidad. Ellas son la prioridad que atender antes que la indigencia acabe con ellas. En su lugar, se les aumenta la edad para poder jubilarse. Parece pensado por un satanás de pacotilla.
¿No tienen derechos para su vejez? Suena de una impiedad absoluta, pero el tema se deshace como humo en cuanto advertimos que somos todos miembros de una misma sociedad y una misma cultura.
Y por eso es importante empezar por señalar que el individualismo es una ideología tan perniciosa y destructiva de los lazos sociales.
Al no ver una comunidad sino individuos, la versión libertaria que parece haberse adueñado del centro del escenario no encuentra razones para proteger a los adultos mayores. Empiezan a estorbar. Se les dará un aumento cada tanto, arbitrariamente determinado, para evitar que la convulsión social acabe con cualquier posible gobernabilidad.
Nadie es políticamente tan suicida como para proponer que se los deje caer en la miseria más absoluta, pero es la actitud que inspira –sin lugar a dudas- las sucesivas “fórmulas” con las que se juega el show del cambio de la ley previsional en cada nuevo gobierno. Los datos históricos responsabilizan a todos los que jugaron ese juego porque el resultado fue socialmente muy dañino.
Y esta gestión, que acaba de empezar y por ello se nos recomienda no juzgarla todavía, (hasta ver como se desempeña), debutó restándole un tercio a los haberes previsionales y anunciando tan jactanciosamente como torpe que había logrado un superávit. Ahora, en la voz del propio primer mandatario empiezan a hablar del tema sobre el que en el primer momento se jactaron como un triunfo de la gestión, sin ruborizarse sobre la criminalidad implícita de tal afirmación. Tal vez estos también quieran su “fórmula” para tener con que continuar con su autobombo.
Sin pretender otra cosa que haber planteado la cuestión la dejamos abierta. Veremos si mueve al menos la hoja de un árbol.